sábado, 15 de noviembre de 2008

Crisis global, dificultades locales

En una nota anterior describí las tres opciones frente a la crisis: 1) Supervivencia, 2) actitud defensiva, o 3) liderazgo proactivo.

Si, por vía de hipótesis, imaginamos que nuestro Gobernador se decanta por esta “tercera posición”, y que esta preparado y dispuesto para desplegar una política proactiva frente a la crisis, tropezaría con tres dificultades: Carencias estadísticas; Ausencia de consensos básicos en nuestra sociedad; y Debilitamiento, durante su gestión, del federalismo salteño.

La primera de estas dificultades tiene que ver con el avasallamiento del INDEC que impide conocer la real evolución de los precios y de la pobreza, y con la circunstancia de que sus datos no siempre son desagregados con la celeridad que los acontecimientos exigen.

A su vez, nuestra Dirección de Estadísticas marcha al cansino ritmo que le impone su seguramente escaso presupuesto.

Por lo que se refiere a la evolución del empleo, el hecho de que Salta tenga casi el 50% de trabajo en negro, amén de la rudimentaria recolección de datos sobre suspensiones y despidos, impiden al Gobierno, pero también a los actores sociales, conocer la velocidad y la localización territorial y sectorial de la crisis actual.

En materia de pobreza, nuestro Gobernador podrá, a través de su aparato político, de municipios y de organizaciones solidarias, tener indicios acerca de la aceleración de la pobreza. Pero carecerá de cifras contundentes y veraces.

La segunda de aquellas dificultades, la ausencia de consensos básicos, expresa las carencias de un sistema electoral diseñado a la medida del partido hegemónico desde 1996.

El amplio dominio de la Legislatura por parte del oficialismo, merced a la curiosa situación donde la mayoría y la primera minoría pertenecen a una misma familia ideológica que cogobierna, no alcanza a ocultar severas discrepancias en asuntos claves como el urbanismo, la seguridad, el medioambiente o la educación, temas donde el disenso se expresa por fuera del peronismo gobernante.

En realidad, una verdadera “política de estado”, término del que se abusa sin ningún rigor científico, sería aquella que lograra el consenso del Partido Obrero, del Partido Propuesta Salteña y de las organizaciones sociales libres.

La fuerte contestación social a las políticas que está definiendo nuestro Gobernador en temas clave, obstaculizará o impedirá una gestión proactiva de los efectos locales de la crisis global.

Salta, y presento la tercera de las dificultades, ha cedido demasiado terreno al poder central, tolerando, por razones de alineamiento partidista, medidas presupuestarias y económicas que nos perjudican. Y no hay indicios de que estén dadas las condiciones para desandar el camino con un mínimo de eficacia.

Dicho en otros términos: Carencias y conflictos locales añaden dificultades a la gestión de la crisis.

Salta, noviembre de 2008.

(Para FM Aries)

viernes, 14 de noviembre de 2008

Municipios y necesidades sociales

Abordaré un tema ciertamente complicado:

La pasividad de las autoridades municipales salteñas ante los nuevos problemas sociales de barrios y pueblos. Un comportamiento que se me ocurre fruto de la perplejidad con la que intendentes y concejales observan los fenómenos concomitantes con la pobreza y la indigencia.

Seguramente habrá excepciones que desconozco. Pero tengo por cierto que muchos municipios están centrados en calendarios de fiestas y festejos (carnaval, día de la madre, del niño, del amigo, de la secretaria, de los abuelos, de la flor, del tabaco, etc.), con los que pretenden promover el turismo y, de paso, conservar los votos de quienes disfrutan de esta oferta abundante de fiestas públicas.

Tal concentración temática les resta energía y recursos para abordar, por ejemplo, los problemas que se derivan del alcoholismo, la drogadicción, la violencia familiar, las minusvalías, los embarazos precoces, las familias numerosas y monoparentales, los niños y jóvenes que ni estudian ni trabajan, las patotas y barras bravas barriales, la soledad y el abandono en el que viven muchas personas mayores.

A decir verdad, los municipios locales carecen de políticas, de recursos humanos, de presupuesto, e incluso de la vocación necesaria para abordar estas situaciones de enorme variedad y complejidad.

En el terreno estricto de las políticas sociales, la maquinaria municipal salteña, como sucede en todo el norte argentino, esta mas o menos preparada para repartir alimentos, medicamentos, materiales de construcción, o de vestimenta.

Asumió determinadas competencias sobre empleo, mucho tiempo después de que explotara el problema de la desocupación. La perplejidad de entonces les impidió diseñar medidas de fomento del empleo y de la capacitación. Terminaron luchando por obtener cupos del Plan Trabajar que otorgaba a los Intendentes el preciado poder de incluir y excluir beneficiarios.

Aunque algunas municipalidades, de la mano del Ministerio de Trabajo de la Provincia, están abriendo oficinas de empleo y aprendiendo a hacerlas funcionar, mucho les quedan por hacer en una materia que es (y con mayor énfasis) será de vital interés de los vecinos.

Pero para que nuestros municipios puedan asumir responsable y eficazmente los nuevos problemas sociales (que la crisis agudizará) deberían procurar un amplio consenso político alrededor de la premisa de que son ellos, por razones de proximidad, quienes están en mejores condiciones de asumir el desafío de la inclusión y la atención de necesidades vitales.

