martes, 5 de noviembre de 2013

Un penoso asunto llega a su fin

La Cámara Federal de Casación Penal dio marcha atrás y anuló el procesamiento de 24 ex funcionarios acusados del cobro de sobresueldos durante el menemismo, entre ellos el del ex ministro de Trabajo José Armando Caro Figueroa, el ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, el ex secretario de Justicia Elías Jassán, y la ex secretaria de Ministerio del Interior Adelina Dalesio de Viola.
Se trata de un enorme paso atrás en la causa puesto que todos habían sido procesados el año pasado por la Sala I de  la Cámara Federal por el delito de peculado y en caso que los mismos se confirmaran, iban a ir inmediatamente a juicio.
Un tramo de la causa ya está en progreso por el cobro y pago de sobresueldos y que tiene como imputados al ex presidente Carlos Menem; al ex ministro de Economía Domingo Cavallo; a la ex polifuncionaria María Julia Alsogaray; a Enrique Kaplan y muchos otros.
"La investigación ha permitido relevar la existencia de un sistema ilegítimo de pagos a funcionarios del Poder Ejecutivo de una determinada jerarquía, instrumentando desde la más alta esfera de dicho poder, que tuvo lugar durante los períodos en los que Carlos Menem ejerció la Presidencia ", había dado por acreditado  la Cámara Federal al procesar a los 24 funcionarios en diciembre pasado.
Todo ello ahora fue anulado por la Sala II de la Casación, con las firmas de los jueces Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, así como los embargos que les habían fijado que en algún caso, superó los 400 mil pesos.
Se trata de un fallo escueto, y en donde la Casación invoca para anular los procesamientos el argumento que utilizó en el caso "Renzi, Walter Gabriel y otros" del 8 de agosto pasado.
En ese  caso, los jueces de la Sala II anularon un procesamiento que se fijó en segunda instancia luego, al considerar que no hubo doble instancia de revisión y que quien debía tomar una decisión como tal es el juez de primera instancia.
La veintena de estos funcionarios habían sido sobreseídos, pero el fiscal Gerardo Pollicita y  la Oficina Anticorrupción apelaron. Así fue como el año pasado  la Cámara Federal, para el caso integrada por Julio Lucini, María Laura Garrigós de Rébori y Mauro Divito, los procesó por el delito de "peculado", el cual prevé una pena de hasta diez años de prisión.
Se había determinado que los acusados "percibieron dinero proveniente de partidas presupuestarias a gastos reservados" y no podían desconocer que recibían una "retribución por la tarea desarrollada, ni tampoco gastos necesarios para el desempeño del cargo que ocupaban".
Los otros procesamientos anulados por  la Casación fueron los de Carlos Sánchez, quien entre otros cargos fue secretario de Comercio e Inversiones; a Félix Cirio, entonces subsecretario de producción agropecuaria; a Jesús Leguiza, subsecretario de Economía; a Oscar Chialvo, entonces presidente de  la Comisión liquidadora del Instituto Nacional de Reaseguros; y Alejandro Mayoral, ex funcionario del Ministerio de Economía.
También fueron favorecidos con la misma decisión Joaquín Cottani, ex funcionario del Ministerio de Economía; Carlos Bastos, ex secretario de Energía; Raúl García, ex presidente de Enargas; Guillermo Harteneck, entonces subsecretario de inversiones; Alfredo Aldaco, ex funcionario del Banco Nación; Liliana Gurdulich, ex secretaria del Ministerio del Interior; Alejandro Marcovic, ex subsecretario de Trabajo; y Félix Borgonovo, quien fuera secretario legal y técnico en 1993.
Por último, fueron anulados los procesamientos de Horacio Dalmau, ex subsecretario de Ambiente; Augusto José Rodríguez Larreta, entonces vocero del ministro Oscar Camilión; a Alberto Noé Carballo, entonces Subsecretario de Ambiente; Ricardo Lagorio, subsecretario del Ministerio de Defensa; Santiago Lozano, entonces funcionario del Ministerio del Interior; Ricardo Cossio, ex director de DGI; y Jorge Pereyra de Olazábal, ex secretario de Planeamiento del Ministerio de Defensa.
Al tiempo que revocó los procesamientos, los jueces resolvieron apartar de seguir interviniendo a la sala especial conformada para el caso. Es que la Cámara Federal con su integración original está excusada de intervenir en esta causa.
En mayo de 2011 una parte de la causa que tiene como imputados a Menem, Cavallo, Alsogaray y otros fue a juicio, el cual quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 4.

La inflación, ese infierno tan temido

El avance desmedido de los precios causa estragos en los presupuestos familiares y en la actividad de muchas empresas. Vivimos sobresaltados, sin saber qué poder de compra tendrán, cada día, nuestros ingresos. Los industriales y los comerciantes -recayendo en viejas costumbres-, se adelantan y remarcan precios temiendo que un error de cálculo termine disminuyendo ventas, sumergiéndolos en crisis y quebrantos.

