Sin renegar de mi visión crítica sobre determinados aspectos de la gestión de la señora Presidenta, soy uno más de los millones de ciudadanos que en estas emotivas horas de tensión y de esperanza desean que el éxito y la paz la acompañen.
A estas alturas, todo parece indicar que, tras la desaparición física de Néstor Kirchner, no le será fácil desempeñar el siguiente tramo de su mandato: En primer lugar, por las consecuencias operativas que se derivan del fallecimiento de su esposo, que fue hasta su muerte el eje vertebrador de un modelo de conducción de los asuntos públicos basado en la dialéctica “amigo/enemigo”. En segundo lugar, por la existencia de determinadas amenazas a los equilibrios vitales para la gobernabilidad.
En este sentido, quiero dedicar los párrafos que siguen a analizar el papel del núcleo que, desbordando el concepto más clásico y amplio de sindicalismo, comanda el señor Hugo Moyano, en tanto se ha revelado como una amenaza a aquellos equilibrios.
Comenzaré señalando que ninguna democracia moderna funciona razonablemente bien cuando uno o varios actores acumulan un poder excesivo, por mucho que esa concentración se pretenda benéfica para la clase trabajadora; un dato que, por cierto, no se verifica en la Argentina en donde existe un abismo entre los atributos del holding sindical y la situación socioeconómica de los trabajadores.
Nadie ignora que el señor Moyano dispone hoy de una enorme capacidad de movilización callejera; de la posibilidad de ejercer presión abrumadora sobre empresarios, trabajadores y sindicatos díscolos; que puede influir en decisiones públicas (incluyendo sentencias judiciales), sin que quepa descartar su capacidad para incluso vetar actos del Estado. Todos sabemos también que buena parte de esta acumulación es resultado de la alianza sellada en su día por el fallecido Presidente Kirchner y un sector del sindicalismo peronista vertebrado por las organizaciones que actúan en el sector de los transportes.
No obstante, si la Presidenta, en ejercicio de la autonomía política que es consustancial a su investidura, decidiera mantener tal coalición, no sería prudente que lo hiciera a costa de añadir mayores daños a la imperfecta democracia argentina.
Si se advierte el escaso apego que el señor Moyano, a lo largo de su trayectoria, mostró hacia las instituciones de la república, resulta verosímil suponer que no trepidará en forzar nuevas “conquistas”, incluso condicionando gravemente el ejercicio del poder presidencial. Justo cuando el éxito de la señora Presidenta en los asuntos de Estado a su cargo depende de una amplia libertad de movimiento (ejercida, claro está, dentro del esquema constitucional) para resolver los problemas pendientes y afrontar los desafíos futuros.
La autonomía del Estado frente a los poderes fácticos locales y globales y la correlativa autonomía del Gobierno nacional frente a las corporaciones, forman parte del mejor legado que Néstor Kirchner deja a los argentinos y, como no, al Gobierno que preside su viuda. Aun cuando estas conquistas autonomistas se hayan logrado muchas veces al precio de violentar valores superiores, principios éticos e instituciones republicanas, las imprescindibles reformas que recoloquen a la Argentina en el concierto de las democracias avanzadas deberán preservar aquellas autonomías que son la condición necesaria para el desarrollo y la cohesión social, aun cuando ambas no sean suficientes para alcanzarlos (sobre este punto, resultan ilustrativas las ideas de Roberto MANGABEIRA UNGER en "La alternativa de la izquierda”, Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires – 2010).
Ciertamente son rechazables todos los intentos de colonizar al Estado y a los poderes públicos. Da igual que esos ataques provengan de fuerzas armadas, de empresarios audaces, de sindicalistas aventureros, del crimen organizado, de organizaciones que mediatizan la libertad de expresión, de actores globales públicos o privados, de activistas sociales dispuestos a procurar sus objetivos sobrepasando los límites que impone el Estado de Derecho.
En estas horas donde se definen reacomodamientos cruciales para reemprender la marcha luego de las exequias del ex primer mandatario, el concepto de autonomía del Estado y del Gobierno, junto a la exigencia de respeto a la Constitución, al pluralismo, a la concordia y a la paz cívica, adquiere una importancia central para calibrar los posicionamientos de cada cual.
Me refiero a la autonomía entendida como una garantía capaz de impedir cualquier tentación de bordaberrizar a doña Cristina Fernández de Kirchner; de frenar maniobras para digitar relevos; de rechazar la ficción de distinguir entre “kirchneristas buenos” y “kirchneristas malos” para interferir en la selección de candidatos dentro de las fuerzas que sostienen a la Presidenta. Comportamientos que, además de resultar antidemocráticos, pondrían en grave riesgo la paz social.
¿Qué debería entonces hacer la señora Presidenta para garantizarse y garantizar a todos los equilibrios vitales?
En mi opinión, y sin que esto pueda leerse como un intento de aconsejarla, pienso que doña Cristina Fernández de Kirchner, tendría que avanzar en cinco direcciones:
1) Comprometerse con la plena vigencia de la libertad sindical, receptando la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, otorgando personería gremial a la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA);
2) Colocar a las Obras Sociales bajo el control de auditores independientes, mientras se pone en marcha una reforma de fondo que las democratice y suprima estructuras corporativas;
3) Liberar la negociación colectiva en las empresas de servicios públicos de la indebida injerencia del Ministro de Infraestructuras;
4) Reforzar la posición del Ministro de Trabajo (que cuenta con la experiencia necesaria);
5) Hacer saber a todos que los comportamientos ilícitos (aun cuando se autocalifiquen de huelgas o busquen torticeramente amparo en el derecho a manifestarse) serán prevenidos y, en su caso, sancionados.
Por lo que se refiere a la voluntad del señor Moyano de dominar al Partido Justicialista, la solución está al alcance de la mano de la Presidenta: bastará con que deje trascender su prescindencia en la puja interna, y los “barones” bonaerenses se encargarán de poner las cosas en su sitio para bien de la democracia y en resguardo de la investidura presidencial.
(Un resumen de este artículo se publica hoy en el diario CLARIN de Buenos Aires. Además, puede consultarse en su versión íntegra en www.iruya.noticias.com )
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