Un primer consenso que debería venir seguido de otro inmediato que facilite la reforma de los regímenes de coparticipación y la transferencia de recursos nacionales y provinciales.

miércoles, 12 de noviembre de 2008

La Suprema Corte argentina abre las puertas a la libertad sindical

El 11 de noviembre será recordado como el día en el que la Argentina dio un paso de gigante hacia la libertad sindical, dejando atrás décadas de monopolio y exclusiones.

Y lo será gracias al empeño de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), un sindicato tradicional ideológicamente reconvertido, y a la lucidez de la Corte Suprema de Justicia (CSJN) que, apartándose de los precedentes y haciendo caso omiso de los poderes institucionales y fácticos que exhibe la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió, en una importante sentencia inaugural, hacer realidad la supremacía de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales.

Durante más de 60 años el llamado modelo sindical peronista[1], resistió todos los decenales embates (1956[2], 1966[3] y 1976[4], 1984[5], 1996[6]), y encontró la manera de salir fortalecido después de cada uno de ellos.

Así y en lo que se refiere a los delegados de fábrica, la vigente Ley 23.551 (arrancada o concedida por el Presidente Alfonsín en el marco de un desafortunado pacto político del radicalismo con un sector del sindicalismo peronista) blinda al sindicato único dentro de la empresa, reconociéndole derechos que hasta entonces el peronismo político se había abstenido de reconocer.

Aquel modelo resistió también a lo largo de estos años la prédica, a veces excesivamente prudente pero constante, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que daba lugar a explicaciones forzadas y promesas insinceras de las autoridades locales.

El fallo unánime de la CSJN, de impecable factura democrática, toma el toro por los cuernos y supera con creces los tímidos avances hacia el pluralismo y la libertad sindicales ensayados durante los primeros 25 años de democracia[7].

Si bien la sentencia se circunscribe a reconocer el derecho del sindicato menos representativo (en el caso: ATE respecto de PECIFA) a instar la celebración de elecciones a delegados de personal y el derecho de sus afiliados a presentarse como candidatos, su clara línea argumental sienta las bases para desarticular los otros dos pilares del modelo sindical peronista: el monopolio para negociar convenios colectivos de trabajo (entre otros poderes excluyentes), y el monopolio sobre el gobierno de las Obras Sociales.

Aún cuando esta no sea la opinión del señor Ministro de Trabajo ni del Procurador General de la Nación, que pretenden limitarlo al ámbito del sector público, pienso que el pronunciamiento de nuestro alto tribunal sienta principios válidos para todas las ramas, sectores o empresas.

En realidad, el fallo abre la posibilidad de generar órganos de representación obrera en los centros de trabajo, no necesariamente sindicalizados, mas parecidos a los comités o consejos de empresa europeos que a nuestras tradicionales comisiones internas controladas absolutamente por las cúpulas sindicales.

Estamos, en mi opinión, ante una excelente noticia para las instituciones de la república, para los equilibrios imprescindibles dentro del sistema de relaciones laborales, y también para los intereses de los trabajadores, por mucho que el sindicalismo tradicional se empeñe en equiparar pluralidad representativa con debilidad obrera o agite el fantasma del clasismo de izquierda para afligir a sus compañeros de ruta dentro del mundo patronal.

En resumen, de los tres pilares del modelo sindical peronista (monopolio de la negociación colectiva, monopolio de la acción sindical dentro de la empresa y gestión monopólica de las obras sociales), la sentencia de la Corte demuele al segundo y abre una apreciable brecha dentro del primero.

Lamentablemente, de momento no hay indicios de que alguno de los poderes del Estado vaya a atreverse a abolir el monopolio sindical sobre las Obras Sociales que la dictadura de Onganía concedió al vandorismo.

Salta, 12 de noviembre de 2008.





[1] Si se recuerda que Augusto T. VANDOR, el asesinado líder de la Unión Obrera Metalúrgica, y sus seguidores, fueron quienes obtuvieron de gobiernos no peronistas medidas de consolidación del unicato gremial (tales la Ley de Obras Sociales de 1970 y la vigente Ley de Asociaciones Sindicales de 1987), resultaría mas rigurosa la denominación de “modelo sindical vandorista”.

[2] Decreto Ley 9.270/56, a través del cual el Gobierno de facto presidido por el General Aramburu intentó implantar la pluralidad sindical.

[3] Decreto 969/66, dictado por el Presidente radical Arturo U. Illia, que promovía el pluralismo y la federalización de los sindicatos.

[4] Decreto 9/76, mediante el cual la dictadura del General Videla congeló la acción sindical, hasta la nueva regulación dada por la Ley 22.105.

[5] Proyecto de Ley impulsado por el Presidente Raúl Alfonsín y su Ministro de Trabajo Antonio MUCCI y abortado por el peronismo político.

[6] Reconocimiento administrativo de la Central de Trabajadores de los Argentinos (CTA) y desbloqueo de miles de solicitudes de “inscripción” y “personería” gremiales.

[7] Así, por ejemplo, la “simple inscripción” de la CTA (en 1996) y la ley 24.185 de negociación colectiva para el sector público (1992).

martes, 11 de noviembre de 2008

Estilos de liderazgo

Una crisis global como la actual, es vivida por las opiniones públicas nacionales de modo diferente. La información sobre la tormenta económica va siendo asimilada de modo desigual, en un recorrido que avanza del centro a la periferia y desde las elites al pueblo llano.

