La semana pasada, invitados por la Fundación COPAIPA, dos prestigiosos profesores universitarios dieron una importante conferencia bajo el título “El rol del empresario en la ideología anti-capitalista”. Mientras que el profesor Mauricio ORTIN analizó el tema desde la óptica filosófica, el doctor Eduardo Antonelli lo abordó desde el ángulo propio de la ciencia económica.
Mi particular visión de la conferencia, sostiene que los expositores, colocados en una sólida posición de progreso o si se prefiere desde una izquierda democrática, rescataron el papel de los emprendedores y criticaron a las proclamas seudo progresistas tan al uso en Salta y en la Argentina. Escuchar a ORTIN y a ANTONELLI me ayudó a reflexionar acerca del empresariado salteño, a analizar los desafíos que enfrenta, y a intentar inventariar sus virtudes y defectos.
Coincido con ambos en la certeza de que no hay regiones en condiciones de alcanzar éxitos económicos en el mundo globalizado, si no cuentan con emprendedores cargados de talento y de la energía necesaria para producir bienes y servicios creando empleos, riqueza y bienestar.
En Salta hay, qué duda cabe, muchas personas (sobre todo jóvenes) que cumplen estos requisitos. Sin ellos no se entendería el notorio crecimiento de nuestra producción y ciertos avances en terrenos no estrictamente económicos.
Tengo, sin embargo, la impresión de que no todos los que dirigen empresas en nuestra provincia advierten los cambios que, a inusual velocidad, se producen en el entorno en el que deben moverse. Muchos se quejan, y con razón, de la falta de seguridad jurídica que lastra su gestión disminuyendo sus probabilidades de éxito.
Pero esta suerte de incertidumbre jurídica que provoca el Estado, no es razón para pretender que en Salta las inversiones (me refiero a algunas inversiones) deban protegerse mediante excepciones o tratos de favor.
Y hay dos terrenos en donde nuestros empresarios aparecen en conflicto con la legalidad: me refiero a las normas ambientales y a las leyes laborales. Se equivocan quienes invierten creando empleos en negro (un error que, dicho sea de paso, alimenta la costosísima litigiosidad laboral), o producen contaminando o destruyendo nuestro patrimonio arquitectónico.
Necesitamos empresarios capaces de invertir y de ganar dinero si, pero en proyectos laboral y ambientalmente sustentables. Empresarios que adviertan que las complicidades que han tejido con este y con el anterior Gobierno difícilmente podrán repetirse en el futuro.
Y esto que digo respecto de los empresarios, podría decirse también respecto de los profesionales que les auxilian para llevar adelante sus proyectos. Es posible fabricar azúcar o vino, producir electricidad, o construir hoteles, viviendas y galerías comerciales respetando estilos, leyes y entornos. Así sucede a diario en el mundo más desarrollado, no hay razones técnicas para que no pueda hacerse lo mismo aquí.
(Para FM ARIES)
miércoles, 18 de agosto de 2010
martes, 17 de agosto de 2010
La Corte de Justicia de Salta frena abusos urbanisticos
Hay propietarios que no se enteran. Cómo las corrientes del pensamiento jurídico discurren lentamente de norte a sur y circulan morosamente desde las grandes urbes a las pequeñas provincias, son muchos los que en Salta piensan el derecho de propiedad en los términos usados en la Roma antigua.
Para esta corriente de pensamiento, ser propietario implica el derecho de usar y abusar de las cosas y de los bienes en propiedad. Reniegan de las teorías y de las normas que hablan de la función social de la propiedad, una creación con varios siglos de rodaje, a las que equiparan con el nefasto comunismo.
He sabido de gente que destruyó legendarias semillas de zapallo invocando su derecho de propiedad y sus ganas de vengarse de consumidores desagradecidos. También de gente que termina sus noches de champagne y de cocó encendiendo cigarros con billetes de 100 pesos en un alarde chabacano de propietario rebosante de bienes.
Pero esa visión extremadamente individual y egoísta del derecho de propiedad no tiene ya cabida en el mundo moderno. Tampoco en nuestras leyes.
