viernes, 3 de diciembre de 2010

"Entramados de poder" en Salta

La historia de Salta es un territorio insuficientemente explorado. Aunque existen obras y autores valiosos, queda mucho por estudiar, investigar, analizar, interpretar y relatar. Añadiría que esta relativa carencia general, es aguda cuando se trata de los acontecimientos del siglo XX, abordados hasta ahora de modo parcial e ideologizado.

Pero quisiera centrarme en una buena noticia: Los huecos en la historia salteña del siglo XIX son ahora menos profundos gracias a la obra de la doctora María Fernanda Justiniano, profesora de historia de la UNSA, titulada “Entramados del poder. Salta y la Nación en el siglo XIX”. Un importante trabajo acaba de ser editado por la Universidad Nacional de Quilmes, con prólogo de Natalio Botana.

La doctora Justiniano analiza lo sucedido durante el Siglo XIX poniendo énfasis en los acontecimientos del período 1880/1916, un tiempo donde Salta se empobrece a causa de su relativo aislamiento de las grandes corrientes económicas regionales, y pese a sus esfuerzos por orientar su economía hacia el Este, o sea hacia el Atlántico.

Destaca en el libro que comento, el enfoque elegido por su autora. Un enfoque que deja en un segundo plano la presentación cronológica de los hechos, para enfatizar en el valor determinante que, en el caso de la historia de Salta, tuvieron los “entramados del poder”, una denominación que la doctora Justiniano usa para aludir a la tupida red de lazos familiares que ejercieron influencia determinante en la vida política (y también económica) de aquella Salta.

El libro analiza un fenómeno que ya antes había llamado la atención de Natalio Botana y de otros historiadores y politólogos: el hecho de que la Salta mediterránea, alejada de los nuevos centros de poder (básicamente el puerto de Buenos Aires), y que iniciaba un ciclo de decadencia económica lograra colocar a dos de sus hijos (José Evaristo Uriburu y Victorino de la Plaza) como Presidentes de la República y a otros once como Ministros de la Nación.

La fuerza y pervivencia de aquellos “entramados de poder” constituidos por alianzas familiares locales, tiene que ver con el talento de nuestras élites para asociarse o fusionarse, en base a carreras profesionales, negocios, o nuevos parentescos con linajes pampeanos, con las élites radicadas en Buenos aires.

Esperemos que pronto nuestros historiadores llenen también las lagunas referidas al siglo XX. Mientras, me atrevo a deslizar dos hipótesis: La primera: Durante el siglo pasado, Salta redujo su influencia en el escenario político nacional. La segunda hipótesis pretende que durante los últimos 30 años, los entramados de poder, subsistieron como vía para controlar el Estado y los negocios, aunque hayan cambiado algunos de los apellidos de los detentadores del poder hegemónico.

martes, 30 de noviembre de 2010

Candidatos Incompatibles (por sus negocios)

La ley penaliza a los funcionarios públicos que realicen, por si o por interpósita persona, negociaciones incompatibles con sus cargos. Prácticamente desde el nacimiento del derecho penal moderno este delito forma parte del entramado punitivo de las repúblicas modernas y pretende asegurar la transparencia y el sometimiento a la ley de todos los agentes púbicos, incluidos los gobernantes.

Es cierto que, además del tipo penal, hace falta una justicia rápida, independiente y eficaz que investigue y asigne responsabilidades imponiendo penas y haciendo cesar el estado de sospecha que pesa sobre los imputados. Pero en cualquier caso, este delito tutela los altos intereses del Estado y de los ciudadanos.

Esta breve incursión en el campo del derecho penal me da pié para la siguiente pregunta: ¿Puede un particular que tiene pingues y multimillonarios negocios con el Estado ser elegido (o aspirar a serlo) gobernante de ese mismo Estado?

Los italianos debatieron esto a propósito de la postulación y ulterior elección del señor Berlusconi. Finalmente optaron por considerar compatibles los negocios preexistentes con la posterior candidatura. A mi entender, esta solución, pese a su efectiva o aparente validez constitucional, resintió a la democracia italiana. Afortunadamente sin llegar a suprimirla y sin afectar los controles republicanos que limitan el poder del Primer Ministro para profundizar sus negocios con el Estado.

Los salteños tendríamos que discutir este punto ante la irrupción de un nuevo candidato que tiene fantásticos negocios con la Provincia, localizados en el departamento de Anta. ¿Es legítima la candidatura de un ciudadano que obtuvo una concesión de cientos de miles de hectáreas del anterior Gobernador de Salta y que hoy ha sido puesta en cuestión por expertos y por la propia Legislatura?

¿Es jurídicamente admisible que una elección posterior borre los efectos de un negocio que hubiera resultado ilegal si el concesionario hubiera sido funcionario público al momento de la concesión? ¿No estaría obligado este concesionario a renunciar al beneficio antes de asumir su eventual cargo de Gobernador?

Saliendo del ámbito de lo jurídico, cabría preguntarse también si es moralmente válido o políticamente conveniente admitir esta incompatibilidad sobrevenida. Se trata de respuestas contra-mayoritarias, vale decir, de respuestas que no admiten ser modificadas por un hipotético voto mayoritario.

El problema que enfrentará el electorado salteño, es pues de gran relevancia. Con el añadido de que, a diferencia del caso italiano, nuestra Provincia no cuenta con herramientas de control para evitar o sancionar sucesivas negociaciones incompatibles con la función pública.