martes, 17 de diciembre de 2013

Horizontes borrascosos


La exacerbación de la inflación, del odio y del relato, tres de los motores del kirchnerismo, está en la raíz de los recientes conflictos seguidos de desmanes y violencias.

La escalada de los precios asfixia a las economías familiares y deprecia salarios, jubilaciones y ayudas sociales. La idea de que la política exige la identificación de enemigos a los que sólo cabe machacar sin piedad, caló hondo en nuestra cultura y demuestra ahora su carácter reversible: muchas de las víctimas odian también a los profetas del odio. Algunas frases del relato (“no criminalizar la protesta”) y la absurda inercia que lleva al Gobierno a despreciar a las fuerzas armadas y de seguridad, no ayudan a la hora de preservar la paz interior.

La ideología de que la pobreza y la exclusión se suprimen con ayudas económicas, aparece desmentida por la realidad. Otro tanto sucede con el desdén que las autoridades expresan por el ejército de jóvenes que ni estudian ni trabajan. El fracaso del sistema educativo, que es también el fracaso de miles y miles de estudiantes, y un orden laboral que se sostiene merced al trabajo en negro y a la creciente presencia de asalariados pobres, muestran una realidad en donde mueren las esperanzas y anidan violencias de todo tipo.

La corrupción, los lujos y derroches que impúdicamente exhiben un sector de la clase dirigente y muchos ricos y famosos, abonan la idea de que vivimos en una sociedad híper injusta en donde la aplicación al estudio y al trabajo honrado va dejando de ser el camino para realizar sueños y construir una vida digna.

A su vez, en ciudades como Salta, la pobreza es caldo de cultivo para los mercaderes suburbanos de la droga que intoxican y matan a niños y adolescentes, a la par que construyen una suerte de “estado criminal” con lugartenientes que disciernen premios y castigos, y con bandas que siembran el terror e imponen la ley del miedo. En realidad, mirada globalmente, Salta está dejando de ser linda (afeada por la especulación inmobiliaria, por las cloacas a cielo abierto, por la destrucción de bosques, por la falta de agua potable y por la degradación cultural) y está -más que antes- lejos de ser justa.

El renacer de agudos conflictos salariales

Los reclamos de los trabajadores que se desempeñan en las policías provinciales han encendido -tarde- las alarmas y han dejado al descubierto lagunas institucionales, gestiones improvisadas, y las consecuencias de la impericia con la que muchos gobiernos, siguiendo la anacrónica estela kirchnerista, tratan a las fuerzas de seguridad a las que siguen emparentando con la dictadura y el crimen.

El dogma reaccionario que niega a los policías el derecho de sindicalización es, a estas alturas, insostenibles. Si miramos lo que sucede en los países más avanzados, comprobaremos que allí se reconoce a los trabajadores policiales la libertad de sindicarse, con el mismo énfasis que se les niega el derecho de huelga en atención a su integración en cuerpos armados.

La ficción de negociar con familiares o abogados de los policías que deciden reivindicar mejores condiciones de trabajo, se ha revelado incapaz de resolver los problemas y de restablecer la paz social. Nuestro Estado de derecho precisa facilitar la creación de órganos representativos de estos trabajadores, señalándoles el modo de hacer compatibles su accionar gremial con el irrenunciable mandato de velar por el orden y la seguridad de los habitantes.

Los estilos exhibidos y las consignas autoritarias propaladas desde el vértice del poder contribuyeron a aumentar las tensiones propias de un conflicto laboral de derivaciones difícilmente previsibles. Si bien estamos –afortunadamente- lejos de los mini golpes de estado protagonizados por las fuerzas policiales, hay que recordar que cuando este tipo de conflictos se entremezcla con intencionalidades y maniobras políticas antidemocráticas, se producen graves daños institucionales, como lo muestra la historia conflictiva de la Policía de Córdoba a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado (C. TCACH, 2013, recuerda los conflictos que precipitaron el derrocamiento de los Gobernadores ZANICCHELLI y OBREGÓN CANO).

Los incrementos salariales pactados o resueltos por las autoridades en favor de la policía parecen haber cerrado un ciclo de tensiones y alarmas. Pero, como no podía ser de otro modo, han abierto cauces cauce para que, de la mano de la inflación galopante, otros trabajadores se miren en el ejemplo policial. Un ejemplo donde sobresalen tanto la desmesura a la hora de aplicar la medida de presión violando leyes y secuestrando el servicio, como el brusco salto remuneratorio que, sin embargo, deja fuera al personal retirado de las fuerzas de seguridad.

Como lo ha señalado con inusual claridad el Gobernador de Salta (que acertó al habilitar conversaciones con el personal policial en lucha), el mayor gasto salarial repercutirá sobre los impuestos locales y alimentará la espiral inflacionaria.