Si en los últimos 80 años las restricciones y límites al dominio vinieron impuestos por consideraciones urbanísticas, por razones de seguridad, o por exigencias relacionadas el equipamiento básico de las naciones, hoy las restricciones al derecho de propiedad se relacionan con la protección del medioambiente, la defensa de los recursos naturales estratégicos, la conservación del patrimonio histórico, el mantenimiento del estilo urbanístico, el fomento de la convivencia armónica del hombre con la naturaleza, y de cada uno con sus vecinos.
Es el precio que todos tenemos que pagar para vivir sanamente, para preservar la paz entre los hombres y entre estos y la naturaleza, así como para cuidar el planeta para las generaciones futuras.
Las nuevas restricciones al derecho romano de propiedad son una conquista civilizatoria. A tal punto que los pueblos que destrozan sus ciudades, talan sus bosques, contaminan sus ríos, intoxican el ambiente con humos, fluidos o ruidos bien merecen el calificativo de salvajes.
Como he recordado en columnas anteriores, Salta (quizás sería más lógico hablar del Gobierno de Salta y de ciertos desaprensivos portadores de intereses egoístas) hasta hace muy poco tiempo mostró un olímpico desprecio por los nuevos valores ambientales. Arrasó millones de hectáreas de bosque, polucionó ríos y, sin ir más lejos, degradó el Parque San Martín y desfiguró el centro histórico de la Capital. El argumento falaz aludía al progreso, a la producción y al empleo.
Pero nuevas leyes están poniendo las cosas en su sitio. Leyes y también sentencias que están frenando abusos inconcebibles. Como es el caso del brillante fallo de nuestra Corte de Justicia que ordenó paralizar una obra desmesurada que se levanta hiriendo a una de las esquinas más bellas de nuestra ciudad.
(Para FM Aries)
Para esta corriente de pensamiento, ser propietario implica el derecho de usar y abusar de las cosas y de los bienes en propiedad. Reniegan de las teorías y de las normas que hablan de la función social de la propiedad, una creación con varios siglos de rodaje, a las que equiparan con el nefasto comunismo.
He sabido de gente que destruyó legendarias semillas de zapallo invocando su derecho de propiedad y sus ganas de vengarse de consumidores desagradecidos. También de gente que termina sus noches de champagne y de cocó encendiendo cigarros con billetes de 100 pesos en un alarde chabacano de propietario rebosante de bienes.
Pero esa visión extremadamente individual y egoísta del derecho de propiedad no tiene ya cabida en el mundo moderno. Tampoco en nuestras leyes.
Si en los últimos 80 años las restricciones y límites al dominio vinieron impuestos por consideraciones urbanísticas, por razones de seguridad, o por exigencias relacionadas el equipamiento básico de las naciones, hoy las restricciones al derecho de propiedad se relacionan con la protección del medioambiente, la defensa de los recursos naturales estratégicos, la conservación del patrimonio histórico, el mantenimiento del estilo urbanístico, el fomento de la convivencia armónica del hombre con la naturaleza, y de cada uno con sus vecinos.
Es el precio que todos tenemos que pagar para vivir sanamente, para preservar la paz entre los hombres y entre estos y la naturaleza, así como para cuidar el planeta para las generaciones futuras.
Las nuevas restricciones al derecho romano de propiedad son una conquista civilizatoria. A tal punto que los pueblos que destrozan sus ciudades, talan sus bosques, contaminan sus ríos, intoxican el ambiente con humos, fluidos o ruidos bien merecen el calificativo de salvajes.
Como he recordado en columnas anteriores, Salta (quizás sería más lógico hablar del Gobierno de Salta y de ciertos desaprensivos portadores de intereses egoístas) hasta hace muy poco tiempo mostró un olímpico desprecio por los nuevos valores ambientales. Arrasó millones de hectáreas de bosque, polucionó ríos y, sin ir más lejos, degradó el Parque San Martín y desfiguró el centro histórico de la Capital. El argumento falaz aludía al progreso, a la producción y al empleo.
Pero nuevas leyes están poniendo las cosas en su sitio. Leyes y también sentencias que están frenando abusos inconcebibles. Como es el caso del brillante fallo de nuestra Corte de Justicia que ordenó paralizar una obra desmesurada que se levanta hiriendo a una de las esquinas más bellas de nuestra ciudad.
