jueves, 21 de agosto de 2014

EL FUTURO DE SALTA EXIGE UNA ARGENTINA FEDERAL

El mundo contemporáneo muestra multitud de ejemplos en donde los pueblos reclaman gobiernos más próximos, más representativos de la diversidad, más transparentes, y suficientemente controlados por los ciudadanos.

Aunque en Salta estas demandas no han alcanzado aún un peso determinante, hay indicios de que el régimen que nos gobierna desde Olivos y Las Costas no sintoniza con las nuevas exigencias cívicas.

Aumentan los salteños que reclaman reformas institucionales profundas. Cambios que terminen con los abusos; que arramblen delirios monárquicos; que garanticen una justicia independiente, eficaz y al alcance de todos; que pongan fin al centralismo que concentra el poder y lo aleja de las personas; que federalicen las estadísticas; que liquiden un régimen electoral tramposo que fabrica mayorías artificiales y condena a la insignificancia a las minorías.

La responsabilidad del unitarismo
Pero aun cuando los salteños, tras la cita electoral de 2015, comenzáramos las reformas democratizadoras, nuestro anhelo colectivo de una Salta justa y próspera en la que todos convivamos en paz y libertad, seguiría lejano.

Por una razón muy simple: Nuestro actual descontento -generado por altos niveles de pobreza, violencia y desgobierno, por carencias en materia de educación, urbanismo, salud, ambiente y seguridad-, guarda estrecha relación con el proceso que, violando la Constitución y los Pactos, convirtió a la Argentina en una república unitaria.

Salta no es dueña de su riqueza
Nuestra producción y nuestro trabajo resultan lastrados por una fiscalidad que desalienta el empleo decente, paraliza el desarrollo y articula un país que acumula poderes y riquezas en el centro donde radican, industrias, infraestructuras y oportunidades.

Cuando me refiero a la fiscalidad pienso no solo en los impuestos coparticipables sino en todas las vías a través de las cuales la Nación expropia a las Provincias. Tal es el caso del impuesto a las transacciones bancarias, o de las retenciones a las exportaciones de alimentos y combustibles. Pienso también en el impuesto inflacionario que ahoga a nuestros hogares y somete a las instituciones locales, y -como no- en el unitarismo que preside la política monetaria.

A su vez, las reglas que organizan tanto la explotación de gas y petróleo en suelo salteño, como la producción de biocombustibles y de energías alternativas, no satisfacen nuestros intereses, y están amenazadas de reformas unitarias que avanzan ante la inexplicada pasividad del Gobernador Urtubey.

La centralización del comercio exterior perjudica señaladamente a una provincia como Salta que, pese a su estratégica ubicación internacional, encuentra dificultades para colocar su producción en el exterior y para abastecerse de insumos importados. Desde Buenos Aires se protege o se abren fronteras mirando los intereses del centro, no los del norte argentino. Precisamos abatir este proteccionismo asimétrico, y desplegar una política comercial exterior activa y autónoma.

Empleo y relaciones laborales
El empleo en Salta tiene las limitaciones que ha revelado Jorge Paz. Superarlas, exige medidas de ámbito local y recuperar el control de los impuestos que retiene la Nación. Sin embargo, la decisión más importante radica en la construcción de una red de formación profesional en sintonía con la producción de alimentos, combustibles, minerales y servicios, y en la necesidad de preservar y mejorar las singularidades de nuestro modelo de familia.

Las relaciones colectivas de trabajo están presididas por la misma dinámica unitaria. Una lógica que ha convertido a los sindicatos locales en meras sucursales de los vértices porteños, y a los empleadores en convidados de piedra en la fijación de las condiciones de trabajo. Por tanto, federalizar la negociación colectiva y la acción sindical es también una exigencia de futuro.

La grave crisis de la educación salteña
Entender el pobre desempeño de nuestra educación requiere cuestionar el doble centralismo que, desde el Palacio Pizzurno y desde el Gran Bourg, priva a la escuela de espacios de autogestión, empobrece contenidos, impide promover cambios culturales, permanece impávido ante la violencia y la ruptura del pacto entre la escuela y la familia, impone itinerarios alejados de la realidad regional, y ha destruido la carrera docente. Aquí, como en casi todos los problemas que arrastramos, las soluciones pasan por recuperar para la Provincia competencias políticas y de gestión.