Esta asimetría informacional incide grandemente sobre las decisiones que los gobiernos, las empresas y las familias toman para guarecerse de la crisis.

Quienes están en el centro de los acontecimientos y quienes tienen acceso rápido o instantáneo a los datos, disponen de las mejores oportunidades para capear el temporal.

Sin embargo, los efectos dañinos de la distancia geográfica o del déficit informativo pueden ser paliados por un liderazgo cargado de lucidez, por el talento de la clase dirigente, o por una ciudadanía políticamente culta.

Con todas las reservas del caso, debo decir que me invade la sospecha de que quiénes ocupan el vértice del poder en nuestra República interpretan mal los acontecimientos mundiales, leen la realidad con las anteojeras de su singular ideología y, para colmo de males, reaccionan tarde.

Pero no es mi intención abundar en reflexiones sobre las palabras o los actos del matrimonio gobernante.

Pretendo, más bien, analizar desde un punto de vista -si se quiere teórico- los comportamientos básicos que los dirigentes (políticos, sociales o empresariales), suelen tener frente a todo tipo de crisis.

Una primera respuesta es aquella que privilegia el instinto de supervivencia. Anonadados por los acontecimientos, los líderes niegan la evidencia, se encierran en si mismos, miran para otro lado y prenden velas para que amaine el temporal.

Una variante de este modelo consiste en encontrar demonios, vecinos o lejanos, y trasladarles todas las responsabilidades. Cunde entonces el fatalismo y la sociedad se paraliza impotente.

Una segunda actitud, que llamaría “defensiva”, se circunscribe a decisiones que procuran atenuar los efectos mas evidentes, inmediatos o políticamente perjudiciales de la crisis.

La tercera, que requiere un liderazgo democrático de alta lucidez, consiste en imaginar primero como serán el mundo, la empresa y las naciones una vez que se haya reencontrado la senda del crecimiento económico; para, después, orientar y preparar a todas las fuerzas de la comunidad con vistas al día después.

Los discursos oficiales salteños no me permiten deducir cuál de estas tres actitudes es la que inspira a nuestro Gobernador. Mucho me temo que ante un liderazgo ausente o vacilante recaigamos en ese pesimismo ancestral que late en la Salta profunda.

Salta, 10 de noviembre de 2008.

(Para FM Aries)

lunes, 10 de noviembre de 2008

Expolio y mentiras

A propósito del proyecto de ley sobre los fondos de jubilaciones

“El doble-pensamiento consiste
en tener conciencia de ser completamente verídico
aún cuando se digan mentiras cuidadosamente dispuestas…”

(George ORWELL, “1984
”)

1. Un asalto a la razón y a los ciudadanos

El Gobierno nacional no para de sorprender a los ciudadanos y al mundo. Algunas de sus medidas sorprenden por su forma, contraria a la lógica republicana. Otras por su contenido, a trasmano de lo que parecen dictar el sentido común y la política comparada.

Por supuesto, el singular clima político que vivimos perece revestir de razonabilidad incluso a lo estrafalario.

La ausencia de una oposición representativa y articulada, la propaganda capaz de hacer creíbles las promesas más exóticas, la estrategia oficial de rehuir los debates y las ruedas de prensa, la demonización de las ideas que escapan a los límites del modelo dominante, son algunos de los componentes de aquel clima de época.

El caso es que pocos meses después de haber elogiado las bondades de la libertad de elegir el destino de los ahorros previsionales, el Gobierno resuelve suprimir de un plumazo tal libertad y se apodera de los ahorros de millones de argentinos.

Se trata, a mi entender y a tenor del Proyecto enviado al Parlamento, de un expolio al dinero de propiedad de quienes trabajan y sobre el que las AFJP tienen solamente la función de gestionarlo bajo rigurosas normas legales.

Como es notorio, este asalto atropella nuestra Constitución que declara inviolable la propiedad y prescribe que “ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”.

Pero me propongo reflexionar sobre las formas y sobre los argumentos utilizados por el Gobierno en sus esfuerzos por convencernos de las bondades del expolio.

2. Verticalismo o participación

Las formas fueron, en realidad, las de siempre: Un núcleo cerrado y duro se reúne en Olivos, adopta la decisión y lanza a sus operadores a sumar voluntades en los medios de comunicación y en el espectro que suele acompañar al Poder Ejecutivo.
En esta ocasión, dada la complejidad del tema, aquel núcleo reclamó la asistencia de expertos formados ideológicamente, por extraño que parezca, en el liberalismo económico mas rancio.

Pero dejemos a estos sedicentes liberales y veamos cómo procedió el Gobierno del Presidente Menem cuando en 1991 decidió hacer frente a la quiebra del régimen estatal de reparto que, bueno es recordarlo, por ese entonces pagaba al 85% de los jubilados una suma mensual que rondaba los 180$ actuales.

En primer lugar, convocó a los expertos argentinos mas caracterizados (sin seleccionarlos en función de lealtades o afinidades ideológicas) a participar en los trabajos del PRONATASS que duraron más de dos años.

En segundo lugar, reunió a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria (desde el radicalismo hasta el socialismo popular, pasando por el Partido Federal) que tuvieron oportunidad de conocer y debatir la propuesta oficial y de formular sus propias aportaciones.

