jueves, 20 de noviembre de 2014

LA TRAGEDIA DE GUACHIPAS Y EL ESTADO DE DERECHO

La muerte de cuatro trabajadores enviados a sofocar un enorme incendio en zona rural suscita dolor, indignación, cuestionamientos y dudas. En paralelo, y sin perjuicio de sentimientos legítimos e inquietudes razonables, la tragedia de Guachipas interpela al Estado de Derecho provincial, a nuestras instituciones y al funcionamiento de la administración salteña.

En este sentido, comenzaré señalando que los hechos a los que me refiero precisan ser investigados por instancias y expertos independientes. Por personas en condiciones de desentrañar lo ocurrido y, sin presiones externas, determinar las responsabilidades.
Sería aconsejable, además, que un grupo de expertos señalara los caminos para que esto no vuelva a suceder; para que la improvisación, la discrecionalidad, la opacidad y la precariedad sean, de aquí en más, sustituidas por la planificación, las reglas, el énfasis en la transparencia, la prevención y el equipamiento suficiente.

Dicho esto, se impone una pregunta: ¿Contamos con una autoridad independiente en condiciones de investigar lo sucedido, auditar el comportamiento de la cadena de mandos y deslindar responsabilidades? Lamentablemente la respuesta es negativa.
El Poder Ejecutivo provincia, a consecuencia de comportamientos inveterados, concentra en sus manos todo el poder del Estado y diluye o frustra cualquier intervención de personas u órganos que no se sometan a sus dictados hegemónicos. Esta obsesión por la manipulación política quebró los márgenes que, en las repúblicas democráticas, distinguen la esfera del gobierno (regida por la política subordinada a la Constitución y a la ley) del ámbito propio de la administración que debe regirse sólo por la legalidad vigente.

Por tanto, aunque es improbable que el Poder Ejecutivo escuche este pedido, pienso que la tragedia de Guachipas reclama una investigación exhaustiva, imparcial, transparente, ágil y alejada de los fragores de la política minúscula.

El papel de la justicia
Como se sabe, la depuración de responsabilidades administrativas y penales, así como la reparación de los daños humanos y materiales es, en todos los supuestos, función del Poder Judicial provincial y, en su caso, del Ministerio Público.

Y tropezamos aquí como la misma piedra. La presencia de una férrea voluntad que se propone controlar a jueces y fiscales (aunque no siempre lo logre), conspira contra aquella necesaria depuración de responsabilidades.
La actual conformación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, y las vigentes reglas de selección de magistrados, sintonizan con aquella voluntad y alimentan todo tipo de sospechas y suspicacias.

En este contexto, es harto probable que los familiares de las víctimas de la tragedia de Guachipas choquen contra el deficiente funcionamiento de la Justicia salteña. Y no me refiero aquí al caso de ningún juez en particular, sino al de una maquinaria lenta hasta la exasperación, incapaz de satisfacer en tiempo y forma legítimas demandas de las personas. Las quejas sin respuesta de las víctimas de accidentes de tránsito son ejemplos elocuentes de esta lacra institucional.
Aunque no es bueno apelar a factores emotivos, creo que es tiempo ya de que algunas instancias judiciales de la provincia dejen de lado criterios mezquinos que llevan a tasar el valor de la vida humana en cifras muy inferiores a las que recogen y admiten tribunales de otras jurisdicciones.

Por otra parte, sería un gesto loable que el Poder Ejecutivo se apresurara a celebrar acuerdos con los familiares de los fallecidos, evitándoles el calvario de una justicia morosa. En tales acuerdos, las autoridades deberían acceder a la reparación integral, sin escudarse en la indemnización tarifada del régimen de accidentes de trabajo. Lo que, naturalmente, implica admitir sin litigio que las muertes se produjeron en una situación en donde las medidas de prevención y los medios protección fueron inadecuados o insuficientes.
Pero hay dos cosas más que el Gobierno debería hacer en homenaje a las víctimas que murieron en cumplimiento de su deber:

De un lado, definir planes operativos y revisar el equipamiento de los distintos servicios encargados de hacer frente a las emergencias colectivas. Y, de otro, acabar con las contrataciones de personal en fraude de ley. No hay ningún argumento que pueda justificar que un porcentaje importante de empleados públicos de la Provincia ingresen a través de la ficción de la locación de servicios, y se vena condenados a inscribirse como monotributistas, sufragar sus servicios sociales precarios, y resignar sus derechos laborales.     

LA HORA DE LOS VECINOS

En Salta, está en crisis terminal el añoso y empobrecido régimen político donde los ciudadanos votan cada dos años, y luego son condenados al silencio y a la obediencia.

Con breves interrupciones (las primaveras de 1973 y de 1983, por ejemplo), ésta forma elemental y tramposa de concebir la democracia, toca a su fin asaltada por la creciente movilización ciudadana en las calles, las redes sociales, los medios de comunicación y los estrados judiciales.