(Para FM Aries)
domingo, 15 de agosto de 2010
Tierra y Hábitat o las groserías del populismo salteño
Debo confesar que a veces me cuesta entender la nueva nomenclatura de las dependencias del Gobierno. No logro descifrar cuándo una persona carente de recursos que busca una vivienda debe concurrir a la dirección de tierras o a la dirección de hábitat, dentro de la Secretaría de Tierra y Hábitat.
En cualquier caso, he frecuentado tales oficinas y he salido sorprendido por su funcionamiento.
Asisten allí personas, en su mayoría mujeres con hijos en brazos, evidentemente pobres y necesitadas de la asistencia del Estado. Llegan con rostros que revelan la amargura de los excluidos, con una mansedumbre que exterioriza años de peregrinaje por oficinas y comités, dispuestas a esperar las horas que el burócrata de turno disponga y a volver cuantas veces la negligencia administrativa lo decida.
“Eso”, me refiero a las oficinas que funcionan en Güemes esquina Bolívar, no es una repartición propia de un Estado democrático moderno. Por la informalidad de sus procedimientos, por el mal trato que dispensan a los ciudadanos, por la morosidad exasperante y hasta por su equipamiento precario.
Quienes piden y quienes, del otro lado del mostrador, atienden parecen ignorar que están tratando asuntos de rango constitucional. Que quienes piden, ejercen el derecho de peticionar y, además, procuran satisfacer su derecho a una vivienda digna. Que quienes atienden, tramitan derechos constitucionales, no dádivas de unidad básica.
Concurrí a estas oficinas para ayudar a un vecino carente de recursos que no puede desplazarse hasta el centro y que lleva un año intentando, no ya conseguir una vivienda, sino obtener una simple respuesta.
Vi la negligencia y displicencia con que la que son atendidos los solicitantes. Y soporté idéntico trato. El vuelva usted mañana, el aquí no es, el no está el Director, el no puede ver el expediente. Dejé, como corresponde mi queja formal, pero sin ninguna esperanza de que fuera atendida por alguien de aquel mundo subdesarrollado.
Pero lo que transformó mi sorpresa en indignación fue escuchar las explicaciones que se daban a una persona que, al parecer, había logrado la cesión de un terreno. En estos términos: “Mamita, tenés que esperar que el gobernador tenga tiempo para hacer el acto donde te va a entregar el título”.
No puede resistirme a la tentación de explicar a los allí reunidos, que esas tierras no eran de propiedad del señor Urtubey ni de su familia, como no lo eran del anterior gobernador, sino que se trataba de lotes fiscales, es decir de todos los salteños, que el Estado decidía ceder a los más necesitados.
Resulta penoso que los funcionarios de turno se aprovechen de las necesidades y de los recursos del Estado para actos del peor populismo. Deberían, hablar menos de Evita y recordar su frase:
“Allí donde hay una necesidad debe haber un derecho”, no una dádiva discrecional.
(Para FM Aries)
En cualquier caso, he frecuentado tales oficinas y he salido sorprendido por su funcionamiento.
Asisten allí personas, en su mayoría mujeres con hijos en brazos, evidentemente pobres y necesitadas de la asistencia del Estado. Llegan con rostros que revelan la amargura de los excluidos, con una mansedumbre que exterioriza años de peregrinaje por oficinas y comités, dispuestas a esperar las horas que el burócrata de turno disponga y a volver cuantas veces la negligencia administrativa lo decida.
“Eso”, me refiero a las oficinas que funcionan en Güemes esquina Bolívar, no es una repartición propia de un Estado democrático moderno. Por la informalidad de sus procedimientos, por el mal trato que dispensan a los ciudadanos, por la morosidad exasperante y hasta por su equipamiento precario.
Quienes piden y quienes, del otro lado del mostrador, atienden parecen ignorar que están tratando asuntos de rango constitucional. Que quienes piden, ejercen el derecho de peticionar y, además, procuran satisfacer su derecho a una vivienda digna. Que quienes atienden, tramitan derechos constitucionales, no dádivas de unidad básica.
