Varias
confederaciones sindicales han llevado a cabo la primera huelga general contra
un Gobierno Kirchner.
En mi
particular opinión, la huelga general del martes pasado marcó el inicio de una
nueva etapa en las relaciones político-laborales entre el Gobierno y los
trabajadores organizados. Una etapa donde se asienta una modalidad de
pluralismo sindical que, renegando de las cláusulas monopólicas de la Ley
Sindical, se traduce en la actuación de cinco confederaciones obreras y de
representaciones asamblearias y de fábrica que cuestionan la representatividad
de los sindicatos oficiales.
La segunda
novedad, radica en las reivindicaciones planteadas por la CGT-Moyano, la
CGT-Barrionuevo y la CTA-Michelli, que son compartidas por las otras dos
confederaciones. Me refiero a las demandas contra el impuesto a las ganancias y
los topes a las asignaciones familiares, y a la exigencia de devolución de
dineros de las Obras Sociales retenidos indebidamente por el Estado. Si se me
permite una estimación a ojo, diría que la huelga pretende obtener del Gobierno
un cheque de alrededor de 30 mil millones de pesos.
La gestión
de doña Cristina Fernández de Kirchner en materia de relaciones laborales y
sindicales, difiere sobremanera de los lineamientos ideados por el Fundador del
modelo. Un poco a raíz de las diferencias económicas (aquellos 30 mil millones),
y otro poco por la escasa propensión al diálogo que caracteriza a la actual
Presidenta de la República, lo cierto es que el mapa de alianzas cambió
radicalmente: Mientras que los viejos y gordos oficialistas de siempre han
recuperado el papel protagónico de otros tiempos, los combativos amansados por
Néstor Kirchner se han pasado a la vereda de enfrente y soportan peligrosas
diatribas, como aquella que identifica a Moyano con Augusto Vandor, asesinado
en 1969 por el terrorismo sedicentemente peronista.
La tercera
novedad, en este caso relativa, es la diagramación de los piquetes procurando sitiar
ciudades y fábricas. Al menos desde los años 50 se sabe que paralizando el
transporte se amplifican los efectos de una huelga general. Lo novedoso en este
caso es que los sindicatos del transporte (especialmente el de camioneros)
disfrutan de un poder contundente gracias a las concesiones institucionales
hechas en tiempos de Néstor Kirchner. Si bien el pasado 20 de noviembre tamaño
poder se ejerció calculadamente, hay que reconocer que el post kirchnerismo
heredará un poder “demasiado grande” para pactar.
Los
camiones, desplegados estratégicamente, colapsan pasos fronterizos, cierran
vías de accesos a las metrópolis, paralizan suministros esenciales y, por
extensión, afectan la actividad de quienes deciden no seguir la huelga.
En este
contexto, el Estado democrático carece de herramientas para garantizar la
libertad de trabajo y frenar abusos. Es una consecuencia de las concesiones a
camioneros y de la errónea reglamentación del derecho de huelga.
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