Habrá de resultarle muy difícil a los Gobernadores sostener el techo salarial del 18%, recomendado por el Gobierno Nacional, frente a una inflación que ronda el 30% y  ante el agravio comparativo de los aumentos arrancados por la movilización de los trabajadores de las policías.

La escalada inflacionaria desespera a los trabajadores y abre una desigual lucha que se dirime en las paritarias y en los despachos oficiales. Con el agravante de que los todavía bajos índices de desocupación no logran compensar la inequidad de los precios que desbastan presupuestos familiares. Adviértase también, para completar un panorama cargado de nubarrones, que la inmensa mayoría de las personas que viven de ayudas, salarios o jubilaciones no puede defender su poder adquisitivo por carecer de fuerza de presión y de canales representativos idóneos.

martes, 10 de diciembre de 2013

¿Quien paga los platos rotos por el Estado y sus funcionarios?


La muerte del absolutismo ocurrió cuando, entre otros acontecimientos, el orden jurídico consagró la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios por los daños ocasionados. Fue a partir de entonces que la irresponsabilidad del príncipe entró al baúl de los malos recuerdos, produciéndose una consecuencia virtuosa: La condición de súbdito es remplazada por la ciudadanía que inviste a las personas de derechos e inmunidades frente al accionar de quienes detentan el poder público.

Esta conquista de la modernidad está suscitando -en la Argentina contemporánea-, debates más apasionados que racionales, oscurecidos por tecnicismos que hurtan a la opinión pública la comprensión de las posiciones enfrentadas.

Por estos días, el Congreso Nacional dio luz verde a dos Proyectos: El primero (expediente CD 62/13), limita el derecho de los perjudicados por actos de los poderes públicos. El segundo (Ley 26.913), otorga pensiones especiales a los detenidos por la dictadura y bajo el estado de sitio decretado por la Presidenta doña Isabel Martínez de Perón.

Al aprobarlas, el Congreso convalidó -una vez más- las singulares versiones que del orden jurídico y de la historia construyó el kirchnerismo. Bajo el falaz argumento de preservar al Estado de la “patria pleitera”, la mayoría gubernamental restringió derechos civiles. En el segundo caso, esta vez con una mayoría amplísima, el Congreso resolvió re-indemnizar a los “militantes” de uno de los bandos en pugna en la atroz guerra civil que transcurrió en los años de 1970.

La responsabilidad civil del Estado

Hasta aquí, las consecuencias dañosas del obrar de los poderes públicos y de sus funcionarios eran materia del derecho común y de los jueces ordinarios. La nueva Ley acota ambas responsabilidades e impone a los ciudadanos severas dificultades para obtener resarcimientos. Estamos ante una reforma especialmente regresiva en un contexto en donde proliferan los actos de gobierno y judiciales que, bajo apariencia de legalidad, violan derechos procedimentales y sustantivos.

Si el Estado, ignorando la prohibición del artículo 17 de la Constitución, confisca bienes o desconoce los términos de un contrato, hace a la esencia del orden jurídico democrático que ese comportamiento sea revocado y que sus consecuencias sean reparadas. Otro tanto ha de suceder cuando el Poder Judicial incurre en mora o sentencia guiado por consideraciones políticas.

A la responsabilidad del Estado, debe sumarse la responsabilidad civil del funcionario o legislador que a sabiendas, por impericia o negligencia adopta aquel tipo de actos. Eximirlos implica, por ejemplo, que los platos groseramente rotos en Salta en el caso ENJASA, con los desmontes, los edificios de altura o la ley que concede súper-poderes a la Policía y a la Fiscalía, sean pagados por los ciudadanos y no por los firmantes de decretos y resoluciones.

Firmenich y Videla, otra vez

El cierre definitivo de la dolorosa etapa setentista reclama, además del archivo de los odios, la indemnización de todos los daños causados por los terrorismos. Y, como ha sucedido en otros países con conflictos fratricidas, es el Estado quién ha de cargar con las reparaciones económicas, aun cuando ello exima de responsabilidad patrimonial a los sujetos que alentaron, diseñaron, ordenaron o ejecutaron actos criminales.

En realidad, pretender que el señor Mario Firmenich pague los daños por el asesinato del General Pedro Eugenio Aramburu, o que el señor Alberto Mulhall resarza a los detenidos la noche del 24 de marzo de 1976 en Salta, implica burlar los derechos indemnizatorios de las víctimas.

Sin embargo, un Estado de derecho no puede otorgar un trato diferenciado a las víctimas. La regla democrática manda que allí donde se constate un daño por el accionar ilegal de personas investidas o no de autoridad, las víctimas han de ser resarcidas.

