Continuando con esta serie de columnas dedicadas a analizar la crisis española, me referiré a los aspectos políticos de la misma. Hacia mediados de los años 70 los españoles advirtieron de que su sistema de convivencia de matriz corporativa, asentado tras los horrores de la guerra civil, era incapaz de satisfacer las expectativas e ilusiones de todos.
Incluso los sectores más lúcidos del régimen tardo-franquista sabían que las normas excluyentes, fundadas en antiguos odios, no estaban ya en condiciones de conservar la paz y de abordar los desafíos del futuro.
Por aquel tiempo la enorme mayoría de los españoles deseaba vivir en una democracia de corte europeo y estaba dispuesta a aceptar la economía de mercado a cambio de determinadas garantías de bienestar social.
Los representantes del régimen, con Adolfo Suarez a la cabeza, y los líderes de los partidos políticos que emergían tras décadas de persecuciones, se dieron a la tarea y consensuaron las bases de la España moderna que quedaron plasmadas en documentos tales como los Pactos de la Moncloa de 1977 y la Constitución Española de 1978.
Esos acuerdos adoptaron recaudos para garantizar tanto la transición ordenada y pacífica como la gobernabilidad futura. Los grandes actores políticos no querían recaer en los excesos de la Segunda República española y adoptaron los recaudos para pacificar las querellas del pasado.
La restauración de la monarquía, el régimen parlamentario basado en la primacía de los partidos mayoritarios, la apertura de un proceso de regionalización o federalización, la consagración de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad sindical, la alianza con las estructuras con las que occidente hacía frente a la guerra fría, y la incorporación a las Comunidades Europeas, fueron los ejes políticos de la nueva España.
Muchas de estas convicciones que lograron mayoritarias adhesiones, están hoy siendo cuestionadas por quienes creen que ha llegado el momento de inaugurar una nueva etapa. Si bien hay algunos consensos que seguramente habrán de mantenerse, hay otros que ya no reflejan las inquietudes sobre todo de las nuevas generaciones.
El sistema bipartidista (protagonizado por el conservador Partido Popular y los socialistas) y las reglas electorales que lo blindan, están en el centro de la indignación de los españoles en rebeldía.
Para comprender el malestar que genera el bipartidismo excluyente, resulta útil una referencia a lo que sucede en nuestro país y en Salta, donde las leyes electorales, quizá más brutalmente que en España, también promueven la concentración del poder y dejan fuera de las instituciones representativas a las minorías.
Todo hace suponer que los indignados españoles lograrán, no sin esfuerzo, los cambios institucionales que reclaman. Sobre todo el que propugna un régimen electoral directamente proporcional que garantice la representación de las minorías en los cuerpos legislativos. (Continúa)
sábado, 28 de mayo de 2011
miércoles, 25 de mayo de 2011
La indignación española vista desde Salta (I)
Sigo con especial interés y emoción los acontecimientos protagonizados por miles y miles de españoles que, por estos días, están expresando su indignación contra una situación política y económica de inusitada gravedad. Todo parece indicar que otro largo ciclo de 40 años está llegando a su fin.
Mi interés, más que académico, tiene que ver con mis lazos con España, construidos durante los 14 años que vivé en este país. Mi emoción, a su vez, se relaciona con la participación de mis hijos y sobrinos en esta singular y decisiva protesta.
Cinco millones de desocupados, la convicción de que un modelo de crecimiento económico (basado en la construcción y el turismo masivo) ha llegado a su fin, y las evidencias en el sentido de que el sistema de producción reparte inequitativamente las cargas y los beneficios, están en la raíz de la indignación de aquellos españoles.
El ajuste, abordado por el Gobierno del Presidente Zapatero de forma tardía, vacilante y con notorios errores técnicos, ha perjudicado grandemente a la masa de emigrados (muchos de ellos iberoamericanos) que llegó a España entre finales de los 90 y la primera década del nuevo siglo.