Producir y distribuir
¿Por qué razón Salta debe soportar en silencio la política agropecuaria e industrial impuesta por el Poder Ejecutivo Nacional? Se impone rechazar esta deriva unitaria y reivindicar para la Provincia el poder de regular la producción de alimentos y combustibles.

Corresponde a los salteños decidir qué, cómo y cuánto producir en función de los mercados internacionalizados. Somos nosotros quienes habremos de aprobar incentivos, gravámenes, salvaguardas ambientales, y vías de distribución de la riqueza producida. Apelando, cuando proceda, a la planificación prevista en la Constitución Provincial.

Para eliminar la pobreza y fomentar la inversión y el empleo, así como para compensar impactos sobre el ambiente y las futuras generaciones, los gravámenes a la producción de alimentos y combustibles han de ser decididos y percibidos por las provincias productoras.

Federalismo político
La reforma constitucional de 1994, más allá de notables avances federalistas, contiene un sesgo unitario: El remplazo del Colegio Electoral como ámbito de elección del Presidente de la Nación, por el voto directo en régimen de distrito único. De aquí, y de otros factores, provienen el protagonismo de los Intendentes del cono-urbano bonaerense y la simétrica pérdida de peso político de las provincias históricas.

El giro federalista de Salta incluye exigencias para que la Nación resguarde nuestras fronteras y cierre caminos al narcotráfico. Y, por supuesto, comprende la descentralización provincial que ponga fin al unitarismo con eje en la ciudad capital.      

Es cierto que nuestra historia registra ciclos de justificada tolerancia a la deriva unitaria. Ocurrió durante las guerras por la independencia y otras emergencias que imponían sacrificios a las provincias en beneficio de la Nación. En otros momentos era difícil hablar de federalismo cuando dependíamos de la ayuda nacional para subsistir.

Pero las cosas han cambiado de raíz. Salta tiene una enorme riqueza potencial, y está cultural, intelectual y políticamente madura para asumir responsabilidades de autogobierno. Por consiguiente, sin razones para continuar tolerando el centralismo que nos ahoga y expropia, ha llegado la hora de remplazar al caudillo unitario por un Programa Democrático y Federalista.

domingo, 17 de agosto de 2014

Importante Documento Multipartidario y Plural

CONSENSOS DE CAMBIOS PARA EL PROGRESO DE SALTA

Quienes suscribimos este documento, dirigentes de distintos partidos y sectores de la Provincia de Salta, emprendemos la tarea de definir por consenso y a través de un diálogo abierto, Políticas de Estado y someterlas a la consideración y debate de la sociedad, en la búsqueda que sean ejecutadas como decisión colectiva de todos, por lo que éste esfuerzo, por ser precisamente plural, va más allá de la mera contienda electoral. En virtud de ello, asumimos el formal compromiso frente a la ciudadanía de la Provincia de Salta de dialogar, promover y efectuar los cambios necesarios para hacer realidad las siguientes acciones:

1.-. DESARROLLO SOCIAL Y PROGRESO:
a) Educación de calidad en todos los niveles para el desarrollo de las personas y una adecuada inserción laboral. Garantizar la salud, la seguridad, el ambiente y la integración como pilares de la actuación del Estado.

b) Reducción de la pobreza y la indigencia como objetivos prioritarios para los próximos cinco años, promoviendo polos de desarrollo, el arraigo de la población del interior, y las ayudas a las familias.
c) Generación de nuevos puestos de trabajo, especialmente de empleo joven, a través de la producción y la industria.
d) Financiamiento de un Plan de Emergencia para la inmediata construcción de viviendas y el acceso a terrenos urbanizados para la vida digna de las familias de menores recursos.

2.-. FEDERALISMO:
a) Defensa del federalismo frente al centralismo político y económico. Promover la devolución de las facultades y fondos arrebatados a las Provincias.

b) Defensa de los recursos naturales de provinciales. Incorporación de valor agregado en lugar de origen. Reducción de tarifas en provincias productoras.
c) Exigir al Estado Nacional asuma, en coordinación con la Provincia, una decidida actitud en la lucha contra el delito y el narcotráfico. Resguardo absoluto de nuestras fronteras.