Cuando se entra en el esperpéntico terreno de considerar que hay asesinatos buenos y asesinatos malos, secuestros justos y secuestros aberrantes, se quiebra el principio de justicia que debe inspirar a las leyes de la república, como lo enseñó Nelson Mandela.

Pienso que los detenidos sin causa y sin garantías en los tiempos en que regían la ley de la sospecha, el terror y el principio del “por algo será”, han de ser resarcidos por sus sufrimientos. Pero creo también que esta reparación no puede equiparar a justos y pecadores, ni desconocer la situación patrimonial de los beneficiados.

La reciente Ley pierde legitimidad al admitir que funcionarios “exitosos”, ya indemnizados, perciban pensiones que triplican la jubilación mínima.

Este diseño sesgado resta legitimidad  a la reparación y da alas a los que rechazan indemnizar a las víctimas, bajo el siniestro argumento de que quienes actuaron en la política setentista y fueron presos, debieron prever los riesgos de su accionar y, por tanto, están condenados a soportar sufrimientos sin rechistar. Aquí, muchos de los que aplaudieron secuestros protestan hoy, sin matices, contra la reparación.

lunes, 25 de noviembre de 2013

PERÓN Y CRISTINA FRENTE A SENDAS CRISIS ECONOMICAS

1.- Los giros agónicos del “primer peronismo”

En el ocaso de su segundo mandato constitucional, el Presidente Juan Domingo PERÓN dispuso tres giros sustantivos:

a) Tras los criminales bombardeos a Plaza de Mayo de junio de 1955, tendió (infructuosamente) la mano a los opositores[1];

b) Sumó a la alicaída explotación petrolera monopolizada por la estatal YPF a la “California Argentina”, subsidiaria, nada menos, que de la norteamericana STANDAR OIL, en la búsqueda del autoabastecimiento en materia de combustibles; y,

c) Anunció la entrada en un ciclo de moderación salarial, que sucedería a la etapa anterior (1946/1949) en donde los salarios reales crecieron más del 60%.

Como broche final, PERÓN convocó, bajo la consigna “Producir, producir, producir”, al Congreso Nacional de la Productividad[2], un foro tripartito encargado de sentar las bases para un nuevo modelo de relaciones laborales, flexible y en condiciones de responder a los desafíos de los delegados del personal que, de un lado, rechazaban la moderación salarial y, de otro, impugnaban a la burocracia sindical obediente del vértice político.

Uno de los objetivos centrales del Congreso y de sus conclusiones fue vincular nuevas mejoras salariales a la evolución positiva de la productividad lo que pondría a prueba la disciplina de las cúpulas sindicales respecto del vértice político y su capacidad de soportar el embate de las organizaciones de base.

Conviene añadir que el giro impulsado por el Presidente PERÓN y que se tradujo en su “Segundo Plan Quinquenal”, incluyó medidas para impulsar las exportaciones agropecuarias[3], en un intento por revertir una política para la producción del campo que a esas alturas se revelaba insostenible e inadecuada.  

Las nuevas medidas fueron celebradas por el conservador (ex socialista) Federico PINEDO que, sin embargo, no logró convencer a sus correligionarios conservadores acerca de la conveniencia de apoyar el triple giro peronista[4] que situaba la nueva política económica de PERÓN en las cercanías de la dogmática liberal y capitalista de aquel tiempo. 

El golpe cívico militar de 1955 arrumbó los intentos reformistas con los que PERÓN pretendía resolver la crisis energética, superar la “restricción externa” (vale decir, la falta de divisas para impulsar las importaciones imprescindibles para la marcha de la economía nacional[5]), revertir las pérdidas de competitividad que experimentaba dramáticamente la producción local, liquidar la espiral precios/salarios, y dejar atrás los odios que fragmentaban a la Argentina de aquel tiempo.

2.- El “tercer peronismo” promete cambios

En un contexto marcado por ciertas analogías[6] con este lejano pasado, doña Cristina FERNÁNDEZ de KIRCHNER, al retornar de su licencia por razones de salud, y detrás de las consabidas apelaciones a la “profundización del modelo”, realizó tres anuncios -a los que me referiré en seguida- que marcan la intención de modificar varios cursos de acción, con el indisimulado propósito de adecuarlos a los resultados electorales adversos y a los severos desafíos que vienen del lado de la economía y que se traducen en creciente malestar social.

En esta etapa, las insistentes referencias a la “profundización del modelo” cumplen, seguramente, el papel de tranquilizar a la tropa propia, educada en las consignas del “No pasarán”, y “Ni un paso atrás”. Sin embargo, provocan también un efecto secundario: Desorientan a la oposición dogmática y a ciertos analistas superficiales que se quedan en estas frases provocadoras sin alcanzar a desentrañar las nuevas directrices de la Presidenta de la República[7].  

