viernes, 12 de noviembre de 2010

Expedientes "reservados"

Como es notorio, el acceso a la información pública es un derecho que encuentra severas limitaciones dentro de la Administración salteña. Más allá de su cicatera regulación, en muchas áreas y oficinas se imponen los criterios del funcionario de turno partidario de impedir o restringir abusivamente el acceso de los ciudadanos a los expedientes que, salvo muy contadas excepciones, debieran permanecer abiertos a la consulta y al escrutinio del público.

Lamentablemente hay todavía en nuestra administración provincial muchos funcionarios que actúan ignorando que vivimos en democracia y que ellos sirven a un Estado democrático. Tal comportamiento es el resultado de años de autoritarismos -abiertos o solapados- y del desinterés de las más altas autoridades de la Administración para garantizar a todos el acceso a la información pública.

En este contexto, me permito relatar un incidente ocurrido días atrás en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, en donde un señor Subsecretario me negó el acceso a un expediente invocando que se trataba de una causa “reservada”, cuando en realidad era un simple asunto de encuadramiento sindical. Rechazó asimismo recibirme para darme la oportunidad de requerirle explicaciones y de escuchar de su boca tan absurda negativa.

Si bien es cierto que, ante mi insistencia, el señor Subsecretario accedió -desde la olímpica distancia de su despacho y por intermedio de una secretaria- a mostrarme el expediente a condición de que acreditara mi carácter de apoderado de una de las partes, considero inadmisible negar un ciudadano (sea o no abogado) el acceso a expedientes que, por definición, son instrumentos públicos abiertos al público.

El oscurantismo administrativo, que campea en más de un ministerio, repugna a los valores republicanos, viola el principio de publicidad al que debe someterse la Administración Pública por imperio del artículo 61 de la Constitución de Salta, y contradice lo dispuesto por la Ley provincial de Procedimiento Administrativo.

Pienso que la ciudadanía, las organizaciones sociales y profesionales, así como los medios de comunicación deberíamos movilizarnos para acabar con esta lacra autoritaria. Denunciando públicamente los hechos que se produzcan, interpelando a gobernadores y ministros, bregando por la urgente regulación del derecho a acceder a la información pública, explicando a los ciudadanos que los expedientes pueden ser consultados por todos, salvo excepciones muy fundadas. Por aquello de que "mejor que decir es hacer", añadiré que acabo de presentar formal protesta ante el Colegio de Abogados de Salta. A ver.

La información abierta y oportuna hace a la calidad de las democracias; el libre acceso a los expedientes administrativos evita la corrupción y las corruptelas; restringir la información beneficia solo a quienes maniobran en las sombras en búsqueda de lucros indebidos.

(Para FM Aries)

martes, 9 de noviembre de 2010

Reelección, dinero y circunscripciones electorales

Los dos últimos gobernadores de Salta tuvieron la sagacidad necesaria para organizar sus asuntos políticos de modo de acumular enormes poderes. A poco de iniciados sus respectivos mandatos, actuaron con la tranquilidad de tener la vaquita atada. Seguros, de que nada ni nadie o casi nadie podría moderar su sed de mando ni ejercer controles republicanos. Cada uno de ellos, a su manera, aprendió a decir y hacer aquello que lo encumbraba hasta hacerlo temible, hasta permitirle soñar con fundar en este valle de Lerma una dinastía oriental.

¿Qué hizo posible tamaña trayectoria? Presentaré tres causas de orden institucional, dejando para otra ocasión el análisis de los factores culturales.

Coloco en primer lugar, a la posibilidad abierta a las reelecciones sucesivas. Vale decir, a las reformas constitucionales impulsadas por el señor Romero, don Juan Carlos, que en su día contaron con el aval entusiasta y letrado del señor Urtubey.

En segundo lugar, al régimen electoral que destruye el principio un hombre un voto, primando a los votantes de circunscripciones minúsculas, ciertamente más fáciles de controlar desde las Intendencias y a través del reparto de promesas y dádivas.

También, y es el tercer factor que explica la penosa decadencia de la democracia local, el peso determinante del dinero en las campañas electorales. Es el dinero privado el que motoriza y hacen posible la acción política masiva y las movilizaciones que buscan votos; el que permite disciplinar a los rebeldes; el que da acceso a la televisión.

Cuando este dinero privado no basta (las campañas en Salta son extraordinariamente costosas), quién duerme en Las Costas tiene a mano recursos públicos inagotables para barrer opositores y perpetuarse, quebrando las reglas de la competencia democrática.

Para reforzar estos argumentos, bastará con imaginar lo que ocurrirá en las próximas elecciones.

¿Alguien sospecha que el resultado sería el que ahora mismo es previsible si el señor Urtubey no pudiera optar a la reelección? ¿Alguien cree que el futuro Gobernador podría travestirse en príncipe o sultán sin contar con las mayorías automáticas y artificiales en la Legislatura? ¿Alguien supone que las cosas serían como hasta hoy si se vedara el financiamiento privado de las campañas electorales?

Pienso, modestamente, que nuestra democracia ganaría en calidad si no existiera la reelección, si lográramos configurar circunscripciones electorales que reflejen el pluralismo social, territorial e ideológico de Salta, y si atendiendo a los prudentes consejos de Eduardo FREI o de Roberto MANGABEIRA pusiéramos en marcha el financiamiento estrictamente público de las campañas electorales.

Y cito a dos pensadores de vanguardia que nos visitaron recientemente y con quienes nuestro actual Gobernador pudo conversar mano a manos, pero, visto lo visto, sin mayor provecho.

(Para FM Aries)