La consigna “no criminalizar la protesta” sirvió para descomprimir determinadas tensiones sociales; sobre todo tras el estallido económico y político de los años 2001 y 2002. Cabe añadir que su aplicación ocasionó, a su vez, severos perjuicios a los ciudadanos, cuando la protesta tolerada por el Estado se traducía en cortes de vías de comunicación o en la paralización de servicios esenciales.
Pero, pasado el tiempo de crisis, aquella decisión de “no criminalizar la protesta” se ha traducido lisa y llanamente en la indefensión ciudadana y en la quiebra explícita del Estado de derecho encargado de garantizar los equilibrios vitales entre atribuciones y responsabilidades, entre el interés general y los intereses sectoriales, entre derechos de grupos y derechos ciudadanos.
Las protestas llevadas a cabo sin atender a las reglas, resultan particularmente irritantes cuando son protagonizadas por quienes tienen la posibilidad de alterar el funcionamiento de sectores o actividades estratégicos. Tal es el caso, por ejemplo, de los pilotos de aviones, de los controladores aéreos o, por citar un asunto relevante en la Argentina, de los camioneros con capacidad para bloquear empresas o poner sitio a lugares públicos o privados.
Por esto me parece de interés comentar aquí la reciente decisión del Gobierno socialista de España de militarizar a los controladores aéreos, un grupo sindical formado por menos de mil profesionales que habían decidido, una vez más, poner en jaque a dos millones de ciudadanos que pretendían viajar.
La medida española, ajustada rigurosamente al orden constitucional inaugurado en 1978, expresa la voluntad del Gobierno de hacer respetar el orden de prioridades que es propio de cualquier democracia moderna. Si bien todos (o casi) tienen derecho a protestar, peticionar o hacer huelgas, han de ejercerlo sin ocasionar daños irreparables o excesivos a otros derechos de igual o superior jerarquía constitucional.
La idea de que las huelgas y las protestas no están sujetas a reglas y de que cuanto más dañinas mejor, no es una idea progresista, como erróneamente se pregona en la Argentina. Resulta, por el contrario, un postulado antidemocrático y corporativo que destruye las bases de la convivencia plural y pacífica.
Conviene recordar que la voluntad política no es suficiente para que un Estado pueda garantizar los servicios esenciales y los derechos colectivos fundamentales. Precisa disponer de medios alternativos preparados para sustituir a los huelguistas ilegales y desalojar a quienes obstaculizan la circulación despreciando a los demás. A diferencia de lo que sucede en la Argentina, el Estado español cuenta, desde antiguo, con estos medios, como ha quedado de manifiesto con el reemplazo de controladores civiles por personal militar especializado.
lunes, 13 de diciembre de 2010
viernes, 10 de diciembre de 2010
El mobiliario de la casa de Leguizamón
Mientras, ante la mirada impávida o impotente de las burocracias, los expertos y algunos aficionados influyentes pujan por resolver cuál sea la técnica más adecuada de restauración, la casa que fuera de don Juan Galo de Leguizamón y su familia, ubicada en la esquina de las actuales calles Caseros y Florida, amenaza ruina.
Aquel debate, que a muchos nos parece eterno, no atina a decidir si la restauración ha de hacerse a partir del adobe o, por el contrario, incorporando crecientes dosis de cemento.
En cualquier caso, la que fuera espléndida casona colonial sigue sufriendo a ojos vista las inclemencias de lluvias torrenciales y de soles de justicia que debilitan día a día su frágil estructura bicentenaria. Las tempestades, sumadas a viejos pleitos, a absurdos debates y a la consabida negligencia administrativa, pueden terminar derrumbando la casa, dañando así de un modo irreparable a nuestro patrimonio colonial.
Reconstruir la casa es un imperativo histórico, además de una excelente inversión turística. Sobre todo ahora, cuando muchos comienzan a descubrir que Salta supo tener su edad dorada; un tiempo donde quienes acumularon riqueza se esforzaron por refinar sus gustos y mostrar sus raíces europeas. Resulte, entonces, de sumo interés preservar las señas de aquel tiempo.