3.- REFORMA POLITICA:
a) Limitar el mandato a Gobernador y Vice a un solo período. Eliminación de las reelecciones indefinidas en cargos políticos, promoviendo el tope máximo de dos mandatos consecutivos para Intendentes, Senadores, Diputados y Concejales a partir del año 2015.

b) Reformar el sistema de representación en la Legislatura, a fin de garantizar el igual valor del voto de los salteños y asegurar que cada fuerza política cuente con un número de representantes proporcional al total de votos obtenidos en la Provincia.
c) Dotar a la Provincia de un sistema de partidos que garantice equilibrio y alternancia. Eliminar facultades de cambiar o decidir cuestiones electorales por parte del Gobernador de la Provincia.

c) Estudiar la implementación de un sistema unicameral y la realización de elecciones cada cuatro años.
4.- REFORMA EN LA JUSTICIA:

a) Facilitar el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos; extender el servicio en el interior y mejorar su funcionamiento.

b) Reforma del sistema de selección de jueces a fin de evitar injusticias y amiguismos, designándolos a través de concursos objetivos en base a su trayectoria y capacidad, exigiendo una permanencia mínima de 4 años en el cargo para poder postularse para otro función judicial.
c) Reorganización del Ministerio Público. Inamovilidad para los Jueces de la Corte de Justicia de Salta.

5. MAYOR TRANSPARENCIA Y CONTROL DE GOBIERNO:
a) Dotar a la Auditoría de la Provincia de efectivo control asegurando la participación de la oposición que ocupará la Presidencia del cuerpo. Revisar el régimen de contrataciones del Estado y todos los sistemas que favorecen la corrupción.

b) Derogar los “súper-poderes presupuestarios” del Poder Ejecutivo; la posibilidad de transferir partidas y cualquier tipo de “gasto reservado”.
c) Publicación en la  Web de todos los beneficios sociales y amplio acceso a la información pública. Distribución proporcional, equitativa y pública de la pauta oficial reglamentada por ley.

d) Penalizar a los funcionarios por el uso de bienes y recursos del Estado con fines electorales o personales.
Difundir el presente documento y sus fundamentos durante los próximos 60 días en la sociedad salteña, con la participación de Partidos Políticos, Cámaras, Colegios Profesionales, Organizaciones No Gubernamentales, Centros Vecinales, Organizaciones Sindicales y Medios de Comunicación, en la búsqueda del diálogo y los consensos, en un marco plural, considerando siempre que está PRIMERO SALTA.

REPENSAR LA EDUCACION EN SALTA

I. PUNTOS DE PARTIDA

1.- El desarrollo armonioso de una sociedad moderna y democrática (que tenga como metas la libertad y la igualdad) depende de la articulación virtuosa entre la Educación, las Instituciones, y la Producción.
2.- En Salta, las Instituciones -formales e informales- no terminan de sintonizar con las exigencias de la convivencia, la integración y el desarrollo.

En nuestra Provincia, al igual que sucede en el ámbito de la Nación, se verifica una fractura institucional entre las reglas formales y las informales[1].
3.- La Educación, tanto en Salta como en el resto del país, parece atravesada por un largo choque cultural irresuelto entre las pautas culturales que fundaron la república en Mayo de 1810, y los resabios del absolutismo de raíz colonial y de vocación aislacionista.

4.- Distintas manifestaciones de violencia (familiar, escolar, vecinal, de género, delictual), enrarecen la vida local y la Educación parece ausente de los debates y de las soluciones.

5.- La cultura cívica de los salteños es manifiestamente mejorable. Sucede además que en la vida política y social de Salta existen amplios espacios en donde la ejemplaridad republicana está ausente, lo que no contribuye a los fines de la Educación para la convivencia cívica.

6.- En Salta, el abatimiento de la pobreza y de otras inequidades depende -simultáneamente- de nuestra capacidad de potenciar los motores productivos (alimentos, combustibles, minería) y de introducir las reformas que cierren la fractura institucional.

7.- En este contexto de futuro, necesitamos mejorar las condiciones de ejercicio de la ciudadanía, así como las aptitudes para las relaciones interpersonales (comunicación, resolución de conflictos, manejo del tiempo, trabajo en equipo) y la producción de ideas, cultura, bienes y servicios.

