Esta es la tapa de mi nuevo libro que espero publicar en las próximas semanas.

¿Duplicar la indemnización por despido?

CUANDO LOS SINDICATOS PASAN A LA OPOSICIÓN

José Armando Caro Figueroa

Ex ministro de trabajo de la Nación (1993/1997)

Tras denunciar el pacto militar-sindical, el Presidente Raúl Alfonsín imaginó reformar el sindicalismo “oficial” mediante un proyecto de ley ideado por su Ministro de Trabajo Antonio MUCCI. Dio una enconada batalla política y parlamentaria y fue finalmente derrotado por la coalición peronista mayoritaria en el Senado. Batalla y derrota que, como se sabe, dejaron hondas huellas en el período alfonsinista.

Dieciséis años después otro gobierno de inspiración radical, el presidido por Fernando de la Rúa, creyó modernizar el sistema de relaciones de trabajo y, de paso, erosionar el poder de la burocracia sindical de obediencia peronista, con otro proyecto de ley. Si bien, luego de un trámite escabroso, el Presidente logró su sanción, pronto comprobó sus limitados efectos sobre las relaciones laborales y su nulo impacto en la conformación de aquella sólida burocracia.

Han pasado poco más de otros dieciséis años, y el Presidente Mauricio Macri se apresta a resistir en todos los frente la iniciativa coordinada de los brazos político y sindical del peronismo, orientada a duplicar la indemnización por despido, como medida sedicentemente orientada a favorecer el empleo.

Pese a que la iniciativa, de prosperar, no satisfará las buenas intenciones que declaman sus impulsores, poderosos sectores empresariales y económicos se revuelven contra el Proyecto al que atribuyen toda clase de efectos nocivos. Y parecen haber logrado convencer al Presidente de la Nación acerca de la necesidad de frenar el trámite y, en su caso, de vetar la ley.

Existe, desde siempre, un sector de la derecha argentina poco dispuesto a admitir cualquier tipo de concesiones en el campo de los derechos de los trabajadores. Al menos así actúan cuando creen “tener la vaca atada” y también, como quedó de manifiesto en la década pasada, cuando –aplausos mediante- encuentran la manera de que la mayoría seudo izquierdista se pliegue a sus intereses más profundos.

Si bien, al menos en mi opinión, duplicar la indemnización por despido no defiende el empleo, tampoco agrava los severos problemas que hoy presenta el mercado de trabajo en nuestro país. La batalla alrededor de este tema es, antes que nada, una batalla simbólica en términos de poder.

En efecto, mientras que el peronismo –sindical y político- pretende reagruparse alrededor de banderas obreristas, la gran patronal entiende que los resultados electorales del año pasado obligan a arrinconar a tan incómodos antagonistas.

Así las cosas, el Presidente Macri debería advertir que el Proyecto de Ley sobre despidos es, en realidad, la respuesta de menor intensidad que el peronismo puede poner sobre un escenario que, para reparar daños heredados, está afectando a quienes perciben rentas en forma de salarios, subsidios o jubilaciones.        

Añadiría que esta respuesta de rango parlamentario y baja intensidad, viene impuesta por las formas unilaterales utilizadas por el gobierno para “sincerar”, “ajustar” a “sanear” la maltrecha economía argentina.

Para rehuir de los malos precedentes enunciados más arriba y evitar una escalada de conflictos perniciosos, el gobierno debería desoír las monsergas apocalípticas, aceptar la sanción del Congreso de la Nación y abrir el camino al diálogo y a la negociación tripartita.

Salta, 3 de mayo de 2016  

La Salta fraudulenta, versus la Salta republicana

UNA PROVINCIA AL MARGEN DE LA CONSTITUCION – Versión ampliada

José Armando Caro Figueroa

Salta tropieza nuevamente con su pasado oligárquico e involuciona hacia la versión noventista, provinciana y santa cruceña del kirchnerismo[1].

Si bien preexistían en nuestra Provincia atisbos de esta trayectoria, la fiebre reeleccionista, el clientelismo y el férreo control del Gobernador sobre todos los poderes del Estado aceleraron aquella regresión hasta eclosionar con las irregularidades del voto electrónico.