Nuestro castigado y menguado patrimonio histórico es, no obstante, una prueba más de aquel lejano esplendor que hoy llama la atención de historiadores, preocupados por explicar cómo hacia finales del siglo XVII, en este rincón del mundo, florecieron patrimonios y familias que se insertaron en las redes del comercio regional, asimilaron las reglas del buen gusto europeo y tejieron sólidos vínculos políticos y sociales con las elites de la pampa húmeda.
Son pocos los salteños vivos que conocieron esta distinguida casa que supo entusiasmar a Manuel Mujica Láinez. Pero, gracias a la prudente y oportuna decisión, adoptada en 2008 por el entonces Secretario de Cultura, de poner a salvo los muebles y restaurarlos, tenemos ahora la posibilidad de conocer, al menos, parte de sus brillos y decorados. Bastará con visitar la exposición abierta en la Casa Arias Rengel, ubicada en Florida 20.
Con el añadido de que podemos admirar no sólo la obra de maestros victorianos del mueble, de diseñadores de la Francia imperial, de ebanistas italianos, sino también el buen hacer de artesanos salteños que han restaurado sabiamente verdaderas obras de artes, conservando estilos, texturas y acabados.
Este proceso de conservación y restauración de sillas y sillones, de espejos y cuadros, de pianos y pequeños objetos decorativos, ha preservado o recuperado a poco más de un tercio del patrimonio inventariado como perteneciente a la casa Leguizamón.
Si bien la muestra constituye un acierto a celebrar, la mora en abordar la restauración de la Casa es algo que debería preocupar al señor Gobernador.
Aquel debate, que a muchos nos parece eterno, no atina a decidir si la restauración ha de hacerse a partir del adobe o, por el contrario, incorporando crecientes dosis de cemento.
En cualquier caso, la que fuera espléndida casona colonial sigue sufriendo a ojos vista las inclemencias de lluvias torrenciales y de soles de justicia que debilitan día a día su frágil estructura bicentenaria. Las tempestades, sumadas a viejos pleitos, a absurdos debates y a la consabida negligencia administrativa, pueden terminar derrumbando la casa, dañando así de un modo irreparable a nuestro patrimonio colonial.
Reconstruir la casa es un imperativo histórico, además de una excelente inversión turística. Sobre todo ahora, cuando muchos comienzan a descubrir que Salta supo tener su edad dorada; un tiempo donde quienes acumularon riqueza se esforzaron por refinar sus gustos y mostrar sus raíces europeas. Resulte, entonces, de sumo interés preservar las señas de aquel tiempo.
Nuestro castigado y menguado patrimonio histórico es, no obstante, una prueba más de aquel lejano esplendor que hoy llama la atención de historiadores, preocupados por explicar cómo hacia finales del siglo XVII, en este rincón del mundo, florecieron patrimonios y familias que se insertaron en las redes del comercio regional, asimilaron las reglas del buen gusto europeo y tejieron sólidos vínculos políticos y sociales con las elites de la pampa húmeda.
Son pocos los salteños vivos que conocieron esta distinguida casa que supo entusiasmar a Manuel Mujica Láinez. Pero, gracias a la prudente y oportuna decisión, adoptada en 2008 por el entonces Secretario de Cultura, de poner a salvo los muebles y restaurarlos, tenemos ahora la posibilidad de conocer, al menos, parte de sus brillos y decorados. Bastará con visitar la exposición abierta en la Casa Arias Rengel, ubicada en Florida 20.
Con el añadido de que podemos admirar no sólo la obra de maestros victorianos del mueble, de diseñadores de la Francia imperial, de ebanistas italianos, sino también el buen hacer de artesanos salteños que han restaurado sabiamente verdaderas obras de artes, conservando estilos, texturas y acabados.