II. PREGUNTAS DE UN OBSERVADOR POLÍTICO
A la espera de que los expertos hagan escuchar sus voces e ideas, surgen algunos interrogantes:

8.- ¿Debemos continuar obedeciendo a los dictados educativos de la Nación?[2]

9.- ¿Es correcto centrar de modo excluyente los problemas de la Educación en el ámbito de la Escuela? ¿O es preciso abordar esos problemas tomando en consideración el papel del contexto y de otros actores del proceso educativo?

10.- ¿La profesionalidad y dignidad de los docentes dependen sólo de los salarios o reclaman un nuevo régimen de remuneraciones e incentivos junto a nuevas reglas y escalafones que reestructuren la carrera docente?

11.- ¿Los planes de formación de maestros y profesores son suficientes y adecuados para esta Salta en un mundo en cambio?

12.- ¿Qué hay que hacer para reconstruir el Pacto no escrito entre la Familia y la Escuela?

13.- ¿Cómo insertar al voluntariado en las acciones educativas?

14- ¿Ha llegado la hora de recrear un órgano participado para la política, las estadísticas y la gestión educativa, así como para la evaluación de los resultados, dando protagonismo a los diversos actores del sistema educativo provincial?

15.- ¿Los tradicionales modelos (centralistas, verticales y burocráticos) de gestión y financiamiento de la educación provincial siguen siendo válidos, o reclaman cambios que apunten a mejorar los resultados de la educación?[3]

16.- ¿Qué ventajas hay en un sistema de gestión educativa descentralizado y con eje en escuelas dotadas de autonomía?

17.- ¿Cómo abordar los déficits de la cultura salteña en materia de comunicación, convivencia con lo diverso, resolución de conflictos, educación sexual?

18.- ¿Los actuales contenidos educativos contribuyen verdadera y eficazmente a la múltiple tarea de formar ciudadanos (conscientes de sus deberes y derechos, instruidos en los valores democráticos y en los principios republicanos, y aptos para la etapa cosmopolita), personas (libres, cultas y en condiciones de alcanzar espacios de felicidad), y trabajadores (cualificados en función de nuestro perfil productivo y de las exigencias que son propias del progreso cultural, intelectual y social)?

19.- ¿Hasta qué punto el actual modelo educativo provincial, a pesar de sus malos resultados, se mantiene por resultar funcional a una cierta forma de “hacer” política? (clientelar, autoritaria, excluyente y concentradora del poder con rasgos monárquicos).

20.- ¿Qué hacer para sintonizar el funcionamiento del Sistema Educativo Provincial con las grandes metas definidas en el Programa para Salta en un Mundo en Cambio?

Vaqueros, 26 de junio de 2014.



[1] SANCHEZ, Carlos E. “Educación, Instituciones y Desarrollo”, Editorial BRUJAS – 2014.
[2] Uno de los ejes del modelo finlandés radica en la libertad de las jurisdicciones para establecer sus propias políticas educativas (P. SAHLBERG “El cambio educativo en Finlandia”, PAIDOS, Buenos Aires – 2013).
[3] Véase el Documento elaborado por el Centro de Estudios en Políticas Públicas: “Una nueva agenda educativa para el país” (Mayo de 2014)

FAMILIA Y POLITICA EN SALTA

En los grandes aglomerados urbanos salteños malviven miles de familias. La ausencia de servicios elementales hace de muchas villas y asentamientos sitios no aptos para el desarrollo humano. La drogadicción está destruyendo a muchas familias, a sus niños y a sus jóvenes. La falta de educación sexual, así como la violencia doméstica, escolar, deportiva, vecinal hacen estragos.

Muchas de estas cosas no se ven en los centros prósperos y son ocultadas por las estadísticas oficiales. Siguiendo pautas culturales arraigadas, quienes viven en esas periferias no suelen aparecer por el centro, y cuando lo hacen procuran presentarse en condiciones que ocultan padecimientos y privaciones.

Frente a este panorama, la política oficial carece de un diagnóstico preciso, y persiste en sus propósitos mezquinos e irresponsables: Mantener serenos y acotados a los pobres, y buscar su voto a cambio de ayudas materiales discrecionales.
El Gobierno de Salta, siguiendo el molde unitario, piensa que la pobreza es manifestación de carencias materiales y diseña programas para transferir rentas y proveer alimentos.