Concurrí a estas oficinas para ayudar a un vecino carente de recursos que no puede desplazarse hasta el centro y que lleva un año intentando, no ya conseguir una vivienda, sino obtener una simple respuesta.
Vi la negligencia y displicencia con que la que son atendidos los solicitantes. Y soporté idéntico trato. El vuelva usted mañana, el aquí no es, el no está el Director, el no puede ver el expediente. Dejé, como corresponde mi queja formal, pero sin ninguna esperanza de que fuera atendida por alguien de aquel mundo subdesarrollado.
Pero lo que transformó mi sorpresa en indignación fue escuchar las explicaciones que se daban a una persona que, al parecer, había logrado la cesión de un terreno. En estos términos: “Mamita, tenés que esperar que el gobernador tenga tiempo para hacer el acto donde te va a entregar el título”.
No puede resistirme a la tentación de explicar a los allí reunidos, que esas tierras no eran de propiedad del señor Urtubey ni de su familia, como no lo eran del anterior gobernador, sino que se trataba de lotes fiscales, es decir de todos los salteños, que el Estado decidía ceder a los más necesitados.
Resulta penoso que los funcionarios de turno se aprovechen de las necesidades y de los recursos del Estado para actos del peor populismo. Deberían, hablar menos de Evita y recordar su frase:
“Allí donde hay una necesidad debe haber un derecho”, no una dádiva discrecional.
(Para FM Aries)
domingo, 8 de agosto de 2010
Buenas leyes ambientales, pero ¿se cumplen?
La civilización, entendida como superación de la barbarie, es mucho más que pasear por las calles cubriéndose las partes pudendas. Vivir civilizadamente es, entre otras cosas, respetar al prójimo y actuar conforme a las reglas comúnmente aceptadas, vengan estas impuestas por la ley o las buenas costumbres.
A veces el afán de los salteños por vivir civilizadamente tropieza con la inexistencia de reglas, con esas lagunas normativas que generan conflictos y querellas. Otras, tropieza con la incapacidad de los poderes públicos para hacer cumplir las leyes vigentes.
En nuestro avance hacia formas más plena de civilización, cada vez son más los salteños que aspiran a vivir en paz con la naturaleza; que desean conservar el patrimonio histórico, cuidar los ríos, los bosques y las especies animales; que, en síntesis, se proponen velar por el medio ambiente en el que nos desenvolvemos.
Si bien tan buenos propósitos pueden alcanzarse de manera autónoma, sin depender de la eficacia de los gobiernos, está claro que el proceso civilizatorio medioambiental avanzará mejor si contamos con leyes adecuadas.
La reciente movilización de vecinos de Vaqueros y San Lorenzo para impedir una obra ilegal y desmesurada, me sirvió para comprobar que Salta cuenta con una legislación medioambiental de alta calidad. Es cierto que muchas de nuestras leyes provinciales han llegado tarde, en el sentido que entraron en vigor cuando los intereses desaprensivos han provocado daños irreparables a nuestros bosques, a nuestro patrimonio histórico urbano y no urbano, a nuestros ríos, y a muchas especies autóctonas. Y es cierto también que estos daños se produjeron ante la mirada cómplice o alelada de nuestras autoridades.
Pero nuestra Legislatura, al sancionar las leyes 7070 (de protección del medio ambiente) y 7543 (de ordenamiento de los bosques nativos), o el Código de Aguas, para no citar sino las más relevantes, ha cumplido un excelente servicio y nos ha dotado de reglas suficientes para avanzar en nuestras metas civilizatorias. Otro tanto puede decirse de recientes fallos de nuestra Corte de Justicia.
Lamentablemente, entre estas normas cargadas de buenas intenciones y la realidad cotidiana hay un margen que beneficia a esa Salta que pretende seguir viviendo fuera de la ley. Se trata de un margen creado por las debilidades del poder de policía y de los poderes municipales, algunos de los cuales oscilan entre la ignorancia y la necedad.
Nuestras buenas leyes carecen de autoridades ejecutivas dotadas de medios suficientes para hacerlas cumplir, como lo prueba la precariedad de nuestra Policía Ambiental.