Este proceso de conservación y restauración de sillas y sillones, de espejos y cuadros, de pianos y pequeños objetos decorativos, ha preservado o recuperado a poco más de un tercio del patrimonio inventariado como perteneciente a la casa Leguizamón.
Si bien la muestra constituye un acierto a celebrar, la mora en abordar la restauración de la Casa es algo que debería preocupar al señor Gobernador.
martes, 7 de diciembre de 2010
Ella, a mis 16 años
La conocí en 1961, recién arribado a Tucumán a iniciar mi carrera de Derecho. Estudiaba yo tranquilamente en los salones de la elegante biblioteca, cuando una algarabía me alertó de que algo estaba sucediendo en el patio de la Facultad. Allí los estudiantes radicales, socialistas y comunistas se manifestaban en contra del desembarco de tropas anticastristas en Bahía de los Cochinos con el propósito de abortar la Revolución Cubana.
Allí estaba Ella, espléndida, convincente, indignada, explicando a los alumnos, sus compañeros, la necesidad de reaccionar contra el atentado imperialista. Sus ojos, enormes, bellos y azules, transmitían una pasión que me era desconocida a mis 16 años de salteño profundo y casi inocente. Había ocupado ella la improvisada tribuna antes de que lo hiciera Guillermo Garmendia, aquel líder reformista tucumano que inmediatamente concitaría mi admirada adhesión, por su oratoria encendida, por su inteligencia notoria y por sus finos modales típicos del socialismo juan-be-justista.
Es muy probable que fuera Ella quién me afiliara al Centro de Estudiantes de Derecho y guiara mis primeros pasos de agitador estudiantil, acercándome manifiestos y libros que hablaban de la "unión obrero-estudiantil, del nefasto imperialismo yanqui y de su socio vernáculo: la oligarquía vacuna y azucarera". Conocí también, desde un discreto segundo plano, algunas de sus poesías juveniles y sus dotes actorales.
Como era casi inevitable me enamoré pronto, pese a que ella era varios años mayor que yo y pese a que mi aire aniñado marcaba distancias por ese tiempo enormes. Sin embargo, nuestra fraternal relación alcanzó para que Ella, la protagonista que evoco respetuosamente en esta columna, me transmitiera algunas claves galantes que me acompañan hasta hoy:
Admiración por quienes logran seducir con las palabras; preferencia por determinados aromas; buenos modales entre los sexos; respeto por la identidad femenina; simpatía por la mujer madura, son de algún modo herencia de aquella relación que, por años, quedó reflejada en las paredes de la Facultad de Derecho en donde un amigo irresponsable grabó, para mortificarnos, nuestros nombres enlazados dentro de un tosco corazón.
Al recibirme de abogado y regresar a Salta, dejé de verla, aun cuando antes de esto ya nuestros caminos se habían bifurcado definitivamente.
Con el tiempo me asaltó la inquietud de buscarla para saber de su vida. Temí que hubiera sido asesinada en tiempos de la dictadura. Pero nunca supe de ella hasta que di con un libro que recoge testimonios de sus pasiones políticas y apuntes literarios, escritos hasta su muerte ocurrida en el año 2000.
Más allá de sus respetables y razonadas ideas, tuve la enorme alegría de ver de nuevo su bello rostro y descubrir las pistas que me permitieron, Internet mediante, escuchar su envolvente voz arengando multitudes.
Allí estaba Ella, espléndida, convincente, indignada, explicando a los alumnos, sus compañeros, la necesidad de reaccionar contra el atentado imperialista. Sus ojos, enormes, bellos y azules, transmitían una pasión que me era desconocida a mis 16 años de salteño profundo y casi inocente. Había ocupado ella la improvisada tribuna antes de que lo hiciera Guillermo Garmendia, aquel líder reformista tucumano que inmediatamente concitaría mi admirada adhesión, por su oratoria encendida, por su inteligencia notoria y por sus finos modales típicos del socialismo juan-be-justista.