Permítanme recordar que, en los años de 1990, el Presidente Carlos Saúl MENEM, al presentar sus políticas, solía destacar que las mismas respondían a las enseñanzas legadas por Juan Domingo PERÓN; apelaba a este argumento de autoridad aun cuando -a mi modo de ver- las medidas se situaran lejos del ideario del “primer peronismo”. La Presidenta KIRCHNER utiliza el mismo recurso: Cuando se ve forzada a rectificar, explica que, en realidad, se trata de profundizar el modelo; inmediatamente, los formadores de opinión centran los análisis en esta frase e ignoran el sentido y los alcances de las rectificaciones -en ocasiones, zigzagueantes- que, desde hace un par de años viene ordenando el actual Gobierno. 

3.- La nueva agenda para problemas que no admiten demoras

En aquella breve reaparición pública, la Presidenta, con inusual sobriedad verbal, habló de la necesidad de dialogar con la oposición, defendió una política energética sin prejuicios ideológicos (lo que equivale a una reiteración de su sorpresivo abandono del acendrado “nacionalismo petrolero[8] que condujo a la confiscación de REPSOL), y puso énfasis en uno de los principales problemas que lastran la competitividad de nuestra producción: los costos del transporte que, entre otros efectos negativos, castigan a quienes producen bienes exportables en zonas alejadas de los puntos de consumo.

Para este nuevo rumbo, doña Cristina FERNÁNDEZ de KIRCHNER modificó criteriosamente su gabinete y alentó la reapertura del diálogo con los sindicatos oficialistas y con los empresarios igualmente oficialistas[9], con miras a aminorar las pujas distributivas y, si acaso, sumarlos a las medidas económicas, fiscales y cambiarias que habrán de disponerse para poner en caja a la inflación galopante.

Si bien esta medida merece ser criticada en cuanto deja de lado a las organizaciones opositoras, resulta positivo que el Gobierno se decida a abordar los principales problemas económicos (inflación, empleo, competitividad), escuchando a un sector de las fuerzas de la producción. Repárese en el hecho de que este giro en materia de relaciones del trabajo se suma a las rectificaciones que, por ejemplo, modificaron los criterios de actuación frente a las protestas obreras y no obreras[10], ratificaron los ejes de la Ley de Riesgos de Trabajo, o que condujeron al discreto abandono de la retórica de las “paritarias libres”; esto es, sin piso ni techo impuestos por Decretos del Gobierno.

La exclusión de las fuerzas obreras que defienden su autonomía y discrepan del rumbo kirchnerista, es reprobable por motivos vinculados con la libertad sindical, pero también por razones de eficacia que atienden a la capacidad de las centrales opositoras (CGT-MOYANO, CTA-MICHELLI) y de las representaciones de base controladas por la izquierda plural para desbordar eventuales acuerdos de cúpulas.

En cualquier caso, comienza a resultar evidente que una política antiinflacionaria consistente con la negociación colectiva y con la paz laboral, requiere de algún tipo de pacto social que promueva el empleo y contribuya a moderar precios y salarios[11].

4.- El último bienio kirchnerista  

Con todas las precauciones que aconsejan los antecedentes erráticos que singularizan a su gobierno, pienso que en su retorno la señora Presidenta ha dado muestras de realismo:

En lo institucional y como consecuencia de las movilizaciones ciudadanas y de los últimos resultados electorales, aparecen archivados los planes de reelección y las ideas de sancionar una Constitución Nacional Kirchnerista; no obstante, el empeño que sectores oficialistas ponen en reformar -sin los imprescindibles consensos- el Código Civil es un peligroso resabio de esta tendencia.

En el terreno económico, el Gobierno -mientras sigilosamente avanza en la “devaluación interna[12] del peso- parece decido a abordar los problemas reales y atender los reclamos de quienes sufren las consecuencias de pésimas decisiones que una oposición descolocada atribuye al genio maligno del demitido Secretario de Comercio.

Por supuesto, ni el giro pragmático de la Presidenta ni los primeros movimientos de sus ministros son garantía de éxito.

Hará falta mucha firmeza, talento y conocimientos técnicos para revertir errores y crear las condiciones para que la Argentina aproveche las oportunidades que el mundo brinda a los países productores de alimentos. Hará falta también leer correctamente el nuevo escenario mundial y situar las políticas nacionales en sintonía con las mega tendencias económicas y tecnológicas, muy bien explicadas por Jorge CASTRO[13].

