viernes, 18 de junio de 2010

Huelga de empleados públicos en España

Dedicaré la columna de hoy a analizar la respuesta de los sindicatos españoles a los recortes dispuestos por el Gobierno del Presidente Zapatero sobre las remuneraciones de los empleados públicos. Recortes que, en realidad, se traducen en un congelamiento temporario y se ejecutan luego de varios años donde el personal estatal vio crecer el poder adquisitivo de sus salarios sin que tal crecimiento estuviera vinculado con mejoras de productividad.

Este freno, inevitable dado el curso de los acontecimientos económicos, obligó al Gobierno a desconocer compromisos que preveían incrementos salariales muy moderados para el bienio 2010/2111, lo que acentuó el malestar de los afectados.

Me parece de interés presentar la reciente huelga de los empleados públicos españoles, a través de un cierto paralelismo con las huelgas que este mismo sector lleva a cabo en la Argentina. Y destacar, en este sentido, el escrupuloso acatamiento de los servicios mínimos dispuestos por el Gobierno que, como es habitual, realizaron los trabajadores españoles y sus sindicatos. Es que quienes protagonizan acciones de protesta saben que son, ante todo, ciudadanos y que en tal calidad deben acatamiento al ordenamiento constitucional y respeto a sus conciudadanos.

La huelga española del 8 de junio fue, ante todo, una huelga cívica y civilizada. Por su duración (una jornada), por sus formas (sin ocupar centros de trabajo), por las marchas sin desmanes y los actos pacíficos que la acompañaron, así como por el reparto de sus costos (los huelguistas perdieron sus salarios, la administración soportó la parálisis de los servicios no esenciales, los ciudadanos las molestias imprescindibles).

En España, como en el resto de Europa, los trabajadores y sus sindicatos saben que el descuento de los días de huelga es una exigencia constitucional vinculada al ejercicio de la libertad sindical y a la autonomía de las organizaciones obreras. Nadie pretende (ni entendería) que -en caso de huelgas- cobraran íntegramente sus salarios tanto aquellos que deciden libremente trabajar como quienes con idéntica libertad deciden parar.

Añado que también el Gobierno mostró un impecable respeto a los derechos fundamentales absteniéndose de presionar a los empleados o de tomar represalias contra los huelguistas.

La medida de fuerza fue seguida por algo más de un 20% de los empleados públicos españoles aunque, como es notorio, el rechazo que provocan los recortes dispuestos por el Gobierno del Presidente Zapatero es prácticamente unánime entre los afectados.

Es bueno recordar que cuando el Gobierno de España anunció la congelación de las remuneraciones públicas, no se conocían aún las medidas que días después tomaron otros gobiernos europeos y que, a la postre, resultaron mucho más duras que las españolas, como es el caso de los despidos de funcionarios que se dispone a ejecutar Alemania.

Concluyo señalando que, desde mi punto de vista, las medidas españolas resultarán insuficientes sino son acompañadas por una profunda restructuración del Estado, que incluya la eliminación de servicios superpuestos, cambios en el servicio exterior, y la efectiva consecución de los objetivos definidos en el Estatuto del Empleado Público en materia de incentivos y productividad.

martes, 15 de junio de 2010

España en crisis

Acabo de regresar de Madrid y quisiera compartir algunas consideraciones acerca de la situación de España, el país que me albergó durante casi 14 años.

Comenzaré, es casi inevitable, con unos breves comentarios acerca de la crisis que soporta Europa, y que en España adquiere una dimensión preocupante en atención a sus 4 millones y medio de desempleados, al alto endeudamiento de las familias y del sector público, a un modelo bancario con segmentos obsoletos y dependientes de corporaciones que se resisten a modernizarse (me refiero a las llamadas Cajas de Ahorros), a las carencias del ordenamiento jurídico laboral y al agotamiento de un modelo productivo basado en la construcción de viviendas y en el turismo.

La evolución de los acontecimientos económicos parece haber sorprendido al Gobierno del Presidente Zapatero y terminado de desorientar a una oposición recalcitrante. Mientras los gobernantes socialistas se abocan a la tarea de recortar beneficios sociales e intentan poner en marcha una nueva economía, la derecha española sigue, sin decirlo, las recetas que propala nuestra Presidenta, doña Cristina Fernández de Kirchner negando la necesidad de ajustar gastos y prestaciones a los recursos efectivamente disponibles.

Se trata, bueno es advertirlo, de un seguimiento en donde los seguidores no reconocen la fuente de inspiración, dado el notorio desprestigio que las experiencias argentinas tienen en Europa.

Pero más allá de las cifras que brindan los especialistas, son muchos los observadores que comienzan a advertir que el principal problema de España es su alarmante déficit de productividad y el correlativo aumento de sus costos unitarios de producción. Un déficit que es enorme en el sector de las administraciones públicas, y notorio también en muchas actividades industriales y de servicios.

Es que los años de bonanza parecen haber relajado la cultura del trabajo y del esfuerzo en amplios sectores. Una cultura que, no obstante, conservan los inmigrantes que en términos generales soportaron jornadas extenuantes, bajos salarios y trato discriminatorio mientras duró la expansión, y que ahora son los primeros castigados por la desocupación.

Junto con aquel déficit de productividad, la crisis -que se desenvuelve en el marco de una unión monetaria que proscribe las devaluaciones- ha puesto de manifiesto las inequidades de los regímenes de incentivos, premios y penalidades. Incluido el régimen de negociación colectiva de los salarios y de las condiciones de trabajo. Se trata, ciertamente, de inequidades que han forzado consecuencias sociales no queridas, por ejemplo, sobre la natalidad y la estructura de las familias.
Sin embargo, más allá de la intensidad de la crisis y de la inicial desorientación de su clase política, todo indica que España superará el desafío y que en un plazo que se mide -eso si- en años de esfuerzo y sensatez, recuperará la senda de crecimiento económico y de progreso social.

Entre otras razones, por su inserción en Europa, por el talento de sus pensadores, por la madurez de su opinión pública, y por la calidad de sus instituciones fundamentales.

(Para FM Aries)