Ese vivir al margen de la ley está, muchas veces, alimentado por la corrupción. Pero también por complicidades políticas, por esa vocación irrefrenable que tienen algunos para crear privilegios, y por la bárbara ideología que propone divorciar la producción de la protección del medioambiente.
(Para FM ARIES)
A veces el afán de los salteños por vivir civilizadamente tropieza con la inexistencia de reglas, con esas lagunas normativas que generan conflictos y querellas. Otras, tropieza con la incapacidad de los poderes públicos para hacer cumplir las leyes vigentes.
En nuestro avance hacia formas más plena de civilización, cada vez son más los salteños que aspiran a vivir en paz con la naturaleza; que desean conservar el patrimonio histórico, cuidar los ríos, los bosques y las especies animales; que, en síntesis, se proponen velar por el medio ambiente en el que nos desenvolvemos.
Si bien tan buenos propósitos pueden alcanzarse de manera autónoma, sin depender de la eficacia de los gobiernos, está claro que el proceso civilizatorio medioambiental avanzará mejor si contamos con leyes adecuadas.
La reciente movilización de vecinos de Vaqueros y San Lorenzo para impedir una obra ilegal y desmesurada, me sirvió para comprobar que Salta cuenta con una legislación medioambiental de alta calidad. Es cierto que muchas de nuestras leyes provinciales han llegado tarde, en el sentido que entraron en vigor cuando los intereses desaprensivos han provocado daños irreparables a nuestros bosques, a nuestro patrimonio histórico urbano y no urbano, a nuestros ríos, y a muchas especies autóctonas. Y es cierto también que estos daños se produjeron ante la mirada cómplice o alelada de nuestras autoridades.
Pero nuestra Legislatura, al sancionar las leyes 7070 (de protección del medio ambiente) y 7543 (de ordenamiento de los bosques nativos), o el Código de Aguas, para no citar sino las más relevantes, ha cumplido un excelente servicio y nos ha dotado de reglas suficientes para avanzar en nuestras metas civilizatorias. Otro tanto puede decirse de recientes fallos de nuestra Corte de Justicia.
Lamentablemente, entre estas normas cargadas de buenas intenciones y la realidad cotidiana hay un margen que beneficia a esa Salta que pretende seguir viviendo fuera de la ley. Se trata de un margen creado por las debilidades del poder de policía y de los poderes municipales, algunos de los cuales oscilan entre la ignorancia y la necedad.
Nuestras buenas leyes carecen de autoridades ejecutivas dotadas de medios suficientes para hacerlas cumplir, como lo prueba la precariedad de nuestra Policía Ambiental.
Ese vivir al margen de la ley está, muchas veces, alimentado por la corrupción. Pero también por complicidades políticas, por esa vocación irrefrenable que tienen algunos para crear privilegios, y por la bárbara ideología que propone divorciar la producción de la protección del medioambiente.
(Para FM ARIES)
viernes, 6 de agosto de 2010
Dos jueces honorables y salteños
Vivimos tiempos en donde los ciudadanos descreen de sus instituciones de gobierno. La ineficacia, la corrupción, el desorden y un mundo político que gira cada vez más alejado de los valores republicanos, son algunas de las causas de este desaliento.
Las instituciones judiciales padecen también esta crisis de confianza pública. Unas veces por su lentitud exasperante. Otras por la extendida sospecha de que no siempre actúan con la necesaria independencia, libertad y apego a la ley. En este sentido, quienes detentan el poder político en los ejecutivos y en las legislaturas tienen una enorme cuota de responsabilidad dada su preferencia por contar con jueces amigos, dóciles o temerosos.
Es esta la razón por la cual los distintos gobiernos se esmeran por controlar al poder judicial. Por reservarse mayorías automáticas en los cuerpos encargados de la selección y remoción de jueces y magistrados. Por crear sutiles redes de presión sobre jurisdicciones consideradas estratégicas por aquellos gobernantes que no desean estar sometidos al escrutinio de jueces independientes. En resumen, por gobernantes que aspiran a vivir por encima de la ley.