Por supuesto, los detentadores del poder no desmayan en sus esfuerzos por sofocar el descontento. Así, pretenden: Controlar la justicia, impidiéndole que funcione con independencia y como garante de la Constitución. Domesticar a los sindicatos, a través de multas millonarias y de favores a los dóciles. Aquietar a los centros vecinales y organizaciones no gubernamentales, mediante el cepo que regula la Inspección de Personas Jurídicas. Subvencionar a la prensa adicta. O, en fin, reservar las ayudas sociales para que sean distribuidas por y entre militantes.
Pero, a mi entender, son maniobras de un régimen condenado a desaparecer.

Así lo indican los acontecimientos de protesta que, a lo largo y ancho de la geografía salteña, se reproducen y ponen límites a la prepotencia, el autoritarismo y la discrecionalidad.
Permítanme reseñar tres triunfos vecinales y una batalla aún pendiente.

Cota máxima en San Lorenzo
En 2012 el Concejo Deliberante de San Lorenzo aprobó una Ordenanza de Cota Máxima que abría espacios a la discrecionalidad y a las  prácticas prebendarias. Inmediatamente un grupo de vecinos se movilizó a través de la prensa y de las redes sociales, y recurrió ante la Corte de Justicia. Dos años más tarde, en el marco de esta resistencia vecinal, la nueva mayoría del Concejo derogó los aspectos más nocivos de la Ordenanza, desairando a la Fiscalía de Estado que pretendió convalidarla.

Las peatonales del centro salteño
Más recientemente, dentro de un confuso procedimiento administrativo, la Municipalidad de Salta decidió “remodelar” las peatonales. Pronto, ante la evidencia del retroceso estético y funcional, los vecinos de la ciudad capital se movilizaron contra las obras y en apoyo del recurso de amparo deducido para frenarlas. Con celeridad y rigor jurídico, el Juez Ángel Longarte acumuló evidencias, admitió el reclamo y obligó a las autoridades a reexaminar el proyecto.

La “canchita de Pérez”
En Vaqueros, vecinos de todas las edades y procedencias se unieron para preservar un espacio público auto gestionado. La precaria cancha de futbol donde los jóvenes se divierten sanamente y donde artesanos y pequeños emprendedores venden sus productos, está en la mira del Municipio que pretende construir allí un centro comunitario. En este caso, los vecinos no se oponen al proyecto sino que rechazan su localización y su inconsulta tramitación.

Asistí, por casualidad, a un tramo de la audiencia entre el Intendente y los vecinos, y quedé sorprendido tanto por la madurez cívica y la firmeza de estos, como por la pedantería tecnocrática de quién defendía el proyecto. A estas horas, todo parece indicar que el Municipio se abstendrá de atentar contra la “canchita de Pérez.

Tartagal sin agua
Pese a los fastos del Fondo de Reparación Histórica que, de momento, sólo parece haber servido para hacer realidad el lema “la misma sangre, la misma lucha”, los vecinos de Tartagal soportan la crónica falta de agua potable. Y, naturalmente, se movilizan reclamando soluciones y responsabilidades. Lo hacen también a través de las redes sociales y de una acción judicial pendiente de sentencia.

La escasez de agua en los grandes núcleos urbanos muestra los límites de la demagogia, de la improvisación y de un modelo de crecimiento basado en la especulación inmobiliaria sin sustento ambiental ni urbanístico.
Han pasado siete años y el Gobierno pone parches, sin abordar siquiera la planificación de las obras de embalse, imprescindibles para atender a las necesidades básicas de una población en aumento.

Hacia una democracia participativa y controlada
Quienes se preparan para asumir el gobierno en 2015 debieran tomar nota de esta realidad imperiosa. Mientras se agudizan problemas, aumentan los salteños cansados de la democracia delegativa, que produce seudo-monarcas, y en donde los controles languidecen ante el poder concentrado.

La protesta está dejando de ser un derecho reservado a los sindicatos obreros o a las organizaciones piqueteras que expresan a los excluidos, para convertirse en herramienta cotidiana de vecinos, de consumidores y de grupos de personas afectadas por abusos, negligencias o desconocimiento de sus derechos.
Da igual que esas protestas se dirijan contra el Gobernador o el Intendente de turno, o que apunten a presionar a los legisladores o a poner de manifiesto los incumplimientos en los que incurre el Poder Judicial.

Una ciudadanía mejor preparada y más consciente de sus responsabilidades y derechos, se aglutina y encuentra en las redes sociales y en la solidaridad los canales para hacerse oír y respetar. 

sábado, 25 de octubre de 2014

Razones para bregar por la independencia de los Jueces

Salta necesita refundar su Consejo de la Magistratura y su Jurado de Enjuiciamiento para convertirlos en artífices y garantes de la independencia de los jueces. Se trata de aventar las sospechas de politización que recaen sobre determinados segmentos de la justicia local.

En paralelo, precisamos abatir la morosidad y crear las condiciones para que todos puedan acceder a los tribunales y obtener, en tiempo razonable, pronunciamientos ajustados a derecho. La ausencia de estos requisitos explica que nuestro tránsito hacia la modernidad democrática sea lento y vacilante.

Son tareas de gran envergadura, que demandan debates serenos, compromisos ciudadanos, y reformas jurídicas y de gestión.     

