domingo, 30 de diciembre de 2012

El peligroso intento de aniquilar los disensos

Cuando quienes gobiernan se consideran propietarios de La Verdad tratan, por todos los medios, de imponer sus ideas a las que presentan aureoladas de todas las virtudes. Es así como se empeñan en transformar sus postulados en mensajes de propaganda orientados a cautivar a las masas. En un escenario tal, los creativos y el marketing político desplazan a los principios y a los programas electorales.

Aunque este tipo de prácticas pone en riesgo a la democracia, es muy probable que cuando esto sucede en las sociedades políticamente cultas sus ciudadanos encuentren pronto los caminos para desplazar a los demagogos, recuperar los valores y reinstalar el debate de ideas en el núcleo de la política.

Por el contrario, en las sociedades más rudimentarias es frecuente que aquel remplazo de la política por la propaganda se conecte con el mesianismo; llegado este momento, sus cultores procuran suprimir los disensos y, de paso, aniquilar a los disidentes.

Como difícilmente exista hoy una sociedad que tolere la quema de libros o el encarcelamiento de rebeldes, el régimen unitario optará por controlar a los medios de comunicación (incluido Internet) o, incluso, por encomendar a los jueces el acallamiento de los disidentes.

Es entonces cuando desde el vértice del poder parte la orden de domesticar a los partidos políticos y a los sindicatos, de amedrentar a las organizaciones de intereses, de copar los colegios profesionales y las asociaciones civiles, de impartir la buena doctrina en las escuelas, de desacreditar a los opositores que, impenitentes, se empeñen en marcar rumbos diferentes apartándose del discurso oficial.

Los poseedores de La Verdad, encaramados en el aparato del Estado (en uno o más de los poderes constituidos), deciden “ir por todo” y proclaman en voz alta la legitimidad de la guerra santa contra el error y la herejía.

El pluralismo, la alternancia, la independencia de los jueces, la libertad de prensa, el disenso e incluso el diálogo son las primeras víctimas de la feroz cruzada. Por supuesto, si el país que cae bajo las garras de este tipo de liderazgos mesiánicos cuenta con una Carta democrática y republicana, el “mensaje” uniformador hablará de la necesidad de abolir la Constitución, que será presentada como un obstáculo a la marcha de La Verdad, la Bondad y la Felicidad que día y noche procuran quienes mandan.

Da igual que los detentadores del poder profesen ideas de izquierda o de derecha que, dicho sea de paso, abandonaran pronto para deificar las ordenes de quién paulatinamente va adquiriendo la fisonomía de un dictador.

Las crisis profundas y las situaciones de riesgo colectivo son ocasión propicia para verticalizar el poder y las ideas, como lo muestra la emergencia, por ejemplo en Europa, de un “pensamiento único” que propone que los costos de la crisis económica sean pagados por los trabajadores y por el Estado de Bienestar. En el viejo continente son legión los gobernantes que abandonan precipitadamente antiguas convicciones de mercado, para poner al Estado al servicio de la decisión de hacer recaer las consecuencias sobre las víctimas y nunca sobre los responsables de la grave crisis. 

Allí y aquí hay muchos que en nombre del pragmatismo están dispuestos a aceptar que es más cómodo y eficaz gobernar sin disensos, sin controles, sin ruedas de prensa, con mayorías absolutas, con jueces complacientes; muchos líderes que han renunciado a ser amados y prefieren ser temidos por los ciudadanos. Sobre todo si de lo que se trata es de hacer realidad La Verdad invariablemente benéfica.

Una terrible conjura
Pero todo aquello no es más que una enorme conspiración intelectual contra la Democracia, la Paz y el Futuro. Pretender que hay una, y solo una, solución a los problemas que enfrentan nuestras sociedades del siglo XXI es, además de radicalmente falso, una vía que empobrece y termina arrastrando al precipicio a las naciones que caen presas del “pensamiento único”.

Tanto el problema de la moneda única en Europa, como el de los salarios y la inflación en la Argentina admiten más de una solución. Los ciudadanos, los intelectuales, los políticos deberíamos tener la oportunidad de debatir –sin descalificaciones ni amenazas- las diversas alternativas.   

Los divorcios peronistas
A lo largo de los últimos 70 años de historia argentina, las relaciones entre el peronismo y la democracia constitucional han oscilado entre el desprecio a las formas republicanas y los intentos de democratizar prácticas de gobierno. Hoy, el “cuarto peronismo” parece recaer en la tentación autoritaria, a juzgar por sus ataques a la independencia judicial, a la Constitución y a las libertades fundamentales. Mientras algunos de mis amigos, buscando explicaciones a lo inexplicable, releen el “La Comunidad Organizada”, descubro en “La paradoja democrática” de Chantal MOUFFE, que la Presidenta Kirchner consulta a diario, un rayo de luz que me ilumina brevemente.

Sucede que en la cima del poder las ideas e intuiciones del General han sido remplazadas, en un alarde imprudente, por nuevos dogmas radicales construidos en "la otra" Europa para ser exportados al “tercer mundo”.

 

domingo, 23 de diciembre de 2012

Persecución y Mentiras (acerca del Predio Ferial)

Domingo Felipe Cavallo recuerda la verdad sobre el Recinto Ferial de Palermo y muestra un eslabón más de la terrible campaña de persecución que el kirchnerismo ejecuta con el concurso de ciertos fiscales y jueces.  



Ya se han escrito muchos artículos, con sólidos argumentos jurídicos y constitucionales, que demuestran la ilegalidad del decreto por el que el Gobierno de Cristina Kirchner pretende confiscar el Predio Ferial vendido en 1991 a la Sociedad Rural. Yo no me voy a referir a ese aspecto porque lo han hecho voces mucho más autorizadas que la mía, con argumentos claros y contundentes. Pero sí siento la obligación de referirme a las numerosas mentiras que el Gobierno utiliza como fundamento de su ilegítimo decreto. Lo hago porque forma parte de la estrategia que en forma alevosa viene utilizando este Gobierno para tergiversar la historia de nuestra Patria. Y para el el bienestar futuro de los Argentinos es imprescindible que las nuevas generaciones no se dejen engañar por este relato.
La venta a la Sociedad Rural del predio de Palermo en 1991 por 30 millones de dólares, fue no sólo legítimo, sino altamente beneficioso para los intereses generales de nuestro País. La sociedad Rural había ocupado este predio, por decisiones de sucesivos Gobiernos, comenzando por el de Domingo Faustino Sarmiento en 1876, durante más de 100 años. Todas las edificaciones realizadas sobre ese predio habían sido hechas por la Sociedad Rural Argentina que desde 1880 organizó, sin interrupción alguna, la Feria Ganadera que adquirió fama mundial y que fue siempre un símbolo del importante progreso de la Ganadería y de la Agricultura de Argentina.
En 1991, pocos meses después de que el Gobierno del Presidente Menem (en el que yo había sido Ministro de Relaciones Exteriores desde julio de a989 y Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos desde enero de 1991) lanzara la política de re-capitalización y modernización del Campo Argentino, simbolizado en la eliminación completa de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, La Sociedad Rural Argentina ofreció adquirir el predio ferial para posibilitar fuertes inversiones que producirían una gran jerarquización de los servicios que tradicionalmente había prestado y seguiría prestando esa institución.

