Perfil del próximo Gobernador de Salta: ¿Vengador, "Hornero" o Estadista?

Un ciclo político cargado de improvisaciones, amiguismo, imposturas, gestos mayestáticos y vasallaje al poder central parece estar llegando a su fin. Por tanto, pese a que aún restan dos años de mandato, es bueno imaginar las condiciones capaces de alumbrar un mejor futuro para Salta y su gente.

Tengo por cierto que este mejor futuro es algo por conquistar; una meta a la que arribaremos solo si somos capaces de rencontrarnos en la Constitución, de abandonar la abulia, el facilismo y la pereza mental que de tanto en tanto nos asalta apartándonos de nuestro mejor pasado.

Si bien el futuro es una construcción colectiva que compromete a mayorías y minorías, que convoca a todos los sectores sociales, que reclama de las generaciones presentes atención por las generaciones por venir, me centraré en la figura y en las tareas prioritarias del Gobernador o Gobernadora que elegiremos en 2015.

Como surge de nuestra experiencia institucional, el nuevo mandatario podrá optar entre dos escenarios harto conocidos.

El primero, le llevará a ajustar cuentas con su antecesor, cazando traidores e instrumentalizando a fiscales y jueces para eliminar competidores. El Vengador recaerá en viejos vicios: Utilizará la ayuda social para reforzar su clientela, construirá fondos de reptiles, despreciará las instituciones de la república. En este escenario, su lema será, como hoy, “Gobernar es disciplinar y nombrar”; es decir, perseguir y saturar la Administración de amigos, parientes e incondicionales.

El segundo escenario nos muestra a una Gobernadora o Gobernador que recrea el estilo de Ricardo J. Durand. El nuevo “Hornero” se empeñará en resolver lo que no abordó un mandato sin gestión; procurará reconstruir la seguridad de los salteños; emprenderá obras de infraestructura imprescindibles (agua, redes cloacales, ferrocarriles, caminos, espacios verdes, comunicaciones). Su lema será “Gobernar es construir”.

El cambio cultural como prioridad

Pero hay un tercer escenario poco conocido por los salteños. Me refiero a una situación en donde un Estadista advierte la urgente necesidad de promover y acompañar un cambio cultural de gran calado. Una transformación que, mientras nos reconcilia con nuestras mejores tradiciones, nos acerca al mundo de las democracias sociales avanzadas. El lema de este Primer Mandatario será “Gobernar es educar para la convivencia y la ciudadanía”.

A mi entender, esta priorización de la educación deberá ser acompañada por las metas propias del “Hornero”: Construir espacios habitables que respeten los equilibrios ambientales y sociales. Salta está territorialmente fracturada y en su geografía es imposible la igualdad de oportunidades; muchos están obligados a emigrar, y muchos más a vivir en condiciones que ofenden la dignidad humana. El hacinamiento, la macrocefalia y la especulación edilicia que destruye el ambiente, pueden resolverse a partir de las posibilidades abiertas por la agroindustria, la minería y el turismo. Como bien apuntara Javier Cornejo, es preciso fundar nuevas ciudades en el Este provincial. 

El gran proyecto de Reforma Cultural nace de reconocer que padecemos severos problemas en el campo de nuestra cultura cívica, productiva, social y relacional, y se complementa con una certeza múltiple: La ruptura entre familia y escuela, el auge de lo banal, la insuficiente capacitación docente, la persistencia de currículas anacrónicas y dogmáticas, nos plantean un enorme desafío, acrecido por la feliz ampliación de las fronteras de la Libertad.

La violencia en sus distintas manifestaciones (vecinal, escolar, familiar, sexual, deportiva), tanto como la incultura cívica -base del clientelismo y de los malos Gobiernos-, expresan también nuestros déficits culturales y educativos.

Sin pretender asumir tareas propias de especialistas, diré que no alcanza con retocar el funcionamiento de la red escolar. Necesitamos replantearnos los contenidos, reincorporar a la familia y al voluntariado, sumar a las fuerzas de la producción y a los intelectuales a la ímproba tarea de educar para el cambio.