Sin embargo, por aquello de que el “tercer peronismo” es también incorregible, hay que esperar que más allá de las rectificaciones que apuntan en la buena dirección, el Gobierno insista en su estrategia de acumulación de poder y en sus intentos por controlar jueces, medios de comunicación, sindicatos, colegios, cámaras empresarias, universidades, el deporte, la cultura y los espectáculos. Pero esta es otra batalla en donde los profetas de la “comunidad organizada sectaria y excluyente”, enfrentan una creciente resistencia intelectual protagonizada por los defensores de las libertades y del pluralismo; o sea, por quienes pretendemos una Argentina democrática.

5.- Breve comparación de las agendas peronistas

Señalados los puntos de contacto que vinculan al giro del primer peronismo (1954/1955), con los escuetos anuncios presidenciales del pasado 10 de noviembre de 2013, resulta imprescindible destacar que la nueva agenda kirchnerista ha omitido (al menos hasta ahora) medidas para impulsar las exportaciones agropecuarias, reconstruyendo las relaciones con las fuerzas representativas de los productores y exportadores. A su vez, la apuesta presidencial por reducir costos que desalientan las exportaciones carece (también por ahora) de las necesarias concreciones y aparece limitada al transporte, sin abarcar otros factores que perjudican la competitividad de nuestra producción.

6.- La posición de Salta ante este giro incipiente

Sobre este punto, destaca el fracaso de los intentos de nuestro Gobernador por “saltar” a la escena nacional sobre las espaldas de los salteños. Vanas han sido sus concesiones al poder central en materia de bosques, petróleo, retenciones, ferrocarriles, infraestructuras y coparticipación. Pero todo hace pensar que el señor URTUBEY -lejos de propósitos de enmienda, sin tapujos ni prejuicios republicanos-, volcará todo el poder y los recursos acumulados en estos seis años, para conseguir otra reelección. Un objetivo que, afortunadamente, no depende de él ni de sus epígonos, sino del acierto de los ciudadanos que deseamos un cambio democrático. 

Vaqueros, 24 de noviembre de 2013




[1] Véase su discurso de 10 de julio de 1955 que rectificó su anterior -terrible- consigna “por cada uno de los nuestros que caigan, caerán cinco de ellos”.
[2] GIMENEZ ZAPIOLA, Marcos “La concertación peronista de 1955: El Congreso de la Productividad”, Editorial LEGASA, Buenos Aires  - 1988. BITRAN, Rafael   El Congreso de la Productividad”, Editorial EL BLOQUE, Buenos Aires – 1994.
[3] Como ocurriría 60 años después, el primer peronismo que impuso la estatización del comercio exterior agropecuario (IAPI), perdió la oportunidad que a la Argentina brindaban unos términos de intercambio internacional (TII) excepcionalmente favorables.
[4] CASTRO, Jorge “El desarrollismo del siglo XXI”, editorial PLUMA DIGITAL, Buenos Aires – 2013, páginas 119 y siguientes.
[5] La crisis externa se traduce en la cíclica carencia de dólares suficientes “provenientes de exportaciones genuinas capaces de financiar una alta tasa de crecimiento sostenido”. Una carencia que “adquirió carácter convulsivo y que cada 5 o 7 años provocó una crisis en la balanza de pagos que, por su magnitud, arrastró incuso al sistema político” (CASTRO, obra citada, página 66). El mismo autor recuerda que, a fines de 1948, una comisión integrada por los ministros CEREIJO y GÓMEZ MORALES le informó al Presidente PERÓN “que sólo restan en el Banco Central 300 millones de dólares, insuficientes para importar un año de combustibles y que la crisis energética que es su consecuencia, impide generar la energía suficiente para mantener el aparato industrial” (obra citada, página 106).
[6] Observemos una curiosidad: Mientras que, como vimos en la nota anterior, en 1948 las reservas del BCRA alcanzaban para pagar un año de importación de combustibles, hacia 2014 las reservas de divisas alcanzan para dos años de importaciones de gas y petróleo. Más allá de la relatividad de estos indicadores, hay que tener en cuenta que la economía contemporánea es mucho más compleja que la del primer peronismo.  
[7] Véase RAVENTOS, Jorge “Avanti morocha. De la Plaza al Patio de Las Palmeras”, en el sitio Web AGENDA POLITICA, Noviembre – 2013.
[8] BAILY, Samuel L. “Movimiento obrero, nacionalismo y política en la Argentina”, Editorial HYSPAMÉRICA, Buenos Aires – 1985. También SOLBERG, Carlos E. “Petróleo y nacionalismo en la Argentina”, Editorial HYSPAMÉRICA, Buenos Aires – 1986.
[9] Sobresale en este aspecto la exclusión de los representantes de los productores agropecuarios agrupados en la “Mesa de Enlace”. Esta exclusión (que bien pudiera ser transitoria) esconde otra vieja “puja distributiva” entre el capitalismo rural y el capitalismo industrial.
[10] La llamada Ley antiterrorista, las multas millonarias que imponen los Ministerios de Trabajo a los sindicatos huelguistas, y las actuaciones del Secretario de Seguridad marcan, claramente, el fin de la dogmática centrada en el eslogan que hablaba de la voluntad política de “no criminalizar la protesta”.
[11] LEVY YEYATI, Eduardo “Cómo bajar la inflación sin dolor”, en www.perfil.com (22/11/2013). Además de los obvios antecedentes españoles (“Pactos de la Moncloa” -1977- y acuerdos tripartitos celebrados en los años de 1980), será útil repasar la experiencia de la negociación colectiva durante los primeros tiempos del Plan Austral (1986).
[12] En la economía contemporánea, cuando un país decide, por razones legales o políticas, anclar su unidad monetaria a un valor de referencia esta constreñido a revisar su estructura de costos y sus niveles de productividad. Así sucede, por ejemplo, en varios países de la Europa del euro que, tras la crisis del 2008, se encontraron frente a la disyuntiva de abandonar la moneda común o apelar a medidas de “devaluación interna”. Y ocurrió también en la Argentina de la convertibilidad. Cuando, como en la Argentina contemporánea, el Gobierno por razones de conveniencia u oportunidad políticas descarta (acertada o erróneamente) devaluar el peso, los acuciantes problemas de competitividad de nuestra producción transable sólo pueden resolverse mediante una combinación de medidas que mejoren la competitividad y reduzcan los sobrecostos que, en nuestro caso, existen sobre todo en el área de las regulaciones, de las intervenciones estatales y de los servicios. Mientras que las devaluaciones explícitas del signo monetario dañan a los salarios y a las rentas de la seguridad social, las “devaluaciones internas” abren pujas y negociaciones cuyos resultados no son siempre lineales.   
[13]El desarrollismo del siglo XXI”, obra citada.
 