No obstante, son los salarios y las jubilaciones las rentas que con mayor contundencia sufren los efectos de los precios desbocados. En este terreno, mientras que unos pocos trabajadores (los representados por sindicatos capaces de enfrentar las directrices del Gobierno) pueden defenderse, la mayoría de ellos está a merced de la inflación. Así les sucede, por ejemplo, a quienes trabajan en negro, están fuera de convenio, o tienen por empleador a PYMES víctimas del mismo flagelo.

La influencia que el Gobierno ejerce sobre el “movimiento obrero organizado”, determina que los sindicatos oficiales (prisioneros de un régimen monopólico que les concede privilegios a cambio de obediencia) se vean forzados a aceptar los techos reivindicativos que les traslada el Ministro de Trabajo.

Por supuesto, hay sectores que, por presión de las comisiones internas en manos de la izquierda o por la indignación de los trabajadores, desoyen aquellas directivas y (está sucediendo ahora mismo), se aprestan a exigir la reapertura de las paritarias para revisar los salarios antes de los plazos legales.

Esta situación reavivará la “puja distributiva” (una vieja conocida de nuestras relaciones colectivas de trabajo), con el final que en su día graficara el General Perón: Los precios subirán por el ascensor y los salarios por la escalera.

En este escenario, todo parece indicar que en los próximos meses la severa inflación incrementará las huelgas protagonizadas por sindicatos desorientados pero anclados en sus tradiciones corporativas que ignoran el concepto de “clase trabajadora” y les llevan a intentar proteger a los afiliados desentendiéndose del resto de sus compañeros de condición.       

Ciertamente nos les va mejor a los jubilados cuyos haberes globales, al menos desde 2001, vienen perdiendo puntos respecto de la inflación, con la consiguiente desmejora de su calidad de vida. Con el agravante de que carecen de capacidad de presión suficiente para lograr que el Gobierno haga lo necesario para mantener su poder de compra. Fracasan cuando se dirigen al Congreso de la Nación, y vuelven a fracasar cuando recurren a los tribunales de justicia.

De la mano de la inflación galopante los argentinos perdemos día a día capacidad de ahorro; con el agravante de que el dólar, principal instrumento al alcance de los ahorristas menos informados, está intervenido por el Gobierno que persigue su comercialización con mayor empeño que el que pone en asegurar nuestras fronteras.

La inflación y las instituciones

La inflación provoca también efectos negativos en nuestra vida política. La concentración del poder en el vértice del Gobierno de la Nación, con el consiguiente debilitamiento de las autonomías provinciales y municipales, es una de aquellas consecuencias.

Siendo que el poder central controla la emisión monetaria, las retenciones a la exportación y la parte más relevante de la presión tributaria, las Provincias pierden día a día recursos y facultades para desarrollar políticas activas y, si acaso, concurrir en auxilio de las víctimas de la inflación.

Por esta vía, reaparece otra vieja imagen: La de Gobernadores viajando a la Capital Federal a procurar recursos que fluyen en funciones de lealtades y simpatías. Una discrecionalidad que, dicho sea de paso, perjudica a la Provincia de Salta a raíz de la ubicuidad, negligencia o ideario de nuestro Primer magistrado.

El Congreso de la Nación es otro de los perdedores: Su potestad de asignar gastos e incidir en la ejecución presupuestaria resulta diluida por la marcha de los precios combinada con el otorgamiento de súper poderes a un Poder Ejecutivo que ha creado el concepto de emergencia económica perpetua.

Precios administrados y precios liberados

Si bien la inflación verdadera es elevada, las mediciones ocultan la presencia de tarifas artificialmente sostenidas por cuantiosos subsidios que, de un lado, son fuente de inequidades y corrupción y, de otro, ponen a las cuentas públicas en una situación insostenible. En este terreno, el inevitable sinceramiento de estos precios augura tensiones y sufrimientos añadidos que caerán sobre las espaldas de quienes reciben rentas fijas.

Pronto, cuando haya digerido los resultados electorales, el Gobierno deberá adoptar medidas: ¿Continuará improvisando, mintiendo y reprimiendo? O, por el contrario, ¿articulará una política que despeje incógnitas y restablezca las condiciones para que nuestro potencial productivo se despliegue en el mundo? ¿Seguirá rutinas autoritarias o buscará consensos? ¿Postergará al agro en beneficio del viejo país industrial? ¿Gobernará con pipiolos o recurrirá a expertos?

En cualquier caso, parece inevitable que el malestar ocasionado por la escalada de precios influya en la elección de este domingo.