Solamente la conjunción de estos actores permitirá que escuela, familia y sociedad asuman eficazmente la tarea de educar para la convivencia, para la libertad en todas sus facetas y para su ejercicio responsable. Siendo que nuestra cultura del trabajo adolece de flagrantes debilidades, la educación para la producción, la revalorización del esfuerzo, y la reforma de las relaciones colectivas, son urgencias que el Gobernador Estadista (2015/2019) tendrá que abordar.

Triunfar en este ambicioso empeño reclama de gobernantes ejemplares; que ejerzan su función con apego a los principios republicanos de honradez, transparencia y sobriedad. ¿Cómo formar auténticos ciudadanos cuando el Gobernador fomenta el clientelismo, desprecia la Ley y usa el poder en beneficio de sobrinos y amigos?

Hacer de Salta una provincia democrática requiere, además, prohibir reelecciones, reformar las reglas electorales para dar a mayorías y minorías lo que el electorado determina. Reclama garantizar a todos el acceso a una Justicia rápida, independiente y justa. Exige profesionalizar la Administración Pública, y hacer realidad la autonomía municipal. Ha pasado la hora de los caudillos.

Salta y sus desequilibrios institucionales y culturales

¿A qué se debe el creciente malestar y el desasosiego que se extiende por amplias capas de la ciudadanía salteña? Si bien contribuyen a ello la marcha de la economía y la evolución de los asuntos nacionales, no podemos ignorar que esa doble sensación tiene mucho que ver con el pobre diseño y el peor funcionamiento de las instituciones provinciales.

Salta no cuenta con un verdadero “Estado de derecho, democrático y social”. En realidad, un denso subdesarrollo político envuelve nuestras instituciones -públicas y privadas- y nuestra cultura.

Si por Estado de Derecho entendemos la sujeción de las relaciones sociales y de poder a las normas jurídicas, es forzoso constatar que en nuestra Provincia existe una acentuada propensión a eludir la Ley. Una vocación que, ciertamente, exhiben los distintos órdenes de gobierno y de la administración, pero que comparte el común de los habitantes de nuestro territorio.

Llevamos muchos años viviendo dentro de un régimen que produce normas jurídicas a sabiendas de que serán generalmente incumplidas. Se legisla, no para hacer realidad los valores y principios constitucionales, sino para las galerías, para seguir modas o para maquillar posiciones; si las encuestas revelan la preocupación ciudadana por el ambiente, pues los legisladores se visten de verde; si hablan de reverenciar a Güemes, pues toca disfrazarse de gaucho; si muestran el amor del pueblo por Evita, pues eso.

La prueba más evidente de todo esto es la prolija desarticulación de las funciones de inspección administrativa. ¿De qué vale tener una excelente Ley de Bosques Nativos si el poder de turno carece de vocación para hacerla cumplir? ¿De qué sirven las reglas para la edificación y los planes urbanos si los Municipios carecen de funcionarios con voluntad de inspeccionar obras y proyectos, sobre todo cuando hay que lidiar con “pesos pesados”? ¿Qué sentido tiene un buen Código de Aguas cuando el ente encargado no tiene ni medios ni voluntad para garantizar su cumplimiento?

Las modernas leyes dictadas para defender a los consumidores son papel mojado en un entorno donde nadie se siente, siquiera, obligado a colocar el precio de los productos, dando pie a los abusos que soportan ciudadanos casi resignados.

Estado constitucional, democrático y social

Salta tampoco es un Estado Democrático. Y no lo es por la sencilla razón de que sus leyes electorales distorsionan gravemente la voluntad de los ciudadanos, primando a las mayorías relativas y castigando a las minorías. Con el agravante de que, a poco de elegidos, varios de los representantes minoritarios que lograron eludir trampas y cepos, serán domesticados por el poder que reside en Las Costas.

Este deplorable panorama resulta potenciado por la intencionada destrucción de los partidos políticos locales, en nombre de un “transversalismo” o de un falso consenso que solo procura la concentración del poder.

¿Cómo hablar de democracia en una Provincia en donde el Estado es colonizado hasta sus más recónditos espacios por quién inviste el título de Gobernador? Cuando la producción de normas, el dictado de sentencias, la gestión administrativa, el control de los actos de gobierno, la distribución de los recursos públicos, la designación de funcionarios de todas las jerarquías, los contenidos de la educación, o el ingreso de decenas de miles de salteños dependen de la voluntad del señor de Las Costas, forzoso es concluir que vivimos bajo un personalismo travestido de estatismo y que, para colmo de males, tiene pretensiones dinásticas.