martes, 19 de noviembre de 2013

Celebremos el retorno de la política

Los recientes resultados de las elecciones provinciales y municipales celebradas en la Provincia de Salta han provocado un cataclismo que, afortunadamente, pondrá fin a un largo ciclo de decadencia en donde la política era asunto reservado a aparatos alimentados por ingentes cantidades de dinero y dirigidos por expertos en marketing. Estamos, pues, ante un momento de “destrucción creativa”.

1.- Interpretaciones insuficientes o miopes

Quienes cultivan aquella forma degradante de la democracia aparecen perplejos: Unos hablan de “voto bronca”, para minimizar el avance del Partido Obrero. Otros -celosos de las tradiciones- aluden a una conjetural preocupación del General Martín Miguel de Güemes ante un Intendente o un Gobernador que no se disfrace de gaucho para las fiestas patrias.

Están también aquellos que se entusiasman creyendo que los salteños buscan sólo buenos gestores para reemplazar a los ineficaces que llevan hoy las riendas de la Provincia. En realidad, antes que y además de buenos gestores, los salteños precisamos de un nuevo “proyecto ilusionante de vida en común”, que remplace la improvisación, el nepotismo y la demagogia como formas de conducir los asuntos públicos. Es bueno advertir que, con la excepción de las ideas no siempre completas que pregona el Partido Obrero, este “nuevo proyecto” es algo a formular, una empresa vacante. En una sociedad pluralista como la nuestra, hay que pensar en varios Programas que enfatizando la lealtad a la Constitución, recojan las antiguas y nuevas preocupaciones de los salteños y, en paralelo, sean capaces de formular propuestas y cursos de acción en correspondencia con las respectivas identidades políticas o ideológicas de las fuerzas que conformar nuestro mapa político.  

A su vez, los alicaídos principistas -que se aferran a los idearios del radicalismo o del peronismo, y que han sido remplazados por funcionarios del marketing, empleados leales y socios)- pregonan regresar a “las esencias” (que algunas proclamas peronistas resumen en la necesidad de bregar por “la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria”). Constatan que dichas esencias han caído en desuso y yacen abandonadas por impostores y beneficiarios de consensos basados en innobles repartijas, como es el caso de la “transversalidad” ideada por el Gobernador de Salta para someter al Partido Justicialista, colonizar y dividir al Partido Renovador y erosionar a la Unión Cívica Radical; o, lo que es lo mismo, para destruir el sistema de partidos políticos surgido en los años de 1980 tras la recuperación de la democracia.

Permítanme añadir que los que aquí llamo principistas y su sana apelación a las “esencias” tienen un papel central a la hora de formular los nuevos Programas que los reconstruidos partidos políticos tendrán que ofrecer a la ciudadanía inquieta.

