miércoles, 12 de julio de 2017

EMPLEO Y NEGOCIACION COLECTIVA EN SALTA


José Armando Caro Figueroa

Director de Caro Figueroa Abogados

Según datos fiables, del millón doscientas mil personas que habitan la provincia de Salta trabajan 500.000. De ellos, 110 mil son empleados públicos y 124.000 tienen un empleo registrado en el sector privado. El resto son cuentapropistas o trabajadores en negro.

Tamaña escasez de empleo privado en blanco tiene, sin duda, múltiples causas.

Algunas, se vinculan con la trayectoria histórica de nuestro aparato productivo y con la decadencia de la educación y la formación profesional. Otras, con el marco nacional dentro del cual se desenvuelve la economía provinciana, cuyo diseño institucional es inadecuado o contiene incentivos perversos o insuficientes.

Antes de avanzar, conviene recordar dos aspectos: a) Que buena parte de aquellos 124.000 trabajadores en blanco se desempeñan en 30 empresas agroindustriales, mineras, agropecuarias, turísticas, industriales y de servicios; y b) Que esos trabajadores están representados por no más de 20 sindicatos con personería gremial[1].

La negociación colectiva laboral en Salta

Las consideraciones que siguen parten de la convicción de que el diálogo entre empleadores y trabajadores y los acuerdos colectivos que de este diálogo se derivan, cumplen un papel central y positivo en la evolución de las inversiones, del empleo, la productividad y, desde luego, del bienestar social.

Una convicción que, ciertamente, discrepa de los postulados anti obreros y anti sindicales que propugnan la individualización de las relaciones de trabajo y promueven el autoritarismo patronal.

Cuando nos detenemos a analizar el núcleo del empleo salteño privado y en blanco, surge un dato sorprendente: En este universo de trabajadores, empleadores y sindicatos, se registran sólo tres o cuatro Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito provincial; con el añadido de que ellos[2] suelen negociarse en la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Esta pobreza de la negociación colectiva laboral tiene que ver, en primer lugar, con el vetusto diseño del sistema argentino de relaciones de trabajo, construido alrededor de la Argentina industrial de la primera mitad de siglo XX, cuando las fábricas se asentaban en el cinturón industrial de Buenos Aires y los trabajadores del Norte (“cabecitas negras”) emigraban en busca de oportunidades.

Los industriales porteños y los vértices sindicales se las ingeniaron para absorber y conservar todo el poder representativo e instaurar instituciones “unitarias”.

Un recorrido por el mapa sindical salteño revela que de las veinte (20) organizaciones obreras que representan a los trabajadores en blanco de la actividad privada, catorce tienen la forma “unión”, doce se integran en “federaciones” y dos o tres son sindicatos “de empresa”.

Como se sabe, en las “uniones” todo el poder representativo y negocial reside en la cúpula, razón por la cual las secciones salteñas están condenadas a tareas burocráticas o societarias. Pero el caso de Salta es aún mas preocupante pues incluso los sindicatos locales con personería gremial que, al estar federados, conservan su aptitud para negociar no han hecho uso de esta facultad que les otorga la legislación vigente[3]. 

Dentro del mundo empresarial el panorama es igualmente contrario a la autonomía de las cámaras y empresas locales, condenadas a permanecer dentro de organizaciones de ámbito nacional en donde la voz cantante es propiedad de las grandes empresas del área central que son quienes terminan imponiendo las condiciones laborales y fijando buena parte del costo laboral.

Tres incógnitas abiertas

El funcionamiento real y cotidiano en Salta del sistema de relaciones laborales genera dudas y preguntas que los actores sociales no parecen estar formulándose:

La primera puede expresarse así: ¿Por qué los sindicatos locales federados y las cámaras salteñas no negocian convenios colectivos que promuevan el empleo local, aun estando legal y estatutariamente habilitados?[4]

La segunda tiene que ver con la empresa de capitales chinos BYD Industries que acaba de anunciar su intención de instalar una fábrica de automotores eléctricos. ¿Negociará (antes o después) un CCT? La iniciativa cuenta con un dato a favor: El Sindicato de Mecánicos del Transporte Automotor (SMATA), que presumiblemente representará a los futuros trabajadores, es partidario de celebrar Convenios Colectivos de Empresa. Por tanto, si bien la filial local del SMATA tendrá un rol secundario, al menos el emprendimiento no tropezará con imposiciones unitarias.

La última interroga acerca de la posibilidad de que determinados emprendimientos hidrocarburíferos en el norte salteño puedan acceder a las condiciones ventajosas (para las inversiones y el empleo) pactadas para Vaca Muerta. 

El sistema unitario perjudica al norte empobrecido

La vitalidad de este vetusto unitarismo laboral surge, como no, de las leyes aprobadas en los años de 1950 (ratificadas en 1988), y en la supervivencia del pacto no escrito entre el vértice sindical y las cúpulas empresariales que articulan los intereses del centro del país.  

Pero para explicar la sobrevida de aquellas reglas jurídicas, hay un dato probablemente mas importante: La convicción de una gran cantidad de trabajadores y sindicatos en el sentido de que la descentralización de la negociación colectiva y la federalización de los sindicatos debilitará al movimiento obrero.

En el dilatado espacio de la Argentina pampeana-industrial pueden existir razones ideológicas para esta certeza. Pero es difícil sostener que el actual esquema de sindicatos y de negociación colectiva haga fuertes a los trabajadores salteños y a sus organizaciones representativas.

Los indicadores de empleo privado registrado, de salarios y de condiciones de trabajo muestran precariedad, inequidades, discriminaciones territoriales. En realidad, es más cierto que el vigente modelo de negociación colectiva desalienta el empleo decente, fomenta el fraude laboral, y desertiza industrial y agroindustrialmente a Salta. 

Julio de 2017



[1] Alimentación (STIA-S), Industrias de la Carne (STIC-S), Avícolas, Tabaco (STT-S), Vitivinícolas (SOEV-S), Lechería (ATILRA), Curtiembres (SAMC), Asociación Bancaria (LB-S), Aguas Gaseosas (SUTIAGA-S), Textiles (AOT), Químicos (STIQ y P-S), Vidrio (SOIVA), Artes Gráficas (SAG-S), Petroleros Privados, Metalúrgicos (UOM), Caucho (SECA), Minería (AOMA), Seguridad (UPSRA), Transporte (UTA) y Gastronómicos (UTHGRA), Sindicatos del Azúcar (Tabacal y San Isidro).
[2] Estos CCT corresponden a la minería (Minera del Altiplano), al tabaco (Alliance One) y al azúcar (Tabacal).
[3] En uno de los pocos casos que un sindicato provincial suscribió un CCT lo hizo con la presencia tutelar de la federación. Los restantes casos, corresponden a sindicatos de empresa que actúan en el sector del azúcar.
[4] Una respuesta posible alude a la ultraactividad de los CCT nacionales; otra a la presión que la Federación ejercer sobre sus federados.

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