Por
supuesto, en las democracias avanzadas los principios de libertad y democracia
sindical y los cauces de participación tripartita conforman un sistema que, sin
sofocar el conflicto, permite un adecuado funcionamiento de las fábricas y de
las oficinas, a la par que contempla los intereses de consumidores y usuarios fijando
las pautas a seguir cuando el conflicto paraliza transitoriamente la
producción.
Pero en
nuestro país las cosas funcionan de otra manera. Dejando de lado el estudio de
las relaciones de trabajo bajo dictaduras, presentaré aspectos del modelo laboral argentino en relación a la
libertad de los trabajadores de todas las clases.
Casi setenta años de monopolio sindical
Desde 1945
los gobiernos elegidos por el voto popular y los poderes fácticos han
encontrado en la estatización de los sindicatos el modo más expeditivo y eficaz
de controlar el conflicto industrial y reprimir desbordes. Un modo que se
asienta en la personería gremial
(patente que concede, niega y retira el Estado y que conlleva el poder de
gestionar las obras sociales), en la negación del federalismo sindical, en la
negociación colectiva monopolizada por los sujetos con patente, y en el insuficiente resguardo a la democracia interna
(como lo patentizan las elecciones, actualmente en curso, en el Sindicato de
Sanidad de Salta).
Este modelo goza de la activa simpatía de los
grandes empresarios, de los populismos de izquierda y de derecha y de los
gobiernos que se han sucedido desde 1983 a la fecha, con los breves, tímidos,
transitorios y fallidos intentos de las Presidencias Alfonsín (los Proyectos
MUCCI, NERI y BRASESCO) y Menem (libre elección de obra social, primer
reconocimiento de la CTA, o el otorgamiento de miles de nuevas inscripciones sindicales).
Como lo
acaba de poner de manifiesto el líder de la UIA, la gran patronal prefiere el
sindicato único, vertical y dirigido por los de siempre, a cualquier intento de
reconocer a los trabajadores las libertades que consagran la Constitución y los
Tratados Internacionales vigentes en nuestro país. Pudiera parecer extraño,
pero no lo es en una dirección patronal retrógrada y oportunista.
El actual
interregno populista (2002/2012) ha utilizado y utiliza todas las herramientas
propias del modelo monopólico y vertical. Lo hizo en algunos casos con éxito
(en tanto su presión favoreció o impuso la emergencia de centrales sindicales
dóciles), y fracasó en otros aun 0cuando las organizaciones rebeldes y sus
líderes están siendo acosados desde el poder.
En su
solapado ataque a los derechos obreros, el populismo gobernante presenta a las
banderas de libertad y democracia como un recurso para debilitar el movimiento
obrero; lo hace, mientras oculta la efectiva debilidad que emana de los poderes
del Estado para recortar la autonomía de los trabajadores y ahogar
disidencias.
En Salta, el
régimen sindical oficial muestra un aparente vigor que desmienten los bajos índices
de afiliación o la negativa oficial a reconocer la sindicalización del personal
policial. La trayectoria de este sindicalismo se monta sobre una cierta cultura
de la resignación que se expresa, por ejemplo, en la escasa cantidad de
demandas que se presentan en el fuero del trabajo. Desde este punto de vista,
el trabajo en negro, la real debilidad de los sindicatos, el difícil acceso a
la justicia y aquella resignación forman parte, penosamente, de lo que
podríamos llamar el modelo competitivo
salteño.
Una crisis terminal se cierne sobre el viejo modelo
Pese a su aparente vitalidad, el monopolio sindical presenta grietas significativas. Algunas están directamente relacionadas con la política partidista (la existencia de 5 confederaciones obreras es una de esas fisuras); otras se relacionan directamente con los cimientos del régimen próximo a cumplir 70 años de vida.
Dentro de este segundo grupo sobresale la reforma constitucional de 1994 (que incorporó a nuestro ordenamiento jurídico interno y con el más alto rango legal a los Tratados Internacionales que garantizan la libertad de los trabajadores y la democracia sindical), y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación favorables al pluralismo y la libertad. La emergencia de entidades representativas no monopólicas como la CTA-Autónoma (sin olvidar el activismo de comisiones internas, las rebeliones federales y otras disidencias), es el segundo indicio de una firme tendencia hacia la libertad sindical.
Mientras emerge definitivamente lo nuevo para oxigenar el mapa sindical y, por extensión, a la democracia argentina, es preciso defender la actividad sindical en todas sus manifestaciones y exigir que se respeten las garantías constitucionales que tutelan la libre actuación de los líderes sindicales. En este sentido, la sanción a quienes protagonizaron la protesta de las fuerzas de seguridad, muestra cómo funciona el modelo y consagra un agravio inadmisible a los derechos fundamentales.
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