sábado, 25 de octubre de 2014

Razones para bregar por la independencia de los Jueces

Salta necesita refundar su Consejo de la Magistratura y su Jurado de Enjuiciamiento para convertirlos en artífices y garantes de la independencia de los jueces. Se trata de aventar las sospechas de politización que recaen sobre determinados segmentos de la justicia local.

En paralelo, precisamos abatir la morosidad y crear las condiciones para que todos puedan acceder a los tribunales y obtener, en tiempo razonable, pronunciamientos ajustados a derecho. La ausencia de estos requisitos explica que nuestro tránsito hacia la modernidad democrática sea lento y vacilante.

Son tareas de gran envergadura, que demandan debates serenos, compromisos ciudadanos, y reformas jurídicas y de gestión.     

Para avanzar, tendremos que superar el simplismo de quienes suponen que la independencia de los jueces interesa sólo a políticos y abogados. Vencer también el pesimismo de quienes pregonan que los hoy opositores cuestionan la designación de parientes y amigos, pero están prontos a repetir comportamientos monárquicos ni bien accedan al gobierno.

Resulta, en este sentido, encomiable el documento “Consenso de Cambios para el Futuro de Salta” (firmado por ciudadanos de diferente adscripción política) cuando recoge el inequívoco compromiso de “reformar el sistema de selección de jueces a fin de evitar injusticias y amiguismos, designándolos a través de concursos objetivos en base a su trayectoria y capacidad”.

Independencia de los jueces

Desde la fundación de los modernos Estados de derecho se proclamó que el poder político no debe inmiscuirse en los asuntos que son propios de los jueces. Insertar este principio dentro de las leyes fue una trabajosa conquista civilizatoria.

La lucha por abandonar la condición de súbditos y alcanzar la dignidad de personas dotadas de derechos inviolables tutelados por los jueces, tuvo sus primeros éxitos en Inglaterra con la Carta Magna (1354) y otros documentos (1627 y 1689) orientados a acotar el poder real, reforzar las competencias del Parlamento y, sobre todo, independizar a los magistrados de la voluntad del Monarca.

Cuando en 1615 el Rey Jacobo I citó a los jueces para recordarles su obligación de acatar las órdenes regias, tropezó con el Fiscal General Edward COOKE que reivindicó la garantía del debido proceso legal y construyó los principios teóricos de un nuevo derecho alejado de fundamentaciones teológicas.    

Parece oportuno recordar aquí la importancia que, contemporáneamente en Salta y  para todos, tiene la existencia de jueces independientes, irreprochables y justos, desenvolviéndose con celeridad y en un sólido contexto procesal democrático.

Por si esta apelación al interés general sonara retórica, señalo que de la justicia independiente dependen nuestras libertades y patrimonios, nuestro honor y nuestra seguridad, la justa composición de nuestros conflictos laborales, vecinales, familiares o ambientales. Sin jueces independientes, los simples ciudadanos estaríamos inermes ante la arbitrariedad de los poderes públicos y privados.

Los peligros de la politización de la Justicia

Como explica KIRCHHEIMER (“Justicia política. Empleo del procedimiento legal para fines políticos”), la historia de las naciones está repleta de malos ejemplos: Los casos DREYFUS (1894) y CAILLAUX (1918), entre otros muchos, muestran las consecuencias perniciosas de la intromisión de la política en el recinto de la Justicia y de la concomitante manipulación de la opinión pública.

Instancias de control del servicio de justicia

Aunque muchos en Salta piensan y actúan “como si la Justicia se encontrara en libre flotación institucional, en una suerte de exclusivo y aséptico limbo” (TOHARIA, REIS, 2002), es preciso habilitar mecanismos que transparenten el funcionamiento del servicio de justicia. Comenzando por la aprobación de un Plan Estadístico y la celebración de Audiencias Públicas para evaluar los objetivos de economía eficiencia y eficacia fijados en los abandonados Planes Estratégicos I y II aprobados por nuestra Corte.

Así como las sentencias están sujetas a complejos sistemas recursivos (que incluyen instancias supranacionales), los aspectos de pura gestión administrativa de los magistrados deben estar sometidos a instancias de control democrático. Máxime en el caso de Salta, singularizado por la opacidad de la Superintendencia y por las cortapisas puestas a la Sindicatura Interna.

El nuevo papel de los jueces

En 1853 los argentinos nos pronunciamos en favor de la división de poderes y en 1994, dejando atrás penosas experiencias históricas, decidimos reforzar el orden democrático con la incorporación de los Tratados Internacionales a nuestro sistema constitucional.

La reforma de 1994 y los avances teóricos en la ciencia jurídica (sin olvidar recientes fallos de la CSJN) han transformado de raíz el papel de los jueces. De órganos encargados de aplicar mecánicamente la ley ordinaria, los jueces se han transformado en garantes (FERRAJOLI) de aquel bloque constitucional federal y cosmopolita. Un papel que sólo pueden cumplir magistrados independientes y altamente cualificados.    

Muchos países caminan en esta dirección; incluso China ha comenzado a plantearse independizar a los jueces de tutelas partidistas. Salta debe abandonar urgentemente una senda perversa y situarse en el camino de la modernidad democrática.

 

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