sábado, 19 de mayo de 2018

¿UNA O DOS MOCHILAS?

José Armando Caro Figueroa
Abogado laboralista
acf@estudiocarofigueroa.com
En la rueda de prensa de ayer vi al presidente Macri sereno, didáctico, con ideas centrales claras, y abierto al diálogo. Vale decir, exhibió las cualidades que deben adornar a un jefe de Estado cuando le toca hacer frente a desafíos enormes como los que tenemos hoy los argentinos.
Una y otra vez el presidente caracterizó al déficit público como el centro de nuestros problemas. En realidad, a mi modo de ver, es cierto que alrededor de este déficit giran problemas como la pobreza, la falta de competitividad internacional de nuestra producción, las penurias de las economías regionales, el exagerado costo laboral unitario, la fortaleza o debilidad de nuestra moneda, las altas tasas de interés internas, el endeudamiento y, por supuesto, la agobiante inflación.
Sin embargo, la prioridad que, acertadamente, Macri asigna a la lucha contra el déficit y la inflación no puede ocultar la otra cara del problema: Me refiero a los obstáculos que ralentizan nuestro desarrollo económico y humano y dificultan el crecimiento de nuestra producción.
Si bien es verdad que la Argentina viene registrando siete trimestres de crecimiento del producto bruto interno (PBI), es igualmente cierto que la magnitud de este crecimiento es harto insuficiente para resolver los problemas del empleo, para abatir la pobreza, y para situar a nuestra economía a la altura de los desafíos que provienen de la economía mundial que se reacomoda y reconvierte generando, como no, ganadores y perdedores nacionales y sectoriales.
La acechanza de tres errores
Volveríamos a equivocarnos si el gobierno, los principales actores sociales, económicos y políticos, y la propia ciudadanía nos concentráramos en un debate sobre-ideologizado (por ejemplo, alrededor del carácter benéfico o satánico del FMI).
Otro tanto ocurriría si las corporaciones -que pueblan todos los escenarios de nuestra vida cotidiana- tomaran la iniciativa y se enzarzaran en conflictos distributivos en donde cada uno defiende sus espacios conquistados e incluso sus privilegios y rechaza cualquier acuerdo nacional orientado a reordenar y reorientar las reglas que encauzan la producción, la tributación, la distribución de las rentas (incluidas las ayudas sociales).
Un tercer error, que ronda los actuales debates, es aquel que pretende reducir la crisis (o las dificultades coyunturales) a simples problemas monetarios, cambiarios y especulativos que terminarán siendo resueltos por un Banco Central independiente, poderoso y desentendido de la suerte final de la producción, del empleo, y de la asistencia social.
La otra mochila y las reformas estructurales
Soy de los que piensan que la Argentina arrastra una segunda y pesada mochila que, en los años que corren, es una incómoda compañera de ruta de la mochila del déficit, la inflación y un sinnúmero de desequilibrios concomitantes. Esta segunda mochila está cargada de carencias en materia de infraestructuras, de rutinas anquilosadas y de regulaciones que -como intenté explicar en una columna anterior- distorsionan la economía social de mercado hasta transformarla en un Capitalismo de Estado, Prebendario y de Amiguetes.
Más allá de los encomiables esfuerzos que realizan algunos ministerios relacionados con la producción, y de los recientes logros parlamentarios que permitieron la aprobación de una Ley de Financiamiento Productivo y de una nueva Ley de Defensa de la Competencia, el gobierno Macri no se ha mostrado organizado ni eficaz a la hora de abordar este segundo ámbito de problemas.
La Argentina precisa, urgentemente, definir un Programa de Reformas Estructurales orientadas a integrarnos al mundo, a fomentar la competencia y la productividad, a mejorar permanentemente la formación de nuestros empresarios, trabajadores y administradores públicos, a facilitar la incorporación de nuevas tecnologías.
En realidad, este Programa debería sentar las bases para lo que podríamos llamar un nuevo modelo económico y social que mande al baúl de los malos recuerdos a aquel Capitalismo de Estado, Prebendario y de Amiguetes.
Si en los años de 1990, por imperio de la coyuntura, la meta fue la desregulación, hoy deberíamos pensar seriamente en re-regular actividades, mercados y desempeños. Entre otra áreas, la logística (transporte, carreteras, puertos, correos), la energía, las comunicaciones (telefonía, datos), la salud, el comercio (interior, pero sobre todo exterior), la banca, los servicios (su calidad y precios), la negociación colectiva y la libertad sindical (extrañamente ignorados en la “reforma laboral” que propone hoy el gobierno) deberían ser objeto de nuevas regulaciones que eliminen improntas corporativas y privilegios que nos condenan a malvivir en la reiteración de ciclos económicos que nos enfrentan y empobrecen.
Federalizar la mayor cantidad de reglas posible, definir un programa de infraestructuras para el Norte y aprobar el plan de erradicación de asentamientos, son prioridades, reconocidas por el gobierno pero que no se ha traducido en hechos concretos.
Aunque, como bien apuntó el presidente Macri en su comparecencia de ayer, no corresponde al FMI marcar rumbos para nuestro país, es harto probable que este organismo internacional, antes de otorgar préstamos a tasa favorable, pregunte qué piensan hacer los argentinos y su gobierno para multiplicar el volumen de su producción, para volver a crecer a “tasas chinas”.
Mi muy acotada experiencia en estos asuntos me indica que no sería prudente esperar que el prestamista nos formule estas preguntas y termine sorprendiéndose de nuestros balbuceos y nuestras indefiniciones. Sería más prudente que el gobierno defina su propio Programa de Reformas Estructurales, nos lo explique a los ciudadanos mientras procura consensuarlo con la oposición responsable y con los actores sociales y, después lo presente al mundo.
Salta, 16 de mayo de 2018.    



