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LA CGT-U MARCA SUS LÍNEAS ROJAS

Los sindicatos oficiales (vale decir, aquellos que cuentan con personería gremial) se han unificado para participar en el nuevo curso político que preside Mauricio Macri. Esta unidad, reedición de una centenaria estrategia, se apresta a defender al modelo sindical peronista así como al correlativo modelo económico autárquico y estatista que privilegia la industria, la logística y la obra pública, netos ganadores del tercio kirchnerista.

Como ocurriera en varias oportunidades anteriores, tal unidad no es unánime. Quienes no obtuvieron suficientes ventajas bajo el anterior gobierno (el sindicalismo rural, el de la energía y el de servicios, por ejemplo), expresaron disidencias y se marginaron del pacto que dio origen al nuevo Triunvirato.

Los líderes de la nueva CGT Unificada se han apresurado a marcarle “líneas rojas” al Gobierno de la Nación.

Algunas son las mismas que las defendidas -exitosamente- a lo largo de los últimos 70 años: “El modelo sindical peronista no se toca”. Otra tiene menos solera pero ha resultado igualmente exitosa: “El dinero de las obras sociales es propiedad de los sindicatos oficiales”; lo que equivale a decir que el movimiento obrero mayoritario reitera su obvio compromiso de defensa de la Ley 18.610 sancionada por Onganía.

Las líneas de exclusión que se refieren al modelo económico autárquico y estatista son bastante nítidas aun cuando hayan sido vulneradas en varios momentos de la historia argentina; así sucedió, por ejemplo, en tiempos dictatoriales y cuando las crisis extremas alentaron experimentos de liberalización (Isabel Perón, Carlos Menem).

Los triunviros y sus mentores se han expresado con el lenguaje parco, simbólico y contundente que es propio del sindicalismo oficial argentino. Han dicho (por si hiciera falta recordar posiciones ancestrales) que las paritarias seguirán persiguiendo a la inflación, y que la nueva CGT-U resistirá eventuales intentos de abrir la economía argentina para permitir el ingreso de productos extranjeros.

Aunque los sindicatos de la industria han ejemplificado este rechazo diciendo que no están dispuestos a competir con la producción china, en realidad advierten inveterada aversión a toda competencia con el exterior. De esta manera, ratifican elípticamente sus estrechos vínculos con nuestra (económicamente endeble pero políticamente poderosa) industria nacional.

Si bien los tiempos han cambiado, afortunadamente, y las reediciones de este tipo de componendas antidemocráticas son inviables, es bueno recordar que esta alianza estratégica, que nunca necesitó de pactos escritos, se activó para derribar al Presidente de la Rúa formando parte de lo que se llamó “coalición bonaerense” que reunió a peronistas y radicales de la provincia de Buenos Aires.

Por lo demás, y de momento, no hay nada que permita suponer que la CGT-U esté dispuesta a sentarse a una mesa tripartita a negociar una política de rentas que abata la inflación y la pobreza. Sucede, además, que tampoco hay indicios de que el Presidente Macri se apreste a abandonar el “ordeno y mando” para abrir el diálogo social.

Así las cosas, es fácil deducir que la mayoría del sindicalismo peronista pretende que Macri se convierta en un administrador (quizá más prolijo y eficiente) del modelo económico kirchnerista. En este escenario, la CGT-U dejarían la resistencia frente a las reformas republicanas en manos de los barones y señores feudales peronistas.   

En conclusión: Si el actual Gobierno se hace cargo de continuar subsidiando a los pobres (función que no cabe confundir con el objetivo “pobreza cero”), sigue permitiendo que los salarios pactados en paritarias oscilen alrededor de la inflación pasada, y mantiene los privilegios de la industria nacional que coloca a los consumidores como sus rehenes, hay que esperar un cierto idilio, no exento de ocasionales riñas, entre los tres grandes actores sociales (Estado, Patronal, Sindicatos).

Un idilio que, por cierto, no alcanzará para sosegar los desafíos que viene planteando el sindicalismo inspirado por la “familia leninista”.

Lo que equivale a decir que, más allá de los enunciados retóricos, el Triunvirato no se propone exigir el cese de la inflación, ni coordinar su acción reivindicativa para incorporar los problemas de los desocupados, de los jubilados, de los excluidos, de los trabajadores en negro o sin convenio colectivo. Quedan también fuera de su óptica centralista y masculina, los problemas del empleo de la mujer y los de los trabajadores de las provincias subdesarrolladas. Un conjunto de omisiones que no importa ninguna novedad.

Existen, no obstante, dos problemas que pudieran complicar aquel idilio imaginario entre Macri y los patrones y los sindicatos “nacional-industrialistas”: La recesión con desempleo y la devaluación del peso.

Vaqueros (Salta), 23 de agosto de 2016.      

    

¿Hacia adonde vamos?