Aún antes de comenzar el proceso reformista, el Gobierno de entonces reconoció la enorme deuda por haberes mal liquidados y actualizaciones tramposas (Leyes 23.982 y 24.130), y pagó a los jubilados la friolera de 25.000 millones de pesos.

Participación de expertos, dialogo político, largo proceso de maduración de las ideas y, sobre todo, cancelación previa de lo adeudado, marcan un claro contraste con las formas elegidas en esta ocasión por el Gobierno de doña Cristina Fernández de Kirchner para llevar adelante un drástico cambio de régimen.

3. Manipulando hechos, cifras y mensajes

Los argumentos oficiales que pretenden justificar la ilegal apropiación por el Estado de los cien mil millones de pesos ahorrados por los trabajadores argentinos con destino a su jubilación, son falaces.

3.1 Dice la señora Presidenta que el expolio (que ella llama reforma benéfica) pretende reparar las consecuencias que sobre las jubilaciones futuras tendrá la caída de la rentabilidad de las AFJP.

Antes de analizar este argumento, bueno es recordar que esta caída de rentabilidad fue, en los últimos doce meses, de un escaso 2,25%, lo que no obsta para que la rentabilidad histórica continúe siendo positiva y se sitúe en el 13,9%.

Y recordar también que tal caída es consecuencia de la crisis global que impacta en la Argentina (poniendo en ridículo a quienes desde el gobierno presumían de invulnerabilidad), pero también de las medidas adoptadas desde 2001 a la fecha por los distintos gobiernos que primero forzaron a las AFJP a comprar bonos del tesoro, luego manipularon su valor al canjear los títulos de la deuda pública, y finalmente falsificaron los índices de precios.

En realidad, si la Presidenta deseaba compensar a los futuros jubilados tenía en sus manos una medida mucho más directa, legal y eficaz: Elevar la Prestación Básica Universal.

Naturalmente la mayoría de los futuros jubilados dudaría de aquellas buenas intenciones, viendo que la promesa proviene de quién no paga la multimillonaria deuda a los actuales jubilados.

3.2 Otro de los argumentos de la señora Presidenta pretende que el cambio de régimen no acarreará perjuicios a los ahorristas. Sin embargo, quienes optaron por permanecer en el régimen de capitalización individual, ingresaran a un régimen de reparto en donde la tendencia dominante es la igualación a la baja de las jubilaciones y pensiones.

Este daño queda patente con solo recordar que la irreprochable política de elevar los mínimos, coexiste con el congelamiento (o actualización insuficiente) de las jubilaciones medias y altas. Vale decir que quienes ahorraron con el deseo de que sus haberes fueran cercanos a sus salarios, verán truncadas tales intenciones por un hecho del príncipe.

3.3 El tercer argumento oficial es tan inconsistente como los anteriores.

Afirma la Presidenta que los fondos expoliados no se utilizarán para gastos corrientes ni para fines extraños a los intereses de los ahorristas, y propone un Comité de Vigilancia con participación de la CGT y de legisladores.

Bastaría recordar que el Gobierno de doña Cristina Fernández de Kirchner utiliza los transitorios excedentes de la ANSES pagando por ellos tasas de interés muy inferiores a las de mercado, en una maniobra idéntica a la que llevó a la quiebra a anteriores regímenes previsionales argentinos, para desestimar los dichos presidenciales.

La existencia de una fuerza hegemónica que se expande sobre todos los poderes del Estado y, como no, sobre la CGT convierte en mera fantasía la pretensión de que personeros cercanos al gobierno vigilen eficientemente el destino de los ahorros previsionales.

De todos modos, si el Gobierno quería ampliar los mecanismos de control, le habría bastado con reformar a la Superintendencia de AFJP dando entrada a los intereses organizados, sin necesidad de quedarse con los ahorros.

4. “La única verdad es la realidad”

Lamentablemente el expolio tiene una única razón de ser: El Gobierno precisa de esos cien mil millones de pesos (y de los 14 mil millones que anualmente ahorran los trabajadores) para cumplir sus compromisos con los acreedores, para subsidiar a determinadas empresas y para mantener un gasto creciente. Sobre todo tras la caída del precio de la soja y por las exigencias de un año electoral.

Como decía Saúl Ubaldini a quienes le reprochaban su tono quejumbroso, “llorar es un sentimiento, pero mentir es un pecado”.

Mentiras encadenadas (continuación)

Ciertos dirigentes políticos tropiezan con una creciente dificultad, propia de los tiempos que corren: Un mismo mensaje político es escuchado por auditorios diversos que realizan valoraciones divergentes.

Esta nueva realidad de “discurso único y audiencia fragmentada”, en donde un argumento pensado para seducir a unos cae mal a otros, le ha jugado una mala pasada a la señora Presidenta de la República.

1. Ahorros expoliados

Cuando todo parecía indicar que las arengas estatizantes generarían los réditos habituales, un juez de los Estados Unidos saca una conclusión contraria a la imaginada por doña Cristina Fernández de Kirchner, y entiende que el expolio de los ahorros previsionales privados los convierte en bienes susceptibles de ser embargados para responder por deudas del Estado.

