Una de las
razones por las que el pasado día 8 de noviembre miles de salteños salimos a la
calle a protestar y peticionar fue la peligrosa situación por la que atraviesa
la Justicia nacional y local. No es ocioso recordar que, de la existencia de
jueces independiente, probos, cualificados y eficaces, dependen la libertad, el
patrimonio y el honor de todos y de cada uno de nosotros.
Quienes
aspiramos a vivir en una democracia presidida por la Constitución nacional
estamos preocupados e indignados por la suerte de un Poder Judicial con amplios
espacios sometidos a las injerencias del Poder Ejecutivo. Nos preocupa la
escasa vocación de algunos magistrados y abogados por defender la independencia
de los jueces.
La infeliz
circunstancia de que estas amenazas y debilidades del que debería ser un Poder
insospechado vengan desde lejos en nuestra historia institucional, no es
argumento para para resignarnos frente a un fenómeno que indigna.
Los círculos
que manejan los resortes del poder en la Provincia de Salta se han preocupado,
desde siempre, por controlar la designación y el desempeño de los magistrados.
Sobre todo cuando deben atender asuntos privados o institucionales en donde se
ventilan los intereses del Poder o de quienes viven a su sombra y bajo su
amparo.Este vicio que nos empobrece como sociedad, tiene mucho que ver con la falta de vocación republicana de quién ejerce la primera magistratura. También con la facilidad con la que los intereses privados, incluso los ilegítimos, se entremezclan con el poder por la vía del financiamiento de las campañas políticas y de los negocios con dineros públicos. Tiene que ver con la estructura de una sociedad en donde todavía los lazos familiares y de amistad condicionan el ejercicio de los cargos públicos.
Sorprende
que muchos abogados terminen tolerando una situación que quiebra incluso el
principio de igualdad de oportunidades, en tanto quienes tienen asuntos
litigiosos se ven forzados a orientarse hacia los bufetes y despachos con
llegada al recinto del Gran Poder
La lacra
institucional que representa una Justicia amenazada en su independencia se
conecta, además, con la Ley Electoral de la Provincia que fabrica híper
mayorías legislativas que facilitan el control de los jueces por el Gobernador.
Los salteños deberíamos pensar en la necesidad de reformar la composición del
Consejo de la Magistratura para garantizar su integración por personas insospechadas
e idóneas para cumplir tan alto cometido.
Este desborde
antidemocrático resultará potenciado ni bien el Gobernador logre poner en
marcha el mecanismo para jubilar a decenas de jueces y magistrados. Será su
gran oportunidad de reforzar el control en beneficio de sus amigos. Me permito
recordar que el Gobernador de turno no debería tener más abogado que el Fiscal
de Estado.
Cuando el
caballo del comisario cabalga en los estrados judiciales, estamos todos en
peligro(Para FM ARIES)
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