Mientras que en las sociedades avanzadas se verifica un cierto deterioro del Poder[2], Salta, gobernada por un segmento de la generación nacida en los años setenta -que ama el nepotismo, la simulación, la pedagogía del miedo y el mesianismo, que apela al desprecio y a las poses entre lo rastacuero y lo majestuoso-, asiste a la mayor concentración de Poder de la que tengamos memoria.

Aquí con el 35% de los votos se logra el 80% de los Diputados y el 90% de los Senadores[3]. Esto, sin contar con el frecuente trasfuguismo o “borocotismo”. Desde tan holgada posición, el Caudillo de turno desembarca en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, y cuenta con los recursos para domesticar grandes masas humanas blandiendo prestaciones diseñadas para mantenerlas tranquilas y excluidas[4].

Muchos sabemos ahora (otros lo saben desde antes) que nuestro antiguo régimen electorales es, en realidad, fraudulento. Está diseñado para la hegemonía, la destrucción de las minorías y la forzada polarización del voto. Los distritos electorales, inventados -en tiempos del “fraude patriótico”-, por astutos juristas “orejudos”, son la base de un régimen que expropia voluntades y dibuja mayorías.

Aquel mismo Caudillo está también en condiciones de manipular segmentos de la opinión pública, direccionando el gasto en propaganda oficial que es, en buena medida, un fondo de reptiles.

Extender el Dominio al ámbito de sindicatos, centros vecinales, clubes deportivos, iglesias, murgas y comparsas, barras bravas, y otras redes asociativas, es tarea a la que el Conductor, seguro en su hegemonía, puede dedicar sus ratos de ocio.

La manipulación informática

A quienes gobiernan Salta les ha parecido insuficiente el inmenso poder ya acumulado. Ansiosos por perpetuarse en los cargos y reforzar su Dominio, han alterado el tradicional sistema de votación para, so pretexto de modernidad, arrebatarnos la libertad de sufragio y el poder de verificar que nuestra voluntad es respetada.

No entregar el “código fuente”[5], privatizar el escrutinio, permitir el cambio de máquinas, suprimir el cuarto oscuro[6], delegar en la empresa contratista funciones electorales constitucionalmente indelegables[7], ignorar los derechos de los analfabetos informáticos, violar la universalidad del sufragio[8], validar irregularidades reconocidas por la empresa[9] (reemplazo de 299 máquinas, imposibilidad de imprimir el comprobante del escrutinio electrónico[10]), no informar a la ciudadanía de sus derechos frente a la nueva tecnología, cerrar el Tribunal Electoral a los planteamientos de la oposición[11], negarse a habilitar mesas en donde pueda votarse siguiendo el modo tradicional (pese a que la Ley 7.697/11 lo autoriza)[12], son algunos de los comportamientos constatados durante las recientes PASO que violaron la Constitución, las Leyes 7.697/11 y 7.730/12, y el Código Electoral Provincial (Ley 6.444/87).

Algunos, ante el estupor de muchos y la pasividad de otros, incurrieron en lo que nuestra Constitución llama “delito electoral”[13]. Tendrán que responder de ello, si somos capaces de restituir la independencia a nuestros jueces.  

No deja de llamar la atención que las fuerzas hoy minoritarias guarden silencio frente a esta grave deformación de la república[14]. Entiendo, si, el silencio de la izquierda que, sin compromiso con la Constitución, sueña con reemplazar el absolutismo de los ricos por el absolutismo del partido proletario.

La Presidenta y el Gobernador

Para entender qué está sucediendo en nuestra abrumada provincia, es preciso desentrañar los vínculos entre el kirchnerismo y el régimen local regidos por una común adscripción al populismo y al anti-republicanismo.

¿A qué se debe que el poder central, que presume de izquierdismo, se asocie con el ideario derechista que manda en Salta? ¿Desconoce la Presidenta que aquí reinan dogmas religiosos (sobre la sexualidad) e ideológicos (oligarquización, machismo, anti ambientalismo) reaccionarios?

