jueves, 25 de agosto de 2011

Vivienda, déficit y derechos

Las personas y las familias en riesgo de exclusión social, que lamentablemente constituyen legión en el norte argentino, requieren ser especialmente atendidas por el Estado y también por la solidaridad social a cargo de voluntarios y organizaciones no gubernamentales.

La Nación con recursos de todos, acertó al poner en marcha un programa para transferir rentas a las familias en función del número de hijos. Muchas ONG’S actúan en el norte socorriendo a quienes no pueden siquiera alimentarse adecuadamente. La red de centros públicos de salud atiende razonablemente bien a quienes no disponen de obra social. Otro tanto puede decirse de los servicios de educación en todos sus niveles.

Donde los recursos y programas de nuestro endeble Estado de Bienestar son harto insuficientes es en materia de vivienda y urbanismo. Por eso no debiera sorprender a nadie que la demanda de acceso a una vivienda y a servicios urbanos sea la protagonista de los graves enfrentamientos que se han producido en Jujuy y en otros puntos del norte argentino.

El Gobierno de Salta presta, a mi modo de ver, escasa atención a este grave problema. Es posible que ni siquiera haya cuantificado el déficit habitacional de los grandes núcleos urbanos y, como es evidente, actúa a remolque de los acontecimientos, por espasmos, y guidado siempre por sus mezquinas preocupaciones electoralistas.

El déficit de viviendas es, hoy por hoy, la manifestación más acuciante de la pobreza, y todo hace prever que los salteños afrontaremos una creciente oleada de conflictos sociales.

Invasión de tierras, ocupación de viviendas deshabitadas o en construcción, marchas, cortes de rutas e incluso otras manifestaciones de violencia movilizaran a quienes, desesperados por el hacinamiento o la carencia de un techo, decidan suplir la inercia oficial.

El Gobierno Provincial debería actuar en varias direcciones:

En primer lugar, despolitizar la gestión de Tierra y Hábitat y los planes de vivienda pública, regulando el acceso a la vivienda como un derecho social subjetivo.

En segundo lugar, obtener de la Nación los recursos necesarios para cubrir, en un plazo razonable, el déficit habitacional.

Inventariar las necesidades insatisfechas y la tierra urbanizable, es la tercera de las prioridades.

Mientras se avanza en este punto, la Provincia y los principales municipios deberían coordinar esfuerzos para dotar a los terrenos urbanizables de los servicios esenciales, terminando con la improvisación.

Pero, antes que nada, la ciudad de Salta está obligada a definir un Plan Regulador de su Crecimiento:

Saber si crecerá en guetos hacia el norte o hacia el sur, si fomentará un cinturón de asentamientos pobres, o si, por el contrario, procurará una ciudad cohesionada social y territorialmente.