Con breves
interrupciones (las primaveras de 1973 y de 1983, por ejemplo), ésta forma
elemental y tramposa de concebir la democracia, toca a su fin asaltada por la creciente
movilización ciudadana en las calles, las redes sociales, los medios de
comunicación y los estrados judiciales.
Por
supuesto, los detentadores del poder no desmayan en sus esfuerzos por sofocar el
descontento. Así, pretenden: Controlar la justicia, impidiéndole que funcione
con independencia y como garante de la Constitución. Domesticar a los
sindicatos, a través de multas millonarias y de favores a los dóciles. Aquietar
a los centros vecinales y organizaciones no gubernamentales, mediante el cepo
que regula la Inspección de Personas Jurídicas. Subvencionar a la prensa adicta.
O, en fin, reservar las ayudas sociales para que sean distribuidas por y entre militantes.
Pero, a mi
entender, son maniobras de un régimen condenado a desaparecer.
Así lo
indican los acontecimientos de protesta que, a lo largo y ancho de la geografía
salteña, se reproducen y ponen límites a la prepotencia, el autoritarismo y la
discrecionalidad.
Permítanme
reseñar tres triunfos vecinales y una batalla aún pendiente.
Cota máxima en San Lorenzo
En 2012 el
Concejo Deliberante de San Lorenzo aprobó una Ordenanza de Cota Máxima que
abría espacios a la discrecionalidad y a las prácticas prebendarias. Inmediatamente un
grupo de vecinos se movilizó a través de la prensa y de las redes sociales, y recurrió
ante la Corte de Justicia. Dos años más tarde, en el marco de esta resistencia
vecinal, la nueva mayoría del Concejo derogó los aspectos más nocivos de la
Ordenanza, desairando a la Fiscalía de Estado que pretendió convalidarla.
Las peatonales del centro salteño
Más
recientemente, dentro de un confuso procedimiento administrativo, la
Municipalidad de Salta decidió “remodelar” las peatonales. Pronto, ante la
evidencia del retroceso estético y funcional, los vecinos de la ciudad capital
se movilizaron contra las obras y en apoyo del recurso de amparo deducido para
frenarlas. Con celeridad y rigor jurídico, el Juez Ángel Longarte acumuló
evidencias, admitió el reclamo y obligó a las autoridades a reexaminar el
proyecto.
La “canchita de Pérez”
En Vaqueros,
vecinos de todas las edades y procedencias se unieron para preservar un espacio
público auto gestionado. La precaria cancha de futbol donde los jóvenes se
divierten sanamente y donde artesanos y pequeños emprendedores venden sus
productos, está en la mira del Municipio que pretende construir allí un centro
comunitario. En este caso, los vecinos no se oponen al proyecto sino que
rechazan su localización y su inconsulta tramitación.
Asistí, por
casualidad, a un tramo de la audiencia entre el Intendente y los vecinos, y
quedé sorprendido tanto por la madurez cívica y la firmeza de estos, como por
la pedantería tecnocrática de quién defendía el proyecto. A estas horas, todo
parece indicar que el Municipio se abstendrá de atentar contra la “canchita de
Pérez.
Tartagal sin agua
Pese a los
fastos del Fondo de Reparación Histórica que, de momento, sólo parece haber
servido para hacer realidad el lema “la misma sangre, la misma lucha”, los
vecinos de Tartagal soportan la crónica falta de agua potable. Y, naturalmente,
se movilizan reclamando soluciones y responsabilidades. Lo hacen también a
través de las redes sociales y de una acción judicial pendiente de sentencia.
La escasez
de agua en los grandes núcleos urbanos muestra los límites de la demagogia, de
la improvisación y de un modelo de crecimiento basado en la especulación
inmobiliaria sin sustento ambiental ni urbanístico.
Han pasado
siete años y el Gobierno pone parches, sin abordar siquiera la planificación de
las obras de embalse, imprescindibles para atender a las necesidades básicas de
una población en aumento.
Hacia una democracia participativa y controlada
Quienes se
preparan para asumir el gobierno en 2015 debieran tomar nota de esta realidad
imperiosa. Mientras se agudizan problemas, aumentan los salteños cansados de la
democracia delegativa, que produce seudo-monarcas, y en donde los controles
languidecen ante el poder concentrado.
La protesta
está dejando de ser un derecho reservado a los sindicatos obreros o a las
organizaciones piqueteras que expresan a los excluidos, para convertirse en
herramienta cotidiana de vecinos, de consumidores y de grupos de personas
afectadas por abusos, negligencias o desconocimiento de sus derechos.
Da igual que
esas protestas se dirijan contra el Gobernador o el Intendente de turno, o que
apunten a presionar a los legisladores o a poner de manifiesto los
incumplimientos en los que incurre el Poder Judicial.
Una
ciudadanía mejor preparada y más consciente de sus responsabilidades y
derechos, se aglutina y encuentra en las redes sociales y en la solidaridad los
canales para hacerse oír y respetar.
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