El desempleo de larga duración es la condena cotidiana de más del 40% de los jóvenes menores de 25 años. Las hipotecas abusivas agobian también a esos mismos jóvenes. La mayoría de quienes han logrado conservar su empleo sufre rebajas salariales y ha sido notificada que tendrá que trabajar más años para acceder a jubilaciones reducidas en su cuantía futura.
Las medidas del Gobierno, además de tardías, resultan claramente inequitativas en tanto han procurado atender primero las necesidades de los bancos y constructoras antes que las de los desocupados.
A su vez, las reformas propuestas por los socialistas españoles para fundar un nuevo modelo de producción y bienestar avanzan lentamente y no han logrado concitar el necesario consenso con las fuerzas de la oposición.
Mientras todo esto sucede, la crisis se arrastra durante meses y meses con la lógica secuela de desaliento, en tanto los españoles (y quienes allí residen) no perciben que el retorno a la senda de crecimiento y bienestar este cercana. Un desaliento que se potencia por el hecho de que varios países vecinos y socios (como es el caso de Alemania) están lográndolo.
Los jóvenes advierten además que los sindicatos funcionan, desde hace varias décadas, como actores que defienden a los trabajadores ocupados y mayores de 40 años que son los que disfrutan de las ventajas del modelo en materia de estabilidad en el empleo, mejoras salariales y acceso a las prestaciones del Estado de Bienestar.
Para intentar salir del atolladero, los sindicatos y las patronales, al ritmo cansino de las cosas de palacio, negocian la enésima reforma laboral, esta vez centrada en la negociación colectiva, una de las instituciones que, más allá de los cambios derivados de la libertad sindical, conserva la estructura y las rutinas definidas en tiempos del dictador Francisco Franco (continúa).
Mi interés, más que académico, tiene que ver con mis lazos con España, construidos durante los 14 años que vivé en este país. Mi emoción, a su vez, se relaciona con la participación de mis hijos y sobrinos en esta singular y decisiva protesta.
Cinco millones de desocupados, la convicción de que un modelo de crecimiento económico (basado en la construcción y el turismo masivo) ha llegado a su fin, y las evidencias en el sentido de que el sistema de producción reparte inequitativamente las cargas y los beneficios, están en la raíz de la indignación de aquellos españoles.
El ajuste, abordado por el Gobierno del Presidente Zapatero de forma tardía, vacilante y con notorios errores técnicos, ha perjudicado grandemente a la masa de emigrados (muchos de ellos iberoamericanos) que llegó a España entre finales de los 90 y la primera década del nuevo siglo.
El desempleo de larga duración es la condena cotidiana de más del 40% de los jóvenes menores de 25 años. Las hipotecas abusivas agobian también a esos mismos jóvenes. La mayoría de quienes han logrado conservar su empleo sufre rebajas salariales y ha sido notificada que tendrá que trabajar más años para acceder a jubilaciones reducidas en su cuantía futura.
Las medidas del Gobierno, además de tardías, resultan claramente inequitativas en tanto han procurado atender primero las necesidades de los bancos y constructoras antes que las de los desocupados.
A su vez, las reformas propuestas por los socialistas españoles para fundar un nuevo modelo de producción y bienestar avanzan lentamente y no han logrado concitar el necesario consenso con las fuerzas de la oposición.
Mientras todo esto sucede, la crisis se arrastra durante meses y meses con la lógica secuela de desaliento, en tanto los españoles (y quienes allí residen) no perciben que el retorno a la senda de crecimiento y bienestar este cercana. Un desaliento que se potencia por el hecho de que varios países vecinos y socios (como es el caso de Alemania) están lográndolo.
Los jóvenes advierten además que los sindicatos funcionan, desde hace varias décadas, como actores que defienden a los trabajadores ocupados y mayores de 40 años que son los que disfrutan de las ventajas del modelo en materia de estabilidad en el empleo, mejoras salariales y acceso a las prestaciones del Estado de Bienestar.
