Salta y los salteños ante los límites del crecimiento urbano

En los años de 1970 un grupo de visionarios, convocados por el Club de Roma, formuló una pregunta llamada a tener enorme repercusión en los debates académicos y políticos: “¿Existen límites al crecimiento?” (Véase MEADOWS, D. y otros "Los límites del crecimiento - Edición 2012, Editorial TAURUS). Parafraseando a estos expertos, quienes vivimos en la ciudad de Salta deberíamos formularnos varias preguntas:

¿Es posible mantener el actual ritmo de crecimiento urbano sin atender a las restricciones de los recursos disponibles? ¿Es social, urbana, y económicamente sustentable el crecimiento exponencial que experimenta la construcción de edificios de altura, en un contexto de falta de inversión pública y privada en obras de infraestructura?

¿Estamos adoptando las previsiones para que las generaciones futuras disfruten de una Salta equilibrada, sana y segura? ¿Está la Municipalidad de Salta en condiciones de encauzar la industria de la construcción dentro del marco constitucional y legal que garantiza nuestros derechos al ambiente, al paisaje y a una ciudad donde todos vivamos dignamente?

El colapso del agua y de la red cloacal

No hace falta recurrir a las estadísticas para comprobar que el centro de nuestra ciudad está siendo sembrado de edificios de altura que alteran entornos, colapsan nuestra precaria red cloacal, y aceleran la guerra por el agua para consumo humano; una guerra que los mono-bloques van ganando a las tradicionales casas bajas de nuestro centro histórico.     

En realidad, Salta carece de agua suficiente para los casi 700.00 habitantes, muchos de los cuales la derrochan de modo salvaje. La posibilidad de que esta carencia estructural pudiera ser remediada mediante obras de almacenamiento y distribución, es remota en tanto tales obras no están en los presupuestos ni en el horizonte de los gobernantes. Pero es además seguro que -incluso ejecutándolas a marcha forzada- en los próximos años la falta de agua potable no hará sino aumentar nuestras penurias.

El estado de nuestra red cloacal se comprueba visitando la planta depuradora o, por ejemplo, el cauce del rio Arenales que se ha convertido en un vertedero de aguas negras y putrefactas, ante la pasividad de las autoridades que solo atinan a tapar la realidad o a transferir responsabilidades.

La ciudad, con el beneplácito de los gobernantes, muchas veces asociados al fenómeno, está en manos de una trepidante especulación inmobiliaria que construye sin orden ni concierto, y que no repara en medios para alcanzar sus objetivos, aunque estos sean contrarios a las Ordenanzas vigentes.

No está de más advertir que aquella especulación está provocando una “burbuja inmobiliaria” alentada por la ausencia de otros mecanismos de ahorro y por la irrupción de distintas modalidades de dinero negro. Y es bueno recordar que cuando estas burbujas urbanas estallan dejan detrás de si desempleo, viviendas sin vender, licuación de precios y otros quebrantos económicos.

La Municipalidad no está al servicio de todos

Hay que añadir que la Municipalidad de la Capital, que en este sentido actúa en fina sintonía con Las Costas, no se plantea siquiera poner las instituciones al servicio del interés general, en tanto actúa convencida de que la especulación inmobiliaria crea riqueza y empleos y que da “soluciones habitacionales”.

Por supuesto, el señor Intendente y sus portavoces se preocupan por “vestirse de verde”, viajando a cuanto foro ambientalista se convoque en el mundo. Pero este discurso sedicentemente progresista es desmentido a diario por el maridaje celebrado con los especuladores y por la negligencia con que tratan las quejas de los vecinos y los problemas de los servicios esenciales.

Cuando un juzgado penal ha comprobado que no menos de 100 edificios de altura se han hecho al margen de la ley y en muchos casos de modo fraudulento, la Municipalidad responde con un blanqueo generoso con los infractores, que ofende a los perjudicados, y que daña a las futuras generaciones.

Cuando la misma Municipalidad y el Gobierno provincial constatan la escasez de suelo edificable, se lanzan con inusitada voracidad sobre cualquier espacio verde aunque sea inundable (es el caso de las 40 hectáreas expropiadas por la Ley 7.752) o haya sido declarado reserva ambiental (“Loma Balcón”).

