Este conflicto colectivo de trabajo dejó de manifiesto tanto la impericia de quienes ocupan los altos cargos ministeriales, como la existencia de rutinas autoritarias en la gestión de las relaciones laborales. Vale decir, el conflicto permitió que la ciudadanía sepa que el Ministerio de Seguridad y los altos mandos de ambos institutos dirigen los asuntos de personal de forma unilateral y autoritaria.
Lamentablemente, treinta años de democracia
no han logrado revisar criterios obsoletos que confunden organización vertical
y férrea disciplina interna (ciertamente necesarios en organismos policiales,
de seguridad y defensa), con la ausencia total de participación de empleados y
funcionarios públicos en los asuntos relacionados con sus condiciones de
trabajo.
A estas alturas, el Estado (en su versión
nacional y provincial) debería cerrar un capítulo y abordar la gestión de las
relaciones laborales en el sector con criterios acordes con los nuevos tiempos
y con los compromisos internacionales.
Por lo pronto, las leyes argentinas deberían
reconocer explícitamente el derecho de los funcionarios policiales a constituir
sindicatos, con las modulaciones que sean necesarias en atención a la especial
misión que la república les encomienda. Adviértase que, aún en ausencia de tal
pronunciamiento normativo, es posible, apelando al bloque constitucional federal, afirmar que el personal policial
dispone del derecho a la libertad sindical en ausencia de una exclusión
expresa.
En este orden de ideas, el personal de la
Prefectura Naval debería disfrutar de este derecho fundamental. Lo normal
sería, entonces, que estas nuevas organizaciones sindicales, debidamente
reconocidas y tuteladas, puedan participar en la negociación de sus condiciones
de trabajo como sucede con el resto de los empleados del Estado argentino.
En lo que atañe al personal militar de las
fuerzas armadas (incluyendo a la Gendarmería Nacional), la solución
participativa, al uso en democracias más avanzadas, reside en la constitución
de Consejos bipartitos integrados por delegados del Gobierno y por
representantes elegidos mediante voto secreto y directo por el personal de cada
una de estas fuerzas, con la misión de abordar toda la problemática propia de
las condiciones de trabajo.
El reconocimiento, también modulado, del
derecho a la negociación colectiva, contribuiría al buen funcionamiento de los
institutos y, como no, a la democratización de las relaciones de empleo
público, incluso en el proceloso campo de las fuerzas armadas y de seguridad.
Vaqueros (Salta), 5 de octubre de 2012.
(Para CLARIN de Buenos Aires)
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