   



  

  

NUESTRO DESQUICIADO SISTEMA DE PRECIOS

José Armando Caro Figueroa
Abogado laboralista


La Argentina carece, a estas alturas, de un diagnóstico global que ayude a entender nuestras penurias económicas y sociales, y a visualizar nuestro futuro. Carece, además y sobre todo, de un programa coherente y sólido orientado a reordenar nuestro desquiciado sistema de precios.
La persistencia de la alta inflación, la reciente crisis cambiaria, la impericia de sectores del gobierno y la liviandad política de la oposición, han hecho patente aquella ausencia de un diagnóstico que muestre cuál es la situación (y la probable evolución) de todas y cada una de las variables relevantes. Me refiero a los indicadores locales e internacionales que influyen -insoslayablemente- en nuestras vidas de ciudadanos, de productores y de consumidores.
Carecen de un diagnóstico de tal envergadura el Gobierno Macri -como lo patentiza la estructura del gabinete ministerial- y sus aliados, tanto como la oposición peronista en sus inescrutables variantes. A su vez, el debate público resulta oscurecido por los gritos y susurros de los intereses sectoriales; por un ruido ensordecedor que muchas veces dificulta distinguir las demandas legítimas de las pretensiones oscuras.
La búsqueda del imprescindible diagnostico global debiera, en mi opinión, bucear en nuestro desquiciado sistema de precios, en cada uno de sus componentes, y en las reglas formales e informales que lo configuran y le dan vida.
Corporativismo y especulación
Una somera observación permite comprobar que la inmensa mayoría de nuestros precios reconoce tres fuentes: Las presiones corporativas, los desenfrenos especulativos (que se resisten a cualquier marco de racionalidad, de coordinación y de solidaridad), y las decisiones del Estado que actúa colonizado por intereses o por los arbitristas de turno, reforzados, de cuando en cuando, por la intervención de jueces activistas.
Sucede que, por lo general, los precios argentinos (de la moneda, de los factores de la producción, de los bienes y de los servicios) no resisten comparaciones con lo que sucede en otros países. Tampoco responden a criterios razonables asentados sobre la productividad, la rentabilidad o las necesidades de reparación social o territorial.
Lo cierto es que nuestro caótico sistema de precio provoca ganadores y perdedores; ganadores que suelen consolidar sus ventajas merced a la febril actividad de las grandes corporaciones y de discretos influyentes. Este desorden estructural es, en buena medida, responsable de nuestro subdesarrollo, de nuestro escepticismo y de nuestros conflictos viscerales. Cuando a este esbozo le añadimos la ausencia de incentivos al esfuerzo y al talento y, por ejemplo, la propensión salteña al amiguismo y al nepotismo, tenemos un cuadro francamente desolador.
Hoy por hoy, y tras décadas de manipulación de precios, no se visualiza en el horizonte un eventual surgimiento de consensos acerca de qué está sucediendo y qué hay que hacer para poner fin a una tendencia que profundiza nuestro aislamiento y las grietas abiertas por las injusticias y los comportamientos oportunistas propios de la versión gauchesca del capitalismo de amigos.
En este escenario, cualquier sugerencia orientada a recomponer el sistema de precios es vista o presentada como el preanuncio de ajustes neoliberales que, por definición, se auguran invariablemente salvajes y dañinos para todos.
Tengo la convicción de que los precios de nuestra moneda, del capital prestable, de los servicios de logística, de los que se derivan de nuestra estructura de comercialización y de la cartelización de ciertos servicios, y de los impuestos (o sea, del coste de un Estado ineficiente y depredador de la producción y del trabajo), por no citar sino los más acuciantes, están en la raíz de nuestras penurias e incertidumbres.
Otro tanto ocurre con los precios que vienen impuestos por nuestra estructura de comercialización y por la cartelización de ciertas comisiones en el sector de los servicios. Sin olvidar los efectos negativos de la envejecida y decrepita negociación colectiva laboral que, desde hace varias décadas, sólo intenta resguardar a los trabajadores en blanco de los efectos de la inflación. Y que solo se mantiene viva en virtud del pacto no escrito suscripto entre la gran patronal industrial y los sindicatos oficiales oficialistas.
¿Administrar el modelo kirchnerista?
En este espinoso terreno, el gobierno del presidente Macri, tras resolver los problemas de algunos productores agrícolas y de algunos acreedores del Estado, se ha centrado en diseñar planes bien intencionados (el Plan Belgrano o el plan para dignificar los asentamientos son buenos ejemplos) que tropiezan con trabas financieras o dificultades de gestión.
Pero, en realidad, el mayor énfasis de la actual gestión está puesto en “administrar” el modelo kirchnerista. A esta opción de gobierno –que se le ha dado en llamar gradualismo-, hay que atribuir la ratificación y mantenimiento del insoportable y sesgado cuadro de ganadores y perdedores, dentro del cual sobresalen millones de habitantes del Norte argentino.
Parece evidente, a estas alturas, que ni la más prolija administración está en condiciones de salvar el modelo kirchnerista. Al menos si se pretende relanzar la producción y el empleo, y reducir drásticamente la pobreza.
Parece, además, que ha legado el tiempo de que el gobierno de la Nación tome el toro por los cuernos y proponga a la ciudanía y a la oposición constitucional un conjunto de objetivos compatibles y un programa integral de reformas. No se trata de dibujar en la pizarra una serie de enunciados. Tampoco de imponer al país las recetas de iluminados que ven entre cuarto conformables paredes.
El modelo de capitalismo de amigos, cerrado al mundo y con compensaciones reales (algunas) y aparentes (otras) que la inflación, el desempleo y el trabajo en negro licuan, ha llegado a su fin.
Vaqueros, 9 de mayo de 2018.