Para avanzar, tendremos que superar el simplismo de quienes suponen que la independencia de los jueces interesa sólo a políticos y abogados. Vencer también el pesimismo de quienes pregonan que los hoy opositores cuestionan la designación de parientes y amigos, pero están prontos a repetir comportamientos monárquicos ni bien accedan al gobierno.

Resulta, en este sentido, encomiable el documento “Consenso de Cambios para el Futuro de Salta” (firmado por ciudadanos de diferente adscripción política) cuando recoge el inequívoco compromiso de “reformar el sistema de selección de jueces a fin de evitar injusticias y amiguismos, designándolos a través de concursos objetivos en base a su trayectoria y capacidad”.

Independencia de los jueces

Desde la fundación de los modernos Estados de derecho se proclamó que el poder político no debe inmiscuirse en los asuntos que son propios de los jueces. Insertar este principio dentro de las leyes fue una trabajosa conquista civilizatoria.

La lucha por abandonar la condición de súbditos y alcanzar la dignidad de personas dotadas de derechos inviolables tutelados por los jueces, tuvo sus primeros éxitos en Inglaterra con la Carta Magna (1354) y otros documentos (1627 y 1689) orientados a acotar el poder real, reforzar las competencias del Parlamento y, sobre todo, independizar a los magistrados de la voluntad del Monarca.

Cuando en 1615 el Rey Jacobo I citó a los jueces para recordarles su obligación de acatar las órdenes regias, tropezó con el Fiscal General Edward COOKE que reivindicó la garantía del debido proceso legal y construyó los principios teóricos de un nuevo derecho alejado de fundamentaciones teológicas.    

Parece oportuno recordar aquí la importancia que, contemporáneamente en Salta y  para todos, tiene la existencia de jueces independientes, irreprochables y justos, desenvolviéndose con celeridad y en un sólido contexto procesal democrático.

Por si esta apelación al interés general sonara retórica, señalo que de la justicia independiente dependen nuestras libertades y patrimonios, nuestro honor y nuestra seguridad, la justa composición de nuestros conflictos laborales, vecinales, familiares o ambientales. Sin jueces independientes, los simples ciudadanos estaríamos inermes ante la arbitrariedad de los poderes públicos y privados.

Los peligros de la politización de la Justicia

Como explica KIRCHHEIMER (“Justicia política. Empleo del procedimiento legal para fines políticos”), la historia de las naciones está repleta de malos ejemplos: Los casos DREYFUS (1894) y CAILLAUX (1918), entre otros muchos, muestran las consecuencias perniciosas de la intromisión de la política en el recinto de la Justicia y de la concomitante manipulación de la opinión pública.

Instancias de control del servicio de justicia

Aunque muchos en Salta piensan y actúan “como si la Justicia se encontrara en libre flotación institucional, en una suerte de exclusivo y aséptico limbo” (TOHARIA, REIS, 2002), es preciso habilitar mecanismos que transparenten el funcionamiento del servicio de justicia. Comenzando por la aprobación de un Plan Estadístico y la celebración de Audiencias Públicas para evaluar los objetivos de economía eficiencia y eficacia fijados en los abandonados Planes Estratégicos I y II aprobados por nuestra Corte.

Así como las sentencias están sujetas a complejos sistemas recursivos (que incluyen instancias supranacionales), los aspectos de pura gestión administrativa de los magistrados deben estar sometidos a instancias de control democrático. Máxime en el caso de Salta, singularizado por la opacidad de la Superintendencia y por las cortapisas puestas a la Sindicatura Interna.

El nuevo papel de los jueces

En 1853 los argentinos nos pronunciamos en favor de la división de poderes y en 1994, dejando atrás penosas experiencias históricas, decidimos reforzar el orden democrático con la incorporación de los Tratados Internacionales a nuestro sistema constitucional.

La reforma de 1994 y los avances teóricos en la ciencia jurídica (sin olvidar recientes fallos de la CSJN) han transformado de raíz el papel de los jueces. De órganos encargados de aplicar mecánicamente la ley ordinaria, los jueces se han transformado en garantes (FERRAJOLI) de aquel bloque constitucional federal y cosmopolita. Un papel que sólo pueden cumplir magistrados independientes y altamente cualificados.    

Muchos países caminan en esta dirección; incluso China ha comenzado a plantearse independizar a los jueces de tutelas partidistas. Salta debe abandonar urgentemente una senda perversa y situarse en el camino de la modernidad democrática.

 

domingo, 31 de agosto de 2014

DE LA AUTOCRACIA SALTEÑA SE SALE POR CONSENSO

¿Porqué, pese a que votamos cada cuatro años las instituciones del Estado salteño padecen inclinaciones monárquicas irresistibles?

Al amparo de reelecciones y de tramposas reglas que expulsan o castigan a las minorías, en Salta una sola persona concita la obediencia de legisladores, magistrados e instituciones de control. Pese a su demostrada incapacidad, el Régimen avanza por más y pretende perpetuarse en el poder.

La pervivencia de lacras como el nepotismo, el desprecio, el clientelismo y los privilegios discernidos desde el vértice del poder, identifican al Régimen autocrático.