Clasismo en el Estado social
Después de la segunda guerra mundial muchas naciones pusieron en marcha servicios sociales orientados a atender las necesidades de quienes no podían autosatisfacerlas.
Por supuesto, la cuantía y calidad de las nuevas prestaciones varía en función de los enfoques ideológicos presiden la distribución de la riqueza. Pero el principio rector manda que las ayudas sirvan para integrar, y que los servicios se presten en condiciones de calidad, homogeneidad y objetividad (“una necesidad, un derecho”).

En Salta las cosas suceden de otra manera. Las oportunidades y las condiciones para acceder están segmentadas. Los servicios sociales funcionan a tres velocidades. Hay educación, salud, justicia, seguridad y urbanismo para pobres, que nada tienen que ver con los servicios para los pudientes. Sin olvidar que muchos ni siquiera acceden a las prestaciones de baja calidad.

Un urbanismo clasista potencia los asentamientos, y reserva el agua potable, las cloacas, los espacios verdes para los centros privilegiados.

Pensar que, en la Salta contemporánea, todas las familias funcionan según el molde tradicionalista, es un anacronismo propio del pensamiento decadente. En este contexto resultan especialmente chocantes el nepotismo y las apelaciones a “la misma sangre” como criterio de acceso a los cargos ejecutivos o judiciales.

Los excluidos sin esperanzas
Muchos de los miembros de las familias excluidas han perdido la alegría de vivir. Carecen de ilusiones, de sueños, de esperanza. No disponen de las herramientas imprescindibles para salir de la marginalidad. No pueden siquiera imaginar un futuro para ellos y sus hijos.

Frente a esto, las respuestas clásicas oscilan entre la manipulación, la reiteración y el oportunismo que aconseja hablar retóricamente de la pobreza como una realidad indiferenciada, transitoria y fácilmente abatible.

Las propuestas rutinarias prometen empleos, subsidios y más servicios que replican la mala calidad de los existentes. Por ejemplo, más escuelas públicas que sigan produciendo los magros resultados conocidos y que dan lugar a que casi el 100% de los egresados de la UNSA provenga de la enseñanza privada.

Por supuesto la nueva política social incluye transformar la escuela pública: Abandonando el seguidismo unitario; diseñando nuevos contenidos; reconstruyendo la carrera docente; dotándola de unidades especializadas para recuperar a todos los alumnos con dificultades para continuar y concluir sus estudios.

Necesitamos otro Estado
Tenemos 600.000 salteños sumidos entre la indigencia y la pobreza. De entre ellos, hay miles de excluidos que quizá nunca lograran acceder a bienes y derechos elementales, ni podrán desarrollar satisfactoriamente las potencialidades ínsitas en su condición de personas.  

Frente a este acuciante panorama sobran la demagogia y la improvisación. El clientelismo es, sencillamente, una práctica criminal.

Se impone diseñar otra política social a la medida de las necesidades locales, que tome en cuenta los factores culturales identitarios.

Un Ministerio para la Integración Social deberá movilizar a no menos de 5.000 asistentes sociales de diferentes especialidades, distribuidos por nuestra geografía. Serán los encargados de mejorar el funcionamiento de los gabinetes psicopedagógicos escolares; de instalar servicios de ayuda a las familias en los centros de salud, en los comedores infantiles, en los centros vecinales y deportivos; de ayudar a las iglesias y organizaciones no gubernamentales que intentan paliar la crisis social y familiar.

Estas unidades abordarán, por ejemplo, los déficits en materia de convivencia y de cultura del trabajo (2 o 3 generaciones que vivieron y viven de subsidios). Apoyarán la reconstrucción del tejido social, familiar y vecinal; promoverán la cultura del diálogo, enseñando a resolver conflictos, a mantener relaciones constructivas, a convivir con lo diferente o antagónico.

Esta nueva política social requiere, ciertamente y entre otras cosas, la contribución de los expertos y de las Universidades locales que deberían estar en condiciones de proveer los profesionales, los contenidos y las rutinas de los nuevos servicios de ayudas a la integración.