En tiempos electorales, el oficialismo se precipita a promover “asentamientos” y  distribuye terrenos sin acceso a los servicios mínimos; vale decir, alienta la creación de espacios urbanos a sabiendas de que allí será imposible la vida digna.

Para dar visos de legalidad a su accionar incompetente, las distintas administraciones crean artilugios burocráticos (como los “certificados de pre-factibilidad”), desmantelan los servicios de Policía urbana y ambiental, o disimulan la carencia de medios y de voluntad política para asegurar que las nuevas edificaciones de altura sean sísmicamente seguras.

Un panorama sin duda desolador, que transcurre y se agrava ante la negligencia de muchos y la impotencia de los pocos que se atreven a poner el grito en el cielo y a reclamar por la vigencia de los derechos urbanísticos fundamentales.

ADMINISTRACIONES POLITIZADAS Y SIN AUTONOMIA

Mucho hablamos del feroz avance de la Presidenta sobre la independencia de los jueces. También del penoso verticalismo que impera en el Congreso de la Nación. Ambas degradaciones de la democracia constitucional se verifican también en Salta, aunque en este caso las operaciones que apuntan a la extrema concentración del poder se realizan al amparo de una cierta abulia provinciana.

Sin embargo, se habla menos de dos maniobras de idéntica intencionalidad y de gran calado que llevan a cabo, con leves matices pero similar eficacia, doña Cristina Fernández de Kirchner y don Juan Manuel Urtubey. Me refiero a la politización de las Administraciones Públicas (AAPP) y al avasallamiento de las autonomías municipales.

Las administraciones públicas como herramienta partidista

Las Administraciones Públicas son, entre otras cosas, el lugar en donde los ciudadanos nos relacionamos con el Estado. La ventanilla de la Secretaría de Ambiente de Salta, por poner un ejemplo, es el sitio en donde se concretan nuestros reclamos y peticiones; en la trastienda de este escueto lugar, se despliega lo que se conoce como burocracia estatal. Un cuerpo que incluye pocos y sufridos funcionarios de carrera, altos jerarcas que responden a los dictados y deseos del Gobernador, y una apreciable cantidad de empleados designados discrecionalmente por los gobiernos de turno.

Contemporáneamente una Administración Pública es democrática cuando el Estado garantiza: La supremacía de la constitución y de las leyes sobre el poder director del Gobierno; el control judicial de los actos administrativos; el derecho de los ciudadanos a participar en la administración y acceder a la información pública; y la designación por concurso de todos los cargos administrativos, desde el nivel inferior hasta las Direcciones Generales.

Como fácilmente comprueba a diario quién realiza gestiones o tiene abiertas instancias administrativas, estos cuatro caminos se encuentran empantanados en Salta y en otras jurisdicciones. La “misma sangre”, el amiguismo, la obsecuencia o la galantería son algunas de las vías de acceso a los empleos públicos. Es seguro que pertenecer a La Cámpora pesa más que un doctorado u otras manifestaciones de idoneidad.

Mientras que en el ámbito nacional el control judicial de los actos administrativos ha sido severamente erosionado por la reciente Ley que prácticamente elimina las medidas cautelares, en Provincias como Salta el acceso a la información pública resulta retaceado por reglamentos autoritarios, u obstruido por prácticas feudales. A su vez, la sujeción de las AAPP a la Ley tropieza con la “verticalización” de las legislaturas y con la lisa y llana arbitrariedad de los burócratas de turno.

Los municipios como oficinas del poder central

En la Argentina, la autonomía municipal, otrora considerada uno de los pilares del Estado Democrático, ha sido arrasada, aun cuando asistamos a un larvado combate entre la Presidenta de la República y los Gobernadores para ver quién obtiene la obediencia incondicional de Intendentes y Concejales.