Su desarticulación interesa a toda la ciudadanía, pues para salir de la parálisis económica, derrotar la pobreza, la exclusión, la sub-educación y las violencias, hace falta construir una democracia republicana, federal y eficiente.

El restaurante “Nino” y el Palacio de la Moncloa

Permítanme recordar dos momentos históricos en donde la ciudadanía abordó la desarticulación de sendos regímenes antidemocráticos apelando al consenso.

En 1970 los argentinos que luchaban contra la dictadura militar crearon - inspirados por Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín-, una mesa multipartidaria que alumbró el documento “La Hora del Pueblo”.

Hacia 1977, los españoles, decididos a acabar con el franquismo, celebraron los “Pactos de la Moncloa”, para instalar una democracia pluralista y cambiar de raíz el modo de selección de los gobernantes.

Ambos consensos fueron posibles porque sus actores tomaron conciencia de la magnitud de los problemas. Y porque las mayorías acordaron mirar al futuro y dejar atrás (o de lado) discrepancias y enconos.

Perón, pese a los bombardeos a la Plaza de Mayo (1955), las persecuciones y proscripciones, privilegió la reconciliación. Balbín perdonó encarcelamientos (1949) y exilios. Vicente Solano Lima no aludió a la quema del Jockey Club ni de las iglesias (1955).

En España, el conservador Manuel Fraga obvió acusaciones contra el comunista Santiago Carrillo, y este dejó de lado la condición de Ministros del dictador de varios de sus interlocutores. A nadie se le ocurrió decir: “No pacto con agentes del franquismo”, o “Usted fusiló monjas y curas”.

En los dos casos todos y cada uno de los representantes de demandas sociales de cambios pacíficos dejaron de exhibir convicciones antagónicas y es esforzaron por buscar comunes denominadores.

Dos modelos de consenso

Más allá de similitudes, sobresale una diferencia: Mientras los “Pactos de la Moncloa” incluyeron a representantes del Régimen gobernante, “La Hora del Pueblo” los excluyó; entre otras razones porque Lanusse procuraba un consenso continuista (GAN) y Suarez aceptaba una democracia competitiva.

En este sentido, el reciente “Consenso de Cambios para el Progreso de Salta” se asemeja más a “La Hora del Pueblo”. Muy probablemente porque el Régimen autocrático local no ha dado muestras de que acepta reformarse para dar paso a una democracia republicana.

El señor Urtubey no parece atraído por el papel de Adolfo Suárez; antes bien, manda descalificar al “Consenso Salteño”, se empeña en perseguir disidentes, completa el cuadro de magistrados amigables, mantiene designios reeleccionistas, y prefiere continuar disfrutando de las ventajas de un régimen electoral distorsivo.

Consenso Salteño

Afortunadamente, Salta cuenta con fuerzas que luchan por los principios republicanos y plantan cara al Régimen.

La novedad es que algunas de estas fuerzas, dejando atrás desavenencias, enconos y personalismos, han logrado elaborar un diagnóstico, definir una agenda, y construir un amplio consenso, sin pronunciarse sobre candidaturas ni insinuar un frente electoral.

El Documento “Consenso de Cambios para el Progreso de Salta”, constata que Salta tiene un enorme potencial en condiciones de transformarnos en una sociedad libre y justa. Identifica los motores del nuevo desarrollo, así como los obstáculos que nos condenan al atraso y a las inequidades. Señala que la destrucción de los partidos políticos, la decadencia de las instituciones del Estado, así como las reglas de selección de gobernantes, legisladores y jueces, alimentan la deriva autocrática.

El Documento es un enorme paso adelante. Inmune a insultos y agresiones. El patriotismo constitucional compartido y la prédica del consenso, son más fuertes que las descalificaciones (ese viejo fantasma de la Salta pequeña) que matan el diálogo, que rehúyen el debate de ideas.

Se trata, ciertamente, de un Consenso parcial (en tanto no niega enfoques diferentes) y abierto (pues no se proclama depositario de la verdad).

Habrá que enfatizar en la necesidad de acabar con el capitalismo de amigos, y  definir un modelo de crecimiento con eje en la creación de buenos empleos y respetuoso del ambiente. Un nuevo orden de cosas en donde el ingreso a los cargos públicos se base en la idoneidad, y en donde el acceso a la vivienda y la protección de la familia sean derechos de todos.

A partir de ahora el desafió es ampliar el debate, dar entrada a nuevos actores, difundir contenidos, desarrollar propuestas. Y, sobre todo, generar confianza en que los Pactos serán respetados. Para que miles de salteños se conviertan en artífices de su propio destino y ninguno sea instrumento de la ambición de nadie.     

   

jueves, 21 de agosto de 2014

EL FUTURO DE SALTA EXIGE UNA ARGENTINA FEDERAL

El mundo contemporáneo muestra multitud de ejemplos en donde los pueblos reclaman gobiernos más próximos, más representativos de la diversidad, más transparentes, y suficientemente controlados por los ciudadanos.

Aunque en Salta estas demandas no han alcanzado aún un peso determinante, hay indicios de que el régimen que nos gobierna desde Olivos y Las Costas no sintoniza con las nuevas exigencias cívicas.

