domingo, 30 de junio de 2013

Salta y sus desequilibrios institucionales y culturales


¿A qué se debe el creciente malestar y el desasosiego que se extiende por amplias capas de la ciudadanía salteña? Si bien contribuyen a ello la marcha de la economía y la evolución de los asuntos nacionales, no podemos ignorar que esa doble sensación tiene mucho que ver con el pobre diseño y el peor funcionamiento de las instituciones provinciales.

Salta no cuenta con un verdadero “Estado de derecho, democrático y social”. En realidad, un denso subdesarrollo político envuelve nuestras instituciones -públicas y privadas- y nuestra cultura.

Si por Estado de Derecho entendemos la sujeción de las relaciones sociales y de poder a las normas jurídicas, es forzoso constatar que en nuestra Provincia existe una acentuada propensión a eludir la Ley. Una vocación que, ciertamente, exhiben los distintos órdenes de gobierno y de la administración, pero que comparte el común de los habitantes de nuestro territorio.

Llevamos muchos años viviendo dentro de un régimen que produce normas jurídicas a sabiendas de que serán generalmente incumplidas. Se legisla, no para hacer realidad los valores y principios constitucionales, sino para las galerías, para seguir modas o para maquillar posiciones; si las encuestas revelan la preocupación ciudadana por el ambiente, pues los legisladores se visten de verde; si hablan de reverenciar a Güemes, pues toca disfrazarse de gaucho; si muestran el amor del pueblo por Evita, pues eso.

La prueba más evidente de todo esto es la prolija desarticulación de las funciones de inspección administrativa. ¿De qué vale tener una excelente Ley de Bosques Nativos si el poder de turno carece de vocación para hacerla cumplir? ¿De qué sirven las reglas para la edificación y los planes urbanos si los Municipios carecen de funcionarios con voluntad de inspeccionar obras y proyectos, sobre todo cuando hay que lidiar con “pesos pesados”? ¿Qué sentido tiene un buen Código de Aguas cuando el ente encargado no tiene ni medios ni voluntad para garantizar su cumplimiento?

Las modernas leyes dictadas para defender a los consumidores son papel mojado en un entorno donde nadie se siente, siquiera, obligado a colocar el precio de los productos, dando pie a los abusos que soportan ciudadanos casi resignados.

Estado constitucional, democrático y social

Salta tampoco es un Estado Democrático. Y no lo es por la sencilla razón de que sus leyes electorales distorsionan gravemente la voluntad de los ciudadanos, primando a las mayorías relativas y castigando a las minorías. Con el agravante de que, a poco de elegidos, varios de los representantes minoritarios que lograron eludir trampas y cepos, serán domesticados por el poder que reside en Las Costas.

Este deplorable panorama resulta potenciado por la intencionada destrucción de los partidos políticos locales, en nombre de un “transversalismo” o de un falso consenso que solo procura la concentración del poder.

¿Cómo hablar de democracia en una Provincia en donde el Estado es colonizado hasta sus más recónditos espacios por quién inviste el título de Gobernador? Cuando la producción de normas, el dictado de sentencias, la gestión administrativa, el control de los actos de gobierno, la distribución de los recursos públicos, la designación de funcionarios de todas las jerarquías, los contenidos de la educación, o el ingreso de decenas de miles de salteños dependen de la voluntad del señor de Las Costas, forzoso es concluir que vivimos bajo un personalismo travestido de estatismo y que, para colmo de males, tiene pretensiones dinásticas.

Se trata de un estatismo que repudia las expresiones de la autonomía ciudadana. De allí su intención de someter a los sindicatos, a los colegios profesionales y a las organizaciones no gubernativas. Piénsese sino en el caso de los centros vecinales ahogados por exigencias burocráticas que culminan en un régimen de subsidios municipales que abren las puertas a la dominación.

Salta tampoco es un Estado Social. No lo es, en tanto y en cuanto las prestaciones que atienden necesidades básicas se disciernen con criterio clientelar y no como derechos subjetivos. Una educación pública que, a duras penas, brinda los conocimientos elementales pero se revela incapaz de universalizar la instrucción cívica, de promover la convivencia y de educar la sexualidad, es otra muestra de que Salta carece de lo elemental.

Construyendo un futuro peligroso y oscuro

El Estado salteño, en muchos casos con la aquiescencia de segmentos sociales, alienta la construcción de un futuro desolador. Un futuro que incluye la devastación de bosques, la contaminación de ríos, las consecuencias de una educación entregada a los dogmas dieciochescos, los asentamientos poblacionales en condiciones miserables, la destrucción de las ciudades a manos de la especulación inmobiliaria y de la negligencia del poder inspector. Sin olvidar las consecuencias de una pésima gestión en materia de infraestructuras (transporte, comunicaciones, almacenamiento, investigación, ciencia y tecnología), y de la reseñada destrucción o bastardeo de las instituciones republicanas.