Abordaré un tema ciertamente complicado:
La pasividad de las autoridades municipales salteñas ante los nuevos problemas sociales de barrios y pueblos. Un comportamiento que se me ocurre fruto de la perplejidad con la que intendentes y concejales observan los fenómenos concomitantes con la pobreza y la indigencia.
Seguramente habrá excepciones que desconozco. Pero tengo por cierto que muchos municipios están centrados en calendarios de fiestas y festejos (carnaval, día de la madre, del niño, del amigo, de la secretaria, de los abuelos, de la flor, del tabaco, etc.), con los que pretenden promover el turismo y, de paso, conservar los votos de quienes disfrutan de esta oferta abundante de fiestas públicas.
Tal concentración temática les resta energía y recursos para abordar, por ejemplo, los problemas que se derivan del alcoholismo, la drogadicción, la violencia familiar, las minusvalías, los embarazos precoces, las familias numerosas y monoparentales, los niños y jóvenes que ni estudian ni trabajan, las patotas y barras bravas barriales, la soledad y el abandono en el que viven muchas personas mayores.
A decir verdad, los municipios locales carecen de políticas, de recursos humanos, de presupuesto, e incluso de la vocación necesaria para abordar estas situaciones de enorme variedad y complejidad.
En el terreno estricto de las políticas sociales, la maquinaria municipal salteña, como sucede en todo el norte argentino, esta mas o menos preparada para repartir alimentos, medicamentos, materiales de construcción, o de vestimenta.
Asumió determinadas competencias sobre empleo, mucho tiempo después de que explotara el problema de la desocupación. La perplejidad de entonces les impidió diseñar medidas de fomento del empleo y de la capacitación. Terminaron luchando por obtener cupos del Plan Trabajar que otorgaba a los Intendentes el preciado poder de incluir y excluir beneficiarios.
Aunque algunas municipalidades, de la mano del Ministerio de Trabajo de la Provincia, están abriendo oficinas de empleo y aprendiendo a hacerlas funcionar, mucho les quedan por hacer en una materia que es (y con mayor énfasis) será de vital interés de los vecinos.
Pero para que nuestros municipios puedan asumir responsable y eficazmente los nuevos problemas sociales (que la crisis agudizará) deberían procurar un amplio consenso político alrededor de la premisa de que son ellos, por razones de proximidad, quienes están en mejores condiciones de asumir el desafío de la inclusión y la atención de necesidades vitales.
Un primer consenso que debería venir seguido de otro inmediato que facilite la reforma de los regímenes de coparticipación y la transferencia de recursos nacionales y provinciales.
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