Desde el punto de vista legal, el Poder Ejecutivo estaba autorizado a vender el predio en forma directa dado que se trataba de una venta a quienes lo venían ocupando. Además, la venta de ese inmueble, que de hecho había tenido el destino de predio Ferial desde 1876, encuadraba perfectamente en la política de venta de los inmuebles innecesarios del Estado que se lanzó en 1989 precisamente para permitir que esos inmuebles sirvieran para emprendimientos privados enderezados al crecimiento y la modernización del País.
Se siguieron todos los pasos exigidos por las normas en vigencia, incluso excediendo las precauciones demandadas por la Ley. Por ejemplo, siendo que con una tasación del Banco Hipotecario o del Banco de la Ciudad era suficiente para cumplir con la normativa, se pidieron las dos tasaciones y se solicitó también una tasación adicional a un grupo de prestigiosas empresas inmobiliarias. Todas las tasaciones, que obviamente se hicieron teniendo en cuenta las restricciones al dominio que afectaban a esa propiedad, ascendieron a valores del orden de los 30 millones de dólares en los que se terminó realizando la operación de venta. La Sociedad Rural no sólo estaba comprometida a pagar ese precio, sino que debía hacer las inversiones necesarias para cumplir con un ambicioso plan de ampliación y jerarquización de las instalaciones y el Estado ingresaría además una participación en el precio de las entradas a los eventos que se llevaran a cabo en el Predio. Fue precisamente esta operación la que posibilitó que hoy las instalaciones tengan la magnificencia y funcionalidad que han podido admirar millones de visitantes argentinos y del exterior en los últimos 20 años.
En el año 2010, 19 años después de que se hubiera concretado la operación, el Juez Federal Sergio Torres dispuso mi procesamiento, junto con los de algunos funcionarios que me acompañaron en el Ministerio, con los directivos de la Sociedad Rural y con los peritos tasadores de las instituciones oficiales (Banco Hipotecario y Banco de La Ciudad) que hicieron las tasaciones en las que se basó la operación. Nos procesaron por el supuesto delito de “peculado”, es decir de sustracción del predio de Palermo en favor de la Sociedad Rural, con el argumento de que un perito oficial designado por el Juez y sin que hayan participado peritos de las partes involucradas, sostuvo que el precio correcto del predio, en el año 1991, debió ser de 132 millones de dólares.
La tasación presentada 19 años después por el perito oficial se basó en una supuesta evaluación de los ingresos que obtuvieron la Sociedad Rural y sus socios inversores luego de la compra del terreno. Esa evaluación se hizo sin tener presente que además de pagar el precio del terreno, la Sociedad Rural y sus socios invirtieron más de 100 millones de dólares adicionales. Tampoco tuvieron en cuenta el costo del capital, porque el perito no procedió a descontar a la tasa de mercado el flujo de fondos para determinar el valor presente en 1991 y, si todos estos errores fueran pocos, el cálculo se hizo en base a información que obviamente era imposible que estuviera disponible en 1991. Es tan absurda la valuación, que se desmiente por la misma realidad del negocio que manejaron la Sociedad Rural y sus socios inversores. Lejos de resultar rentable, esas inversiones le generaron pérdidas, a punto tal que algunos de los inversores terminaron quebrando y no pudieron pagar, o demoraron mucho en hacerlo, los créditos que habían obtenido para financiar las inversiones. Este magro resultado económico no debe sorprender. En todos los países del mundo, predios feriales como el de Palermo se sostienen con aportes y subsidios de los Estados, mientras que en este caso, no sólo esos aportes y subsidios no existieron, sino que los inversores tuvieron que pagar el precio del terreno y una participación en sus ingresos al Estado.
Hay muchos indicios de la intencionalidad política de este fallo, como de los muchos que promovió el Gobierno de Cristina a través de su presión y condicionamiento permanente a los miembros del Poder Judicial. Lo primero que sorprende es que me haya procesado a mí, mientras decretó la falta de Mérito del Presidente Carlos Menem. Ambos tuvimos la misma participación en el proceso de decisión, somos los que firmamos el decreto aprobatorio de la venta. ¿Porque a mí me procesaron y a Menem le decretaron la falta de mérito? Pues la respuesta es simple: Menem había comenzado a acompañar con su voto en el Senado algunas leyes claves que el Kirchnerismo quería sancionar y para las que le faltaban votos en el Senado. Yo, por el contrario, he sido y seguiré siendo, un crítico severo de todos los desmanejos y arbitrariedades que ha venido cometiendo el Gobierno de los Kirchner.
Otra manifestación de la intencionalidad política de la decisión del Juez Sergio Torres, surge de los fundamentos del decreto que acaba de firmar Cristina Kirchner. Ahí utilizan el argumento de mi procesamiento cuando esa decisión ha sido apelada a la Cámara Federal respectiva y ésta aún no se ha pronunciado. Es decir, el procesamiento no está firme. Pero además, como uno de los procesados argumentó la prescripción del supuesto delito y la Cámara de Casación le dio la razón, esta cuestión, que está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia tampoco está firme, porque de haberlo estado, todos los procesados estaríamos ya beneficiados por la decisión de la Cámara de Casación. Nada de esto menciona el decreto presidencial en sus fundamentos y no cabe duda que persigue constituirse en otra fuente de presión sobre la Corte Suprema de Justicia para impedir que convalide la sensata decisión de la Cámara de Casación Penal. Por supuesto, el decreto presidencial tiene también por objeto presionar a la Cámara Federal de Apelaciones, para que cuando el expediente vuelva a sus manos, si es que la Corte Suprema revierte la decisión de la Cámara de Casación, convalide el procesamiento dispuesto por el juez Sergio Torres. Si el decreto no tuviera el propósito de presionar al Poder Judicial, no deberían haberse mencionado en su fundamento decisiones no firmes de un juez de primera instancia, cuando están actuando las instancias de revisión que prevé nuestro sistema republicano de gobierno.
En síntesis, el decreto de la Presidente Cristina Kirchner, con que pretende anular al que aprobó la venta más de 20 años atrás, es una manifestación más del carácter autoritario y corrupto de este Gobierno. Pretende apropiarse de un emprendimiento que ha acompañado con jerarquía el formidable proceso de re-capitalización y modernización de la capacidad productiva agropecuaria que permitieron las políticas productivas de la década del 90 y de la que han sacado fuerte provecho los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para financiar los desmanejos y arbitrariedades de la última década. Y seguramente esa apropiación se lleva a cabo para aumentar las fuentes de ingresos corruptos con los que se han venido enriqueciendo muchos de los miembros de este Gobierno.
En la misma época en que el gobierno del que yo formé parte vendió el predio de Palermo a la Sociedad Rural, se vendieron a precios que estoy seguro no fueron muy diferentes, teniendo en cuenta los usos a los que podían estar destinados, todos los terrenos del emprendimiento de Puerto Madero. Me pregunto si este Gobierno, cuyos funcionarios parecen deleitarse de gozar de la alta jerarquía de ese desarrollo inmobiliario, decidirán en algún momento anular por decreto esas operaciones de venta y apropiarse de todos los inmuebles de Puerto Madero, con el argumento que sus des-arrolladores parecen haber hecho muy buenos negocios. No me sorprendería que lo hicieran, si es que siguen saltando evidencias de que algunos de esos inmuebles son la prueba del enriquecimiento ilícito de varios funcionarios kirchneristas. Podrían llegar a argumentar que lejos de haber adquirido esos inmuebles con dineros mal habidos, lo hicieron con préstamos de sus amigos para permitir la recuperación por parte del Estado de bienes que nunca deberían haber salido de su patrimonio. Después de todo, no sería un argumento distinto al que en la práctica usaron para expropiar a la empresa Cicone Calcográfica cuando esta había, previamente, pasado a manos de los amigos de Boudou.
Por supuesto, son muchos los que ya le han preguntado a la Presidenta si piensa anular por decreto las operaciones de venta de terrenos hechas por el Municipio de Calafate. Es asombroso que se considere “precio vil” los 30 millones de dólares más los 100 millones de dólares que agregaron los inversores socios de la Socieda Rural y no se considere “precio vil”el que pagaron los Kirchner, a razón de menos de 2 dólares el metro cuadrado, los terrenos que pocos meses después le vendieron a Cencosur por más de 100 dólares el metro cuadrado.

domingo, 2 de diciembre de 2012

La Justicia argentina contaminada

Algo anda mal en la Argentina cuando un alto Juez de la Nación da por buenos los “alegatos de oreja”, esa práctica antirrepublicana que envilece el funcionamiento del Poder Judicial en varias jurisdicciones, incluida, por supuesto, la de Salta.