Se trata de un estatismo que repudia las expresiones de la autonomía ciudadana. De allí su intención de someter a los sindicatos, a los colegios profesionales y a las organizaciones no gubernativas. Piénsese sino en el caso de los centros vecinales ahogados por exigencias burocráticas que culminan en un régimen de subsidios municipales que abren las puertas a la dominación.

Salta tampoco es un Estado Social. No lo es, en tanto y en cuanto las prestaciones que atienden necesidades básicas se disciernen con criterio clientelar y no como derechos subjetivos. Una educación pública que, a duras penas, brinda los conocimientos elementales pero se revela incapaz de universalizar la instrucción cívica, de promover la convivencia y de educar la sexualidad, es otra muestra de que Salta carece de lo elemental.

Construyendo un futuro peligroso y oscuro

El Estado salteño, en muchos casos con la aquiescencia de segmentos sociales, alienta la construcción de un futuro desolador. Un futuro que incluye la devastación de bosques, la contaminación de ríos, las consecuencias de una educación entregada a los dogmas dieciochescos, los asentamientos poblacionales en condiciones miserables, la destrucción de las ciudades a manos de la especulación inmobiliaria y de la negligencia del poder inspector. Sin olvidar las consecuencias de una pésima gestión en materia de infraestructuras (transporte, comunicaciones, almacenamiento, investigación, ciencia y tecnología), y de la reseñada destrucción o bastardeo de las instituciones republicanas.   

 

 

SALTA NECESITA REFORMAR SU JUSTICIA. DEBE HACERLO DENTRO DE LA CONSTITUCION DEMOCRATICA

Se equivocan quienes piensan que las legiones ciudadanas que se opusieron a la inconstitucional reforma propiciada por doña Cristina Fernández de Kirchner, están conformes con el actual funcionamiento de la justicia.

Como muchos comprovincianos, pienso que el Poder Judicial de Salta está urgido de reformas que faciliten el acceso de todos a la justicia y que lo conviertan en una herramienta eficaz de tutela de nuestros derechos; sobremanera, de nuestros derechos fundamentales. Por consiguiente, lejos de buscar el sometimiento de los jueces a ocasionales mayorías políticas, esas reformas deben apuntar en varias direcciones.

Se impone, en primer lugar, reforzar la independencia de los jueces. Si bien hemos debatido bastante acerca de las injerencias del Gobierno nacional, un lamentable silencio reina sobre las interferencias -sutiles o desembozadas- que el Gobierno de Salta despliega sobre el Poder Judicial o sobre el Ministerio Público local.

Estas interferencias comienzan, desde luego, con la conformación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, ámbitos en donde el Gobernador promueve la exclusión de las verdaderas minorías que actúan en la Cámara de Diputados. Así, por ejemplo, los 3 diputados que integran nuestro Consejo de la Magistratura pertenecen al frente oficialista.

En idéntica dirección, sería deseable un doble compromiso público del Gobernador: En favor de la independencia de los jueces, y en contra de la actuación de personajes pretendidamente influyentes que invocan reales o presuntas cercanías con el poder político.

A su vez, el Estado provincial debería adoptar las medidas necesarias para que todas las magistraturas y secretarías estén cubiertas por funcionarios permanentes, designados siguiendo las reglas de la Constitución Provincial. En este sentido, la apelación a subrogancias debería ser excepcional; un régimen de retiros anticipados por razones de salud ayudaría a este objetivo.

Adviértase además que el Gobierno parece estar siendo negligente en la puesta en marcha del régimen especial de jubilaciones; tal actitud impide que muchos magistrados accedan voluntariamente a tal régimen y, por ende, demora la renovación intelectual y el rejuvenecimiento de las magistraturas.

Como es fácil entender, para que esta renovación cumpla plenamente sus objetivos, hace falta que el señor Gobernador y las fuerzas políticas que le acompañan abandonen su tendencia a reclutar jueces, fiscales y altos funcionarios dentro del estrecho círculo de sus relaciones familiares o sociales.