Pero la independencia de los jueces no depende sólo de las cláusulas constitucionales que la garanticen ni de la existencia de Presidentes y Gobernadores consecuentes con los principios democráticos. Depende también de los valores morales, de las convicciones republicanas, de la formación profesional, de cada uno de los jueces.
Jueces honrados, valientes y expertos contribuyen a enaltecer la democracia, cuando esta funciona, y a desalentar las tentaciones autocráticas. En los atroces tiempos de las dictaduras, estos magistrados están llamados a preservar derechos fundamentales y a resguardar espacios de legalidad.
Salta fue cuna de esta clase de jueces que acreditaron honradez, valentía y sapiencia por encima de los avatares políticos. Virgilio Mariano TEDIN (en el siglo XIX) y Carlos S. FAYT (en los siglos XX y XXI), ejemplifican esta estirpe. La misma a la que pertenecen dos ilustres comprovincianos recientemente fallecidos. Me refiero a los doctores Ernesto SAMAN y Roberto FRIAS.
Tuve el honor de conocer a ambos cuando, a mediados de los años sesenta, honraban a la judicatura salteña desde sus investiduras. En aquel entonces, fueron ambos jueces de primera instancia en lo civil. Mientras que el doctor Ernesto SAMAN sobresalió por su actuación dentro la órbita de los asuntos civiles, comerciales y de familia, el doctor Roberto FRIAS, adquirió especial relevancia por su intervención en defensa de los derechos fundamentales en tiempos de la dictadura de Onganía.
Ambos hicieron luego importantes carrearas dentro del Poder Judicial provincial y federal. Vaya desde esta columna mi personal y modesto homenaje a sus memorias.
(Para FM ARIES)
Las instituciones judiciales padecen también esta crisis de confianza pública. Unas veces por su lentitud exasperante. Otras por la extendida sospecha de que no siempre actúan con la necesaria independencia, libertad y apego a la ley. En este sentido, quienes detentan el poder político en los ejecutivos y en las legislaturas tienen una enorme cuota de responsabilidad dada su preferencia por contar con jueces amigos, dóciles o temerosos.
Es esta la razón por la cual los distintos gobiernos se esmeran por controlar al poder judicial. Por reservarse mayorías automáticas en los cuerpos encargados de la selección y remoción de jueces y magistrados. Por crear sutiles redes de presión sobre jurisdicciones consideradas estratégicas por aquellos gobernantes que no desean estar sometidos al escrutinio de jueces independientes. En resumen, por gobernantes que aspiran a vivir por encima de la ley.
Pero la independencia de los jueces no depende sólo de las cláusulas constitucionales que la garanticen ni de la existencia de Presidentes y Gobernadores consecuentes con los principios democráticos. Depende también de los valores morales, de las convicciones republicanas, de la formación profesional, de cada uno de los jueces.
Jueces honrados, valientes y expertos contribuyen a enaltecer la democracia, cuando esta funciona, y a desalentar las tentaciones autocráticas. En los atroces tiempos de las dictaduras, estos magistrados están llamados a preservar derechos fundamentales y a resguardar espacios de legalidad.
Salta fue cuna de esta clase de jueces que acreditaron honradez, valentía y sapiencia por encima de los avatares políticos. Virgilio Mariano TEDIN (en el siglo XIX) y Carlos S. FAYT (en los siglos XX y XXI), ejemplifican esta estirpe. La misma a la que pertenecen dos ilustres comprovincianos recientemente fallecidos. Me refiero a los doctores Ernesto SAMAN y Roberto FRIAS.
Tuve el honor de conocer a ambos cuando, a mediados de los años sesenta, honraban a la judicatura salteña desde sus investiduras. En aquel entonces, fueron ambos jueces de primera instancia en lo civil. Mientras que el doctor Ernesto SAMAN sobresalió por su actuación dentro la órbita de los asuntos civiles, comerciales y de familia, el doctor Roberto FRIAS, adquirió especial relevancia por su intervención en defensa de los derechos fundamentales en tiempos de la dictadura de Onganía.
Ambos hicieron luego importantes carrearas dentro del Poder Judicial provincial y federal. Vaya desde esta columna mi personal y modesto homenaje a sus memorias.
(Para FM ARIES)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)