Aumentan los salteños que reclaman reformas institucionales profundas. Cambios que terminen con los abusos; que arramblen delirios monárquicos; que garanticen una justicia independiente, eficaz y al alcance de todos; que pongan fin al centralismo que concentra el poder y lo aleja de las personas; que federalicen las estadísticas; que liquiden un régimen electoral tramposo que fabrica mayorías artificiales y condena a la insignificancia a las minorías.

La responsabilidad del unitarismo
Pero aun cuando los salteños, tras la cita electoral de 2015, comenzáramos las reformas democratizadoras, nuestro anhelo colectivo de una Salta justa y próspera en la que todos convivamos en paz y libertad, seguiría lejano.

Por una razón muy simple: Nuestro actual descontento -generado por altos niveles de pobreza, violencia y desgobierno, por carencias en materia de educación, urbanismo, salud, ambiente y seguridad-, guarda estrecha relación con el proceso que, violando la Constitución y los Pactos, convirtió a la Argentina en una república unitaria.

Salta no es dueña de su riqueza
Nuestra producción y nuestro trabajo resultan lastrados por una fiscalidad que desalienta el empleo decente, paraliza el desarrollo y articula un país que acumula poderes y riquezas en el centro donde radican, industrias, infraestructuras y oportunidades.

Cuando me refiero a la fiscalidad pienso no solo en los impuestos coparticipables sino en todas las vías a través de las cuales la Nación expropia a las Provincias. Tal es el caso del impuesto a las transacciones bancarias, o de las retenciones a las exportaciones de alimentos y combustibles. Pienso también en el impuesto inflacionario que ahoga a nuestros hogares y somete a las instituciones locales, y -como no- en el unitarismo que preside la política monetaria.

A su vez, las reglas que organizan tanto la explotación de gas y petróleo en suelo salteño, como la producción de biocombustibles y de energías alternativas, no satisfacen nuestros intereses, y están amenazadas de reformas unitarias que avanzan ante la inexplicada pasividad del Gobernador Urtubey.

La centralización del comercio exterior perjudica señaladamente a una provincia como Salta que, pese a su estratégica ubicación internacional, encuentra dificultades para colocar su producción en el exterior y para abastecerse de insumos importados. Desde Buenos Aires se protege o se abren fronteras mirando los intereses del centro, no los del norte argentino. Precisamos abatir este proteccionismo asimétrico, y desplegar una política comercial exterior activa y autónoma.

Empleo y relaciones laborales
El empleo en Salta tiene las limitaciones que ha revelado Jorge Paz. Superarlas, exige medidas de ámbito local y recuperar el control de los impuestos que retiene la Nación. Sin embargo, la decisión más importante radica en la construcción de una red de formación profesional en sintonía con la producción de alimentos, combustibles, minerales y servicios, y en la necesidad de preservar y mejorar las singularidades de nuestro modelo de familia.

Las relaciones colectivas de trabajo están presididas por la misma dinámica unitaria. Una lógica que ha convertido a los sindicatos locales en meras sucursales de los vértices porteños, y a los empleadores en convidados de piedra en la fijación de las condiciones de trabajo. Por tanto, federalizar la negociación colectiva y la acción sindical es también una exigencia de futuro.

La grave crisis de la educación salteña
Entender el pobre desempeño de nuestra educación requiere cuestionar el doble centralismo que, desde el Palacio Pizzurno y desde el Gran Bourg, priva a la escuela de espacios de autogestión, empobrece contenidos, impide promover cambios culturales, permanece impávido ante la violencia y la ruptura del pacto entre la escuela y la familia, impone itinerarios alejados de la realidad regional, y ha destruido la carrera docente. Aquí, como en casi todos los problemas que arrastramos, las soluciones pasan por recuperar para la Provincia competencias políticas y de gestión.

Producir y distribuir
¿Por qué razón Salta debe soportar en silencio la política agropecuaria e industrial impuesta por el Poder Ejecutivo Nacional? Se impone rechazar esta deriva unitaria y reivindicar para la Provincia el poder de regular la producción de alimentos y combustibles.

Corresponde a los salteños decidir qué, cómo y cuánto producir en función de los mercados internacionalizados. Somos nosotros quienes habremos de aprobar incentivos, gravámenes, salvaguardas ambientales, y vías de distribución de la riqueza producida. Apelando, cuando proceda, a la planificación prevista en la Constitución Provincial.

Para eliminar la pobreza y fomentar la inversión y el empleo, así como para compensar impactos sobre el ambiente y las futuras generaciones, los gravámenes a la producción de alimentos y combustibles han de ser decididos y percibidos por las provincias productoras.

Federalismo político
La reforma constitucional de 1994, más allá de notables avances federalistas, contiene un sesgo unitario: El remplazo del Colegio Electoral como ámbito de elección del Presidente de la Nación, por el voto directo en régimen de distrito único. De aquí, y de otros factores, provienen el protagonismo de los Intendentes del cono-urbano bonaerense y la simétrica pérdida de peso político de las provincias históricas.

El giro federalista de Salta incluye exigencias para que la Nación resguarde nuestras fronteras y cierre caminos al narcotráfico. Y, por supuesto, comprende la descentralización provincial que ponga fin al unitarismo con eje en la ciudad capital.      