Acceso a una justicia ágil y de alta calidad

El segundo objetivo de una reforma judicial que encaje dentro de los principios constitucionales, apunta a garantizar el acceso universal a la justicia. Para lo cual la Provincia debería completar el despliegue territorial de los tribunales siguiendo la evolución demográfica de nuestras ciudades y pueblos. La creación de una “justicia de proximidad”, radicada en los barrios de los centros más populosos, ayudaría a este objetivo. El desarrollo de una Justicia de Paz Letrada para atender asuntos vecinales y de familia, sería otro paso adelante.  

En el terreno de la eficacia, es mucho lo que puede hacer el Poder Judicial de Salta para salir de la morosidad y las imprecisiones que aquejan a algunos de sus fueros e instancias. Por ejemplo:

a) Completar el despliegue informático, potenciar la Escuela de la Magistratura (procurando que los jueces asuman sin reticencias la definitiva cosmopolitización del orden jurídico que tutela los derechos fundamentales), y animarse a salir a la calle cuando la resolución de un caso lo haga aconsejable; los jueces encerrados en sus despachos y proclives a delegar las inspecciones oculares, no son la mejor opción; b) Revisar urgentemente sus herramientas estadísticas que, al parecer, no reflejan fielmente el movimiento de los tribunales; esta medida tendría que ser acompañada con el acceso público a los datos; c) En muchos casos, los jueces piensan que los plazos procesales corren únicamente respecto de los litigantes y prefieren ignorar olímpicamente los tiempos que los códigos les imponen para resolver las causas. Sería bueno que asumieran aquello de que una justicia lenta no es justicia plena; d) La incorporación del procedimiento monitorio y, bajo determinadas condiciones, de la conciliación guiada por expertos, aceleraría la satisfacción de los derechos obreros; y, e) Un Programa de Calidad, definido autónomamente por cada una de las unidades judiciales, ayudaría en este propósito de celeridad y desburocratización.

Nuevos fueros para los nuevos derechos

Pero la creación de fueros especializados es, si acaso, la reforma más urgente. Hay evidencias de que los juzgados civiles funcionan como “cajones de sastre” en donde se agolpan causas que reclaman tratamientos especializados. Me refiero, por ejemplo, a los asuntos relacionados con el urbanismo, el ambiente, los conflictos colectivos (laborales y no laborales), las querellas vecinales, los accidentes de tránsito y del trabajo.

En resumen: Hay mucho por hacer. Y todo puede y debe hacerse dentro del marco de nuestra democracia constitucional, y procurando un amplio y público consenso.    

Salta y los salteños ante los límites del crecimiento urbano

En los años de 1970 un grupo de visionarios, convocados por el Club de Roma, formuló una pregunta llamada a tener enorme repercusión en los debates académicos y políticos: “¿Existen límites al crecimiento?” (Véase MEADOWS, D. y otros "Los límites del crecimiento - Edición 2012, Editorial TAURUS). Parafraseando a estos expertos, quienes vivimos en la ciudad de Salta deberíamos formularnos varias preguntas:

¿Es posible mantener el actual ritmo de crecimiento urbano sin atender a las restricciones de los recursos disponibles? ¿Es social, urbana, y económicamente sustentable el crecimiento exponencial que experimenta la construcción de edificios de altura, en un contexto de falta de inversión pública y privada en obras de infraestructura?

¿Estamos adoptando las previsiones para que las generaciones futuras disfruten de una Salta equilibrada, sana y segura? ¿Está la Municipalidad de Salta en condiciones de encauzar la industria de la construcción dentro del marco constitucional y legal que garantiza nuestros derechos al ambiente, al paisaje y a una ciudad donde todos vivamos dignamente?

El colapso del agua y de la red cloacal

No hace falta recurrir a las estadísticas para comprobar que el centro de nuestra ciudad está siendo sembrado de edificios de altura que alteran entornos, colapsan nuestra precaria red cloacal, y aceleran la guerra por el agua para consumo humano; una guerra que los mono-bloques van ganando a las tradicionales casas bajas de nuestro centro histórico.     