No hay tal desconocimiento. A partir de la irrelevancia política de Salta, las relaciones entre el kirchnerismo y el Gobernador se asientan en un pacto que admite las derivas o heterodoxas localistas, a cambio de que nuestros legisladores nacionales voten según los deseos de Cristina.

A cambio de que los juegos de azar estén en manos amigas[15] y de que la Provincia calle ante el expolio de sus recursos hidrocarburíferos, de su renta agropecuaria, y ante la discriminación negativa en materia de obra pública.

Más allá de este Pacto, Cristina contempla con envidia a nuestro Gobernador que logró lo que ella no pudo: Relección indefinida. Mayorías absolutas que permiten reformar una y mil veces la Constitución. Disciplinamiento de jueces y fiscales. Exclusión de las minorías de los órganos de control (Auditoria, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento).

El 17 de mayo no sólo elegimos un Gobernador. Elegimos entre Monarquía o República. Entre dignidad ciudadana o vasallaje subsidiado.

El señor Gobernador se pretende heredero de Martín Miguel de Güemes al que supone ungido democráticamente, ignorando que, más allá del consenso del que dispuso, resultó electo por un Cabildo según reglas precarias (L. GÜEMES[16]). Pero, ni él es Güemes, ni estamos en 1815.

 

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[1] Néstor Kirchner modificó fraudulentamente la constitución de Santa Cruz para asegurarse el poder a perpetuidad y logró que, de 39 diputados, 37 fueran suyos. El kirchnerismo de la provincia de Santa Cruz modificó las normas electorales en 1988, 1992, 1996, 1999, 2001 y 2012, esta última vez - en medio de una gran escándalo - para prolongar la ley de lemas. Y siempre para asegurarse el poder absoluto.

[2] NAIM, Moisés “El fin del poder”, Editorial DEBATE, 2013. Dice NAIM “En pocas palabras, el poder ya no es lo que era. En el siglo XXI, el poder es más fácil de adquirir, más difícil de utilizar y más fácil de perder”. Puede que esto ocurra en las sociedades democráticas avanzadas, pero la hipótesis está lejos de verificarse en Salta en donde la competencia por el poder está prácticamente bloqueada por el financiamiento de la política, por las reglas fraudulentas y por los abusos de los recursos públicos en los que incurren los que detentan el poder. Entre nosotros la regla podría enunciarse así: “El poder es difícil de adquirir, fácil de utilizar (ante la ausencia de controles y de exigencias cívicas) y difícil de perder”.

[3] GÓMEZ DIEZ, Ricardo “Legitimidad democrática y valor del voto en Salta”, Editorial MUNDO, 2012.

[4] BAUMAN, Zygmunt “Vidas desperdiciadas”, Editorial PAIDOS, 2013. En la periferia ciudad de Salta es posible encontrar los fenómenos que este autor describe: “vertederos”, “superfluidad social”, “escuelas cuya misión primordial no consiste en educar sino en garantizar custodia y control”, “guetos que replican en miniatura” instituciones precarias y servicios de bajísima calidad, atisbos de “híper-guetos”, especie de barrios cerrados inversos.    

[5] El artículo 12 de la Ley 7.730/12 impone al Tribunal Electoral el deber de garantizar “que las fuerzas políticas intervinientes puedan controlar y fiscalizar la elección en sus diversas etapas incluyendo la posibilidad real y concreta de conocer y auditar cómo funciona el sistema de voto con boleta electrónica y su código fuente” (inciso b).

[6] Irregularidad admitida por la propia empresa privada adjudicataria del sistema de voto electrónico. Con el añadido de que los remplazos se hicieron sin los recaudos mínimos orientados a controlar la pureza del proceso electoral.

[7] Dice el artículo 4° de la Constitución de Salta: “INDELEGABILIDAD DE FACULTADES. Los poderes públicos no pueden delegar facultades conferidas por esta Constitución, ni atribuirse otras que las expresamente acordadas por ella”. Esta norma, como bien apunta Armando FREZZE, debe ser puesta en relación con el artículo 58 de la misma Constitución que encomienda al Tribunal Electoral disponer “lo necesario para la organización y funcionamiento de los comicios”.

