domingo, 14 de octubre de 2012

En defensa de la libertad de los trabajadores

En la Argentina, los gobiernos y los grandes poderes económicos profesan, mayoritariamente, el autoritarismo en materia de relaciones laborales. Piensan que la producción de bienes y servicios requiere de una férrea disciplina impuesta por el marco institucional, cuando no por la desnuda fuerza o el temor. Según explican los profetas del autoritarismo, otorgar libertad a los trabajadores para que se organicen y actúen en defensa de sus derechos conduce a la anarquía o a la sovietización.

Por supuesto, en las democracias avanzadas los principios de libertad y democracia sindical y los cauces de participación tripartita conforman un sistema que, sin sofocar el conflicto, permite un adecuado funcionamiento de las fábricas y de las oficinas, a la par que contempla los intereses de consumidores y usuarios fijando las pautas a seguir cuando el conflicto paraliza transitoriamente la producción.
Pero en nuestro país las cosas funcionan de otra manera. Dejando de lado el estudio de las relaciones de trabajo bajo dictaduras, presentaré aspectos del modelo laboral argentino en relación a la libertad de los trabajadores de todas las clases.
Casi setenta años de monopolio sindical
Desde 1945 los gobiernos elegidos por el voto popular y los poderes fácticos han encontrado en la estatización de los sindicatos el modo más expeditivo y eficaz de controlar el conflicto industrial y reprimir desbordes. Un modo que se asienta en la personería gremial (patente que concede, niega y retira el Estado y que conlleva el poder de gestionar las obras sociales), en la negación del federalismo sindical, en la negociación colectiva monopolizada por los sujetos con patente, y en el insuficiente resguardo a la democracia interna (como lo patentizan las elecciones, actualmente en curso, en el Sindicato de Sanidad de Salta).
Este modelo goza de la activa simpatía de los grandes empresarios, de los populismos de izquierda y de derecha y de los gobiernos que se han sucedido desde 1983 a la fecha, con los breves, tímidos, transitorios y fallidos intentos de las Presidencias Alfonsín (los Proyectos MUCCI, NERI y BRASESCO) y Menem (libre elección de obra social, primer reconocimiento de la CTA, o el otorgamiento de miles de nuevas inscripciones sindicales).
Como lo acaba de poner de manifiesto el líder de la UIA, la gran patronal prefiere el sindicato único, vertical y dirigido por los de siempre, a cualquier intento de reconocer a los trabajadores las libertades que consagran la Constitución y los Tratados Internacionales vigentes en nuestro país. Pudiera parecer extraño, pero no lo es en una dirección patronal retrógrada y oportunista.
El actual interregno populista (2002/2012) ha utilizado y utiliza todas las herramientas propias del modelo monopólico y vertical. Lo hizo en algunos casos con éxito (en tanto su presión favoreció o impuso la emergencia de centrales sindicales dóciles), y fracasó en otros aun 0cuando las organizaciones rebeldes y sus líderes están siendo acosados desde el poder.
En su solapado ataque a los derechos obreros, el populismo gobernante presenta a las banderas de libertad y democracia como un recurso para debilitar el movimiento obrero; lo hace, mientras oculta la efectiva debilidad que emana de los poderes del Estado para recortar la autonomía de los trabajadores y ahogar disidencias. 
En Salta, el régimen sindical oficial muestra un aparente vigor que desmienten los bajos índices de afiliación o la negativa oficial a reconocer la sindicalización del personal policial. La trayectoria de este sindicalismo se monta sobre una cierta cultura de la resignación que se expresa, por ejemplo, en la escasa cantidad de demandas que se presentan en el fuero del trabajo. Desde este punto de vista, el trabajo en negro, la real debilidad de los sindicatos, el difícil acceso a la justicia y aquella resignación forman parte, penosamente, de lo que podríamos llamar el modelo competitivo salteño.

Una crisis terminal se cierne sobre el viejo modelo

Pese a su aparente vitalidad, el monopolio sindical presenta grietas significativas. Algunas están directamente relacionadas con la política partidista (la existencia de 5 confederaciones obreras es una de esas fisuras); otras se relacionan directamente con los cimientos del régimen próximo a cumplir 70 años de vida.

Dentro de este segundo grupo sobresale la reforma constitucional de 1994 (que incorporó a nuestro ordenamiento jurídico interno y con el más alto rango legal a los Tratados Internacionales que garantizan la libertad de los trabajadores y la democracia sindical), y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación favorables al pluralismo y la libertad. La emergencia de entidades representativas no monopólicas como la CTA-Autónoma (sin olvidar el activismo de comisiones internas, las rebeliones federales y otras disidencias), es el segundo indicio de una firme tendencia hacia la libertad sindical.

Mientras emerge definitivamente lo nuevo para oxigenar el mapa sindical y, por extensión, a la democracia argentina, es preciso defender la actividad sindical en todas sus manifestaciones y exigir que se respeten las garantías constitucionales que tutelan la libre actuación de los líderes sindicales. En este sentido, la sanción a quienes protagonizaron la protesta de las fuerzas de seguridad, muestra cómo funciona el modelo y consagra un agravio inadmisible a los derechos fundamentales.