Para intentar salir del atolladero, los sindicatos y las patronales, al ritmo cansino de las cosas de palacio, negocian la enésima reforma laboral, esta vez centrada en la negociación colectiva, una de las instituciones que, más allá de los cambios derivados de la libertad sindical, conserva la estructura y las rutinas definidas en tiempos del dictador Francisco Franco (continúa).
martes, 24 de mayo de 2011
La irrespondable idea de potenciar los asentamientos pobres
De las recientes elecciones salteñas, además de la abrumadora mayoría lograda por el Gobernador Urtubey y su régimen de colectoras que ha destruido a los partidos políticos, han surgido algunos pequeños cambios positivos. Me refiero al relevo de varios Intendentes, un hecho que expresa el creciente interés en los asuntos municipales.
Los nuevos Intendentes tienen enormes desafíos. El primero, lograr un trato justo por parte del Gobernador que es quién tiene la llave de la caja y quién distribuye los recursos sin los cuales todos los municipios salteños perecerían por asfixia financiera.
El segundo desafío es el crecimiento poblacional influido por las migraciones internas e internacionales. Un problema que se agiganta cuando hablamos de los municipios que circundan a la capital de Salta que ejerce una atracción irresistible sobre quienes viven en zonas con menos oportunidades urbanísticas, de empleo, de ocio y de consumo.
Varias localidades del Valle de Lerma están convirtiéndose, en el mejor de los casos, en precarias ciudades dormitorios de personas que viajan diariamente a la capital para trabajar, hacer trámites, o proveerse de bienes y servicios.
Algunos viejos Intendentes, como el de Cerrillos, han descubierto las ventajas que esto tiene para su eternización en el poder: alientan asentamientos, proveen de DNI a los asentados y los fidelizan con pequeñas dádivas a cambio de su voto y de su presencia ululante en cuanta fiesta o marcha convoque. Pero estos movimientos poblacionales no son neutros en materia de servicios urbanos y sociales. Veamos un caso.
El señor Gobernador acaba de anunciar que en el área de Atocha, Municipio de San Lorenzo, se asentarán 10.000 personas en terrenos fiscales. Como es fácil imaginar, semejante operación desequilibrará al Municipio que, de no mediar un milagro, tendrá que hacerse cargo de la provisión de servicios y ayudas a los nuevos habitantes.
La renta per cápita que hoy dispone la Municipalidad de San Lorenzo para atender a sus casi 15.000 vecinos, muchos de los cuales tienen necesidades básicas insatisfechas, se reducirá drásticamente.
El agua disponible (que ya resulta escasa), deberá dividirse entre más personas. Otro tanto ocurrirá con los servicios de educación, salud, seguridad y asistencia social. Con el agravante de que los planes de vivienda y asentamiento no otorgan prioridad a los sanlorenceños de escasos recursos que están siendo obligados a emigrar.
Este problema tiene, al menos en teoría, varias soluciones:
Una de ellas pasa por que el nuevo Intendente plantee al Gobernador la necesidad de un Fondo Provincial que financia los servicios públicos que demandarán los nuevos habitantes, al estilo del Fondo del Conurbano Bonaerense.
La otra, es dejar que todo transcurra como si de un cataclismo natural se tratase.
Los nuevos Intendentes tienen enormes desafíos. El primero, lograr un trato justo por parte del Gobernador que es quién tiene la llave de la caja y quién distribuye los recursos sin los cuales todos los municipios salteños perecerían por asfixia financiera.
El segundo desafío es el crecimiento poblacional influido por las migraciones internas e internacionales. Un problema que se agiganta cuando hablamos de los municipios que circundan a la capital de Salta que ejerce una atracción irresistible sobre quienes viven en zonas con menos oportunidades urbanísticas, de empleo, de ocio y de consumo.
Varias localidades del Valle de Lerma están convirtiéndose, en el mejor de los casos, en precarias ciudades dormitorios de personas que viajan diariamente a la capital para trabajar, hacer trámites, o proveerse de bienes y servicios.