Es cierto que nuestra historia registra ciclos de justificada tolerancia a la deriva unitaria. Ocurrió durante las guerras por la independencia y otras emergencias que imponían sacrificios a las provincias en beneficio de la Nación. En otros momentos era difícil hablar de federalismo cuando dependíamos de la ayuda nacional para subsistir.

Pero las cosas han cambiado de raíz. Salta tiene una enorme riqueza potencial, y está cultural, intelectual y políticamente madura para asumir responsabilidades de autogobierno. Por consiguiente, sin razones para continuar tolerando el centralismo que nos ahoga y expropia, ha llegado la hora de remplazar al caudillo unitario por un Programa Democrático y Federalista.

domingo, 17 de agosto de 2014

Importante Documento Multipartidario y Plural

CONSENSOS DE CAMBIOS PARA EL PROGRESO DE SALTA

Quienes suscribimos este documento, dirigentes de distintos partidos y sectores de la Provincia de Salta, emprendemos la tarea de definir por consenso y a través de un diálogo abierto, Políticas de Estado y someterlas a la consideración y debate de la sociedad, en la búsqueda que sean ejecutadas como decisión colectiva de todos, por lo que éste esfuerzo, por ser precisamente plural, va más allá de la mera contienda electoral. En virtud de ello, asumimos el formal compromiso frente a la ciudadanía de la Provincia de Salta de dialogar, promover y efectuar los cambios necesarios para hacer realidad las siguientes acciones:

1.-. DESARROLLO SOCIAL Y PROGRESO:
a) Educación de calidad en todos los niveles para el desarrollo de las personas y una adecuada inserción laboral. Garantizar la salud, la seguridad, el ambiente y la integración como pilares de la actuación del Estado.

b) Reducción de la pobreza y la indigencia como objetivos prioritarios para los próximos cinco años, promoviendo polos de desarrollo, el arraigo de la población del interior, y las ayudas a las familias.
c) Generación de nuevos puestos de trabajo, especialmente de empleo joven, a través de la producción y la industria.
d) Financiamiento de un Plan de Emergencia para la inmediata construcción de viviendas y el acceso a terrenos urbanizados para la vida digna de las familias de menores recursos.

2.-. FEDERALISMO:
a) Defensa del federalismo frente al centralismo político y económico. Promover la devolución de las facultades y fondos arrebatados a las Provincias.

b) Defensa de los recursos naturales de provinciales. Incorporación de valor agregado en lugar de origen. Reducción de tarifas en provincias productoras.
c) Exigir al Estado Nacional asuma, en coordinación con la Provincia, una decidida actitud en la lucha contra el delito y el narcotráfico. Resguardo absoluto de nuestras fronteras.

3.- REFORMA POLITICA:
a) Limitar el mandato a Gobernador y Vice a un solo período. Eliminación de las reelecciones indefinidas en cargos políticos, promoviendo el tope máximo de dos mandatos consecutivos para Intendentes, Senadores, Diputados y Concejales a partir del año 2015.

b) Reformar el sistema de representación en la Legislatura, a fin de garantizar el igual valor del voto de los salteños y asegurar que cada fuerza política cuente con un número de representantes proporcional al total de votos obtenidos en la Provincia.
c) Dotar a la Provincia de un sistema de partidos que garantice equilibrio y alternancia. Eliminar facultades de cambiar o decidir cuestiones electorales por parte del Gobernador de la Provincia.

c) Estudiar la implementación de un sistema unicameral y la realización de elecciones cada cuatro años.
4.- REFORMA EN LA JUSTICIA:

a) Facilitar el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos; extender el servicio en el interior y mejorar su funcionamiento.

b) Reforma del sistema de selección de jueces a fin de evitar injusticias y amiguismos, designándolos a través de concursos objetivos en base a su trayectoria y capacidad, exigiendo una permanencia mínima de 4 años en el cargo para poder postularse para otro función judicial.
c) Reorganización del Ministerio Público. Inamovilidad para los Jueces de la Corte de Justicia de Salta.

5. MAYOR TRANSPARENCIA Y CONTROL DE GOBIERNO:
a) Dotar a la Auditoría de la Provincia de efectivo control asegurando la participación de la oposición que ocupará la Presidencia del cuerpo. Revisar el régimen de contrataciones del Estado y todos los sistemas que favorecen la corrupción.

b) Derogar los “súper-poderes presupuestarios” del Poder Ejecutivo; la posibilidad de transferir partidas y cualquier tipo de “gasto reservado”.
c) Publicación en la  Web de todos los beneficios sociales y amplio acceso a la información pública. Distribución proporcional, equitativa y pública de la pauta oficial reglamentada por ley.

d) Penalizar a los funcionarios por el uso de bienes y recursos del Estado con fines electorales o personales.
Difundir el presente documento y sus fundamentos durante los próximos 60 días en la sociedad salteña, con la participación de Partidos Políticos, Cámaras, Colegios Profesionales, Organizaciones No Gubernamentales, Centros Vecinales, Organizaciones Sindicales y Medios de Comunicación, en la búsqueda del diálogo y los consensos, en un marco plural, considerando siempre que está PRIMERO SALTA.