En realidad, Salta carece de agua suficiente para los casi 700.00 habitantes, muchos de los cuales la derrochan de modo salvaje. La posibilidad de que esta carencia estructural pudiera ser remediada mediante obras de almacenamiento y distribución, es remota en tanto tales obras no están en los presupuestos ni en el horizonte de los gobernantes. Pero es además seguro que -incluso ejecutándolas a marcha forzada- en los próximos años la falta de agua potable no hará sino aumentar nuestras penurias.

El estado de nuestra red cloacal se comprueba visitando la planta depuradora o, por ejemplo, el cauce del rio Arenales que se ha convertido en un vertedero de aguas negras y putrefactas, ante la pasividad de las autoridades que solo atinan a tapar la realidad o a transferir responsabilidades.

La ciudad, con el beneplácito de los gobernantes, muchas veces asociados al fenómeno, está en manos de una trepidante especulación inmobiliaria que construye sin orden ni concierto, y que no repara en medios para alcanzar sus objetivos, aunque estos sean contrarios a las Ordenanzas vigentes.

No está de más advertir que aquella especulación está provocando una “burbuja inmobiliaria” alentada por la ausencia de otros mecanismos de ahorro y por la irrupción de distintas modalidades de dinero negro. Y es bueno recordar que cuando estas burbujas urbanas estallan dejan detrás de si desempleo, viviendas sin vender, licuación de precios y otros quebrantos económicos.

La Municipalidad no está al servicio de todos

Hay que añadir que la Municipalidad de la Capital, que en este sentido actúa en fina sintonía con Las Costas, no se plantea siquiera poner las instituciones al servicio del interés general, en tanto actúa convencida de que la especulación inmobiliaria crea riqueza y empleos y que da “soluciones habitacionales”.

Por supuesto, el señor Intendente y sus portavoces se preocupan por “vestirse de verde”, viajando a cuanto foro ambientalista se convoque en el mundo. Pero este discurso sedicentemente progresista es desmentido a diario por el maridaje celebrado con los especuladores y por la negligencia con que tratan las quejas de los vecinos y los problemas de los servicios esenciales.

Cuando un juzgado penal ha comprobado que no menos de 100 edificios de altura se han hecho al margen de la ley y en muchos casos de modo fraudulento, la Municipalidad responde con un blanqueo generoso con los infractores, que ofende a los perjudicados, y que daña a las futuras generaciones.

Cuando la misma Municipalidad y el Gobierno provincial constatan la escasez de suelo edificable, se lanzan con inusitada voracidad sobre cualquier espacio verde aunque sea inundable (es el caso de las 40 hectáreas expropiadas por la Ley 7.752) o haya sido declarado reserva ambiental (“Loma Balcón”).

En tiempos electorales, el oficialismo se precipita a promover “asentamientos” y  distribuye terrenos sin acceso a los servicios mínimos; vale decir, alienta la creación de espacios urbanos a sabiendas de que allí será imposible la vida digna.

Para dar visos de legalidad a su accionar incompetente, las distintas administraciones crean artilugios burocráticos (como los “certificados de pre-factibilidad”), desmantelan los servicios de Policía urbana y ambiental, o disimulan la carencia de medios y de voluntad política para asegurar que las nuevas edificaciones de altura sean sísmicamente seguras.

Un panorama sin duda desolador, que transcurre y se agrava ante la negligencia de muchos y la impotencia de los pocos que se atreven a poner el grito en el cielo y a reclamar por la vigencia de los derechos urbanísticos fundamentales.

ADMINISTRACIONES POLITIZADAS Y SIN AUTONOMIA

Mucho hablamos del feroz avance de la Presidenta sobre la independencia de los jueces. También del penoso verticalismo que impera en el Congreso de la Nación. Ambas degradaciones de la democracia constitucional se verifican también en Salta, aunque en este caso las operaciones que apuntan a la extrema concentración del poder se realizan al amparo de una cierta abulia provinciana.

Sin embargo, se habla menos de dos maniobras de idéntica intencionalidad y de gran calado que llevan a cabo, con leves matices pero similar eficacia, doña Cristina Fernández de Kirchner y don Juan Manuel Urtubey. Me refiero a la politización de las Administraciones Públicas (AAPP) y al avasallamiento de las autonomías municipales.