Algunos viejos Intendentes, como el de Cerrillos, han descubierto las ventajas que esto tiene para su eternización en el poder: alientan asentamientos, proveen de DNI a los asentados y los fidelizan con pequeñas dádivas a cambio de su voto y de su presencia ululante en cuanta fiesta o marcha convoque. Pero estos movimientos poblacionales no son neutros en materia de servicios urbanos y sociales. Veamos un caso.
El señor Gobernador acaba de anunciar que en el área de Atocha, Municipio de San Lorenzo, se asentarán 10.000 personas en terrenos fiscales. Como es fácil imaginar, semejante operación desequilibrará al Municipio que, de no mediar un milagro, tendrá que hacerse cargo de la provisión de servicios y ayudas a los nuevos habitantes.
La renta per cápita que hoy dispone la Municipalidad de San Lorenzo para atender a sus casi 15.000 vecinos, muchos de los cuales tienen necesidades básicas insatisfechas, se reducirá drásticamente.
El agua disponible (que ya resulta escasa), deberá dividirse entre más personas. Otro tanto ocurrirá con los servicios de educación, salud, seguridad y asistencia social. Con el agravante de que los planes de vivienda y asentamiento no otorgan prioridad a los sanlorenceños de escasos recursos que están siendo obligados a emigrar.
Este problema tiene, al menos en teoría, varias soluciones:
Una de ellas pasa por que el nuevo Intendente plantee al Gobernador la necesidad de un Fondo Provincial que financia los servicios públicos que demandarán los nuevos habitantes, al estilo del Fondo del Conurbano Bonaerense.
La otra, es dejar que todo transcurra como si de un cataclismo natural se tratase.
viernes, 20 de mayo de 2011
Salta Irrelevante
Mas de un tercio de los Presidentes Argentinos nació en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, los tres Presidentes nacidos en Salta colocan a nuestra Provincia en un puesto importante.
Dos de ellos accedieron a la primera magistratura por el voto ciudadano y tras la renuncia del Presidente (José Evaristo Uriburu) o del fallecimiento de su compañero de fórmula (Victorio de la Plaza).
El tercero (José Félix Uriburu) lo hizo a través del primer golpe militar de la República. En materia de candidaturas presidenciales sobresale la de Robustiano Patrón Costas frustrada por la revolución de 1943 que abrió las puertas al largo ciclo peronista.
Otros comprovincianos llegaron a postularse como vicepresidentes, pero alcanzaron muy pocos votos. En los últimos años los candidatos fueron Armando Jaime (acompañando a Agustín Tosco), Ricardo Gómez Diez (que compartió formula con Ricardo López Murphy), Juan Carlos Romero (compañero de Carlos Menem) y yo mismo que integré la fórmula de Acción por la República con Domingo Cavallo.
Salta fue también una importante proveedora de ministros nacionales. Alrededor de 20 comprovincianos ejercieron altas responsabilidades en los gabinetes nacionales de diferente orientación, siendo probablemente Indalecio Gómez el que alcanzó mayor relieve gracias a su intervención de la Ley Sáenz Peña.
Este repaso muestra uno de los indicadores de la influencia salteña en la escena política nacional. A partir de estos datos, me atrevería a concluir que el peso político de Salta viene experimentando una apreciable caída. Una caída que quizá podría revertir la eventual candidatura presidencial del señor Urtubey, aunque es muy pronto para hablar de ello.
Otra forma de medir nuestra influencia es repasar las transferencias no automáticas de fondos nacionales. En este sentido, como lo acaba de mostrar el diario La Nación, Salta ha caído en la irrelevancia en materia de recursos para las políticas sociales.
Pese a soportar una de las tasas de desocupación más altas, nuestra Provincia no recibe ni un solo peso para el programa de empleo más importante: me refiero al Programa Argentina Trabaja.
Esta lamentable omisión puede obedecer a dos circunstancias: O se trata de una represalia nacional o, lo que me parece más probable, las autoridades locales se han dormido en presuntos laureles.