Este recorrido por las primeras evaluaciones de los resultados del pasado 10 de noviembre, se completa con los que propugnan mantener el rumbo conservador, pero añadiéndole transparencia y apego a la Ley. No cabe desdeñar para nada este enfoque centrado en la calidad institucional que, a mi modo de ver, debería integrar todas y cada una de las nuevas plataformas políticas que traducirán los respectivos Programas. Es absurdo pensar que la calidad institucional (un asunto sobre el que ha reflexionado Ricardo Gómez Diez con singular lucidez y apego a nuestra realidad) es sólo una bandera que la derecha esgrime para trabar a los “gobiernos populares”; antes bien, es preciso reconocer que la degradación que sufren desde antaño nuestras instituciones está en la raíz del malestar ciudadano y de la consolidación de un “régimen extractivo” que fabrica pobres, que desperdicia las oportunidades que existen para convertir a Salta en una sociedad más justa y próspera, que genera violencia y nos fragmenta social y culturalmente.

2.- Nuevas ideas. Nuevo mapa político

En cualquier caso, el reciente pronunciamiento ciudadano plantea un enorme desafío a los salteños, en tanto y en cuanto las urnas revelaron la crisis del clientelismo y los límites de las campañas lujosas centradas en la propaganda, tan beatífica y monótona como engañosa, que promete “trabajo, salud, educación y viviendas para todos”.

Los resultados electorales de noviembre han abierto un ciclo dentro del cual estamos todos convocados a debatir ideas, a formular programas y, de forma especial, a reconstruir el espacio centrista que deberá ser republicano, constitucional y social. Pienso en dos o tres fuerzas que, asumiendo sin reservas la forma de Partido Político, recoja y actualice lo mejor del radicalismo, del peronismo[1]; o sea, en un peronismo y en un radicalismo efectivamente renovados, regidos por la democracia interna y en condiciones de responder al legítimo desafío intelectual e ideológico que plantean el Partido Obrero (a la izquierda) y la emergente corriente conservadora y democrática que trabajosamente crea el Partido Propuesta Salteña.

Por supuesto que el nuevo mapa político en ciernes contará con más actores y con todas las tendencias que resulten necesarias para expresar a la nueva Salta plural, democrática y exigente con su clase política.

Mientras este nuevo escenario y estos nuevos actores van configurándose, es posible adelantar la necesidad de un gran pacto salteño por la democracia republicana y constitucional. Un Pacto que contemple, por lo menos: La prohibición de las reelecciones; la reforma electoral para garantizar la proporcionalidad entre votos y bancas; la reforma territorial para alentar la fundación de nuevas ciudades en el este y crear distritos electorales en reemplazo de los departamentos; la reforma municipal que garantice la autonomía de los municipios. Este acuerdo regenerador debería incluir, también, una Ley de incompatibilidades; garantías para la independencia de los jueces; el acceso irrestricto a la información pública; la revisión de los mecanismos de control de los actos administrativos y de gobierno; una Ley de fomento del voluntariado con garantías para la independencia de las organizaciones no gubernamentales.   

3.- La ciudadanía impone una nueva agenda política

Los salteños están ciertamente cansados de la inseguridad, del desempleo y de la inflación, pero exigen además respuestas en materia de educación sexual, de violencia doméstica y escolar, y de embarazos de adolescentes. Piden acabar con el trabajo en negro y reclaman mejores condiciones laborales[2]. Quieren que se detenga el tráfico de droga en todas sus escalas y que se creen mecanismos de ayuda para las víctimas del paco[3]. Necesitan respuestas frente a la ola de accidentes de tránsito, al machismo (esa lacra cultural de la que mucho salteños se sienten orgullosos), a la escasez de agua, a la contaminación de los ríos, al aumento exponencial de los impuestos. Reivindican más espacios verdes y protección de bosques y cerros, mejoras en el sistema cloacal y en la recogida de basuras. Exigen republicanismo, autonomía y control del Gobierno. Demandan información  y espacios para el voluntariado.

Las emergentes mayorías rechazan esta Salta en donde las oportunidades están reservadas para los amigos del poder. Rehúsan una Salta devenida en jungla, que crece a golpe de guetos, de barrios cerrados y de monobloques que alimentan la burbuja inmobiliaria.

4.- ¿Fragmentación o cohesión urbana?  

Los ciudadanos han dicho basta al modelo de “ciudad clasista”. No quieren más las políticas a través de las cuales el actual Intendente favoreció la especulación y destruyó el casco histórico. Su ideario, compartido por el Gobernador, ha venido como anillo al dedo a los que maniobran para elevar el precio de los terrenos y destinarlos a la edificación de altura, y a extravagancias arquitectónicas propias de rastacueros.

