La Cámara Federal de Casación Penal dio marcha atrás y anuló el procesamiento de 24 ex funcionarios acusados del cobro de sobresueldos durante el menemismo, entre ellos el del ex ministro de Trabajo José Armando Caro Figueroa, el ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, el ex secretario de Justicia Elías Jassán, y la ex secretaria de Ministerio del Interior Adelina Dalesio de Viola.
Se trata de un enorme paso atrás en la causa puesto que todos habían sido procesados el año pasado por la Sala I de la Cámara Federal por el delito de peculado y en caso que los mismos se confirmaran, iban a ir inmediatamente a juicio.
Un tramo de la causa ya está en progreso por el cobro y pago de sobresueldos y que tiene como imputados al ex presidente Carlos Menem; al ex ministro de Economía Domingo Cavallo; a la ex polifuncionaria María Julia Alsogaray; a Enrique Kaplan y muchos otros.
"La investigación ha permitido relevar la existencia de un sistema ilegítimo de pagos a funcionarios del Poder Ejecutivo de una determinada jerarquía, instrumentando desde la más alta esfera de dicho poder, que tuvo lugar durante los períodos en los que Carlos Menem ejerció la Presidencia ", había dado por acreditado la Cámara Federal al procesar a los 24 funcionarios en diciembre pasado.
Todo ello ahora fue anulado por la Sala II de la Casación, con las firmas de los jueces Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, así como los embargos que les habían fijado que en algún caso, superó los 400 mil pesos.
Se trata de un fallo escueto, y en donde la Casación invoca para anular los procesamientos el argumento que utilizó en el caso "Renzi, Walter Gabriel y otros" del 8 de agosto pasado.
En ese caso, los jueces de la Sala II anularon un procesamiento que se fijó en segunda instancia luego, al considerar que no hubo doble instancia de revisión y que quien debía tomar una decisión como tal es el juez de primera instancia.
La veintena de estos funcionarios habían sido sobreseídos, pero el fiscal Gerardo Pollicita y la Oficina Anticorrupción apelaron. Así fue como el año pasado la Cámara Federal, para el caso integrada por Julio Lucini, María Laura Garrigós de Rébori y Mauro Divito, los procesó por el delito de "peculado", el cual prevé una pena de hasta diez años de prisión.
Se había determinado que los acusados "percibieron dinero proveniente de partidas presupuestarias a gastos reservados" y no podían desconocer que recibían una "retribución por la tarea desarrollada, ni tampoco gastos necesarios para el desempeño del cargo que ocupaban".
Los otros procesamientos anulados por la Casación fueron los de Carlos Sánchez, quien entre otros cargos fue secretario de Comercio e Inversiones; a Félix Cirio, entonces subsecretario de producción agropecuaria; a Jesús Leguiza, subsecretario de Economía; a Oscar Chialvo, entonces presidente de la Comisión liquidadora del Instituto Nacional de Reaseguros; y Alejandro Mayoral, ex funcionario del Ministerio de Economía.
También fueron favorecidos con la misma decisión Joaquín Cottani, ex funcionario del Ministerio de Economía; Carlos Bastos, ex secretario de Energía; Raúl García, ex presidente de Enargas; Guillermo Harteneck, entonces subsecretario de inversiones; Alfredo Aldaco, ex funcionario del Banco Nación; Liliana Gurdulich, ex secretaria del Ministerio del Interior; Alejandro Marcovic, ex subsecretario de Trabajo; y Félix Borgonovo, quien fuera secretario legal y técnico en 1993.
Por último, fueron anulados los procesamientos de Horacio Dalmau, ex subsecretario de Ambiente; Augusto José Rodríguez Larreta, entonces vocero del ministro Oscar Camilión; a Alberto Noé Carballo, entonces Subsecretario de Ambiente; Ricardo Lagorio, subsecretario del Ministerio de Defensa; Santiago Lozano, entonces funcionario del Ministerio del Interior; Ricardo Cossio, ex director de DGI; y Jorge Pereyra de Olazábal, ex secretario de Planeamiento del Ministerio de Defensa.
Al tiempo que revocó los procesamientos, los jueces resolvieron apartar de seguir interviniendo a la sala especial conformada para el caso. Es que la Cámara Federal con su integración original está excusada de intervenir en esta causa.
En mayo de 2011 una parte de la causa que tiene como imputados a Menem, Cavallo, Alsogaray y otros fue a juicio, el cual quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 4.
martes, 5 de noviembre de 2013
La inflación, ese infierno tan temido
El avance
desmedido de los precios causa estragos en los presupuestos familiares y en la
actividad de muchas empresas. Vivimos sobresaltados, sin saber qué poder de
compra tendrán, cada día, nuestros ingresos. Los industriales y los
comerciantes -recayendo en viejas costumbres-, se adelantan y remarcan precios
temiendo que un error de cálculo termine disminuyendo ventas, sumergiéndolos en
crisis y quebrantos.
