sábado, 28 de mayo de 2011

La indignación española vista desde Salta (II)

Continuando con esta serie de columnas dedicadas a analizar la crisis española, me referiré a los aspectos políticos de la misma. Hacia mediados de los años 70 los españoles advirtieron de que su sistema de convivencia de matriz corporativa, asentado tras los horrores de la guerra civil, era incapaz de satisfacer las expectativas e ilusiones de todos.

Incluso los sectores más lúcidos del régimen tardo-franquista sabían que las normas excluyentes, fundadas en antiguos odios, no estaban ya en condiciones de conservar la paz y de abordar los desafíos del futuro.

Por aquel tiempo la enorme mayoría de los españoles deseaba vivir en una democracia de corte europeo y estaba dispuesta a aceptar la economía de mercado a cambio de determinadas garantías de bienestar social.

Los representantes del régimen, con Adolfo Suarez a la cabeza, y los líderes de los partidos políticos que emergían tras décadas de persecuciones, se dieron a la tarea y consensuaron las bases de la España moderna que quedaron plasmadas en documentos tales como los Pactos de la Moncloa de 1977 y la Constitución Española de 1978.

Esos acuerdos adoptaron recaudos para garantizar tanto la transición ordenada y pacífica como la gobernabilidad futura. Los grandes actores políticos no querían recaer en los excesos de la Segunda República española y adoptaron los recaudos para pacificar las querellas del pasado.

La restauración de la monarquía, el régimen parlamentario basado en la primacía de los partidos mayoritarios, la apertura de un proceso de regionalización o federalización, la consagración de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad sindical, la alianza con las estructuras con las que occidente hacía frente a la guerra fría, y la incorporación a las Comunidades Europeas, fueron los ejes políticos de la nueva España.

Muchas de estas convicciones que lograron mayoritarias adhesiones, están hoy siendo cuestionadas por quienes creen que ha llegado el momento de inaugurar una nueva etapa. Si bien hay algunos consensos que seguramente habrán de mantenerse, hay otros que ya no reflejan las inquietudes sobre todo de las nuevas generaciones.

El sistema bipartidista (protagonizado por el conservador Partido Popular y los socialistas) y las reglas electorales que lo blindan, están en el centro de la indignación de los españoles en rebeldía.

Para comprender el malestar que genera el bipartidismo excluyente, resulta útil una referencia a lo que sucede en nuestro país y en Salta, donde las leyes electorales, quizá más brutalmente que en España, también promueven la concentración del poder y dejan fuera de las instituciones representativas a las minorías.

Todo hace suponer que los indignados españoles lograrán, no sin esfuerzo, los cambios institucionales que reclaman. Sobre todo el que propugna un régimen electoral directamente proporcional que garantice la representación de las minorías en los cuerpos legislativos. (Continúa)

miércoles, 25 de mayo de 2011

La indignación española vista desde Salta (I)

Sigo con especial interés y emoción los acontecimientos protagonizados por miles y miles de españoles que, por estos días, están expresando su indignación contra una situación política y económica de inusitada gravedad. Todo parece indicar que otro largo ciclo de 40 años está llegando a su fin.

Mi interés, más que académico, tiene que ver con mis lazos con España, construidos durante los 14 años que vivé en este país. Mi emoción, a su vez, se relaciona con la participación de mis hijos y sobrinos en esta singular y decisiva protesta.

Cinco millones de desocupados, la convicción de que un modelo de crecimiento económico (basado en la construcción y el turismo masivo) ha llegado a su fin, y las evidencias en el sentido de que el sistema de producción reparte inequitativamente las cargas y los beneficios, están en la raíz de la indignación de aquellos españoles.

El ajuste, abordado por el Gobierno del Presidente Zapatero de forma tardía, vacilante y con notorios errores técnicos, ha perjudicado grandemente a la masa de emigrados (muchos de ellos iberoamericanos) que llegó a España entre finales de los 90 y la primera década del nuevo siglo.

El desempleo de larga duración es la condena cotidiana de más del 40% de los jóvenes menores de 25 años. Las hipotecas abusivas agobian también a esos mismos jóvenes. La mayoría de quienes han logrado conservar su empleo sufre rebajas salariales y ha sido notificada que tendrá que trabajar más años para acceder a jubilaciones reducidas en su cuantía futura.

