viernes, 13 de abril de 2012

Morosidad Judicial

Días pasados, en una audiencia judicial, caí en cuenta de que me acerco a los 50 años ejerciendo mi profesión de abogado. Algunos de ellos en España, otros en Buenos Aires, y muchos en Salta.

Todo lo cual me permite tener una mirada, y una opinión, sobre lo que sucede en el servicio de administración de justicia en nuestra provincia. No se trata, en este caso, de una visión teórica sino de algunas apreciaciones acerca del funcionamiento real y cotidiano de los tribunales de justicia.

Quizá sea bueno aclarar, para poner en su contexto las apreciaciones siguientes, que he retomado mi actividad profesional y que suelo frecuentar los estrados y pasillos de la Ciudad Judicial y de otras sedes judiciales, incluidos los juzgados federales.

Pues bien: A mi modo de ver, nuestra administración de justicia atraviesa una situación crítica, que daña al derecho fundamental de los ciudadanos a obtener amparo y tutela. Recuérdese que la correcta prestación del servicio de justicia es una de las condiciones que la Constitución Nacional exige para el respeto de la autonomía federal.

La lentitud en el despacho diario de los asuntos, la mora en el dictado de sentencias, y el excesivo tiempo que transcurre entre la pretensión y el señalamiento de audiencias, son las primeras de las manifestaciones del mal funcionamiento al que me refiero.

Los ciudadanos padecen en silencio y resignadamente esta morosidad, sin que el órgano colegial que agrupa a los profesionales del derecho haya mostrado hasta aquí su preocupación por el tema.

A su vez, el Gobierno ha sido incapaz de adoptar las medidas a su cargo encaminadas a
renovar el plantel de jueces y funcionarios. Raro en un Gobernador crítico del envejecimiento. Tampoco la Corte de Justicia ha dado señales de advertir la existencia de la morosidad y del desborde que afectan, por lo pronto, a muchos tribunales del fuero de familia y del fuero del trabajo.

En la Legislatura no hay iniciativas para reforzar determinados fueros y, de tal forma, aliviar a los sufridos ciudadanos que deambulan por los pasillos y despachos sin encontrar más respuesta que el “vuelva usted mañana”.

Un poco por el incremento exponencial de los casos y otros por problemas formativos, los jueces no encuentran el camino para remover la mora y, menos, para elevar la calidad de sus pronunciamientos (me refiero tanto al lenguaje en el que se expresan como al contenido de sus fallos).

La justicia salteña, además de lenta, parece distante e insensible a los problemas que genera. Los resquicios de inmediatez y oralidad que existen en los códigos de procedimientos son rehusados por muchos magistrados salteños que se encastillan en sus despachos y prefieren eludir el contacto con la realidad.

Todo funciona, mal, merced a una extendida red de complicidades, silencios e ineficacia.