No obstante,
son los salarios y las jubilaciones las rentas que con mayor contundencia
sufren los efectos de los precios desbocados. En este terreno, mientras que unos
pocos trabajadores (los representados por sindicatos capaces de enfrentar las
directrices del Gobierno) pueden defenderse, la mayoría de ellos está a merced
de la inflación. Así les sucede, por ejemplo, a quienes trabajan en negro,
están fuera de convenio, o tienen por empleador a PYMES víctimas del mismo
flagelo.
La influencia
que el Gobierno ejerce sobre el “movimiento obrero organizado”, determina que
los sindicatos oficiales (prisioneros de un régimen monopólico que les concede
privilegios a cambio de obediencia) se vean forzados a aceptar los techos
reivindicativos que les traslada el Ministro de Trabajo.
Por
supuesto, hay sectores que, por presión de las comisiones internas en manos de
la izquierda o por la indignación de los trabajadores, desoyen aquellas
directivas y (está sucediendo ahora mismo), se aprestan a exigir la reapertura
de las paritarias para revisar los salarios antes de los plazos legales.
Esta
situación reavivará la “puja distributiva” (una vieja conocida de nuestras
relaciones colectivas de trabajo), con el final que en su día graficara el
General Perón: Los precios subirán por el ascensor y los salarios por la
escalera.
En este
escenario, todo parece indicar que en los próximos meses la severa inflación
incrementará las huelgas protagonizadas por sindicatos desorientados pero
anclados en sus tradiciones corporativas que ignoran el concepto de “clase
trabajadora” y les llevan a intentar proteger a los afiliados desentendiéndose
del resto de sus compañeros de condición.
Ciertamente
nos les va mejor a los jubilados cuyos haberes globales, al menos desde 2001,
vienen perdiendo puntos respecto de la inflación, con la consiguiente desmejora
de su calidad de vida. Con el agravante de que carecen de capacidad de presión
suficiente para lograr que el Gobierno haga lo necesario para mantener su poder
de compra. Fracasan cuando se dirigen al Congreso de la Nación, y vuelven a
fracasar cuando recurren a los tribunales de justicia.
De la mano
de la inflación galopante los argentinos perdemos día a día capacidad de
ahorro; con el agravante de que el dólar, principal instrumento al alcance de
los ahorristas menos informados, está intervenido por el Gobierno que persigue
su comercialización con mayor empeño que el que pone en asegurar nuestras
fronteras.
La inflación y las instituciones
La inflación
provoca también efectos negativos en nuestra vida política. La concentración
del poder en el vértice del Gobierno de la Nación, con el consiguiente
debilitamiento de las autonomías provinciales y municipales, es una de aquellas
consecuencias.
Siendo que
el poder central controla la emisión monetaria, las retenciones a la
exportación y la parte más relevante de la presión tributaria, las Provincias
pierden día a día recursos y facultades para desarrollar políticas activas y,
si acaso, concurrir en auxilio de las víctimas de la inflación.
Por esta
vía, reaparece otra vieja imagen: La de Gobernadores viajando a la Capital
Federal a procurar recursos que fluyen en funciones de lealtades y simpatías.
Una discrecionalidad que, dicho sea de paso, perjudica a la Provincia de Salta
a raíz de la ubicuidad, negligencia o ideario de nuestro Primer magistrado.
El Congreso
de la Nación es otro de los perdedores: Su potestad de asignar gastos e incidir
en la ejecución presupuestaria resulta diluida por la marcha de los precios
combinada con el otorgamiento de súper poderes a un Poder Ejecutivo que ha creado
el concepto de emergencia económica perpetua.
Precios administrados y precios liberados
Si bien la inflación
verdadera es elevada, las mediciones ocultan la presencia de tarifas
artificialmente sostenidas por cuantiosos subsidios que, de un lado, son fuente
de inequidades y corrupción y, de otro, ponen a las cuentas públicas en una
situación insostenible. En este terreno, el inevitable sinceramiento de estos
precios augura tensiones y sufrimientos añadidos que caerán sobre las espaldas
de quienes reciben rentas fijas.
Pronto,
cuando haya digerido los resultados electorales, el Gobierno deberá adoptar
medidas: ¿Continuará improvisando, mintiendo y reprimiendo? O, por el contrario,
¿articulará una política que despeje incógnitas y restablezca las condiciones
para que nuestro potencial productivo se despliegue en el mundo? ¿Seguirá
rutinas autoritarias o buscará consensos? ¿Postergará al agro en beneficio del
viejo país industrial? ¿Gobernará con pipiolos o recurrirá a expertos?
En cualquier
caso, parece inevitable que el malestar ocasionado por la escalada de precios
influya en la elección de este domingo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)