En realidad, el Programa Argentina Trabaja no es un simple subsidio a los pobres, sino un sistema muy articulado de prestaciones que de verdad fomentan el empleo. Su puesta en marcha requiere de una especial capacidad de las autoridades provinciales y municipales.
Y, por mucho que nos pese, estas suelen preferir cosas más simples, que no les exijan mucho esfuerzo y que brinden réditos electorales fáciles.
El señor Gobernador debería aclarar esto y, si acaso, tomar cartas en el asunto para lograr que Argentina Trabaja beneficie a miles de saleños.
Dos de ellos accedieron a la primera magistratura por el voto ciudadano y tras la renuncia del Presidente (José Evaristo Uriburu) o del fallecimiento de su compañero de fórmula (Victorio de la Plaza).
El tercero (José Félix Uriburu) lo hizo a través del primer golpe militar de la República. En materia de candidaturas presidenciales sobresale la de Robustiano Patrón Costas frustrada por la revolución de 1943 que abrió las puertas al largo ciclo peronista.
Otros comprovincianos llegaron a postularse como vicepresidentes, pero alcanzaron muy pocos votos. En los últimos años los candidatos fueron Armando Jaime (acompañando a Agustín Tosco), Ricardo Gómez Diez (que compartió formula con Ricardo López Murphy), Juan Carlos Romero (compañero de Carlos Menem) y yo mismo que integré la fórmula de Acción por la República con Domingo Cavallo.
Salta fue también una importante proveedora de ministros nacionales. Alrededor de 20 comprovincianos ejercieron altas responsabilidades en los gabinetes nacionales de diferente orientación, siendo probablemente Indalecio Gómez el que alcanzó mayor relieve gracias a su intervención de la Ley Sáenz Peña.
Este repaso muestra uno de los indicadores de la influencia salteña en la escena política nacional. A partir de estos datos, me atrevería a concluir que el peso político de Salta viene experimentando una apreciable caída. Una caída que quizá podría revertir la eventual candidatura presidencial del señor Urtubey, aunque es muy pronto para hablar de ello.
Otra forma de medir nuestra influencia es repasar las transferencias no automáticas de fondos nacionales. En este sentido, como lo acaba de mostrar el diario La Nación, Salta ha caído en la irrelevancia en materia de recursos para las políticas sociales.
Pese a soportar una de las tasas de desocupación más altas, nuestra Provincia no recibe ni un solo peso para el programa de empleo más importante: me refiero al Programa Argentina Trabaja.
Esta lamentable omisión puede obedecer a dos circunstancias: O se trata de una represalia nacional o, lo que me parece más probable, las autoridades locales se han dormido en presuntos laureles.
En realidad, el Programa Argentina Trabaja no es un simple subsidio a los pobres, sino un sistema muy articulado de prestaciones que de verdad fomentan el empleo. Su puesta en marcha requiere de una especial capacidad de las autoridades provinciales y municipales.
Y, por mucho que nos pese, estas suelen preferir cosas más simples, que no les exijan mucho esfuerzo y que brinden réditos electorales fáciles.
El señor Gobernador debería aclarar esto y, si acaso, tomar cartas en el asunto para lograr que Argentina Trabaja beneficie a miles de saleños.
jueves, 19 de mayo de 2011
La salud como negocio
Unos piensan que su salud está en manos de la providencia. Otros se encomiendan a los médicos. La mayoría confía en una combinación de ciencia, genética, religión y destino. Pero no, nuestra salud está en manos de una red de poderosos intereses que lucran con los nacimientos, la enfermedad y la muerte.
Seguramente la providencia contempla impotente la configuración del negocio de la salud en la Argentina; un negocio donde la mayoría de los profesionales del arte de curar han devenido piezas de un sistema que no controla.
¿Quienes manejan los hilos del negocio de la salud? Por la magnitud de los recursos que administran y por el porcentaje de la población que cubren las Obras Sociales, los sindicalistas ocupan un lugar preponderante.