Esta decisión judicial, de un magistrado fuera del ámbito de la abrumadora influencia del matrimonio gobernante, obliga a la Presidenta argentina a volver sobre sus pasos y ensayar, desde tribunas extraparlamentarias, un nuevo relato que, en realidad, contradice el texto del Proyecto de Ley que ella misma firmara el pasado 21 de octubre.

El argumento, intencionadamente ambiguo y que apela a la técnica del doble pensamiento[1], pretende que los ahorros de los trabajadores no pasarán a propiedad del Estado.

Sin embargo, los textos jurídicos desmienten la nueva versión oficial.

Conviene recordar que, para la Ley 24.241, los fondos de jubilaciones son un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la administradora, pertenecen a los afiliados (artículo 82), y se integran en una cuenta de capitalización individual.

La contrarreforma que en estos días analiza la Cámara de Diputados, tras enfatizar en la eliminación del régimen de capitalización y de establecer que el nuevo Sistema Previsional Argentino (SIPA) se financia a través de un sistema solidario de reparto (artículos 1 y 2), establece (artículo 7) que los recursos que integran las cuentas de capitalización individual se transfieren en especie a la ANSES, pasando a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Público de Reparto creado por el Decreto 897/07.

Este traspaso forzoso desde un régimen de capitalización a otro de reparto implica que tales fondos, en lugar de pagar la jubilación del titular de la cuenta individual, se repartirán entre todos los jubilados (incluidos el millón setecientos mil que obtuvo su beneficio sin haber efectuado los aportes en los términos que exigía la ley 24.241).

O sea que cuando la Presidenta, para burlar a los acreedores externos, dice que los fondos bajo administración de las AFJP no son estatizados, miente.

2. Expolio del derecho sucesorio

SI bien no hay -ni puede- haber duda jurídica alguna en el sentido de que los ahorros capitalizados bajo el régimen de la Ley 24.241 son de propiedad de los trabajadores, hay un dato añadido que muestra esta titularidad privada en toda su magnitud.

Como es sabido, bajo los regímenes de reparto, en caso de fallecimiento del jubilado o del trabajador en actividad, los beneficiarios de las prestaciones son únicamente las personas que la ley previsional individualiza. Es así como nuestra legislación histórica restringe la sucesión de los derechos previsionales a un círculo pequeño de familiares del titular del beneficio.

En concreto, tanto la ley 24.241 como su inmediato antecedente la ley 18.036, establecen que las llamadas “pensiones derivadas” son solamente concedidas a los cónyuges u otros convivientes y a los hijos menores de edad o discapacitados.

Por el contrario, en el régimen de capitalización de la Ley 24.241 (artículo 54), los ahorros del trabajador o del jubilado fallecido se traspasan según las reglas del derecho sucesorio civil, mucho más amplias que las reglas de la sucesión previsional.

Ésta es otra clara muestra del expolio, en tanto los herederos civiles quedan fuera de la vaga y casi ridícula promesa de que los expoliados recibirán, en su día, prestaciones iguales o mejores que los beneficios a los que tienen derecho según la legislación vigente hasta hoy.

3. La engañosa promesa de participación

Para facilitar que algunos legisladores y un segmento de la opinión pública digieran el expolio, los portavoces del Gobierno prometen abrir la gestión de estos fondos a la participación de los actores sociales.

Sin entrar en el punto de la mayor o menor credibilidad que puedan tener estos representantes, hay que recordar que el mismo Gobierno que ahora hace estas promesas lleva mucho tiempo sin reunir al Consejo Nacional de Previsión Social, creado por la Ley 24.241 (artículos 169 y siguientes) y en donde están representados los trabajadores, los empleadores y los jubilados.

4. En síntesis:

La Presidenta, en su afán de justificar lo identificable ha incurrido en inexactitudes y en giros inadmisibles:

Luego de firmar el Proyecto que estatiza los ahorros previsionales, pretende o sugiere que los trabajadores conservaran su propiedad.

Proclama que garantizará los derechos de los ahorristas, pero les priva de los derechos sucesorios del código civil.

Promete dar participación a los actores sociales, pero no ha reunido ni una sola vez al Consejo Nacional de Previsión.

Salta, 3 de Noviembre de 2008





[1] “El doble-pensamiento consiste en tener conciencia de ser completamente verídico aun cuando se digan mentiras cuidadosamente dispuestas, en retener simultáneamente dos opiniones que se anulan entre sí, en creer en ellas a sabiendas de que son contradictorias, en emplear la lógica contra la lógica…” (George ORWELL, “1984”)

Pobreza y estadisticas en Salta

En notas anteriores aludí a la Salta rica. A esa Salta que produce alimentos y que se propone ingresar al mercado de los biocombustibles. En ambos casos, al amparo de unos precios que han revalorizado a los productos locales.

Se trata de una riqueza actual y potencial que contrasta sobremanera con nuestros índices de pobreza.

Tras la crisis de credibilidad del INDEC, varios expertos privados se han dado a la tarea de medir los precios, el empleo y las condiciones de vida de los argentinos.

De entre ellos, Ernesto KRITZ es uno de los que cuenta con buenos datos sobre el mercado de trabajo y sobre la situación social de los principales centros urbanos del país.

Debo puntualizar, en honor a la verdad, que la Dirección Provincial de Estadísticas ha logrado preservar su independencia técnica. De modo que en las áreas a su cargo (precios al consumidor, por ejemplo), es posible encontrar indicadores fiables.