Que un litigante o su apoderado se reúnan con un juez, fuera de los actos normales y públicos del proceso, para reforzar su posición, descalificar al contrario, y pedirle un fallo favorable, quiebra los principios fundamentales que articulan el funcionamiento de una justicia democrática.
Da igual que esa reunión innoble se realice en el despacho del juez o en un acontecimiento social (casamientos y velatorios son ocasiones propicias en Salta); que se aproveche una gala patriótica o la discreción de las alcobas; o que se recurra al teléfono o emisarios que cargan portafolios o alquilan anillos.

Si bien llama la atención aquella defensa de los “alegatos de oreja” por parte de un Juez ilustrado, preocupa que para la Abogacía, la Judicatura y de los principales actores políticos, la frase se sitúe en el “punto ciego” del que habla uno de los personajes de Amín MAALOUF en su novela “Los desorientados”.

El peligroso y evidente desprestigio de los jueces
Vivimos un tiempo en donde la opinión pública, abrumada por las sospechas de corrupción y por las noticias acerca de la maleabilidad de los jueces ante los reclamos de los poderosos, recela de su accionar. Los notorios casos de vedetismo y exhibición de lujos, contribuyen también a este penoso resultado que daña la institución judicial.

Existen, como se sabe, muchas formas de presionar a los jueces. Sin ánimo de explayarme en este oscuro catálogo, me referiré a un modo especialmente pernicioso: Las llamadas (amistosas o belicosas, pero igualmente intimidatorias) que desde las cúpulas del Poder se dirigen a los jueces con la declarada intención de inclinar la balanza. Y si esta intervención es irritante, además de ilícita, cuando están en juego intereses estatales, es sencillamente repugnante cuando interfiere en la resolución de conflictos entre particulares.
Las prácticas intimidatorias, todo hay que decirlo, no siempre dan sus frutos ya que, afortunadamente, “todavía hay jueces” en la Argentina. Pero, de tanto insistir, las llamadas a capítulo están dando paso a un estamento de Jueces temerosos, calculadores, que rehúyen las causas conflictivas, que ansían “zafar” buscando caminos para quitarse de encima asuntos que pudieran malquistarles con el Poder. Sin olvidar el caso de los jueces “rumbeadores” que no necesitan recibir llamadas para “saber” cómo agradar. Se trata de magistrados pusilánimes, incapaces de resistir a los poderosos, pero “valientes” para crucificar a quienes cayeron en desgracia o son identificados como enemigos del Poder de turno.

El subdesarrollo judicial
Luego de haber reseñado algunos de los vicios comunes a ciertos estamentos judiciales nacionales, me referiré brevemente a dos que son propios de la justicia de provincias (al menos de algunas de ellas): El amiguismo y el nepotismo. Y no solo para apuntar que los jueces suelen reclutarse entre amigos y parientes del poder de turno, sino para poner de manifiesto los privilegios e interferencias que emanan de las relaciones de amistad y parentesco entre jueces, abogados y litigantes.

La insólita figura del “abogado del Gobernador” (y no me refiero aquí al Fiscal de Estado) y de la subclase de “letrados con llegada al Gobernador”, es repudiable pues, como se sabe, cuando éste moderno “caballo del comisario” ingresa a los despachos judiciales, la Justicia y el ejercicio de la abogacía están en grave peligro.
Un párrafo especial merece el caso de Salta en donde el Gobernador, por efectos de la ley electoral que fabrica híper-mayorías, ejerce un amplio control sobre el Consejo de la Magistratura; un cuerpo cuya composición formal está, a mi modo de ver, lejos de satisfacer los objetivos de independencia y despolitización que son propios de una institución como esta. Cabe advertir, en este sentido, que el imprescindible y próximo rejuvenecimiento biológico de la justicia de Salta resultará opacado por la obediencia que la mayoría de este Consejo presta a los dictados del Gobernador.

Quisiera, antes de concluir esta nota, postular la imprescindible reforma del proceso judicial salteño. Y no me refiero aquí a la revisión de los códigos procesales, sino a la introducción de cambios que garanticen a todos por igual el acceso al servicio de justicia, que superen el actual trance de morosidad, y que concreten la creación de un fuero especializado en asuntos ambientales y urbanísticos.
En cualquier caso, la Argentina y Salta precisan un urgente retorno a la independencia del Poder Judicial. Solo así será posible controlar la constitucionalidad de los actos de gobierno, tutelar las libertades, el honor y el patrimonio de todos, y -en fin- garantizar la inmediata operatividad de la Constitución amenazada.

(Para "El Tribuno" de Salta)

domingo, 25 de noviembre de 2012

De la fundación del "Modelo K" y su crisis actual

Abordaré tres asuntos relevantes: ¿Quién es el Fundador del así llamado modelo de crecimiento con inclusión social? ¿Cuáles son las señas de identidad de este modelo? ¿Nos encaminamos hacia una crisis sistémica?

Si bien hay que atribuir a Néstor Kirchner la condición de Fundador, es imprescindible recordar el papel jugado por Eduardo Duhalde en tanto adoptó decisiones que están en la raíz de la trayectoria argentina de los últimos diez años: La mega-devaluación de nuestra moneda, la pesificación de los contratos y la entronización  del reiterado Gobernador de Santa Cruz en la cima del poder.

Por lo que se refiere al peronismo, creo que -aun cuando dentro de él caben las más diversas y hasta antagónicas versiones de políticas públicas-, para el actual régimen gobernante el peronismo funciona como un pretexto, como una marca exitosa utilizada para legitimar un producto diferente, por ejemplo, al sugerido por el último Perón en su documento: “Modelo argentino para el Proyecto Nacional” (1974).

Señas de identidad del “modelo”

En lo que aquí interesa, el “modelo” reconoce una columna vertebral: la soja y su precio, frutos tanto de factores externos como del talento del capitalismo agrario local y sus agentes. Mientras que en tiempos del peronismo su columna vertebral (la clase trabajadora) participaba con roles protagónicos, el kirchnerismo desprecia a los productores agropecuarios aunque no a sus dólares.

Un repaso a los elementos políticos del “modelo”, identifica a la manipulación de la historia (para dividir a los argentinos en buenos y malos), la destrucción del sistema de partidos (apelando a la transversalidad, el ninguneo o el caudillismo), el desapego a las formas y valores republicanos, la exacerbación de las consignas y gestos nacionalistas, el centralismo vertical (que somete a gobernadores, intendentes y a otros actores políticos y sociales), las alianzas de intereses con determinadas corporaciones, y el tendido de puentes simbólicos con sectores de izquierda y con movimientos sociales de protesta.