[8] Véase el documento elaborado por PODER CIUDADANO “Análisis y recomendaciones de la observación electoral Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Salta, 12 de abril de 2015”. Este Documento señala, en relación con el principio de la universalidad del voto, que “La introducción de la BUE representa un cambio cultural que exige tiempo y adaptación. Si bien este principio se aplica a cualquier cambio de sistema, resulta importante remarcarlo, ya que de no darse paulatinamente la incorporación de tecnología en la emisión del sufragio podría puede excluir a un importante porcentaje del padrón electoral”.

[9] Nota que el Grupo MAGIC SOFTWARE ARGENTINA S.A. remite al Presidente del Tribunal Electoral con fecha 14 de abril de 105.

[10] Dice PODER CIUDADANO: “14) Inconvenientes en el momento de impresión de las actas de escrutinio. En diferentes establecimientos recorridos en Salta Capital, se observó que a la hora de imprimirse las actas de escrutinio, algunas máquinas no funcionaron correctamente y entre otros mensajes la pantalla indicaba “El certificado de Recuento de votos NO fue almacenado correctamente. Pruebe con otro certificado o consulte con el técnico habilitado”. Al no poder solucionar el problema ni el personal técnico de la empresa, ni los veedores judiciales, se optó por realizar nuevamente el conteo e impresión de actas de escrutinio en las máquinas que funcionaban correctamente. Consideramos necesario solucionar este inconveniente para las próximas elecciones para no retrasar el escrutinio, ni provocar situaciones de desconfianza entre los fiscales presentes”.

[11] Funcionarios del Tribunal informan a la prensa que “no han ingresado denuncias de fraude ni de irregularidades, ignorando escritos presentados por uno de los Frentes opositores.

[12] Art. 34.- Aplicación. A partir de la vigencia de la presente Ley, en todas las mesas receptoras de votos tanto de las elecciones primarias como de las generales, deberán aplicarse las nuevas tecnologías de voto electrónico. No obstante, el Tribunal Electoral podrá mantener el sistema tradicional en algunas mesas cuando razones de organización y funcionamiento así lo aconsejen, en cuyo caso los modelos de boletas deberán reunir los requisitos y previsiones establecidos para su aprobación en el Código Nacional Electoral.

[13] “Toda falta, acto de fraude, coacción, soborno, cohecho o intimidación ejercidos contra los electores antes, durante o después del acto electoral son considerados atentados contra el derecho y la libertad electoral y penados con prisión inconmutable” (artículo 57).

[14] La excepción viene dada por las declaraciones del dirigente de la Unión Cívica Radical Juan José MARTINEZ SARAVIA, publicadas en El Tribuno de 26 de abril de 2015. 

[15] Decretos 2.348/13 y 1.502/14.

[16] GUEMES, Luis “Güemes Documentado”, tomo II, páginas 326 y siguientes, Editorial Plus Ultra, 1979. Martín Miguel de Güemes fue elegido Gobernador de Salta en mayo de 1815, por un Cabildo integrado por 10 vecinos que expresaron su voluntad de acoger el “deseo de la parte más sana del pueblo” de la ciudad de Salta que luego aclamó al nuevo Gobernador. Sólo un esfuerzo demagógico que no rehúye anacronismos es capaz de “relatar” que la elección de Güemes se sujetó a cánones democráticos.

Fraude en Salta: Así no, Señor Gobernador

Cuando en 2007 voté por don Juan Manuel Urtubey para Gobernador de Salta, estaba lejos de sospechar que de tal forma contribuía a entronizar a quién terminaría de destruir los endebles cimientos de la democracia salteña.

Más adelante, cuando la Unión Cívica Radical denunciaba como fraudulento el régimen de “voto electrónico”, pensé que se trataba de una queja de nostálgicos de antiguas tradiciones republicanas que resistían las nuevas tecnologías.

Las elecciones “primarias” llevadas a cabo el pasado domingo y los múltiples testimonios de dudas y denuncias que fui recogiendo a lo largo de esta semana, me llevaron a investigar sobre los antecedentes del así llamado “voto electrónico”[1].

Tenía razón la UCR y los legisladores y concejales que el 21 de mayo publicaron una solicitada señalando que el sistema de voto electrónico no ofrecía transparencia.