Bien es verdad que esas áreas autónomas son pocas (no incluyen el tema de la pobreza), ya que en la mayoría de los casos los encuestadores provinciales están obligados a actuar siguiendo las directrices nacionales.

Esta referencia a las estadísticas es oportuna para mostrar, en un ámbito concreto, las inconveniencias del centralismo que hoy padecemos. Un centralismo que nos priva de conocer, con el detalle, la certeza y la oportunidad imprescindibles, cuál sea nuestra situación socioeconómica en áreas vitales.

Pues bien: Cuando los datos INDEC sobre precios se corrigen –como lo viene haciendo mensualmente el citado Informe KRITZ- para adecuarlos a la realidad, se constata que cerca de 540.000 salteños viven por debajo de la “línea de pobreza”.

Una pobreza que, en muchos casos se ve agravada por la fragilidad de nuestro "estado de bienestar", si así puede llamarse a un conjunto inconexo de prestaciones escasa.
Las últimas cifras revelan que la situación social de Salta ha retrocedido a la que existía hace tres años.

Una rápida mirada a la composición de las familias y a los datos demográficos generales, permite afirmar que la pobreza castiga con especial intensidad a los niños y a las familias monoparentales salteñas.

Frente a esta situación, por cierto, de larga data, los programas sociales lucen insuficientes e ineficaces.

Hay un caso que llama especialmente la atención:

Me refiero al caso de Las Lajitas, en el departamento de Anta, donde coexisten las explotaciones agropecuarias más exitosas y rentables, con elevados índices de pobreza.

Este ejemplo no hace sino ratificar que tenemos un enorme desafío por delante:

Elaborar las ideas y definir las políticas que logren rebajar drásticamente la pobreza y abatir la indigencia, aprovechando la nueva situación surgida a partir del incremento de los precios de nuestra producción petrolera y agropecuaria.

Ambas tareas demandan, a su vez, un fuerte giro federalista.

Salta, 12 de septiembre de 2008

(Para FM Aries)

Migraciones antiguas y modernas

Salta, aunque no se recuerde a menudo, fue un territorio propenso a las migraciones y, con ellas, al mestizaje.

Antes y después de Colón nativos salieron en busca de mejores horizontes; y cientos de miles de extranjeros, por idénticos motivos, hicieron el camino inverso.

Nuestros antepasados y muchos contemporáneos conocieron exilios y sufrieron destierros consecuencias de la intolerancia política.

Otros miles de salteños emigraron y emigran por razones económicas. Cuando no por pura curiosidad y ganas de cambiar de aires.

Entre los años 50 y 70 fue aquella intolerancia la primera causa del movimiento migratorio desde Salta.

Desde entonces hasta aquí, las salidas obedecieron a causas económicas. Algunos triunfaron. Otros tuvieron peor surte y debieron retornar.

Pese a todo esto, no existe entre nosotros una verdadera cultura migratoria. Menos aun, políticas de asistencia y ayuda a los salteños en el exterior.

En general, oscilamos entre la curiosidad por lo exterior, y esa suerte de patriotismo que lo desdeña.

A raíz de los años que viví en España, muchos amigos me preguntan por las posibilidades existentes, hoy por hoy, en España y, por extensión, en Europa.

La mayoría luce escasamente informado.

Pese a las facilidades que brinda Internet, los salteños que piensan en emigrar tienden a omitir el estudio sosegado de la situación del país de acogida.

Esta omisión, inevitable en los años 70, cuando la revista Hola, las charlas con nostálgicos españoles residentes en Salta, los libros de geografía y la propaganda franquista eran las únicas fuentes, resulta inexplicable en los tiempos que corren.

Los salteños que se proponen buscar trabajo en Europa, deberían saber, entre otras cosas, que los países de la Unión atraviesan una severa crisis que ha modificado de raíz sus políticas de inmigración y que, por ejemplo, acaba de provocar una mini crisis ministerial en España.

Si en el pasado inmediato, los europeos salieron a buscar trabajadores latinoamericanos, hoy sus gobiernos ejecutan políticas de repatriación.

Es probable que la situación actual se modifique en unos años. Y que esos países, agobiados por sus carencias demográficas, vuelvan a buscar argentinos, peruanos, nicaragüenses o ecuatorianos para cubrir los huecos en sus mercados laborales.

Pero aún así, es bueno saber que, salvo excepciones, los puestos de trabajo disponibles volverán a ser aquellos que por sus condiciones rechazan los nativos. Empleos mal retribuidos, muchas veces penosos, y destinados a perecer cuando las crisis lo hagan necesario.

La emigración tiene severos costos individuales, familiares y comunitarios. En muchos casos acarrea también beneficios y facilita la construcción de ciudadanías cosmopolitas.

En cualquier caso, si usted es uno de esos salteños dispuesto a partir en busca de mejores oportunidades, infórmese bien.

Salta 11 de septiembre de 2008

(Para FM Aries)

Prostitución e ideologías en Salta

Los vecinos del céntrico barrio Hernando de Lerma se movilizan en defensa de su derecho a vivir en paz y en contra de quienes, contraviniendo normas legales y de convivencia, ejercen allí la prostitución en la vía pública.

No es mi intención entrar aquí en los detalles legales ni sociales de este caso.

Pretendo, por el contrario, recordar antiguas preocupaciones de ilustres salteños a propósito de la prostitución y constatar algunos cambios en ciertos discursos políticos.