El mismo teléfono que sirve para influir en pleitos y sentencias, se usa para persuadir a los Intendentes acerca de la conveniencia de acatar órdenes, movilizar militantes, montar festivales o repartir vino o ayudas a cambio de votos. Los recursos públicos de arbitraria asignación cumplen el mismo papel indigno. De modo que no debiera sorprendernos que luego de votar a un Intendente que integraba una lista opositora al Gobernador, el elegido esté pronto a saltar el cerco y sumarse al oficialismo.

Pero la supresión de las autonomías municipales tiene varias facetas más. De un lado, la asfixia económica que termina alentando el transfuguismo; vale decir el paso de la lealtad al votante, a la lealtad al gobernante. De otro, la negligencia o la pura ineficacia que convierte a muchos municipios en tierra de nadie o en espacios en donde reina la ley de la selva.

Para ejemplificar estas situaciones podría referirme al caso de varios Municipios del Valle de Lerma, en uno de los cuales un alto funcionario suele relatar sus dificultades para hacer cumplir Ordenanzas cuando las mismas colisionan con los intereses de los “pesos pesados” de la zona.

No obstante, prefiero centrarme aquí en aspectos generales y poner énfasis en las penurias y problemas que este estado de cosas provoca en los habitantes de los municipios que luchan por el acceso al agua, al transporte y las comunicaciones; que procuran el mantenimiento y señalización de caminos, la iluminación de espacios públicos; o que defienden la vigencia de la Ley de Bosques Nativos o sus derechos a vivir en pueblos y ciudades suficientemente seguros, urbanizados y solidarios.

Cuando esta mirada sobre los gobiernos municipales se dirige a la realidad comunitaria salteña, es fácil advertir que la insignificancia de los Intendentes, los vacíos normativos o la violación de las reglas, favorecen a la prepotencia de unos y se asientan sobre la negligencia cívica de otros, en un contexto crecientemente autoritario.       

 

 

Cumplir 10 años tiene sus ventajas: Empleo y Relaciones Laborales

El kirchnerismo ha batido varios récords: Por lo pronto, la historia argentina no registra otro caso en donde un mismo matrimonio haya gobernado diez años seguidos. Tampoco hay memoria de un Ministro de Trabajo con la dilatada continuidad que exhibe don Carlos Tomada. Esta situación de estabilidad institucional tiene aspectos positivos; al menos cuando se concreta respetando los principios de la Constitución Nacional y la regla de la periodicidad de los cargos públicos.

Diez años es un horizonte suficiente que permite al gobernante definir políticas y gestionar los asuntos públicos con la posibilidad de adecuar los programas y las ideas a la realidad cambiante. Y permite también a los ciudadanos evaluar la consecuencia y la eficacia de los representantes. El electorado, las fuerzas de la oposición y las personas alejadas de la política pueden, entonces, analizar la performance de los funcionarios, medir resultados, contrastar promesas con realidades y, si acaso, definir nuevos rumbos.

En lo que se refiere a los asuntos sociolaborales encomendados al Ministro de Trabajo,  la trayectoria del kirchnerismo tiene aspectos singulares.

Tal y como sucede en otras áreas de las políticas públicas, una enorme distancia separa los postulados iniciales de los acontecimientos concretos. Hay marchas y contramarchas. Discursos que la realidad desmiente. Existen también, desde luego, resultados positivos, aunque en muchos casos los éxitos están manipulados para mayor gloria de quienes “van por todo”.

Dentro del capítulo de logros figura, sin duda, la reducción del desempleo producto tanto de la mega devaluación de 2002 como de la tolerada segmentación del mercado de trabajo y de la mejora de los términos de intercambio. La emergencia de la categoría de “asalariados pobres”, la irreductibilidad del trabajo no-registrado y el proteccionismo que premia la ineficiencia y la baja productividad, son parte de las condiciones que explican la evolución cuantitativamente favorable del empleo.

En el mundo sindical la década comenzó con promesas de libertad (personería gremial a la CTA) que retrocedieron con el pacto Kirchner/Moyano, hasta hundirse en la decadencia actual signada por la búsqueda obsesiva de la obediencia sindical. No obstante, el hecho más positivo corrió a cargo de la Corte Suprema de Justicia que abrió espacios al pluralismo.