Es muy probable que fuera Ella quién me afiliara al Centro de Estudiantes de Derecho y guiara mis primeros pasos de agitador estudiantil, acercándome manifiestos y libros que hablaban de la "unión obrero-estudiantil, del nefasto imperialismo yanqui y de su socio vernáculo: la oligarquía vacuna y azucarera". Conocí también, desde un discreto segundo plano, algunas de sus poesías juveniles y sus dotes actorales.
Como era casi inevitable me enamoré pronto, pese a que ella era varios años mayor que yo y pese a que mi aire aniñado marcaba distancias por ese tiempo enormes. Sin embargo, nuestra fraternal relación alcanzó para que Ella, la protagonista que evoco respetuosamente en esta columna, me transmitiera algunas claves galantes que me acompañan hasta hoy:
Admiración por quienes logran seducir con las palabras; preferencia por determinados aromas; buenos modales entre los sexos; respeto por la identidad femenina; simpatía por la mujer madura, son de algún modo herencia de aquella relación que, por años, quedó reflejada en las paredes de la Facultad de Derecho en donde un amigo irresponsable grabó, para mortificarnos, nuestros nombres enlazados dentro de un tosco corazón.
Al recibirme de abogado y regresar a Salta, dejé de verla, aun cuando antes de esto ya nuestros caminos se habían bifurcado definitivamente.
Con el tiempo me asaltó la inquietud de buscarla para saber de su vida. Temí que hubiera sido asesinada en tiempos de la dictadura. Pero nunca supe de ella hasta que di con un libro que recoge testimonios de sus pasiones políticas y apuntes literarios, escritos hasta su muerte ocurrida en el año 2000.
Más allá de sus respetables y razonadas ideas, tuve la enorme alegría de ver de nuevo su bello rostro y descubrir las pistas que me permitieron, Internet mediante, escuchar su envolvente voz arengando multitudes.
viernes, 3 de diciembre de 2010
"Entramados de poder" en Salta
La historia de Salta es un territorio insuficientemente explorado. Aunque existen obras y autores valiosos, queda mucho por estudiar, investigar, analizar, interpretar y relatar. Añadiría que esta relativa carencia general, es aguda cuando se trata de los acontecimientos del siglo XX, abordados hasta ahora de modo parcial e ideologizado.
Pero quisiera centrarme en una buena noticia: Los huecos en la historia salteña del siglo XIX son ahora menos profundos gracias a la obra de la doctora María Fernanda Justiniano, profesora de historia de la UNSA, titulada “Entramados del poder. Salta y la Nación en el siglo XIX”. Un importante trabajo acaba de ser editado por la Universidad Nacional de Quilmes, con prólogo de Natalio Botana.
La doctora Justiniano analiza lo sucedido durante el Siglo XIX poniendo énfasis en los acontecimientos del período 1880/1916, un tiempo donde Salta se empobrece a causa de su relativo aislamiento de las grandes corrientes económicas regionales, y pese a sus esfuerzos por orientar su economía hacia el Este, o sea hacia el Atlántico.
Destaca en el libro que comento, el enfoque elegido por su autora. Un enfoque que deja en un segundo plano la presentación cronológica de los hechos, para enfatizar en el valor determinante que, en el caso de la historia de Salta, tuvieron los “entramados del poder”, una denominación que la doctora Justiniano usa para aludir a la tupida red de lazos familiares que ejercieron influencia determinante en la vida política (y también económica) de aquella Salta.
El libro analiza un fenómeno que ya antes había llamado la atención de Natalio Botana y de otros historiadores y politólogos: el hecho de que la Salta mediterránea, alejada de los nuevos centros de poder (básicamente el puerto de Buenos Aires), y que iniciaba un ciclo de decadencia económica lograra colocar a dos de sus hijos (José Evaristo Uriburu y Victorino de la Plaza) como Presidentes de la República y a otros once como Ministros de la Nación.