A su vez, los elementos económicos del “modelo” son, centralmente, una moneda devaluable, la inflación, los superávits gemelos (balanza comercial y cuentas públicas), la creciente intervención del Estado en la economía, la existencia de segmentos altamente lucrativos (capitalismo para pocos y también para los amigos), y el control y subsidios a determinadas tarifas y precios. 

Por último, en lo social, destacan la ampliación de la cobertura asistencial en beneficio de sectores excluidos o desfavorecidos, aunque manteniendo las aristas clientelares.

El Gobierno acelera los ajustes económicos
Los sucesivos gobiernos Kirchner introdujeron, desde siempre, retoques orientados a profundizar su modelo. Tal fue el caso de la apropiación de los ahorros previsionales de los trabajadores, el aumento de la presión impositiva (que no eludió potenciar impuestos regresivos), la expropiación de YPF-REPSOL, el control de cambios y de las importaciones, o la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

Hay que añadir que estos ajustes no siempre contaron con el apoyo de todos los miembros de la coalición que sostiene al Gobierno. En este sentido, si bien el temor o el oportunismo disimularon o postergaron protestas, es evidente que las medidas erosionaron distintos componentes de aquella coalición.
Pero la marcha de la economía global, regional y local está obligando a imponer ajustes que, de una u otra forma, se apartan de las líneas maestras del “modelo”. Me refiero, por ejemplo, a la buscada caída del poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones y de las ayudas sociales. En el campo de las relaciones laborales, la ratificación del régimen de accidentes de trabajo, expresa el giro contrario al discurso fundacional, como lo puso de manifiesto la contundente huelga general del 20-N.

Síntomas de crisis
La proyectada reforma de la Constitución Nacional, la destrucción del sistema de partidos políticos, el avasallamiento del federalismo, los intentos por someter a la prensa y controlar a los jueces, comienzan a ocasionar protestas y movilizaciones defensivas de la ciudadanía y de los poderes amenazados.

En la misma dirección, la ruptura de la alianza, trabajosamente tejida por el Fundador, con el sector del movimiento obrero más afín a su ideario original, es un factor en condiciones potenciales de tumbar las bases del modelo. A lo que se suma la ruptura del “cristinismo” con el peronismo histórico remplazado por fieles que abrevan en el antiperonismo teórico y en el seudo peronismo setentista.
Existen también agudos problemas económicos. Es el caso de la desaparición de los superávits gemelos, el descontrol de la inflación, las presiones de los trabajadores sindicalizados sobre los salarios, la pérdida de competitividad de la producción local, la inminente crisis de la deuda externa y, señaladamente, la cuestión energética.

Pese a la evidente importancia de estos asuntos, los actos contrarios a la Constitución de la República, la Voz infalible (acompañada de pedantería, contumacia y soberbia) que hace imposible el diálogo político, la desarticulación de la oposición y la ruptura de la coalición fundacional son los factores críticos hoy determinantes.
Como enseña la historia, nuestros problemas adquiriran la condición de graves cuando a la crisis política abierta y trepidante, se sume el escalamiento de la crisis económica en ciernes.

viernes, 23 de noviembre de 2012

Huelga General en Noviembre


Varias confederaciones sindicales han llevado a cabo la primera huelga general contra un Gobierno Kirchner.

En mi particular opinión, la huelga general del martes pasado marcó el inicio de una nueva etapa en las relaciones político-laborales entre el Gobierno y los trabajadores organizados. Una etapa donde se asienta una modalidad de pluralismo sindical que, renegando de las cláusulas monopólicas de la Ley Sindical, se traduce en la actuación de cinco confederaciones obreras y de representaciones asamblearias y de fábrica que cuestionan la representatividad de los sindicatos oficiales.

La segunda novedad, radica en las reivindicaciones planteadas por la CGT-Moyano, la CGT-Barrionuevo y la CTA-Michelli, que son compartidas por las otras dos confederaciones. Me refiero a las demandas contra el impuesto a las ganancias y los topes a las asignaciones familiares, y a la exigencia de devolución de dineros de las Obras Sociales retenidos indebidamente por el Estado. Si se me permite una estimación a ojo, diría que la huelga pretende obtener del Gobierno un cheque de alrededor de 30 mil millones de pesos.

La gestión de doña Cristina Fernández de Kirchner en materia de relaciones laborales y sindicales, difiere sobremanera de los lineamientos ideados por el Fundador del modelo. Un poco a raíz de las diferencias económicas (aquellos 30 mil millones), y otro poco por la escasa propensión al diálogo que caracteriza a la actual Presidenta de la República, lo cierto es que el mapa de alianzas cambió radicalmente: Mientras que los viejos y gordos oficialistas de siempre han recuperado el papel protagónico de otros tiempos, los combativos amansados por Néstor Kirchner se han pasado a la vereda de enfrente y soportan peligrosas diatribas, como aquella que identifica a Moyano con Augusto Vandor, asesinado en 1969 por el terrorismo sedicentemente peronista.

La tercera novedad, en este caso relativa, es la diagramación de los piquetes procurando sitiar ciudades y fábricas. Al menos desde los años 50 se sabe que paralizando el transporte se amplifican los efectos de una huelga general. Lo novedoso en este caso es que los sindicatos del transporte (especialmente el de camioneros) disfrutan de un poder contundente gracias a las concesiones institucionales hechas en tiempos de Néstor Kirchner. Si bien el pasado 20 de noviembre tamaño poder se ejerció calculadamente, hay que reconocer que el post kirchnerismo heredará un poder “demasiado grande” para pactar.

Los camiones, desplegados estratégicamente, colapsan pasos fronterizos, cierran vías de accesos a las metrópolis, paralizan suministros esenciales y, por extensión, afectan la actividad de quienes deciden no seguir la huelga.

En este contexto, el Estado democrático carece de herramientas para garantizar la libertad de trabajo y frenar abusos. Es una consecuencia de las concesiones a camioneros y de la errónea reglamentación del derecho de huelga.