En los años treinta, el Presidente de facto, José Uriburu dio al jefe de la policía federal los poderes suficientes para desarticular la poderosa ZWI MIGDAL que, muy probablemente, tejió redes en Salta.

Unos años mas tarde, el senador Carlos Serrey (con casa solariega en La Caldera) protagonizó los debates de las leyes que prohibieron el establecimiento de casas de prostitución y regularon medidas de profilaxis de las enfermedades venéreas.

Por esa misma época, una emigrante polaca de nombre María inauguró en Salta una cotizada casa dedicada a los placeres del sexo, a la que asistían distinguidos señores de la época.

Las poderosas influencias políticas, la estratégica ubicación en los arrabales, la discreción y las buenas maneras de la madama, sus pupilas y sus clientes garantizaron larga y pacífica existencia a la casa, más allá de uno que otro incidente resonante.

En la sesión del 18 de setiembre de 1936, el culto senador Serrey refería la existencia de tres modelos legislativos sobre la prostitución:

§ El reglamentarista, que autoriza el funcionamiento de los lupanares sometiéndolos a inspecciones sanitarias.

§ El abolicionista, que prohíbe su funcionamiento, y

§ El prohibicionista, que penaliza a quienes ejercen la prostitución y a sus cómplices.

El moderado senador salteño se declaraba abolicionista, negando que la autorización de prostíbulos vigilados sirviera para defender la salud pública.

La posición de Serrey tuvo, además, la virtud de concitar un amplio consenso dentro del arco político de entonces que incluyó a socialistas y católicos.

Un líder socialista de entonces decía “La reglamentación de los prostíbulos es la causa principal de la trata de blancas, la degeneración del hombre y con ella la esclavitud de la mujer. El prostíbulo es la escuela del vicio y del proxenetismo y la causa principal de la difusión de las enfermedades venéreas”.

En los años sesenta, mis convicciones jurídicas juveniles se vieron sacudidas cuando, al visitar por primera vez una casa donde los varones compraban los favores de las mujeres, divisé detrás del mostrador, expendiendo bebidas, nada menos que al Jefe de Moralidad de la Policía de la Provincia.

Desde entonces todo ha cambiado.

La liberalización de las costumbres modificó las formas de iniciación sexual. La igualdad entre el hombre y la mujer mutó formas tradicionales de relación. La píldora hizo lo suyo. Y nuevos criterios dieron carta de ciudadanía al uranismo y a otras alambicadas preferencias sexuales muy en línea con las que inmortalizó el Barón de Charlús.

Entre estos cambios, hay uno que merece mi atención al cierre de esta nota:

Mientras que en el siglo pasado las fuerzas progresistas se encolumnaron mayoritariamente alrededor de las tesis abolicionistas, en la Salta contemporánea autodenominados progresistas parecen preferir la reglamentación de este negocio, cuando no la simple tolerancia, la inacción del Estado y, en cualquier caso, la postergación de los derechos de los vecinos en aras de un erróneo “liberalismo social”.

Salta, 10 de septiembre de 2008

(Para FM Aries)

Huelga en el Tabacal

En mi nota de ayer hablé de paz social y de la necesidad de crear un ambiente de estabilidad que favorezca las inversiones productivas.

En ese contexto quisiera hoy referirme al conflicto que paralizó al Ingenio San Martín del Tabacal, legendario emprendimiento asentado en el departamento de Orán.

El Ingenio Tabacal, incluso antes de su puesta en marcha, fue -para unos- símbolo de progreso. Para otros, el emblema de la explotación capitalista.

Por encima de estas discrepancias que parecen haberse atenuado (o que quizá se han trasladado al debate histórico), el Ingenio fue y es una importante fuente de riquezas y de empleos.

A lo largo de su vida, el Ingenio Tabacal registró muchas huelgas, generalmente conducidas por el Sindicato con personería gremial.

Unas veces paraba el personal de fábrica. Otras los trabajadores del surco. Las demandas tenían que ver con los salarios, las condiciones de trabajo, o con las amenazas que para el empleo representaban las nuevas maquinarias.

Es posible que el carácter emblemático del Ingenio y de la familia que lo construyó en plena selva, influyera para agravar algunos conflictos laborales en la segunda mitad del siglo pasado.

Desde hace varios años el Tabacal ha cambiado de dueños.

Han pasado decenas de crisis azucareras, y todo indica que aquel viejo enfrentamiento entre los industriales tucumanos y salto-jujeños (que tan bien pero desde el punto de vista tucumano relata Roberto Pucci en su libro “Historia de la destrucción de una provincia”) ha quedado definitivamente atrás.

Hoy la crisis energética mundial se configura como una fuente de esplendidas oportunidades para las regiones con capacidad para producir azúcar y, desde allí, biocombustibles.

En este sentido, la industria azucarera salteña se encuentra muy bien posicionada. Las dos empresas que actúan en nuestro medio parecen dispuestas a invertir para multiplicar su capacidad productiva. Hay tierras aptas para ampliar el cultivo de caña. Mano de obra suficiente. Y equipos gerenciales aptos para los desafíos globales.

Falta, como no, una política azucarera que, definida con la participación de todos los actores, promueva y facilite el salto productivo otorgando estabilidad regulatoria y fiscal.