La fuerza y pervivencia de aquellos “entramados de poder” constituidos por alianzas familiares locales, tiene que ver con el talento de nuestras élites para asociarse o fusionarse, en base a carreras profesionales, negocios, o nuevos parentescos con linajes pampeanos, con las élites radicadas en Buenos aires.
Esperemos que pronto nuestros historiadores llenen también las lagunas referidas al siglo XX. Mientras, me atrevo a deslizar dos hipótesis: La primera: Durante el siglo pasado, Salta redujo su influencia en el escenario político nacional. La segunda hipótesis pretende que durante los últimos 30 años, los entramados de poder, subsistieron como vía para controlar el Estado y los negocios, aunque hayan cambiado algunos de los apellidos de los detentadores del poder hegemónico.
Pero quisiera centrarme en una buena noticia: Los huecos en la historia salteña del siglo XIX son ahora menos profundos gracias a la obra de la doctora María Fernanda Justiniano, profesora de historia de la UNSA, titulada “Entramados del poder. Salta y la Nación en el siglo XIX”. Un importante trabajo acaba de ser editado por la Universidad Nacional de Quilmes, con prólogo de Natalio Botana.
La doctora Justiniano analiza lo sucedido durante el Siglo XIX poniendo énfasis en los acontecimientos del período 1880/1916, un tiempo donde Salta se empobrece a causa de su relativo aislamiento de las grandes corrientes económicas regionales, y pese a sus esfuerzos por orientar su economía hacia el Este, o sea hacia el Atlántico.
Destaca en el libro que comento, el enfoque elegido por su autora. Un enfoque que deja en un segundo plano la presentación cronológica de los hechos, para enfatizar en el valor determinante que, en el caso de la historia de Salta, tuvieron los “entramados del poder”, una denominación que la doctora Justiniano usa para aludir a la tupida red de lazos familiares que ejercieron influencia determinante en la vida política (y también económica) de aquella Salta.
El libro analiza un fenómeno que ya antes había llamado la atención de Natalio Botana y de otros historiadores y politólogos: el hecho de que la Salta mediterránea, alejada de los nuevos centros de poder (básicamente el puerto de Buenos Aires), y que iniciaba un ciclo de decadencia económica lograra colocar a dos de sus hijos (José Evaristo Uriburu y Victorino de la Plaza) como Presidentes de la República y a otros once como Ministros de la Nación.
La fuerza y pervivencia de aquellos “entramados de poder” constituidos por alianzas familiares locales, tiene que ver con el talento de nuestras élites para asociarse o fusionarse, en base a carreras profesionales, negocios, o nuevos parentescos con linajes pampeanos, con las élites radicadas en Buenos aires.
Esperemos que pronto nuestros historiadores llenen también las lagunas referidas al siglo XX. Mientras, me atrevo a deslizar dos hipótesis: La primera: Durante el siglo pasado, Salta redujo su influencia en el escenario político nacional. La segunda hipótesis pretende que durante los últimos 30 años, los entramados de poder, subsistieron como vía para controlar el Estado y los negocios, aunque hayan cambiado algunos de los apellidos de los detentadores del poder hegemónico.
martes, 30 de noviembre de 2010
Candidatos Incompatibles (por sus negocios)
La ley penaliza a los funcionarios públicos que realicen, por si o por interpósita persona, negociaciones incompatibles con sus cargos. Prácticamente desde el nacimiento del derecho penal moderno este delito forma parte del entramado punitivo de las repúblicas modernas y pretende asegurar la transparencia y el sometimiento a la ley de todos los agentes púbicos, incluidos los gobernantes.
Es cierto que, además del tipo penal, hace falta una justicia rápida, independiente y eficaz que investigue y asigne responsabilidades imponiendo penas y haciendo cesar el estado de sospecha que pesa sobre los imputados. Pero en cualquier caso, este delito tutela los altos intereses del Estado y de los ciudadanos.
Esta breve incursión en el campo del derecho penal me da pié para la siguiente pregunta: ¿Puede un particular que tiene pingues y multimillonarios negocios con el Estado ser elegido (o aspirar a serlo) gobernante de ese mismo Estado?