lunes, 19 de noviembre de 2012

Recordando al peronismo: cataclismos, fobias y afectos

El peronismo es, en su lastimosa vertiente oportunista, una desnuda herramienta para acceder al poder. Sin embargo, para muchos, es -antes que nada-, un sentimiento que produce emociones y evoca mensajes de justicia, democracia popular y dignificación.
Según la liturgia tradicional, pertenecer al peronismo reclama profesar las Veinte Verdades, compartir símbolos y recuerdos, idolatrar al líder, adherir a la lealtad como valor superior, y desplegar acciones políticas que van desde el voto y los debates, a la organización de la rebeldía, la participación, la solidaridad o la lucha.
Tras su fundación, el peronismo sufrió en los años 70 un cataclismo protagonizado por los irregulares que empuñaron las armas; primero para forzar el retorno de Perón al poder y, luego, para sucederlo contrariando sus mandatos. Este nuevo terrorismo sin límites superó a las acciones de la Resistencia (1955-1970), y resultó de la incorporación al peronismo de elites procedentes de las clases medias, formadas, indistintamente, en la dogmática cristiana o marxista.
A diferencia de lo sucedido durante el ciclo de la Resistencia, el feroz terrorismo de los años 70 se planteó la toma simultánea del poder del movimiento y del Estado. Por consiguiente, sus acciones armadas se dirigieron tanto contra las fuerzas de seguridad y los gestores de la última dictadura militar, como contra las fracciones que, permaneciendo leales a Perón, resistían el copamiento.
El asesinato de José Ignacio Rucci es, quizá, la acción más representativa del delirio de quienes diciéndose peronistas, mataban a peronistas para mejorar su posición negociadora frente a Perón.
La reconstrucción y evaluación de los acontecimientos posteriores a aquel cataclismo tropiezan con las dificultades propias del implacable paso del tiempo que distorsiona acontecimientos y condena al olvido proclamas y hechos pasados.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) acaba de hacer un señalado servicio a aquella reconstrucción publicando las ideas que Mario Eduardo Firmenich profesaba en 1978. En el film “Resistir”, el barbado comandante en jefe de la organización Montoneros explica su particular, trágica y simplista visión de la realidad argentina de entonces.         
Como no podía ser de otra manera, aquel cataclismo ha dejado secuelas profundas dentro del peronismo. La posición relevante que los cultores del mesianismo setentista ostentan dentro del actual Gobierno, les ha permitido rescribir la historia, disimular su visceral antiperonismo apelando a la idolatría de Eva Perón, y fundar el “cuarto peronismo” situando en su vértice a Cristina Fernández de Kirchner a quién, por ahora, consideran fiel encarnación del pensamiento, la palabra y la obra de Evita.

Dos almas y un solo movimiento
Desde su fundación, en el peronismo coexistieron dos almas que habitaron, sucesiva y alternadamente, en Perón y en sus fieles. Una, dialogante, pacificadora, con breves incrustaciones republicanas. Otra, sectaria, excluyente y mesiánica que no rehúye derivas totalitarias.
Naturalmente, las dos tienen expresión contemporánea: Mientras que la primera esgrime el abrazo Perón-Balbín como supremo argumento pacificador, la segunda se recrea en el odio y ha decidido construir una Patria excluyente (que ya no se dice socialista ni peronista), donde habrá libertad sólo para adular, consentir y aplaudir.
Pero aquel cataclismo setentista sembró también las prácticas peronistas modernas con frases y consignas que no condicen con el espíritu fundacional. Me refiero, por ejemplo, a la consagración del 17 de noviembre como “Día de la Militancia”. En realidad, más que a la fecha (que recuerda legítimamente el primer regreso del General Perón a la Argentina tras 18 años de exilio) y a su significado, mi alusión crítica se centra en la palabra “militancia”.
Pienso que ningún peronista histórico (los de 1945, o los de la resistencia) se reconocería en esta palabra que evoca bandos, enfrentamientos, milicia, obediencia ciega, victorias de unos argentinos contra otros argentinos. En lo personal, rechazo el calificativo de militante para identificar mi anterior trayectoria: fui activista, rebelde, organizador, orador de barricada, si acaso dirigente, incluso funcionario, pero no militante.

El “Día de la Militancia” en Salta
El caso es que acabo de regresar de Chicoana en donde cientos de peronistas salteños celebraron la fecha. Al recibir la invitación, dudé un instante en razón de mi antigua aversión a la palabra “militancia”. Sin embargo, asistí a este encuentro cargado de nostalgia y de buenas intenciones, por la sencilla razón de que los organizadores llamaron a deponer viejos rencores, a rencontrarnos en el afecto, a perdonarnos agravios seguramente recíprocos e infundados, a reconstruir espacios de diálogo, autocritica y convivencia.
Sería provechoso para la Argentina que este talante inspirara a la mayoría de peronistas. Pero el gran desafío es instalar la Paz interior de la que habla nuestra Constitución como fundamento de un nuevo trato entre peronistas y no peronistas. Se trata, como proclamaba Joaquín V. González, en “El juicio del siglo”, de arrancar la semilla del árbol maldito del odio.   
(Para "El Tribuno" de Salta)

jueves, 15 de noviembre de 2012

El caballo del comisario cabalga en los tribunales salteños


Una de las razones por las que el pasado día 8 de noviembre miles de salteños salimos a la calle a protestar y peticionar fue la peligrosa situación por la que atraviesa la Justicia nacional y local. No es ocioso recordar que, de la existencia de jueces independiente, probos, cualificados y eficaces, dependen la libertad, el patrimonio y el honor de todos y de cada uno de nosotros.
Quienes aspiramos a vivir en una democracia presidida por la Constitución nacional estamos preocupados e indignados por la suerte de un Poder Judicial con amplios espacios sometidos a las injerencias del Poder Ejecutivo. Nos preocupa la escasa vocación de algunos magistrados y abogados por defender la independencia de los jueces.

La infeliz circunstancia de que estas amenazas y debilidades del que debería ser un Poder insospechado vengan desde lejos en nuestra historia institucional, no es argumento para para resignarnos frente a un fenómeno que indigna.
Los círculos que manejan los resortes del poder en la Provincia de Salta se han preocupado, desde siempre, por controlar la designación y el desempeño de los magistrados. Sobre todo cuando deben atender asuntos privados o institucionales en donde se ventilan los intereses del Poder o de quienes viven a su sombra y bajo su amparo.

Este vicio que nos empobrece como sociedad, tiene mucho que ver con la falta de vocación republicana de quién ejerce la primera magistratura. También con la facilidad con la que los intereses privados, incluso los ilegítimos, se entremezclan con el poder por la vía del financiamiento de las campañas políticas y de los negocios con dineros públicos. Tiene que ver con la estructura de una sociedad en donde todavía los lazos familiares y de amistad condicionan el ejercicio de los cargos públicos.

Sorprende que muchos abogados terminen tolerando una situación que quiebra incluso el principio de igualdad de oportunidades, en tanto quienes tienen asuntos litigiosos se ven forzados a orientarse hacia los bufetes y despachos con llegada al recinto del Gran Poder
La lacra institucional que representa una Justicia amenazada en su independencia se conecta, además, con la Ley Electoral de la Provincia que fabrica híper mayorías legislativas que facilitan el control de los jueces por el Gobernador. Los salteños deberíamos pensar en la necesidad de reformar la composición del Consejo de la Magistratura para garantizar su integración por personas insospechadas e idóneas para cumplir tan alto cometido.

Este desborde antidemocrático resultará potenciado ni bien el Gobernador logre poner en marcha el mecanismo para jubilar a decenas de jueces y magistrados. Será su gran oportunidad de reforzar el control en beneficio de sus amigos. Me permito recordar que el Gobernador de turno no debería tener más abogado que el Fiscal de Estado.
Cuando el caballo del comisario cabalga en los estrados judiciales, estamos todos en peligro

(Para FM ARIES)

domingo, 4 de noviembre de 2012

EL VIRREY TOLEDO ó ¿POR QUÉ FRACASAN LAS PROVINCIAS DEL NOA?

