miércoles, 26 de septiembre de 2012

De estadistas y jerarcas en Salta

Según la Real Academia Española, un estadista es una persona “con gran saber y experiencia en los asuntos del Estado”. Es, también, toda persona capaz de elevar el punto de mira para analizar los asuntos públicos, a la par que incorpora el largo plazo a la hora de tomar decisiones.

Puesto a buscar la antítesis de un estadista, me inclino por la figura del Jerarca empecinado en el día a día, en los asuntos menores. Este alto burócrata vive obsesionado por perpetuarse en el poder, cae fácilmente en la demagogia y tiende a actuar sin sujeción a los principios republicanos.

En la generalidad de los casos, cuando se habla de un estadista se piensa en alguien llamado a dirigir las naciones o suficientemente preparado para ello.

Sin embargo, me asiste la convicción de que también las ciudades, grandes o pequeñas, debieran ser dirigidas no por jerarcas sino por estadistas. Vale decir, por ciudadanos altamente cualificados e imbuidos de esa especial capacidad que se requiere para elevarse por sobre lo cotidiano, para mostrar a la ciudadanía un rumbo ilusionante que organice el urbanismo y la convivencia actual y futura.

Desde este punto de vista, un buen Intendente Municipal sería entonces aquel líder en condiciones de dirigir los asuntos públicos preservando los recursos escasos (espacio, agua, energía, ambiente) y velando por el crecimiento armónico de la ciudad. Un concepto, este último, que incluye la integración social y cívica de todos los habitantes del municipio, el respeto a la particular identidad de la ciudad que le haya elegido para gobernarla, la promoción de la cultura y la participación.

Por supuesto, este imaginario Intendente-Estadista será también capaz de organizar la red de servicios esenciales teniendo presente la necesidad tanto de universalizarlos como de garantizar estándares suficientes de calidad. Desafortunadamente las principales ciudades salteñas están dirigidas por jerarcas y no por estadistas, una situación que el cuerpo electoral y el (destruido) sistema de partidos políticos deberían tratar de superar en las próximas convocatorias.

Muchos de los Intendentes del Valle de Lerma, incluido el de la ciudad capital, están destruyendo silenciosamente nuestros centros urbanos y nuestra cultura cívica. Lo hacen, por acción u omisión.

Así sucede cuando se revelan incapaces de integrar la demografía a sus decisiones y se muestran impávidos frente a las migraciones. Cuando se asocian con los especuladores inmobiliarios convalidando barrios sin espacios verdes o nuevas construcciones sin acceso al agua. También cuando dejan contaminar los ríos o destruir los bosques circundantes. O, cuando ponen todos los medios de la Municipalidad al servicio del clientelismo y del proyecto del mandamás de turno.

Estos jerarcas, por definición, huyen de los controles democráticos, se recuestan sobre la propaganda, enfiestan a los incautos y duermen tranquilos sabiendo de que cuando los frutos de su ineptitud se hagan patentes, ellos estarán a salvo.

lunes, 24 de septiembre de 2012

Los frenos que detienen la articulación de una alternativa de gobierno

La importante marcha del pasado 13 de setiembre en defensa de la Constitución y de sus valores, ha servido para iniciar un debate acerca de los límites de una mayoría que, pretendiendo legitimar medidas contrarias a las libertades y a la paz de los argentinos, esgrime torticeramente el 54% obtenido en las elecciones de 2011.

En este escenario protagonizado por las invocaciones al miedo y por la enérgica respuesta cívica, ¿cuál es el rol de la plural oposición política? y ¿cuáles las causas de su desarticulación, insignificancia e incapacidad para ofrecer al país una alternativa en condiciones de asumir en 2015 la conducción de una república extenuada y enfrentada?.
Hay quienes piensan que esta lamentable irrelevancia es fruto de la ineptitud, cicatería o cortedad de miras de los dirigentes que discrepan del curso kirchnerista.