Pero, un conflicto laboral que me atrevería a calificar de atípico, mantuvo varios días paralizado al Ingenio Tabacal.

Se trató de una huelga obrera en donde se mezclaron reivindicaciones salariales con cuestiones internas del Sindicato, y que fueron respondidas con un ortodoxo cierre patronal. Ambas medidas, abren interrogantes sobre el corto plazo.

El conflicto, que seguí a través de la prensa, mostró varias facetas:

En primer lugar, la inconveniencia del modelo de sindicato único.

Reveló también el carácter inconducente del asambleísmo, que casi nunca logra resolver constructivamente los problemas de los trabajadores.

En tercer término mostró las limitaciones de una autoridad laboral insuficientemente federalizada y que, dicho esto con todos los respetos, no siempre cuenta con las herramientas idóneas para mediar en conflictos enconados.

Y, como no, la impotencia de un estilo patronal con destellos autoritarios y poco habituado a tratar conflictos con actores sindicales múltiples.

Pese a todo, pienso que los industriales azucareros salteños deberían intentar asociar a sus trabajadores al nuevo proceso abierto en el mercado internacional.

Salta, 9 de septiembre de 2008

(Para FM Aries)

El Futuro de Salta

Antes de comenzar mi breve charla de hoy quiero agradecerle la oportunidad que me brinda de llegar a su calificada audiencia.

El tema elegido es un poco pretencioso y tiene que ver con el futuro de Salta. Con nuestro futuro.

Mi generación conoció y vivió en una Salta pobre y fraccionada en estamentos generalmente enfrentados. Unas veces por la distribución de recursos singularmente escasos. Otras por enconos políticos y, como no, por cuestiones simbólicas relacionadas con los rangos sociales.

Esta visión condicionó y, en ciertos casos, aún condiciona nuestras posiciones de cara al presente y al futuro.

Venimos, quizá muy lentamente, construyendo las ideas que reemplazarán a aquellas consolidadas en los años 60 y 70.

Es probable que mayoritariamente coincidamos ahora en nuestra vocación de convivir en paz y en libertad, y dentro de una sociedad en donde las oportunidades se distribuyan equitativamente.

Sin embargo, resabios de odios políticos y de enconos sectarios, la existencia de círculos de poder que miran con desden las libertades cívicas, y la elevada cantidad de salteños que viven en la pobreza, están dificultando la construcción de aquella comunidad libre y socialmente cohesionada que aspiramos construir.

Tenemos, en este sentido, muchas asignaturas pendientes.

Me atrevería a dejarlas aquí enunciadas:

A mi modesto entender, la calidad de nuestras instituciones deja mucho que desear. Los mecanismos de control del poder no funcionan adecuadamente. Los principios republicanos aparecen diluidos. Y, como si todo esto fuera poco, padecemos la crisis del federalismo a manos de un poder férreamente unitario.

Nuestro entorno vital, nuestra riqueza urbana, nuestros recursos naturales (el agua, los bosques, y los hidrocarburos, entre otros) son, desde antaño, objeto de una gestión negligente que, en ocasiones, tolera verdaderas depredaciones.

Con más de la mitad de nuestra población viviendo por debajo de la llamada “línea de pobreza”, Salta es un territorio socialmente inestable e injusto.

Aquellas tres lacras (democracia con déficit republicano y federal, mala gestión de nuestros recursos naturales y pobreza) venían siendo hasta aquí padecidas como inevitables.

Sin embargo, la revolución que se ha producido a escala global en el mercado de alimentos y de combustibles, nos abre a los salteños una oportunidad extraordinaria para resolver aquellas asignaturas pendientes y para avanzar en la dirección de libertad e igualdad que soñamos.

Nadie piense que transformar aquellas oportunidades en concretas realidades es obra de no se qué providencia.

Podemos, pero a costa de grandes, sostenidos e inteligentes esfuerzos.

Las oportunidades abiertas por la soja, el trigo, la caña de azúcar, la minería, el turismo y los hidrocarburos, demandan la conjunción de esfuerzos que reemplacen los odios por la tolerancia; que generen un clima de estabilidad favorable a las inversiones; que las instituciones políticas funcionen de modo transparente y democrático; que nuestros intelectuales se abran a los nuevos tiempos; y que nuestros empresarios y sindicatos tengan comportamientos socialmente responsables.

8 de septiembre de 2008

(Para FM Aries)

Bienvenida

Damas y caballeros:

Inicié mi anterior página personal en el año 2003. Desde entonces, como es evidente, muchas cosas han cambiado. Yo también, siguiendo una suerte de instinto que me lleva por nuevos caminos.

Por lo pronto, tras 32 años de ausencia (una parte forzada y otras voluntaria), regresé a mi Salta natal, a la que también encontré cambiada.

Sin embargo, mi imaginación se esfuerza (y a veces lo logra) por reconstruir paisajes, personajes, costumbres y ritos de la Salta de los años 60 y 70.

Mantengo mi vocación intelectual por los asuntos públicos y, afortunadamente, conservo mi capacidad de asombro.

Pese a los años, que conllevan en la Argentina un cierto escepticismo sobre la justicia y las magistraturas, organizo mi regreso a la vida profesional como abogado.

Una razonable necesidad de comunicarme con amigos y con desconocidos, me impulsa a crear este sitio.

Sean ustedes bienvenidos.

José Armando Caro Figueroa