Las medidas del Gobierno, además de tardías, resultan claramente inequitativas en tanto han procurado atender primero las necesidades de los bancos y constructoras antes que las de los desocupados.

A su vez, las reformas propuestas por los socialistas españoles para fundar un nuevo modelo de producción y bienestar avanzan lentamente y no han logrado concitar el necesario consenso con las fuerzas de la oposición.

Mientras todo esto sucede, la crisis se arrastra durante meses y meses con la lógica secuela de desaliento, en tanto los españoles (y quienes allí residen) no perciben que el retorno a la senda de crecimiento y bienestar este cercana. Un desaliento que se potencia por el hecho de que varios países vecinos y socios (como es el caso de Alemania) están lográndolo.

Los jóvenes advierten además que los sindicatos funcionan, desde hace varias décadas, como actores que defienden a los trabajadores ocupados y mayores de 40 años que son los que disfrutan de las ventajas del modelo en materia de estabilidad en el empleo, mejoras salariales y acceso a las prestaciones del Estado de Bienestar.

Para intentar salir del atolladero, los sindicatos y las patronales, al ritmo cansino de las cosas de palacio, negocian la enésima reforma laboral, esta vez centrada en la negociación colectiva, una de las instituciones que, más allá de los cambios derivados de la libertad sindical, conserva la estructura y las rutinas definidas en tiempos del dictador Francisco Franco (continúa).

martes, 24 de mayo de 2011

La irrespondable idea de potenciar los asentamientos pobres

De las recientes elecciones salteñas, además de la abrumadora mayoría lograda por el Gobernador Urtubey y su régimen de colectoras que ha destruido a los partidos políticos, han surgido algunos pequeños cambios positivos. Me refiero al relevo de varios Intendentes, un hecho que expresa el creciente interés en los asuntos municipales.

Los nuevos Intendentes tienen enormes desafíos. El primero, lograr un trato justo por parte del Gobernador que es quién tiene la llave de la caja y quién distribuye los recursos sin los cuales todos los municipios salteños perecerían por asfixia financiera.

El segundo desafío es el crecimiento poblacional influido por las migraciones internas e internacionales. Un problema que se agiganta cuando hablamos de los municipios que circundan a la capital de Salta que ejerce una atracción irresistible sobre quienes viven en zonas con menos oportunidades urbanísticas, de empleo, de ocio y de consumo.

Varias localidades del Valle de Lerma están convirtiéndose, en el mejor de los casos, en precarias ciudades dormitorios de personas que viajan diariamente a la capital para trabajar, hacer trámites, o proveerse de bienes y servicios.

Algunos viejos Intendentes, como el de Cerrillos, han descubierto las ventajas que esto tiene para su eternización en el poder: alientan asentamientos, proveen de DNI a los asentados y los fidelizan con pequeñas dádivas a cambio de su voto y de su presencia ululante en cuanta fiesta o marcha convoque. Pero estos movimientos poblacionales no son neutros en materia de servicios urbanos y sociales. Veamos un caso.

El señor Gobernador acaba de anunciar que en el área de Atocha, Municipio de San Lorenzo, se asentarán 10.000 personas en terrenos fiscales. Como es fácil imaginar, semejante operación desequilibrará al Municipio que, de no mediar un milagro, tendrá que hacerse cargo de la provisión de servicios y ayudas a los nuevos habitantes.

La renta per cápita que hoy dispone la Municipalidad de San Lorenzo para atender a sus casi 15.000 vecinos, muchos de los cuales tienen necesidades básicas insatisfechas, se reducirá drásticamente.

El agua disponible (que ya resulta escasa), deberá dividirse entre más personas. Otro tanto ocurrirá con los servicios de educación, salud, seguridad y asistencia social. Con el agravante de que los planes de vivienda y asentamiento no otorgan prioridad a los sanlorenceños de escasos recursos que están siendo obligados a emigrar.

Este problema tiene, al menos en teoría, varias soluciones:

Una de ellas pasa por que el nuevo Intendente plantee al Gobernador la necesidad de un Fondo Provincial que financia los servicios públicos que demandarán los nuevos habitantes, al estilo del Fondo del Conurbano Bonaerense.

La otra, es dejar que todo transcurra como si de un cataclismo natural se tratase.