Han transcurrido seis meses desde la asunción del Presidente Mauricio Macri, sin que sus equipos hayan logrado presentar al país un Plan de Gobierno que merezca el nombre de tal. Es cierto que heredó una severa crisis económica y una marcada degradación institucional. Es también cierto que no cuenta con mayoría en el Congreso de la Nación, y que el régimen anterior ocultó y manipuló indicadores económicos y sociales imprescindibles para gestionar el cambio.

Sin embargo, a estas alturas el Presidente Macri está obligado a mostrar cual es el rumbo estratégico que nos propone a todos; ha de hacerlo sobreponiéndose a los escándalos de corrupción que agobian a la opinión pública, desechando la tentación de usarlos como elementos de distracción, y dejando actuar al Poder Judicial.

Los desordenados debates que se suceden en la coalición gobernante entre los que propician un tratamiento de choque y los partidarios del gradualismo, no han traído claridad, desordenan la gestión y están lejos de conducir a la formulación de un Plan de Gobierno. 

La vacilante Argentina de hoy

Mientras esta Plan termina de llegar, la gestión de Macri mantiene y administra varias de las herramientas ideadas por el kirchnerismo para capear temporales: Inflación, emisión monetaria, control del comercio exterior, impuestos distorsivos, puja distributiva (entre los sectores de la economía formalizada), tarifas subsidiadas, y ayudas a los pobres.

De tanto en tanto Macri decide, además, modular algunos de estos instrumentos, pero sin llegar a reemplazarlos por aquellos que han de acompañar al nuevo rumbo económico que, hay que suponer, tiene como metas la pobreza cero y la construcción de un sistema económico en condiciones de insertar en el mundo a la Argentina y a su producción.

La fuerza de la vieja Argentina corporativa

Como no avanzamos aún en esta dirección, los actores económicos que se benefician de la autarquía y de las reglas que potenció el populismo vernáculo siguen con su juego de suma cero: Los empresarios grandes y medianos mantienen sus pujas con los sindicatos que, dicho sea de paso, representan a no más del 40% de los trabajadores; a menudo, estos dos actores se coaligan para -desaprensivamente- trasladar sus pactos a los consumidores. O se enfrentan y acuerdan treguas, a la espera de que una eventual constelación favorable a sus intereses corporativos les permita dar un golpe contundente al otro.

Vemos así a los sindicatos intentando -con suerte dispar- preservar a sus afiliados (no al conjunto de los trabajadores, tampoco a los desocupados y excluidos) de las consecuencias de la inflación, frente a las patronales que -sabedoras de que cuentan con la “bala de plata” de la devaluación- responsabilizan a los costos laborales de nuestra baja competitividad internacional.

Sucede, además, que el Presidente de la República tiene una debilidad añadida: Muchos de sus socios (reales o presuntos) de la derecha económica no parecen dispuestos a acompañarle en una política de las características que insinúa Macri (pobreza cero, estabilidad, competitividad, conexión con el mundo).

En realidad, la fuerza competitiva de la Argentina reside solamente en nuestra agricultura y ganadería, y en algún que otro segmento productivo. Pero el eje Macri/ruralistas no tiene el peso suficiente para dejar atrás el modelo autárquico y fundar una Nueva Argentina Competitiva (aquella que, de alguna manera, esbozaron Perón en el Congreso de la Productividad de 1954, o Frondizi en 1958).

Nuestros fabricantes de alimentos (salvo el caso de las dos multinacionales argentinas), de acero, de automóviles, de material eléctrico, de máquinas y herramientas, de indumentaria, y de otras industrias, así como nuestros empresarios de la construcción, prefieren pastar en el mercado interno protegido y no muestran ningún interés en desarrollar negocios más allá de nuestras fronteras a no ser aquellos centrados en paraísos fiscales. Rehúsan competir, invertir, innovar y sienten aversión por el riesgo.

A su vez, los proveedores de servicios (desde los bancos al transporte pasando por los correos, el supermercadismo, las telecomunicaciones y las administraciones públicas) han encontrado la forma de medrar dentro del todavía vigente modelo económico kirchnerista que, como se sabe, no es sino la reedición de viejas aventuras de la Argentina autárquica.

Soportamos todavía un modelo que “fabrica” pobres, que engorda ineficientes burocracias, que resguarda a las corporaciones y sus pujas, y que -hasta donde puede- expropia rentas para distribuirlas entre sus sostenedores (vía prebendas, proteccionismo y subsidios) y sus gestores (vía corrupción).

La difícil construcción de la Nueva Argentina Constitucional, Competitiva y Federal

Esta Nueva Argentina no puede funcionar con un esquema institucional alejado del republicanismo federal. Esta Nueva Argentina exige la plena vigencia de la Constitución y de los Tratados Internacionales, reclama un Poder Judicial independiente, honrado y eficaz, requiere la regeneración de la política y del federalismo, y demanda la construcción de consensos sociales y económicos.