Los italianos debatieron esto a propósito de la postulación y ulterior elección del señor Berlusconi. Finalmente optaron por considerar compatibles los negocios preexistentes con la posterior candidatura. A mi entender, esta solución, pese a su efectiva o aparente validez constitucional, resintió a la democracia italiana. Afortunadamente sin llegar a suprimirla y sin afectar los controles republicanos que limitan el poder del Primer Ministro para profundizar sus negocios con el Estado.
Los salteños tendríamos que discutir este punto ante la irrupción de un nuevo candidato que tiene fantásticos negocios con la Provincia, localizados en el departamento de Anta. ¿Es legítima la candidatura de un ciudadano que obtuvo una concesión de cientos de miles de hectáreas del anterior Gobernador de Salta y que hoy ha sido puesta en cuestión por expertos y por la propia Legislatura?
¿Es jurídicamente admisible que una elección posterior borre los efectos de un negocio que hubiera resultado ilegal si el concesionario hubiera sido funcionario público al momento de la concesión? ¿No estaría obligado este concesionario a renunciar al beneficio antes de asumir su eventual cargo de Gobernador?
Saliendo del ámbito de lo jurídico, cabría preguntarse también si es moralmente válido o políticamente conveniente admitir esta incompatibilidad sobrevenida. Se trata de respuestas contra-mayoritarias, vale decir, de respuestas que no admiten ser modificadas por un hipotético voto mayoritario.
El problema que enfrentará el electorado salteño, es pues de gran relevancia. Con el añadido de que, a diferencia del caso italiano, nuestra Provincia no cuenta con herramientas de control para evitar o sancionar sucesivas negociaciones incompatibles con la función pública.
Es cierto que, además del tipo penal, hace falta una justicia rápida, independiente y eficaz que investigue y asigne responsabilidades imponiendo penas y haciendo cesar el estado de sospecha que pesa sobre los imputados. Pero en cualquier caso, este delito tutela los altos intereses del Estado y de los ciudadanos.
Esta breve incursión en el campo del derecho penal me da pié para la siguiente pregunta: ¿Puede un particular que tiene pingues y multimillonarios negocios con el Estado ser elegido (o aspirar a serlo) gobernante de ese mismo Estado?
Los italianos debatieron esto a propósito de la postulación y ulterior elección del señor Berlusconi. Finalmente optaron por considerar compatibles los negocios preexistentes con la posterior candidatura. A mi entender, esta solución, pese a su efectiva o aparente validez constitucional, resintió a la democracia italiana. Afortunadamente sin llegar a suprimirla y sin afectar los controles republicanos que limitan el poder del Primer Ministro para profundizar sus negocios con el Estado.
Los salteños tendríamos que discutir este punto ante la irrupción de un nuevo candidato que tiene fantásticos negocios con la Provincia, localizados en el departamento de Anta. ¿Es legítima la candidatura de un ciudadano que obtuvo una concesión de cientos de miles de hectáreas del anterior Gobernador de Salta y que hoy ha sido puesta en cuestión por expertos y por la propia Legislatura?
¿Es jurídicamente admisible que una elección posterior borre los efectos de un negocio que hubiera resultado ilegal si el concesionario hubiera sido funcionario público al momento de la concesión? ¿No estaría obligado este concesionario a renunciar al beneficio antes de asumir su eventual cargo de Gobernador?
Saliendo del ámbito de lo jurídico, cabría preguntarse también si es moralmente válido o políticamente conveniente admitir esta incompatibilidad sobrevenida. Se trata de respuestas contra-mayoritarias, vale decir, de respuestas que no admiten ser modificadas por un hipotético voto mayoritario.
El problema que enfrentará el electorado salteño, es pues de gran relevancia. Con el añadido de que, a diferencia del caso italiano, nuestra Provincia no cuenta con herramientas de control para evitar o sancionar sucesivas negociaciones incompatibles con la función pública.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)