REPENSAR LA EDUCACION EN SALTA

I. PUNTOS DE PARTIDA

1.- El desarrollo armonioso de una sociedad moderna y democrática (que tenga como metas la libertad y la igualdad) depende de la articulación virtuosa entre la Educación, las Instituciones, y la Producción.
2.- En Salta, las Instituciones -formales e informales- no terminan de sintonizar con las exigencias de la convivencia, la integración y el desarrollo.

En nuestra Provincia, al igual que sucede en el ámbito de la Nación, se verifica una fractura institucional entre las reglas formales y las informales[1].
3.- La Educación, tanto en Salta como en el resto del país, parece atravesada por un largo choque cultural irresuelto entre las pautas culturales que fundaron la república en Mayo de 1810, y los resabios del absolutismo de raíz colonial y de vocación aislacionista.

4.- Distintas manifestaciones de violencia (familiar, escolar, vecinal, de género, delictual), enrarecen la vida local y la Educación parece ausente de los debates y de las soluciones.

5.- La cultura cívica de los salteños es manifiestamente mejorable. Sucede además que en la vida política y social de Salta existen amplios espacios en donde la ejemplaridad republicana está ausente, lo que no contribuye a los fines de la Educación para la convivencia cívica.

6.- En Salta, el abatimiento de la pobreza y de otras inequidades depende -simultáneamente- de nuestra capacidad de potenciar los motores productivos (alimentos, combustibles, minería) y de introducir las reformas que cierren la fractura institucional.

7.- En este contexto de futuro, necesitamos mejorar las condiciones de ejercicio de la ciudadanía, así como las aptitudes para las relaciones interpersonales (comunicación, resolución de conflictos, manejo del tiempo, trabajo en equipo) y la producción de ideas, cultura, bienes y servicios.

II. PREGUNTAS DE UN OBSERVADOR POLÍTICO
A la espera de que los expertos hagan escuchar sus voces e ideas, surgen algunos interrogantes:

8.- ¿Debemos continuar obedeciendo a los dictados educativos de la Nación?[2]

9.- ¿Es correcto centrar de modo excluyente los problemas de la Educación en el ámbito de la Escuela? ¿O es preciso abordar esos problemas tomando en consideración el papel del contexto y de otros actores del proceso educativo?

10.- ¿La profesionalidad y dignidad de los docentes dependen sólo de los salarios o reclaman un nuevo régimen de remuneraciones e incentivos junto a nuevas reglas y escalafones que reestructuren la carrera docente?

11.- ¿Los planes de formación de maestros y profesores son suficientes y adecuados para esta Salta en un mundo en cambio?

12.- ¿Qué hay que hacer para reconstruir el Pacto no escrito entre la Familia y la Escuela?

13.- ¿Cómo insertar al voluntariado en las acciones educativas?

14- ¿Ha llegado la hora de recrear un órgano participado para la política, las estadísticas y la gestión educativa, así como para la evaluación de los resultados, dando protagonismo a los diversos actores del sistema educativo provincial?

15.- ¿Los tradicionales modelos (centralistas, verticales y burocráticos) de gestión y financiamiento de la educación provincial siguen siendo válidos, o reclaman cambios que apunten a mejorar los resultados de la educación?[3]

16.- ¿Qué ventajas hay en un sistema de gestión educativa descentralizado y con eje en escuelas dotadas de autonomía?

17.- ¿Cómo abordar los déficits de la cultura salteña en materia de comunicación, convivencia con lo diverso, resolución de conflictos, educación sexual?

18.- ¿Los actuales contenidos educativos contribuyen verdadera y eficazmente a la múltiple tarea de formar ciudadanos (conscientes de sus deberes y derechos, instruidos en los valores democráticos y en los principios republicanos, y aptos para la etapa cosmopolita), personas (libres, cultas y en condiciones de alcanzar espacios de felicidad), y trabajadores (cualificados en función de nuestro perfil productivo y de las exigencias que son propias del progreso cultural, intelectual y social)?

19.- ¿Hasta qué punto el actual modelo educativo provincial, a pesar de sus malos resultados, se mantiene por resultar funcional a una cierta forma de “hacer” política? (clientelar, autoritaria, excluyente y concentradora del poder con rasgos monárquicos).

20.- ¿Qué hacer para sintonizar el funcionamiento del Sistema Educativo Provincial con las grandes metas definidas en el Programa para Salta en un Mundo en Cambio?

Vaqueros, 26 de junio de 2014.



[1] SANCHEZ, Carlos E. “Educación, Instituciones y Desarrollo”, Editorial BRUJAS – 2014.
[2] Uno de los ejes del modelo finlandés radica en la libertad de las jurisdicciones para establecer sus propias políticas educativas (P. SAHLBERG “El cambio educativo en Finlandia”, PAIDOS, Buenos Aires – 2013).
[3] Véase el Documento elaborado por el Centro de Estudios en Políticas Públicas: “Una nueva agenda educativa para el país” (Mayo de 2014)

FAMILIA Y POLITICA EN SALTA

En los grandes aglomerados urbanos salteños malviven miles de familias. La ausencia de servicios elementales hace de muchas villas y asentamientos sitios no aptos para el desarrollo humano. La drogadicción está destruyendo a muchas familias, a sus niños y a sus jóvenes. La falta de educación sexual, así como la violencia doméstica, escolar, deportiva, vecinal hacen estragos.