Con independencia de los resultados oficiales de las recientes PASO, estoy convencido de que se trata de un sistema vulnerable. Sobre todo cuando opera en un entorno como el salteño con alto analfabetismo informático y en donde imperan el clientelismo y el peso del aparato del Estado. Un entorno donde, por impericia de la dirigencia política (entre la que me cuento), la ciudadanía cayó en el escepticismo y en la apatía cívica.

Repasando los antecedentes internacionales es fácil comprobar que este presunto avance tecnológico es, en realidad, una truchada que pronto desencantó a los países políticamente más cultos y comprometidos con los valores y los procedimientos democráticos.

El abandono de esta innovación se fundó en la necesidad de defender la esencia del voto. Vale decir, su carácter secreto, así como los mecanismos de control a cargo de los partidos políticos y de una justicia electoral independiente.

A idéntica conclusión han llegado los más prestigiosos juristas salteños (Rodolfo José Urtubey, padre del señor Gobernador, Armando Frezze, entre otros) y no salteños que citaré en otro momento, pero que tengo muy presentes ahora.

El voto democrático, aquel que constituye los poderes del Estado y define el rumbo de las naciones y provincias, requiere que se garantice a cada ciudadano el control de su voto a lo largo del proceso que se inicia con la secreta elección de su preferencia y concluye en un escrutinio transparente.

Nada de esto sucedió en las recientes PASO salteñas. Los partidos y frentes políticos carecieron de capacidad para controlar el comicio. Nuestra justicia electoral está sospechada de parcialidad. Las autoridades de Mesa y los fiscales no estuvimos preparados para vigilar que el voto y el escrutinio se formalizaran en actos seguros y decentes.

Como ha señalado el más alto tribunal Alemán, el voto democrático es aquel donde cada ciudadano, sin tener conocimientos informáticos, pueda vigilar que su voluntad sea respetada.

Entramos, penosamente, en una nueva era de fraude. Los salteños sufrimos décadas y décadas de trapisondas electorales, hasta que otros salteños, Indalecio Gómez y Victorino de la Plaza, ayudaron a poner en práctica el acuerdo entre Hipólito Irigoyen y Roque Sáenz Peña.

Terminar con el “fraude patriótico” exigió firmeza republicana y años de abstención liderados por la Unión Cívica Radical que en 1909 dijo: “No buscamos ministerios. Únicamente queremos garantías para votar libremente”.

Cien años después, cuando entre todos habíamos eliminado (o reducido a su mínima expresión) el fraude del voto en cadena, el robo de urnas y el chalequeo que usufructuaron los conservadores de este país, el fraude reaparece de la mano de las nuevas tecnologías y del seudo progresismo que construye, día y noche, una monarquía absoluta.

Si nuestro actual Gobernador tuviera un mínimo de sensibilidad democrática, todo sería muy fácil: Ante la simple sospecha de vulnerabilidad del “voto electrónico” aceptaría retornar al voto tradicional y, de ese modo, salvar la democracia y la legitimidad de los futuros gobiernos.

Pero nada de esto ocurrirá. Por la sencilla razón de que el señor Urtubey tiene un único proyecto: Perpetuarse en el poder, a cualquier costo, y rendir las banderas de la Provincia a los caprichos de la Presidenta de la República.

Esta trayectoria de desprecio a las instituciones y a las minorías, acaba de ponerse nuevamente de manifiesto con motivo de la elección de los representantes de la Legislatura en el Consejo de la Magistratura. La mayoría que gobierna ha reincidido en el fraude de desdoblarse para ocupar los escaños de la auténtica minoría.

El control del poder judicial y del ministerio público, que obsesiona al kirchnerismo, ocupa las vigilias y los sueños del actual Gobernador de la Provincia. Pretende tener todo en un puño y lo está consiguiendo. Es muy prolijo a la hora de conceder favores, dignidades y riquezas; de disuadir disidencias; de perseguir opositores.

Nos están arrebatando el voto. El poder construye un “monumento a la impudicia cívica”. El régimen ha llegado a la perfección en materia de unanimidades y claudicaciones (Félix LUNA “Yrigoyen”). Sólo nos queda la palabra y el derecho a protestar. Muchos vamos a ejercerlo.   