Pero muchos sindicalistas han considerado más lucrativo ceder la atención de la salud de los trabajadores a empresas privadas (algunas encabezadas por sus compañeras sentimentales) que se encargan de contratar médicos y hospitales, de comprar medicamentos y de dispensar prestaciones.
Existe un segundo escalón ocupado por grupos capitalistas que al amparo de la carencia de reglas han diseñado un negocio de alta rentabilidad.
Varios de los grupos que controlan las principales empresas de medicina prepaga son los que hoy controlan indirectamente a las Obras Sociales Sindicales (y por extensión a los médicos).
Dicho en otras palabras: en los últimos años se ha producido un fenomenal proceso de concentración del negocio de la salud, con el añadido de que el sustancial aumento del dinero que maneja este segmento concentrado no se ha traducido en una simétrica mejoría de las prestaciones.
En ambos segmentos del negocio se mueven dos tipos de recursos:
Mientras las Obras Sociales Sindicales manejan recursos cuasi públicos, las empresas de medicina prepaga administran cuotas similares a las primas de seguros privados.
Esta distinción debiera servir para exigir transparencia en la gestión de las Obras Sociales y control estatal de las compañías de medicina prepaga.
Hasta ahora, ambos mundos se han movido en el reino de la discrecionalidad y del abuso. La reciente Ley que regula las empresas de medicina prepaga, en cuando intervienen en un negocio donde está en juego la vida y la salud de los argentinos, es un paso importante.
Pienso que la regulación es bienvenida, aunque puede que el legislador haya incurrido en errores que habrá que analizar.
Pero queda por delante un gran desafío: Poner a las Obras Sociales Sindicales bajo el control democrático de los afiliados, promover la libre elección y someter a los gerentes a reglas de honestidad y buen gobierno.
Seguramente la providencia contempla impotente la configuración del negocio de la salud en la Argentina; un negocio donde la mayoría de los profesionales del arte de curar han devenido piezas de un sistema que no controla.
¿Quienes manejan los hilos del negocio de la salud? Por la magnitud de los recursos que administran y por el porcentaje de la población que cubren las Obras Sociales, los sindicalistas ocupan un lugar preponderante.
Pero muchos sindicalistas han considerado más lucrativo ceder la atención de la salud de los trabajadores a empresas privadas (algunas encabezadas por sus compañeras sentimentales) que se encargan de contratar médicos y hospitales, de comprar medicamentos y de dispensar prestaciones.
Existe un segundo escalón ocupado por grupos capitalistas que al amparo de la carencia de reglas han diseñado un negocio de alta rentabilidad.
Varios de los grupos que controlan las principales empresas de medicina prepaga son los que hoy controlan indirectamente a las Obras Sociales Sindicales (y por extensión a los médicos).
Dicho en otras palabras: en los últimos años se ha producido un fenomenal proceso de concentración del negocio de la salud, con el añadido de que el sustancial aumento del dinero que maneja este segmento concentrado no se ha traducido en una simétrica mejoría de las prestaciones.
En ambos segmentos del negocio se mueven dos tipos de recursos:
Mientras las Obras Sociales Sindicales manejan recursos cuasi públicos, las empresas de medicina prepaga administran cuotas similares a las primas de seguros privados.
Esta distinción debiera servir para exigir transparencia en la gestión de las Obras Sociales y control estatal de las compañías de medicina prepaga.
Hasta ahora, ambos mundos se han movido en el reino de la discrecionalidad y del abuso. La reciente Ley que regula las empresas de medicina prepaga, en cuando intervienen en un negocio donde está en juego la vida y la salud de los argentinos, es un paso importante.
Pienso que la regulación es bienvenida, aunque puede que el legislador haya incurrido en errores que habrá que analizar.
Pero queda por delante un gran desafío: Poner a las Obras Sociales Sindicales bajo el control democrático de los afiliados, promover la libre elección y someter a los gerentes a reglas de honestidad y buen gobierno.
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