Si bien a buena parte del arco opositor le caben tales críticas, pienso que la situación por la que atraviesa es fruto de tres factores: Errores en el diseño de las instituciones; abrumadora utilización partidista de los recursos del Estado; y, por último, ausencia de un Programa alternativo que, superando querellas ideológicas (seguramente legítimas), ofrezca al país un rumbo de cambio hacia una democracia constitucional, consensual e integradora.

Las instituciones y la construcción de alternativas
En una democracia auténtica las instituciones ayudan a la construcción de alternativas de gobierno. No sucede así en la Argentina en donde, pese a la previsión constitucional que los tutela, nuestros partidos políticos están arrinconados por el cesarismo, por la impostura y por operaciones hegemónicas con títulos falaces (transversalidad, en el orden nacional; frente-populismo, en Salta).

Mientras que en aquellas democracias la utilización de las tribunas está regida por el principio de proporcionalidad, en la Argentina la Presidenta monologa abusando de la cadena nacional, rehúsa las ruedas de prensa, y evita cualquier debate cara a cara con la oposición. El monólogo y el ninguneo son, en este caso, armas eficaces para ahogar la construcción de liderazgos alternativos.
Las leyes electorales y el “borocotismo” que deforman la voluntad ciudadana son también responsables de la anemia que padecen las fuerzas opositoras. En este sentido, el caso de Salta es paradigmático, como lo ha puesto de manifiesto un reciente estudio de Ricardo Gómez Diez: El 57% de los votos otorga el 80% de las bancas legislativas, el 100% de los órganos de control y traslada la hegemonía política al campo del Poder Judicial.

A su vez, la destrucción del federalismo (por el manejo discrecional de los fondos públicos, el oportunismo o pusilanimidad de los líderes oficialistas locales) contribuye a bloquear la construcción de alternativas democráticas al Régimen. 

El Estado como propiedad privada del grupo hegemónico
El actual Gobierno, conocedor de los intersticios del poder y carente de vocación republicana, pone todos los recursos del devenido poderoso Estado argentino al servicio de sus planes. Si las prestaciones sociales se gestionan con el oscuro designio de controlar voluntades, el Régimen tampoco escatima recursos para intentar domesticar medios de comunicación, sindicatos, empresas, corporaciones y asociaciones no gubernamentales.

¿Es posible un Programa al servicio de la construcción de la deseada alternativa?
Los restos de lo que fuera un vigoroso sistema de partidos políticos no logran salir de la trampa ideológica fabricada por el Gobierno apelando a la manipulación de símbolos y la impostura. Cuando el Régimen se presenta como la encarnación de las aspiraciones de un Estado regulador y compensador de desigualdades, de Soberanía política, y de vigencia efectiva de los derechos fundamentales, se disfraza de progresista y arrincona a quienes pretenden conciliar libertad con igualdad, Estado con mercado, capital con trabajo, en el incómodo desván de la derecha ultra liberal, conservadora o incluso fascista.

Urge salir de esta encerrona, desnudando la naturaleza del Régimen y, sin perjuicio de asumir sus aciertos, mostrar al país la existencia de una Alternativa nacional, integradora y dispuesta a resolver los problemas que a cada argentino plantean la ausencia de libertades y de oportunidades, la inseguridad, la corrupción y la inflación, sin olvidar flagelos como la drogadicción, la violencia familiar, la agresión al ambiente, y el relato histórico sesgado. Una Alternativa que muestre el camino para que, entre todos, construyamos un futuro mejor; un futuro que, por cierto, no consiste en retornar a ninguna década pasada y presuntamente edénica. 
Por lo pronto, como lo ha puesto de manifiesto la marcha del 13-S, la Constitución y su efectiva vigencia, la república y el rechazo a la eternización en el poder, son banderas capaces de fundar un Proyecto de cambio que cierre el paso al absolutismo e inaugure un nuevo ciclo de democracia constitucional singularizado por la vigencia de las instituciones, la garantía efectiva de los derechos fundamentales y la cohesión territorial y social.