Las administraciones públicas como herramienta partidista

Las Administraciones Públicas son, entre otras cosas, el lugar en donde los ciudadanos nos relacionamos con el Estado. La ventanilla de la Secretaría de Ambiente de Salta, por poner un ejemplo, es el sitio en donde se concretan nuestros reclamos y peticiones; en la trastienda de este escueto lugar, se despliega lo que se conoce como burocracia estatal. Un cuerpo que incluye pocos y sufridos funcionarios de carrera, altos jerarcas que responden a los dictados y deseos del Gobernador, y una apreciable cantidad de empleados designados discrecionalmente por los gobiernos de turno.

Contemporáneamente una Administración Pública es democrática cuando el Estado garantiza: La supremacía de la constitución y de las leyes sobre el poder director del Gobierno; el control judicial de los actos administrativos; el derecho de los ciudadanos a participar en la administración y acceder a la información pública; y la designación por concurso de todos los cargos administrativos, desde el nivel inferior hasta las Direcciones Generales.

Como fácilmente comprueba a diario quién realiza gestiones o tiene abiertas instancias administrativas, estos cuatro caminos se encuentran empantanados en Salta y en otras jurisdicciones. La “misma sangre”, el amiguismo, la obsecuencia o la galantería son algunas de las vías de acceso a los empleos públicos. Es seguro que pertenecer a La Cámpora pesa más que un doctorado u otras manifestaciones de idoneidad.

Mientras que en el ámbito nacional el control judicial de los actos administrativos ha sido severamente erosionado por la reciente Ley que prácticamente elimina las medidas cautelares, en Provincias como Salta el acceso a la información pública resulta retaceado por reglamentos autoritarios, u obstruido por prácticas feudales. A su vez, la sujeción de las AAPP a la Ley tropieza con la “verticalización” de las legislaturas y con la lisa y llana arbitrariedad de los burócratas de turno.

Los municipios como oficinas del poder central

En la Argentina, la autonomía municipal, otrora considerada uno de los pilares del Estado Democrático, ha sido arrasada, aun cuando asistamos a un larvado combate entre la Presidenta de la República y los Gobernadores para ver quién obtiene la obediencia incondicional de Intendentes y Concejales.

El mismo teléfono que sirve para influir en pleitos y sentencias, se usa para persuadir a los Intendentes acerca de la conveniencia de acatar órdenes, movilizar militantes, montar festivales o repartir vino o ayudas a cambio de votos. Los recursos públicos de arbitraria asignación cumplen el mismo papel indigno. De modo que no debiera sorprendernos que luego de votar a un Intendente que integraba una lista opositora al Gobernador, el elegido esté pronto a saltar el cerco y sumarse al oficialismo.

Pero la supresión de las autonomías municipales tiene varias facetas más. De un lado, la asfixia económica que termina alentando el transfuguismo; vale decir el paso de la lealtad al votante, a la lealtad al gobernante. De otro, la negligencia o la pura ineficacia que convierte a muchos municipios en tierra de nadie o en espacios en donde reina la ley de la selva.

Para ejemplificar estas situaciones podría referirme al caso de varios Municipios del Valle de Lerma, en uno de los cuales un alto funcionario suele relatar sus dificultades para hacer cumplir Ordenanzas cuando las mismas colisionan con los intereses de los “pesos pesados” de la zona.

No obstante, prefiero centrarme aquí en aspectos generales y poner énfasis en las penurias y problemas que este estado de cosas provoca en los habitantes de los municipios que luchan por el acceso al agua, al transporte y las comunicaciones; que procuran el mantenimiento y señalización de caminos, la iluminación de espacios públicos; o que defienden la vigencia de la Ley de Bosques Nativos o sus derechos a vivir en pueblos y ciudades suficientemente seguros, urbanizados y solidarios.

Cuando esta mirada sobre los gobiernos municipales se dirige a la realidad comunitaria salteña, es fácil advertir que la insignificancia de los Intendentes, los vacíos normativos o la violación de las reglas, favorecen a la prepotencia de unos y se asientan sobre la negligencia cívica de otros, en un contexto crecientemente autoritario.