En su reciente libro “Por qué fracasan los países” (Editorial DEUSTO, España -2012), Daron ACEMOGLU y James ROBINSON presentan un detallado, amplio y convincente análisis acerca de los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza en el mundo, con llamativas referencias a la situación del noroeste argentino.
La obra muestra los vínculos entre las instituciones políticas y las instituciones económicas existentes en cada una de las demarcaciones territoriales cuya trayectoria es, por lo demás, analizada a lo largo de las respectivas historias nacionales o locales.
Según los autores, si bien las instituciones económicas son críticas para establecer si un país es pobre o próspero, en realidad son la política y las instituciones políticas los factores determinantes. Desechan, por tanto, las versiones deterministas que atribuyen el éxito o fracaso de las naciones a factores geográficos, culturales o, si acaso, a la inteligencia de sus habitantes o de sus líderes.
Apelando a una terminología sugerente, ACEMOGLU y ROBINSON clasifican las instituciones en extractivas o inclusivas: Las primeras, extraen rentas, riqueza y poder de un segmento mas o menos amplio de la sociedad para transferírselos a minorías que han encontrado la formula para acumular riqueza y poder a costa de la pobreza y el atraso del conjunto nacional. Por el contrario, las instituciones inclusivas favorecen la integración social, el desarrollo sustentable, la cohesión territorial y la paz civil.
En resumen: “Las instituciones políticas extractivas concentran el poder en manos de una élite reducida y fijan pocos límites al ejercicio del poder. Las instituciones económicas a menudo están estructuradas por esta elite para extraer recursos del resto de la sociedad. Por lo tanto, las instituciones económicas extractivas acompañan de forma natural a las instituciones políticas extractivas”.
El caso del Noroeste Argentino
Cuando la situación del NOA se evalúa en términos de empleo, pobreza, desarrollo cultural, conservación del ambiente, utilización de los recursos naturales, equipamiento urbano, aptitudes relacionales (confianza, buena fe, solidaridad, respeto interpersonal), paz social, igualdad de oportunidades, incentivos para el progreso político y económico, democratización, capacidad analítica, integración social y cohesión territorial, el balance es cierta y lamentablemente negativo. Lo es ahora y lo fue a lo largo de buena parte de nuestra historia colectiva regional. 
Si bien existen ensayos aislados que analizan esta larga decadencia del NOA y sus causas, amplios segmentos de opinión permanecen anclados entre la perplejidad, la resignación, el desinterés o las teorías conspirativas.
Por eso resulta especialmente oportuna la consideración de ACEMOGLU y ROBINSON cuando afirman que “no es ninguna casualidad que la parte más pobre de la Argentina sea el noroeste, la única zona del país que estuvo integrada en la economía colonial española. Su pobreza persistente, como legado de las instituciones extractivas, es similar a la que creó la mita en Bolivia y Perú”.
Sería entonces muy importante abrir un debate regional acerca de la efectiva influencia de las instituciones extractivas coloniales (mita, reducciones, encomienda, tributos y formas de servidumbre) en la conformación de nuestras estructuras de producción y de organización política y social. Un debate que debería proponerse también investigar las sucesivas mutaciones que a lo largo de nuestra historia sufrieron tales instituciones sin que los cambios llegaran nunca a alterar la naturaleza extractiva de nuestras reglas políticas y de producción.
A mi entender, en el noroeste argentino, y muy señaladamente, en Salta, imperan las instituciones políticas extractivas que, a su vez, favorecen la concentración de la riqueza y la exclusión social. El eje de tal modelo institucional es la Ley Electoral que fabrica híper mayorías y que genera una situación política en donde la élite del poder (que encarna el Gobernador) digita la Justicia, neutraliza los órganos de control y sobre todo, concentra el Poder Constituyente a través de las facilidades con que obtiene los dos tercios de la representación legislativa. Las reelecciones permitidas en todos los órdenes representativos (desde municipios a sindicatos), son parte de este círculo vicioso.
Hay, sin duda, otros factores que contribuyen a explicar este múltiple atraso. Me refiero a la pobreza y al asistencialismo que margina en vez de integrar; también a la precariedad de nuestro mercado de trabajo (escasa población activa, alto desempleo, elevada informalidad). Sin olvidar el machismo (que está en la raíz de la violencia familiar, escolar y de delitos aberrantes), la degradación de la escuela o la manipulación de la historia.
Según ACEMOGLU y ROBINSON, el fundador de las instituciones extractivas que han marcado a fuego nuestro devenir histórico y, como no, nuestros fracasos sucesivos, es nada menos que el Virrey Toledo. Por eso no deja de llamar la atención que ciertos jerarcas municipales, directos beneficiarios de las instituciones extractivas que les permiten perpetuarse en los cargos y ejercer poderes sin control, se propongan defenestrar al ilustre Virrey. Todo un ejemplo de ociosidad e ingratitud.    

domingo, 28 de octubre de 2012

El futuro de la Argentina: Fragmentación o Consenso

La reforma constitucional de 1949 y los intentos de peronizar el Estado y la sociedad, condujeron al golpe cívico militar de 1955, abriendo un turno de casi dos décadas de enfrentamientos, exclusiones, violencia y penurias de todo tipo. Más adelante, el vil asesinato de Pedro Eugenio Aramburu (1970) inauguró una etapa trágica protagonizada por terrorismos de signo diverso; una etapa cuyas consecuencias políticas continúan turbando nuestra vida contemporánea.
Juan Domingo Perón, uno de los grandes protagonistas de la segunda mitad del siglo pasado, luego de prohijar o tolerar la fragmentación del país en mitades irreconciliables, procuró rectificar convirtiéndose en un adalid de la paz, de las instituciones de la república y de la reconciliación. Pero el mesianismo armado, en sus dos vertientes (trotskista y seudo peronista) trabajó sin descanso para imponer a la Nación una dictadura armada. Muchos de los herederos de aquel delirio bregan hoy por los mismos objetivos sectarios, excluyentes y antidemocráticos.
A su vez, la gran crisis de 2001 y las soluciones políticas adoptadas para reconstruir la gobernabilidad, terminaron por destruir las instituciones de la república y los principios que generan consensos.
En este contexto, el mesianismo de siempre (esta vez desarmado) se propone profundizar “su” revolución e imponer a la accidental minoría (el 46% de los argentinos), una Carta sectaria, dictada por iluminados que quieren rescatar del error a quienes defendemos los grandes pactos constitucionales prexistentes (el de 1853 inspirado por Juan Bautista Alberdi; el de 1994 signado por Carlos Menem y Raúl Alfonsín), sin olvidar el consolidado artículo 14 bis de la Constitución.
Naturalmente, luego de un período de perplejidad, el Bloque Constitucional Argentino (por llamar de alguna manera a un espacio que carece por el momento de una sigla identificadora) comienza a reconstituirse y suma adhesiones que provienen tanto de la derecha como de la izquierda del desarticulado sistema de partidos políticos, de sectores del movimiento obrero, estudiantil y empresario, tanto como de representantes de las nuevas inquietudes y de las nuevas necesidades colectiva.
Este naciente consenso republicano lucha por la independencia del Poder Judicial, por el federalismo, por las libertades individuales y colectivas, por los derechos sociales y ambientales, por la pacificación definitiva de la Nación. El próximo 8 de Noviembre, este Bloque habrá de expresarse en calles y plazas, pacíficamente, sin haber constituido aun instancias representativas, pero con una firmeza y entusiasmo que preocupa a quienes se consideran dueños de todos los espacios y de todas las ideas benéficas.
Mientras, en el intrincado mundo peronista (que, una vez más, se despliega dentro del Gobierno pero también en la oposición), se tejen y destejen las alianzas, liderazgos y propuestas de recambio al neo kirchnerismo.