Los inaugurales cantos en favor de la huelga y la protesta, y la profesión de fe respecto de las doctrinas de la OIT, resultan desmentidos hoy por distintas vías de presión a los sindicatos que amagan rebeldía: Multas millonarias, retención de recursos de las obras sociales, privilegios a los vértices sindicales para que frenen la contestación de las comisiones internas y amenazas de palacio, integran la compleja realidad contemporánea.

La actitud del Gobierno frente a la negociación colectiva también cambió. El discurso sobre las paritarias libres y las bondades de los salarios por encima de la inflación trocó en una fuerte intervención que incluye topes políticos y económicos, la tolerancia de la inflación o las retenciones por impuestos al salario.

En el área de las relaciones individuales de trabajo, dejando de lado el festival de feriados, lo más llamativo fue el giro en materia de accidentes de trabajo. Los denuestos a la Ley de Riesgos (sancionada en los años 90 previo pacto con sindicatos y patronales), cedieron paso a la reinstalación del régimen anterior. Con el agravante de que ahora las normas operan en una economía cerrada, inflacionaria y con moneda devaluable.

La ampliación de la cobertura social -contributiva y no contributiva-, generó beneficios e inequidades. La ANSES utilizó y utiliza la inflación para rebajar prestaciones, expropió los aportes obligatorios de los trabajadores, confiscó (al menos hasta ahora) los aportes voluntarios. Su millonaria caja sirve para operaciones políticas y financia, de modo discrecional y opaco las más disparatadas ideas.

En fin, la realidad casi siempre termina por oscurecer o desnudar el “relato”.        

 

UN DICTADOR CRUEL QUE DESPRECIO LA VERDAD HASTA SU MUERTE

La muerte de un ser humano alienta expresiones de pesar, provoca elogios (no siempre merecidos) o convoca al respeto y al silencio. En otro plano, el derecho declara extinguida las acciones penales contra los fallecidos. Sin embargo, las reglas humanitarias sufren alteraciones, más o menos profundas, en el caso de la muerte de hombres públicos, y son de difícil observancia cuando el que muere es un dictador. Me refiero, obviamente a su actuación pública, no a su vida privada que, a mi entender, merece invariable respeto.

Jorge Rafael Videla, jefe del Ejército, pretextando luchar contra el terrorismo de civiles enfermos de mesianismo izquierdista o seudo-izquierdista, derrocó el Gobierno presidido por Isabel Perón; un Gobierno constitucional, pero decadente, abrumado por la violencia y sin rumbo.

Pese a que el dictador fallecido prohijó el asesinato y la tortura, y a que sus esbirros en Salta encarcelaron y vejaron a amigos y compañeros, y me condenaron -junto con mi familia- al exilio, estoy seguro de escribir estas líneas sin odios ni rencores.

Videla instauró un régimen atroz fundado en el desprecio de todos y cada uno de los derechos fundamentales. Lo hizo desde una precariedad intelectual y una amoralidad con pocos precedentes en la Argentina y en el mundo.

Diciendo defender valores occidentales y cristianos construyó una dictadura que nada tiene que envidiar a las de Stalin o Pol Pot. En realidad, actúo guiado por un mesianismo derechista que autorizaba incluso las formas aberrantes del terror. Nunca tuvo la grandeza de reconocer sus errores y dar razón de los crímenes cometidos bajo su mando ni de sus circunstancias.

Su vida pública fue absorbida por su trayectoria militar y por su actuación tan cruel como gris. Su muerte tienen dos características singulares: Murió preso y sólo.

Sobre el primer hecho hay que deplorar las inconsecuencias jurídicas que empañaron algunos de los recientes procesos a los que fue sometido en razón de sus crímenes. Y hay que deplorar también que las actuaciones judiciales resolvieran amnistiar a los jefes de los otros dos ejércitos privados que primero se alzaron contra el Gobierno constitucional y luego entraron en combate contra la dictadura que, de uno u otro modo, habían, con su actuación antidemocrática,  contribuido a instalar.