Los resultados electorales de la Capital permiten concluir que los salteños han castigado a una gestión que permitió cualquier abuso urbanístico, que desarticuló la inspección municipal, y que amnistió a los infractores permitiéndoles consolidar ilícitas ganancias.

Todo indica que, gracias a su nueva composición, el Concejo Deliberante de Salta revisará ordenanzas, arrumbará aquel modelo de “ciudad clasista”, y forzará el abandono de las políticas que condenan a las personas de escasos recursos a malvivir en asentamientos o en favelas.

Este giro reclama que las fuerzas receptoras de los votos del descontento se sienten a dialogar (comenzando por el Frente Salteño y el Partido Obrero), a construir acuerdos concretos y forzosamente parciales, respetando, claro, el pronunciamiento de las urnas. Este punto abre una serie de interrogantes: ¿Estará el PO dispuesto a entablar negociaciones con las otras minorías para adoptar decisiones, o rechazará como espurias este tipo de prácticas parlamentarias? ¿Las fuerzas del “viejo tronco peronista” se rencontrarán para arrinconar al PO?

5.- La finca “Pereyra Rozas” y la Loma Balcón

Si bien hay consenso sobre la expropiación de la finca “Pereyra Rozas”, emerge un gran conflicto -en el que se juega el futuro de nuestra ciudad-, centrado en el modo de urbanizar estas 80 hectáreas.

Están en liza dos posturas: Mientras los actuales gobernantes quieren reservar esos terrenos para personas de ingresos altos y medios, el Partido Obrero propone eliminar la discriminación económica y permitir que allí se construya una mini ciudad mixta, plural, mestiza, en donde -como ocurrió en nuestro inmediato pasado- coexistan armónica y pacíficamente todas las clases sociales. Quisiera recordar que nací y crecí en un barrio de estas características, en donde convivíamos en paz y respetuosamente familias de todas las condiciones económicas y sociales; una convivencia que se trasladaba a la educación primaria y secundaria, al ocio, a las tertulias de esquina de barrio. No había clubes de campo ni guetos. Tampoco se respiraba el clima de violencia y de temor en que el viven muchas personas.

Conviene advertir que, cualquier sea el resultado final de este conflicto, deja abierto otro central: El de los límites del crecimiento de la ciudad de Salta, una urbe extenuada por la falta de agua, la precariedad de la red cloacal, la inexistencia de controles antisísmicos para las nuevas construcciones de altura, y por la falta de suelo urbanizable a precios accesibles.

Ha llegado la hora de dejar de lado la ominosa política que condena a los pobres a vivir marginados, en áreas sin servicios esenciales, pendientes de las dádivas de los gobernantes de turno. Las autoridades especulan donando o adjudicando terrenos que no cuentan con agua, luz, cloacas ni servicios de salud o vigilancia, como está ocurriendo, por ejemplo, en la expropiada finca “Núñez Burgos”, al sur de la ciudad.

Una política que el Gobierno y los Intendentes, incapaces de definir un marco que regule el crecimiento de las ciudades y pueblos, extienden a Cerrillos, San Lorenzo y otras localidades de la provincia. Asistimos a una práctica, que niega los derechos fundamentales, y que -además- es caldo de cultivo de violencias y factor que destruye personas y familias.      

Es bueno señalar, para cerrar esta nota, que la nueva mayoría del Concejo Deliberante tiene la oportunidad de archivar el proyecto de urbanizar la reserva ecológica de la Loma Balcón, impidiendo que sus 3.000 hectáreas caigan bajo las garras de los especuladores y sucumban a los devaneos fundacionales y nominalistas de los que acaban de perder estrepitosamente la hegemonía en la Municipalidad de Salta, pese a sus oportunistas invocaciones a Juana Azurduy y sus anacrónicos denuestos al Virrey Toledo.   

Vaqueros, 17 de noviembre de 2013
(Una versión resumida de esta nota fue publicada en el diario "El Tribuno" de Salta)
 



[1] Entre estos dos grandes actores, cabe la hipótesis de un partido de estirpe socialdemócrata que bien pudiera inscribirse en la limitada experiencia del Partido Tres Banderas de Salta (1984/1986). 
 
[2] La idea del Partido Obrero de elegir Delegados de Higiene y Seguridad en los centros de trabajo, mediante el voto de los trabajadores, lejos de sovietizar las empresas y las administraciones, es una medida incorporada en las más rancias democracias con economía de mercado.
[3] Sobre este crucial asunto, habrá de abrirse seguramente un debate entre los que proponen que sea el Estado quién se haga cargo de la atención, y quienes prefieren incorporar a las familias y a las organizaciones no gubernativas. En cualquier caso, se impone abordar la cuestión, revisar las políticas públicas actuales, y arbitrar recursos necesarios para crear servicios públicos, asistir a las familias y ayudar a los voluntarios.