Muchas de estas cosas no se ven en los centros prósperos y son ocultadas por las estadísticas oficiales. Siguiendo pautas culturales arraigadas, quienes viven en esas periferias no suelen aparecer por el centro, y cuando lo hacen procuran presentarse en condiciones que ocultan padecimientos y privaciones.

Frente a este panorama, la política oficial carece de un diagnóstico preciso, y persiste en sus propósitos mezquinos e irresponsables: Mantener serenos y acotados a los pobres, y buscar su voto a cambio de ayudas materiales discrecionales.
El Gobierno de Salta, siguiendo el molde unitario, piensa que la pobreza es manifestación de carencias materiales y diseña programas para transferir rentas y proveer alimentos.

Clasismo en el Estado social
Después de la segunda guerra mundial muchas naciones pusieron en marcha servicios sociales orientados a atender las necesidades de quienes no podían autosatisfacerlas.
Por supuesto, la cuantía y calidad de las nuevas prestaciones varía en función de los enfoques ideológicos presiden la distribución de la riqueza. Pero el principio rector manda que las ayudas sirvan para integrar, y que los servicios se presten en condiciones de calidad, homogeneidad y objetividad (“una necesidad, un derecho”).

En Salta las cosas suceden de otra manera. Las oportunidades y las condiciones para acceder están segmentadas. Los servicios sociales funcionan a tres velocidades. Hay educación, salud, justicia, seguridad y urbanismo para pobres, que nada tienen que ver con los servicios para los pudientes. Sin olvidar que muchos ni siquiera acceden a las prestaciones de baja calidad.

Un urbanismo clasista potencia los asentamientos, y reserva el agua potable, las cloacas, los espacios verdes para los centros privilegiados.

Pensar que, en la Salta contemporánea, todas las familias funcionan según el molde tradicionalista, es un anacronismo propio del pensamiento decadente. En este contexto resultan especialmente chocantes el nepotismo y las apelaciones a “la misma sangre” como criterio de acceso a los cargos ejecutivos o judiciales.

Los excluidos sin esperanzas
Muchos de los miembros de las familias excluidas han perdido la alegría de vivir. Carecen de ilusiones, de sueños, de esperanza. No disponen de las herramientas imprescindibles para salir de la marginalidad. No pueden siquiera imaginar un futuro para ellos y sus hijos.

Frente a esto, las respuestas clásicas oscilan entre la manipulación, la reiteración y el oportunismo que aconseja hablar retóricamente de la pobreza como una realidad indiferenciada, transitoria y fácilmente abatible.

Las propuestas rutinarias prometen empleos, subsidios y más servicios que replican la mala calidad de los existentes. Por ejemplo, más escuelas públicas que sigan produciendo los magros resultados conocidos y que dan lugar a que casi el 100% de los egresados de la UNSA provenga de la enseñanza privada.

Por supuesto la nueva política social incluye transformar la escuela pública: Abandonando el seguidismo unitario; diseñando nuevos contenidos; reconstruyendo la carrera docente; dotándola de unidades especializadas para recuperar a todos los alumnos con dificultades para continuar y concluir sus estudios.

Necesitamos otro Estado
Tenemos 600.000 salteños sumidos entre la indigencia y la pobreza. De entre ellos, hay miles de excluidos que quizá nunca lograran acceder a bienes y derechos elementales, ni podrán desarrollar satisfactoriamente las potencialidades ínsitas en su condición de personas.  

Frente a este acuciante panorama sobran la demagogia y la improvisación. El clientelismo es, sencillamente, una práctica criminal.

Se impone diseñar otra política social a la medida de las necesidades locales, que tome en cuenta los factores culturales identitarios.

Un Ministerio para la Integración Social deberá movilizar a no menos de 5.000 asistentes sociales de diferentes especialidades, distribuidos por nuestra geografía. Serán los encargados de mejorar el funcionamiento de los gabinetes psicopedagógicos escolares; de instalar servicios de ayuda a las familias en los centros de salud, en los comedores infantiles, en los centros vecinales y deportivos; de ayudar a las iglesias y organizaciones no gubernamentales que intentan paliar la crisis social y familiar.

Estas unidades abordarán, por ejemplo, los déficits en materia de convivencia y de cultura del trabajo (2 o 3 generaciones que vivieron y viven de subsidios). Apoyarán la reconstrucción del tejido social, familiar y vecinal; promoverán la cultura del diálogo, enseñando a resolver conflictos, a mantener relaciones constructivas, a convivir con lo diferente o antagónico.

Esta nueva política social requiere, ciertamente y entre otras cosas, la contribución de los expertos y de las Universidades locales que deberían estar en condiciones de proveer los profesionales, los contenidos y las rutinas de los nuevos servicios de ayudas a la integración.