 

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[1] En la Salta monárquica y absolutista del señor Urtubey estamos lejos de un verdadero proceso que vincule la participación democrática con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Lo de Salta es una engaña pichanga que, con el falso propósito de reducir costos (en realidad el “voto electrónico” cuesta entre 5 y 10 veces mal que el método tradicional), privatiza el comicio y abre las puertas al fraude. Con este sistema la democracia y la voluntad del cuerpo electoral quedan en manos del dinero blanco o negro.

  

Salta será una democracia agroindustrial, o no será nada

Desempleo, inseguridad, violencia, pobreza, bajos salarios, trabajo en negro, baja calidad educativa, exclusión social, deficientes servicios esenciales, y los abusos del poder, son problemas de primera magnitud en la Salta contemporánea. La solución a tamaños desafíos requiere un enfoque integral. Nada cambiará sino abordamos simultáneamente la reforma política y social, la restauración del federalismo y el cambio del modelo económico.

Se equivocan quienes, remedando a los dictadores sesentistas, plantean que una misma persona ha de perdurar en el poder para abordar primero la economía, luego los asuntos sociales y por último el retorno a la democracia.

El ejército de excluidos y sufrientes, tantas veces invocado por la demagogia, reclama un sinceramiento y un Plan de Gobierno que en cuatro años concrete las reformas imprescindibles.  La campaña electoral debería servir para identificar propuestas. No basta con inventariar dificultades ni con lanzar promesas genéricas, vacías o impracticables.

Cambiar la política

Nuestro régimen político colapsó. Produce monarcas absolutistas, megalomanía y mesianismos. Debemos pues echar los cimientos de una democracia republicana, transparente, descentralizada, vertebrada por los partidos políticos y las organizaciones sociales, y en donde las mayorías gobiernan y las minorías controlan y construyen alternativas de recambio. 

Los que quieren perpetuarse en el poder estafan a los ciudadanos. Hay que decir basta a un régimen que intenta canjear votos por ayudas; que financia sus campañas con el dinero público; y que se recuesta sobre un conservadurismo ineficaz maquillado de progresismo. 

El nuevo Gobierno deberá cancelar las reelecciones, independizar a jueces y fiscales, reconstruir los controles (Auditoria, Sindicatura, Acceso a la Información Pública, Ley de Ética), e instaurar el principio de igualdad del voto. Sin nuevas instituciones y manteniendo el vetusto modelo productivo-asistencial, miles y miles de salteños desperdiciarán sus vidas (Z. BAUMANN, “Vidas Desperdiciadas. La modernidad y sus parias”, Editorial PAIDÓS, España - 2013), sus talentos y sus ilusiones.

Completar las ayudas sociales

Integrar a los pobres y otros excluidos requiere de un Estado diferente. Un Estado que diseñe y brinde nuevas prestaciones y coordine los esfuerzos de voluntarios y organizaciones sociales. Necesitamos reformular el modelo inaugurado por las Cajas del Programa Alimentario Nacional (PAN, 1983) y el Plan Trabajar (1993). Para sumar a las ayudas materiales, servicios de asistencia personalizada a cargo de trabajadores sociales.

Las madres del paco no rescataran a sus hijos, ni cesará la violencia de género sin asistencia espiritual y cultural a cargo de especialistas. Ni los desocupados ni los alumnos con dificultades de aprendizaje se insertarán en el mundo del trabajo sin planes que apunten a la calidad y al tratamiento personalizado. 

Mientras los nuevos servicios sociales entran en funcionamiento, hay que mantener, extender y mejorar los actuales planes sociales. Donde hay una necesidad tiene que haber un derecho, no una relación clientelar.

Salta agroindustrial, minera y turística

El próximo Gobierno deberá Planificar, en ejercicio de las facultades que le concede el artículo 77 de la Constitución Provincial) un modelo de producción que libere nuestro potencial agropecuario, minero, hidrocarburífero y turístico, poniéndolo al servicio del empleo y del bienestar general. Nada de esto sucederá sin la enérgica e inteligente participación del Estado, las organizaciones sociales y nuestros mejores expertos.