Respecto de su soledad política diré que, si bien expresa un cierto arrepentimiento de quienes celebraron y aplaudieron al dictador, habla también de la pusilanimidad de la peor derecha argentina incapaz de asumir sus responsabilidades. No solo Videla rehusó la autocrítica y eligió ocultar, más allá de todo límite moral, los atroces hechos perpetrados.  

Aunque no es este el momento ni el lugar para profundizar en este asunto, pienso que si bien la democracia instaurada en 1983 logró importantes éxitos en materia de esclarecimiento de algunos hechos y de depuración de algunas responsabilidades, no llegó hasta el fondo de las investigaciones, en tanto no pudo contra el pacto de silencio y la conjura de los máximos responsables. En este sentido son, lamentablemente, muchos los asuntos y detalles que los jefes de la represión mantienen ocultos hasta que la desmemoria o la muerte los alcanza.  

La muerte de Videla debería servirnos para reflexionar sobre los efectos indeseables y perversos que acarrea vulnerar la Constitución Nacional.

La actual Presidenta debería, a su vez, advertir los peligros del renacido mesianismo que alienta el odio y la división de los argentinos. Esta idea, que Videla expresó excluyendo del mundo de los derechos a los “corruptos y subversivos”, no puede ser reeditada dividiendo a los argentinos  entre “nosotros los buenos” y “ellos los malos”.

Recordar aquellos años de terror y perversión debería alumbrar la coincidencia de que no queremos una nueva dictadura. Ni militar, ni montonera, ni civil.

 

NACE EL “ESTADO NUEVO” : HE AQUÍ SUS RESPONSABLES Y SUS CONSECUENCIAS

Los diputados y senadores que acaban de dar luz verde a la concentración de todos los poderes en manos de la Presidenta son responsables del cambio de régimen al que asistimos. Puede que ellos piensen que han demostrado así su lealtad a la Jefa, que han favorecido a sus distritos o que, simplemente, han derrotado a una minoría que se niega a sumarse a la nueva cruzada; a “gorilas” que no quieren ver la explosión que derrama mieles sobre los pobres de la patria.

Sin embargo, la reforma judicial federal está lejos de ser una norma de mero trámite. No integra el catálogo de las leyes que toda mayoría puede, legítimamente, imponer a las minorías.

Los legisladores que mostraron su regocijo la madrugada del jueves pasado, saben que han consumado el más feroz ataque a las instituciones de la república y a los derechos de todos y cada uno. Sabrán también (ahora o más tarde) que tamaña decisión acarrea responsabilidades históricas que terminan siempre ventilándose.

Véase si no el reciente libro “El inventor del peronismo”[1] donde Silvia Mercado analiza el papel de Raúl APOLD el poderoso Secretario de Información del peronismo original. Recuerda allí a la triste Comisión VISCA-DECKER encargada de disciplinar a la prensa y preparar futuras confiscaciones, y explica el peso de APOLD en la construcción de la brecha política que abrió la decisión de peronizar la Constitución, la Suprema Corte, la CGT, las cámaras empresarias, el arte y la cultura. El kirchnerismo, lejos de sostener una visión crítica sobre estas prácticas, parecerse inspirarse en la trayectoria de APOLD.

Es cierto que vivimos una época de desapego generalizado a las instituciones, en donde muchos piensan que sólo quedan la resignación y el silencio. En realidad, viven el actual conflicto político como una guerra ajena, un litigio donde se dirimen intereses corporativos o responde a depravaciones de la clase política.

Se trata, a mi entender, de una percepción equivocada. Lo que se discute alrededor de la reforma judicial federal es el presente y el futuro de nuestra convivencia política. Si seguiremos siendo una democracia republicana o ingresaremos en el túnel del autoritarismo con base electoral. Si tendremos derechos individuales y sociales o, como ocurre con los “planes asistenciales”, ingresaremos en un mundo donde todo (nuestra vida, nuestra libertad, nuestros bienes, nuestro honor, nuestra actividad profesional, nuestras vocaciones y preferencias) dependerá de la voluntad de los gobernantes.

