sábado, 7 de septiembre de 2013

El engendro de las P.A.S.O. en Salta


La señora Presidenta y nuestro Gobernador comparten una singular y pobre idea de la democracia. Militan en favor de un régimen sin partidos políticos, sin controles, y protagonizado por clientes y no por ciudadanos. Prefieren un sistema que arrincone a las minorías y esté dominado por Césares providenciales, dueños de la verdad y de los recursos del Estado. Ambos coinciden también en prohijar, por encima de proclamas justicieras, el capitalismo de amigos; aun cuando el señor Urtubey, fiel a ciertas tradiciones, reserva sus favores también para los parientes.

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) son funcionales a estas estrategias. Buscan, sin mirar costos económicos, legitimar a un régimen en donde los “aparatos” (la mayoría de ellos financiados con dinero público) remplazan a los partidos políticos autónomos.

En Salta, las PASO son, salvo honrosas excepciones, luchas entre caudillos, aspirantes a caudillos y parientes de caudillos. Las citas electorales se convierten entonces, en un estallido de carteles multicolores, de fotos oportunistas, y de frases vacías que rozan el ridículo. En este escenario, las propuestas y programas son reemplazados por los dictados de los licenciados en marketing; a su vez, la responsabilidad cívica es remplazada por los licenciados en logística.

Es la inexistencia de partidos políticos la que motoriza este modo de gobernar altanero y ensimismado. Es el cesarismo, cuando conecta con las ancestrales visiones oligárquicas, el que genera este modo de gobernar que prefiere a quienes el tango “Pucherito de gallina” llama “chicos mal de casas bien”; personajes que, despreciando la política y amando la simulación, llegan a los altos cargos pensando que su acceso responde a una ley divina que les habilita a usar como propios los bienes del Estado.

Es esta idea del poder y no los resultados electorales la que explica el clientelismo, el transfuguismo, la corrupción, las maniobras dinásticas y los afanes por controlar jueces, medios de comunicación, colegios profesionales, sindicatos o centros vecinales.

Resultados alentadores

Sin embargo, el pasado ensayo electoral mostró varios aspectos positivos.

La normalidad del acto electoral es el primero de ellos. La desaparición del robo de boletas, la celeridad de los escrutinios y la paz, muestran un panorama solo empañado por el uso de vehículos municipales para trasladar votantes aleccionados.

La emergencia del Partido Obrero como fuerza política organizada y en condiciones de consagrar al primer Diputado Nacional de izquierdas, es la segunda manifestación a destacar. Salvando las distancias, la eventual elección del señor Pablo López podría emparentarse con el triunfo, en 1904, del socialista porteño Alfredo Palacios.

Dentro de este inventario de aspectos positivos, merecen especial mención los resultados de las PASO en la ciudad de Salta. En este sentido, el pobre desempeño de la jovencísima heredera del actual Intendente muestra la declinación de los “aparatos” en los barrios pobres y, también, los límites del clientelismo político.

Muchas personas que arrastran situaciones de necesidad o exclusión han comenzado a recordar lo que Juan Domingo Perón recomendaba en 1944, “Acepten todo lo que les den, pero en el cuarto oscuro hagan su voluntad”. Ni la poblada red de militantes pagados por la Municipalidad, ni los bolsones, ni las chapas han bastado para reconstruir una situación favorable al poder.

A mi modo de ver, hubiera sido decepcionante que los votantes de la ciudad de Salta premiaran a quién es el responsable de la degradación del centro histórico, de la brutal suba de impuestos municipales para financiar boato y burocracia, tanto como de la especulación y del fraude inmobiliario que expresan los edificios de altura irregulares. En realidad, los vecinos de Salta han castigado una gestión caracterizada por la incapacidad para resolver problemas tales como el abastecimiento de agua potable o los asentamientos en condiciones infra humanas.

Muchos salteños saben que hay negligencia detrás de la contaminación del río Arenales o del ambiente putrefacto que castiga a algunos barrios del sur.

Si bien no hay todavía en el horizonte un modelo de desarrollo urbano alternativo, parece evidente que la mayoría de los salteños repudia una gestión centrada en los negocios e insensible a los reclamos ambientales y urbanísticos.      

La Salta que está sola y espera

Mientras este espectáculo político se desenvuelve a la vista de todos y acapara la atención de algunos, la Salta profunda y real se rebela o asiste impotente a los problemas de siempre (pobreza, exclusión, deficiencias en los servicios públicos), y a los nuevos y graves desafíos como el comercio local de drogas, la mora judicial (exacerbada por una errática política de subrogancias) o la gravísima crisis agropecuaria derivada de la sequía y las heladas.