El centralismo unitario convirtió a Salta en un territorio dependiente y subdesarrollado. Ha pasado el tiempo de la sumisión política y cultural de Salta a los dictados pampeanos. El Gobernador de la Provincia tendrá que abandonar el rol delegado de la Casa Rosada y exigir inversión en infraestructuras estratégicas (ferrocarriles, caminos, embalses, vertederos, y tutela ambiental), reparaciones históricas, y un régimen de promoción industrial. Salta deberá recuperar competencias de autogobierno para diseñar incentivos a la producción y al empleo.

Hay dos puntos de referencia interesantes para organizar nuestra estrategia federal. Uno exitoso, la industrialización de Córdoba (MIGNON, Carlos “Córdoba Obrera. El sindicato en la fábrica, 1968-1973”, Editorial IMAGO MUNDI, Buenos Aires - 2014). Otro azaroso, el subdesarrollo Boliviano (MACHACA, Rosendo, en Revista PUKARA, Bolivia - 2014).

En 1927 Marcelo T. de Alvear sentó las bases de la Córdoba industrial, con la fábrica de aviones que pronto construyó aeroplanos y planeadores. Luego los Presidentes Perón (IAME[1]), Frondizi (Ley 14.781/58) e Illía definieron normas e incentivos (subsidios a la energía[2], capacitación obrera); armonizaron Estado y Mercado; mantuvieron continuidad en el empeño y respetaron el federalismo.

Muchos salteños y norteños emigraron a Córdoba poniendo brazos y mentes al servicio del desarrollo industrial. El autonomismo sindical cumplió un papel complejo, chocó con el verticalismo, hasta eclosionar con las experiencias de SITRAC y SITRAM. Aviones, tractores, motores, material ferroviario y automóviles cambiaron el destino de la Provincia.

El proyecto cordobés fue metalmecánico. El proyecto salteño tendrá como meta no excluyente la agroindustria y la minería. Contamos con materia prima, trabajadores en condiciones de ser formados en las tareas industriales y abundancia de energía y recursos naturales. Nos falta pensar, desarrollar proyectos e identificar las personas y las organizaciones en condiciones de ejecutarlos. Capacitar a los trabajadores. Federalizar la acción sindical y descentralizar la negociación colectiva. Reconstruir caminos y vías férreas. Y concretar nuestro sueño bioceánico.    

Nuestras frustraciones están a la vista. Mientras los salteños nos empobrecíamos o emigrábamos, nuestro gas, energía e impuestos financiaban el consumo y la industria pampeana. El centralismo pretendió compensarnos girando bolsones de alimentos y zapatillas.

El caso histórico de Bolivia nace con los desaciertos de la revolución de 1952 y ha sido crudamente relatado, desde una perspectiva de izquierda, por MACHACA en un artículo de imprescindible lectura en clave salteña: “Porqué Bolivia jamás llegará a ser una nación industrializada”, en donde el autor somete a feroz crítica el papel de los sindicatos bolivianos tradicionales agrupados en la Central Obrera Boliviana (COB).

Si acertamos en nuestras próximas decisiones políticas,  Salta, a diferencia de Bolivia, llegará a ser una provincia agroindustrial. 

 

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[1] Luego trasformada en DINFIA.  Ambas estructuras estatales suscribieron contratos con la FIAT (tractores, grandes motores diésel y material ferroviario, 1954) y con KAISER WILLIS (automóviles). La “Rastrojera”, el automóvil “Justicialista”, la moto “Puma”, IKA, Tractor “Pampa”, los aviones “Pulqui”, fueron algunos de los productos estrella del nuevo complejo automotriz, aeronáutico y metalmecánico cordobés.

[2] “La energía eléctrica demostró ser la partera de la industrialización cordobesa en la posguerra” (BRENNAN, James “El cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba”, Editorial SUDAMERICANA, Buenos Aires – 1966). El caso cordobés contrasta en este punto con el de Salta: Mientras Córdoba contó con energía eléctrica subsidiada para su propio desarrollo industrial, la producción energética e hidrocarburífera de Salta se entrega subsidiada a los industriales pampeanos.