No habrá tal Nueva Argentina con los precios y costos actuales; con la vigente matriz energética y ambiental; con los bajos niveles de inversión, ni con las caducas estructuras de comercialización. No la habrá sin un enorme esfuerzo en materia de infraestructuras, de formación profesional y productividad, y sin nuevas regulaciones no manipuladas por los agentes económicos.

Tampoco la habrá mientras triunfe el chantaje ideológico que sostiene que por fuera de la Vieja Argentina aislada, corporativa e injusta sólo existen el neoliberalismo y el consenso de Washington. Un chantaje que nos impide reconocer la inviabilidad del proteccionismo mercado internista, y que nos impide sentar las bases para producir también para el mercado mundial. Ha pasado el tiempo de sustituir importaciones; también el de la Argentina agroexportadora. Está por llegar el tiempo de la Argentina supermercado del mundo. Solo así derrotaremos la pobreza y la corrupción para inaugurar el tiempo del bienestar y de la transparencia.               

Pero, sobre todo, hace falta revisar los incentivos que mueven a las personas, a los trabajadores, a las empresas, a la clase política, a los estudiantes y sus maestros, y que organizan nuestras relaciones interpersonales y sociales. La cultura del facilismo y la negligencia, del beneficio sin esfuerzo, de las mayorías autoritarias, solo conduce a más decadencia, injusticias y rapiñas.

Vaqueros (Salta) 27 de Junio de 2016

Esta es la tapa de mi nuevo libro que espero publicar en las próximas semanas.

¿Duplicar la indemnización por despido?

CUANDO LOS SINDICATOS PASAN A LA OPOSICIÓN

José Armando Caro Figueroa

Ex ministro de trabajo de la Nación (1993/1997)

Tras denunciar el pacto militar-sindical, el Presidente Raúl Alfonsín imaginó reformar el sindicalismo “oficial” mediante un proyecto de ley ideado por su Ministro de Trabajo Antonio MUCCI. Dio una enconada batalla política y parlamentaria y fue finalmente derrotado por la coalición peronista mayoritaria en el Senado. Batalla y derrota que, como se sabe, dejaron hondas huellas en el período alfonsinista.

Dieciséis años después otro gobierno de inspiración radical, el presidido por Fernando de la Rúa, creyó modernizar el sistema de relaciones de trabajo y, de paso, erosionar el poder de la burocracia sindical de obediencia peronista, con otro proyecto de ley. Si bien, luego de un trámite escabroso, el Presidente logró su sanción, pronto comprobó sus limitados efectos sobre las relaciones laborales y su nulo impacto en la conformación de aquella sólida burocracia.

Han pasado poco más de otros dieciséis años, y el Presidente Mauricio Macri se apresta a resistir en todos los frente la iniciativa coordinada de los brazos político y sindical del peronismo, orientada a duplicar la indemnización por despido, como medida sedicentemente orientada a favorecer el empleo.

Pese a que la iniciativa, de prosperar, no satisfará las buenas intenciones que declaman sus impulsores, poderosos sectores empresariales y económicos se revuelven contra el Proyecto al que atribuyen toda clase de efectos nocivos. Y parecen haber logrado convencer al Presidente de la Nación acerca de la necesidad de frenar el trámite y, en su caso, de vetar la ley.

Existe, desde siempre, un sector de la derecha argentina poco dispuesto a admitir cualquier tipo de concesiones en el campo de los derechos de los trabajadores. Al menos así actúan cuando creen “tener la vaca atada” y también, como quedó de manifiesto en la década pasada, cuando –aplausos mediante- encuentran la manera de que la mayoría seudo izquierdista se pliegue a sus intereses más profundos.

Si bien, al menos en mi opinión, duplicar la indemnización por despido no defiende el empleo, tampoco agrava los severos problemas que hoy presenta el mercado de trabajo en nuestro país. La batalla alrededor de este tema es, antes que nada, una batalla simbólica en términos de poder.

En efecto, mientras que el peronismo –sindical y político- pretende reagruparse alrededor de banderas obreristas, la gran patronal entiende que los resultados electorales del año pasado obligan a arrinconar a tan incómodos antagonistas.

Así las cosas, el Presidente Macri debería advertir que el Proyecto de Ley sobre despidos es, en realidad, la respuesta de menor intensidad que el peronismo puede poner sobre un escenario que, para reparar daños heredados, está afectando a quienes perciben rentas en forma de salarios, subsidios o jubilaciones.        

Añadiría que esta respuesta de rango parlamentario y baja intensidad, viene impuesta por las formas unilaterales utilizadas por el gobierno para “sincerar”, “ajustar” a “sanear” la maltrecha economía argentina.

Para rehuir de los malos precedentes enunciados más arriba y evitar una escalada de conflictos perniciosos, el gobierno debería desoír las monsergas apocalípticas, aceptar la sanción del Congreso de la Nación y abrir el camino al diálogo y a la negociación tripartita.

Salta, 3 de mayo de 2016