Este Gobierno, que persigue la consolidación de un César hereditario, no parece preocupado ni en condiciones de resolver estos asuntos que hacen al bienestar, la seguridad y las libertades de los salteños.

miércoles, 4 de septiembre de 2013

Las elites del poder en Salta


La historia política de Salta muestra muchas etapas en donde las “elites del poder” (REINHARD, 1996, FCE) se volcaron a la configuración de verdaderas Cortes, de raigambre monárquica, encargadas de celebrar al primer mandatario, de reservar los recursos del Estado para beneficio de las familias gobernantes, y de facilitar la perpetuación en el poder de líderes con pretensión dinástica.

Este estilo de gobernar, profundamente autoritario, se asienta en el secretismo, los favores, el incienso y la discrecionalidad, y desdeña el sistema de derechos y deberes propio de una democracia constitucional.

Así, por ejemplo, el Boletín Oficial de Salta destila el consentido vicio de la opacidad: Normas que se publican tarde o mal resumidas, anexos no publicados, índices desprolijos e insuficientes, que obligan a los ciudadanos deseosos de saber qué hace el Gobierno a pasarse horas buceando anexos o descifrando enunciados. Cuando la preocupación ciudadana se centra en los municipios del interior, tropieza con una oscuridad más intensa en tanto Ordenanzas y Resoluciones no son recogidas por la gaceta oficial.

Es más: Cualquier burócrata está preparado para negar el acceso a expedientes públicos apelando al falso argumento de que su consulta requiere la “previa acreditación de interés legítimo y la presentación de solicitud en papel sellado de 0,25$”. De esta manera, sintoniza con las directrices no escritas de la “elite del poder” interesada en preservar de ojos incómodos textos tales como los Estatutos de asociaciones civiles, sindicatos o centros vecinales, licitaciones, consultorías, publicidad o cualquier otro acto en donde el temeroso funcionario suponga que están comprometidos los intereses de los “pesos pesados” del momento.

El Gobierno trata, por todos los medios, de negar el acceso a la información pública, pese a la raigambre constitucional de este derecho. Y no solo los ciudadanos sufren estas restricciones; también padecemos el escarnio los abogados que, en ejercicio de nuestra profesión, debemos lidiar con aquel secretismo, ante la increíble pasividad de nuestro Colegio.

Un poder desmesurado y sin control

El actual Gobernador ha logrado niveles de mando sin control realmente inéditos y abusivos. Tan penoso éxito se demuestra en el abierto sometimiento de los órganos institucionales de control y vigilancia a su Suprema voluntad, como es el caso, entre otros, de la Auditoria, del Consejo de la Magistratura o incluso del Ministerio Público.

Un éxito antidemocrático al que hay que añadir el dominio que el primer mandatario ejerce sobre los otros poderes del Estado, incluido el Poder Constituyente al que puede convocar en virtud de la falsa y desmesurada mayoría absoluta que detenta en la Legislatura Provincial.

La alternativa de los contrapoderes cívicos

Frente a este panorama cargado de autoritarismo y signado por la ausencia de frenos republicanos, pienso que la autonomía ciudadana está llamada a ejercer el control y marcar los límites, en ejercicio de derechos y responsabilidades esenciales al orden democrático.

Es verdad que, de hecho, los salteños venimos ejerciendo estas funciones a través de reuniones, escritos, marchas, protestas, huelgas y otras manifestaciones de la libertad de expresión. Sin embargo este activismo cívico no alcanza, en razón de la precariedad de nuestro tejido asociativo; una debilidad potenciada por el propio Gobierno que usa de todo su poder para domesticar sindicatos, cámaras empresarias, medios de prensa, o centros vecinales.

En este contexto, el Consejo Económico Social cuya creación está a punto de aprobar la Legislatura siguiendo, como no, los dictados del Gobernador, aparece como un esfuerzo baladí orientado a convalidar el actual entramado de poder. Su diseño se parece más a una nueva estructura cortesana que a un órgano de participación ciudadana y de control republicano.

Si bien, en mi singular opinión, Salta precisa una institución de este tipo, pienso que el legislador, recuperada su soberanía, debería apartarse de los modelos europeos (que promueven la presencia de los actores sociales neo-corporativos), para configurar al Consejo como un recinto en donde confluyen las organizaciones cívicas, representativas y autónomas que se organizan para defender los intereses generales -o parcelas de ellos- frente a los poderes públicos y privados que los violentan o desconocen.

Un verdadero órgano de participación ciudadana ajustado a las necesidades de nuestra endeble y deficitaria democracia será aquel que contemple la presencia de las organizaciones no gubernamentales que defienden el ambiente y los recursos naturales, que denuncian la impunidad, la especulación y el fraude inmobiliario, que luchan contra el tráfico de drogas, la mora de la justicia, la violencia familiar o de género, junto a aquellas que pretenden que los excluidos accedan a bienes y servicios esenciales.

En este sentido, el CES sería la culminación de una imprescindible política orientada a reconocer, promover y dotar de medios institucionales a todas las voluntades ciudadanas colectivas que se organizan autónomamente para hacer efectivos los derechos fundamentales y las garantías de la Constitución.