En los hechos, la reforma apunta a eliminar los focos cívicos y judiciales que aún se atreven a controlar al Gobierno y a detener sus tropelías sobre trabajadores y empresas, sobre jubilados y marginados, sobre ambiente y urbanismo, sobre recursos naturales y económicos, sobre competencias provinciales y sobre transparencia. Se trata de dar el último paso en el camino hacia el reino de la discrecionalidad. Y, en última instancia, de terminar con el control de constitucionalidad.

Si este control preocupó desde siempre a los Poderes Ejecutivos, llevándoles a la búsqueda obsesiva de “mayorías automáticas”, hoy, tras la incorporación de los Tratados Internacionales al orden jurídico local, tal control de los jueces por la Presidenta resulta central para su estrategia autocrática. Para reducir riesgos, doña Cristina Fernández de Kirchner precisa jueces complacientes o atemorizados. O sea: La suma del poder público

Cuando se piensa en sentencias judiciales que hagan realidad la supremacía de la Constitución, se piensa, naturalmente, en asuntos que tienen que ver con las instituciones (reelección, régimen electoral, organización de los poderes, federalismo), pero hay que tener presente que estas sentencias, de aquí en más inviables, pueden versar también sobre salarios, jubilaciones, ahorros, empleo, ejercicio profesional, propiedad y, desde ya, sobre los derechos fundamentales de libertad (reunión, protesta, huelga) o de integración social (renta mínima, vivienda, salud, educación).

Por tanto, la reforma apunta al corazón del régimen fundado por nuestros Constituyentes de 1853 y perfeccionado en 1957 y en 1994.

La centralidad del ataque a la independencia judicial se advierte fácilmente en todos los fueros, ya que el andamiaje jurídico argentino está asentado sobre el control judicial de los actos legislativos y administrativos. Así por ejemplo, en este contexto de jueces amenazados o leales, en el ámbito de las relaciones colectivas de trabajo, para el Ministerio de Trabajo será más fácil barrer conducciones rebeldes, controlar la dinámica sindical y reivindicativa, ilegalizar huelgas o restringir el derecho a la negociación colectiva.

Hay evidencias abrumadoras en el sentido de que la Justicia es lerda y cara; que no siempre es imparcial; que tiene áreas politizadas; que en sus despachos y pasillos hay hijos y entenados; que imperceptibles barreras bloquean el acceso de minorías, de pobres y de excluidos. Todo esto es cierto. Pero nada de esto cambiará (sino para peor) con la reforma que 6 de los 10 legisladores salteños han elevado a los altares del autoritarismo.

Alguien podría decir que la reforma judicial y sus drásticas consecuencias, por ahora hipotéticas, no pasarán el filtro de nuestra dignísima Corte Suprema. Pero es bueno no olvidar que el aumento del número de sus miembros para garantizar una mayoría dócil al Ejecutivo, depende sólo de la voluntad de la Presidenta que, a estas alturas, no ha demostrado ningún apego a los límites republicanos ni a los valores democráticos[2].

Si bien nuestra historia registra otros intentos de alzarse con todo el Poder del Estado, las maniobras encontraron fuertes resistencias. Fue el caso, entre muchos, de la Ley que en tiempos de Onganía sometió a los civiles a la jurisdicción militar. Pero entonces, en nuestra Salta, el activismo de abogados como Farat Sire Salim o Bernardo Sola y el valor cívico de jueces como Ricardo Reimundín o Roberto Frías detuvieron la agresión. Los años han pasado y en los foros especializados en el derecho parece haber crecido el conformismo.

 

 

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[1] Editorial PLANETA, Buenos Aires -2013.

[2] Desde 1930 a 1976 todas las dictaduras desalojaron a los jueces independientes y colocaron magistrados adictos. Los Presidentes Frondizi y Menem, en su propósito de controlar los fallos de última instancia, apelaron al expediente de aumentar el número de jueces de la CSJN. En 1947 y en 2003 los Presidentes Perón y Kirchner sometieron a juicio político y a otras medidas de presión a los jueces de la CSJN que entendían inadecuados para sus estrategias.