El futuro inmediato
Si las grandes tendencias políticas y de opinión que se despliegan en la Argentina contemporánea siguen sus respectivos libretos unidimensionales (verdaderas líneas paralelas condenadas a no encontrarse nunca), deberemos prepararnos para un largo ciclo de desencuentros.
Puede, entonces, que el mesianismo en el poder concrete sus designios absolutistas y, en contrapartida, las fuerzas de oposición extremen sus acciones y respondan con una estrategia de enfrentamientos en donde el anti kirchnerismo sea la alternativa.
Esta pobre trayectoria, cuyas consecuencias en términos de paz, bienestar y calidad institucional conocemos, habría de terminar cuando los argentinos lográramos encumbrar a líderes mentalmente jóvenes, éticamente sanos, de visión cosmopolita y convencidos demócratas capaces de recrear, con los matices imprescindibles, el mítico abrazo Perón-Balbín. O, mejor aun, en condiciones de regenerar las fuerzas representativas y conducirlas hacia los no menos míticos Pactos de la Moncloa.
Por supuesto, lo que definitivamente ocurra habrá de depender mucho de la oposición. Pero, sobre todo, resultará de la actuación de la actual Presidenta de la República que, tras un lustro de ejercicio del mando, puede sucumbir ante el discurso nacional-populista y encabezar una operación dinástica, condenándonos al atraso y, si acaso, a la violencia.
No obstante, existe también la posibilidad de que doña Cristina Fernández de Kirchner, en la soledad que es propia de quien se sitúa en el vértice de un poder personalista, pensando en términos de responsabilidad histórica, tome las medicinas apropiadas para expulsar de su cuerpo y de su mente las enfermedades del poder, y convoque a un gran consenso político, económico y social.
Si se decidiera por este segundo camino, tendría, por supuesto, que abandonar su idea de fragmentar, despreciar y ningunear a la oposición realmente existente, dejar de lado los proyectos de instituir aquella constitución nacional-populista y excluyente, garantizar de inmediato la independencia de los jueces, encabezar la lucha contra la corrupción y el descontrol, comprometerse en la defensa de todas las libertades. O sea: La Argentina y los argentinos estamos, una vez más, frente a una encrucijada apasionante y definitoria de nuestro futuro. De nosotros depende.     

domingo, 21 de octubre de 2012

Delegación, estatismo y apatía empobrecen nuestra democracia

Algunos argentinos piensan que la democracia es la simple ausencia de un gobierno a cargo de las fuerzas armadas; para otros, la democracia esta circunscrita al ejercicio periódico del voto para elegir gobernantes y legisladores. Están también quienes analizan la democracia atendiendo al funcionamiento de los poderes públicos.

Si bien la democracia es todo eso, la cultura política dominante tiende a ignorar o infravalorar otros aspectos que hacen al contenido esencial de la democracia como forma de organización de la vida en comunidad. La vigencia de las libertades y derechos fundamentales, la atención a los objetivos de justicia e integración social y territorial, la participación activa de los ciudadanos en los asuntos comunes, la tutela de los derechos de todas las minorías, la promoción de los valores republicanos, y la ética de la solidaridad, forman parte inexcusable del concepto de democracia.

En nuestro país se extiende también un sentimiento de frustración respecto del funcionamiento de la democracia representativa. Cada día somos más quienes pensamos que algo no anda bien en el ámbito institucional y en la vida cívica, sin que -hasta ahora- hayamos sido capaces de elaborar un diagnóstico ni una alternativa compartida para lograr que la democracia dé sus mejores frutos.
A mi modo de ver, la democracia argentina se caracteriza por: a) La deformación del principio mayoritario (muchos pretenden que el 54% habilita para destruir minorías y disidencias, y para avanzar en contra de la Constitución); b) Un exceso delegacionista potenciado por la ausencia de controles republicanos; y c) La escasa vocación de los ciudadanos por ocupar los espacios de autonomía colectiva.
Habiendo abordado en notas anteriores el concepto de democracia constitucional (que armoniza la regla mayoritaria con los principios democráticos superiores), me referiré a continuación a los otros dos factores que empobrecen nuestra democracia.

Delegación excesiva y sin controles

En nuestras prácticas políticas el elector concede amplísimos poderes a sus representantes quienes, en realidad, actúan sin mandato y no pueden ser revocados. A su vez, la destrucción de los partidos políticos y el caudillismo promueven el alejamiento del elegido respecto de sus electores. Si bien el votante puede expresar su malestar o disconformidad, no cuenta con canales eficaces para controlar, imponer rectificaciones o revocar mandatos.

La mayoría hoy gobernante procura someter a los órganos de control, trátese de jueces, síndicos o auditores, o minimiza su papel. Para colmo de males, la parálisis de la vida partidaria y la exacerbación del voto mayoritario, favorecen tal deformación que transfiere la soberanía desde el pueblo a los ocasionales representantes. El voto, como sucede en Salta, instituye soberanos, no representantes.    

Estatismo versus autonomía
En las democracias avanzadas, el Estado tiene grandes responsabilidades y competencias que, sin embargo, no alcanzan para eclipsar la actuación autónoma de los ciudadanos voluntariamente organizados en sindicatos y otros entes no gubernamentales que canalizan inquietudes diversas y plurales.
En nuestro país el tejido asociativo es harto precario. A raíz de las debilidades de nuestra cultura democrática y de una cierta apatía cívica, los ciudadanos no acertamos a ocupar todos los espacios que una verdadera democracia deja abiertos a la iniciativa autónoma.
Sucede que, dentro del manipulado debate entre estatismo y liberalismo, las fuerzas gobernantes identifican “progresismo” con intervención masiva del Estado y descalifican como neoliberales la defensa de los espacios de autonomía colectiva. En este sentido, no deja de sorprenderme la resistencia de los laboralistas locales a los procedimientos autónomos de solución de los conflictos del trabajo que, vistos en las democracias avanzadas como un factor de progreso, son presentados aquí como un intento de desarmar al Estado. 

En realidad, aquella intervención del Estado avasalla la libertad de asociación de los trabajadores, e intenta controlar por todos los medios -como sucede en Salta- a los colegios profesionales, centros vecinales y estudiantiles, bibliotecas populares, comedores barriales, asociaciones de objeto único, fundaciones, clubes deportivos y demás ONG’s. La asignación de recursos públicos a los amigos, el desembarco de batallones oficialistas en la dirección de colegios y centros, la burocratización que limita la libre asociación, son algunos de los medios estatizantes (o totalizantes).

Pero del lado cívico también existen comportamientos que conducen a asfixiar la autonomía y a otorgar indebido protagonismo al Estado. Así sucede, por ejemplo, cuando los ciudadanos piensan que son los gobiernos los encargados de resolver todos los problemas y conflictos, renunciando a ejercer sus responsabilidades o a crear órganos participativos de gestión o encauzamiento.

Si bien el estatismo excluyente de la autonomía colectiva es genéticamente pernicioso, constituye un sarcasmo en ámbitos municipales en donde las necesidades humanas (individuales y colectivas) son de tal magnitud que reclaman la suma de esfuerzos públicos y privados, como sucede, por ejemplo, en las áreas más pobres de Salta donde, paradójicamente, los municipios carecen de aptitudes y recursos. 

domingo, 14 de octubre de 2012

En defensa de la libertad de los trabajadores

En la Argentina, los gobiernos y los grandes poderes económicos profesan, mayoritariamente, el autoritarismo en materia de relaciones laborales. Piensan que la producción de bienes y servicios requiere de una férrea disciplina impuesta por el marco institucional, cuando no por la desnuda fuerza o el temor. Según explican los profetas del autoritarismo, otorgar libertad a los trabajadores para que se organicen y actúen en defensa de sus derechos conduce a la anarquía o a la sovietización.

Por supuesto, en las democracias avanzadas los principios de libertad y democracia sindical y los cauces de participación tripartita conforman un sistema que, sin sofocar el conflicto, permite un adecuado funcionamiento de las fábricas y de las oficinas, a la par que contempla los intereses de consumidores y usuarios fijando las pautas a seguir cuando el conflicto paraliza transitoriamente la producción.
Pero en nuestro país las cosas funcionan de otra manera. Dejando de lado el estudio de las relaciones de trabajo bajo dictaduras, presentaré aspectos del modelo laboral argentino en relación a la libertad de los trabajadores de todas las clases.
Casi setenta años de monopolio sindical
Desde 1945 los gobiernos elegidos por el voto popular y los poderes fácticos han encontrado en la estatización de los sindicatos el modo más expeditivo y eficaz de controlar el conflicto industrial y reprimir desbordes. Un modo que se asienta en la personería gremial (patente que concede, niega y retira el Estado y que conlleva el poder de gestionar las obras sociales), en la negación del federalismo sindical, en la negociación colectiva monopolizada por los sujetos con patente, y en el insuficiente resguardo a la democracia interna (como lo patentizan las elecciones, actualmente en curso, en el Sindicato de Sanidad de Salta).
Este modelo goza de la activa simpatía de los grandes empresarios, de los populismos de izquierda y de derecha y de los gobiernos que se han sucedido desde 1983 a la fecha, con los breves, tímidos, transitorios y fallidos intentos de las Presidencias Alfonsín (los Proyectos MUCCI, NERI y BRASESCO) y Menem (libre elección de obra social, primer reconocimiento de la CTA, o el otorgamiento de miles de nuevas inscripciones sindicales).
Como lo acaba de poner de manifiesto el líder de la UIA, la gran patronal prefiere el sindicato único, vertical y dirigido por los de siempre, a cualquier intento de reconocer a los trabajadores las libertades que consagran la Constitución y los Tratados Internacionales vigentes en nuestro país. Pudiera parecer extraño, pero no lo es en una dirección patronal retrógrada y oportunista.
El actual interregno populista (2002/2012) ha utilizado y utiliza todas las herramientas propias del modelo monopólico y vertical. Lo hizo en algunos casos con éxito (en tanto su presión favoreció o impuso la emergencia de centrales sindicales dóciles), y fracasó en otros aun 0cuando las organizaciones rebeldes y sus líderes están siendo acosados desde el poder.
En su solapado ataque a los derechos obreros, el populismo gobernante presenta a las banderas de libertad y democracia como un recurso para debilitar el movimiento obrero; lo hace, mientras oculta la efectiva debilidad que emana de los poderes del Estado para recortar la autonomía de los trabajadores y ahogar disidencias. 
En Salta, el régimen sindical oficial muestra un aparente vigor que desmienten los bajos índices de afiliación o la negativa oficial a reconocer la sindicalización del personal policial. La trayectoria de este sindicalismo se monta sobre una cierta cultura de la resignación que se expresa, por ejemplo, en la escasa cantidad de demandas que se presentan en el fuero del trabajo. Desde este punto de vista, el trabajo en negro, la real debilidad de los sindicatos, el difícil acceso a la justicia y aquella resignación forman parte, penosamente, de lo que podríamos llamar el modelo competitivo salteño.

Una crisis terminal se cierne sobre el viejo modelo

Pese a su aparente vitalidad, el monopolio sindical presenta grietas significativas. Algunas están directamente relacionadas con la política partidista (la existencia de 5 confederaciones obreras es una de esas fisuras); otras se relacionan directamente con los cimientos del régimen próximo a cumplir 70 años de vida.

Dentro de este segundo grupo sobresale la reforma constitucional de 1994 (que incorporó a nuestro ordenamiento jurídico interno y con el más alto rango legal a los Tratados Internacionales que garantizan la libertad de los trabajadores y la democracia sindical), y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación favorables al pluralismo y la libertad. La emergencia de entidades representativas no monopólicas como la CTA-Autónoma (sin olvidar el activismo de comisiones internas, las rebeliones federales y otras disidencias), es el segundo indicio de una firme tendencia hacia la libertad sindical.

Mientras emerge definitivamente lo nuevo para oxigenar el mapa sindical y, por extensión, a la democracia argentina, es preciso defender la actividad sindical en todas sus manifestaciones y exigir que se respeten las garantías constitucionales que tutelan la libre actuación de los líderes sindicales. En este sentido, la sanción a quienes protagonizaron la protesta de las fuerzas de seguridad, muestra cómo funciona el modelo y consagra un agravio inadmisible a los derechos fundamentales.

martes, 9 de octubre de 2012

SINDICALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL MILITAR, POLICIAL Y DE SEGURIDAD

El reciente conflicto que alteró la normal actividad de la Prefectura Naval Argentina y de la Gendarmería Nacional es, a mi entender, un conflicto de naturaleza laboral en donde determinados sectores de funcionarios y empleados del Estado nacional deciden peticionar en defensa de sus derechos profesionales y protestar por la novación de sus condiciones de trabajo.

Este conflicto colectivo de trabajo dejó de manifiesto tanto la impericia de quienes ocupan los altos cargos ministeriales, como la existencia de rutinas autoritarias en la gestión de las relaciones laborales. Vale decir, el conflicto permitió que la ciudadanía sepa que el Ministerio de Seguridad y los altos mandos de ambos institutos dirigen los asuntos de personal de forma unilateral y autoritaria.

Lamentablemente, treinta años de democracia no han logrado revisar criterios obsoletos que confunden organización vertical y férrea disciplina interna (ciertamente necesarios en organismos policiales, de seguridad y defensa), con la ausencia total de participación de empleados y funcionarios públicos en los asuntos relacionados con sus condiciones de trabajo.

A estas alturas, el Estado (en su versión nacional y provincial) debería cerrar un capítulo y abordar la gestión de las relaciones laborales en el sector con criterios acordes con los nuevos tiempos y con los compromisos internacionales.

Por lo pronto, las leyes argentinas deberían reconocer explícitamente el derecho de los funcionarios policiales a constituir sindicatos, con las modulaciones que sean necesarias en atención a la especial misión que la república les encomienda. Adviértase que, aún en ausencia de tal pronunciamiento normativo, es posible, apelando al bloque constitucional federal, afirmar que el personal policial dispone del derecho a la libertad sindical en ausencia de una exclusión expresa.

En este orden de ideas, el personal de la Prefectura Naval debería disfrutar de este derecho fundamental. Lo normal sería, entonces, que estas nuevas organizaciones sindicales, debidamente reconocidas y tuteladas, puedan participar en la negociación de sus condiciones de trabajo como sucede con el resto de los empleados del Estado argentino.

En lo que atañe al personal militar de las fuerzas armadas (incluyendo a la Gendarmería Nacional), la solución participativa, al uso en democracias más avanzadas, reside en la constitución de Consejos bipartitos integrados por delegados del Gobierno y por representantes elegidos mediante voto secreto y directo por el personal de cada una de estas fuerzas, con la misión de abordar toda la problemática propia de las condiciones de trabajo.

El reconocimiento, también modulado, del derecho a la negociación colectiva, contribuiría al buen funcionamiento de los institutos y, como no, a la democratización de las relaciones de empleo público, incluso en el proceloso campo de las fuerzas armadas y de seguridad.

Vaqueros (Salta), 5 de octubre de 2012.

(Para CLARIN de Buenos Aires)