Que un
litigante o su apoderado se reúnan con un juez, fuera de los actos normales y
públicos del proceso, para reforzar su posición, descalificar al contrario, y
pedirle un fallo favorable, quiebra los principios fundamentales que articulan
el funcionamiento de una justicia democrática.
Da igual que
esa reunión innoble se realice en el despacho del juez o en un acontecimiento
social (casamientos y velatorios son ocasiones propicias en Salta); que se
aproveche una gala patriótica o la discreción de las alcobas; o que se recurra
al teléfono o emisarios que cargan portafolios o alquilan anillos.
Si bien
llama la atención aquella defensa de los “alegatos de oreja” por parte de un
Juez ilustrado, preocupa que para la Abogacía, la Judicatura y de los
principales actores políticos, la frase se sitúe en el “punto ciego” del que
habla uno de los personajes de Amín MAALOUF en su novela “Los desorientados”.
El peligroso y evidente desprestigio de los jueces
Vivimos un
tiempo en donde la opinión pública, abrumada por las sospechas de corrupción y por
las noticias acerca de la maleabilidad de los jueces ante los reclamos de los
poderosos, recela de su accionar. Los notorios casos de vedetismo y exhibición
de lujos, contribuyen también a este penoso resultado que daña la institución
judicial.
Existen,
como se sabe, muchas formas de presionar a los jueces. Sin ánimo de explayarme
en este oscuro catálogo, me referiré a un modo especialmente pernicioso: Las
llamadas (amistosas o belicosas, pero igualmente intimidatorias) que desde las
cúpulas del Poder se dirigen a los jueces con la declarada intención de inclinar
la balanza. Y si esta intervención es irritante, además de ilícita, cuando
están en juego intereses estatales, es sencillamente repugnante cuando
interfiere en la resolución de conflictos entre particulares.
Las prácticas
intimidatorias, todo hay que decirlo, no siempre dan sus frutos ya que,
afortunadamente, “todavía hay jueces” en la Argentina. Pero, de tanto insistir,
las llamadas a capítulo están dando paso a un estamento de Jueces temerosos, calculadores,
que rehúyen las causas conflictivas, que ansían “zafar” buscando caminos para
quitarse de encima asuntos que pudieran malquistarles con el Poder. Sin olvidar
el caso de los jueces “rumbeadores” que no necesitan recibir llamadas para
“saber” cómo agradar. Se trata de magistrados pusilánimes, incapaces de
resistir a los poderosos, pero “valientes” para crucificar a quienes cayeron en
desgracia o son identificados como enemigos del Poder de turno.
El subdesarrollo judicial
Luego de
haber reseñado algunos de los vicios comunes a ciertos estamentos judiciales nacionales,
me referiré brevemente a dos que son propios de la justicia de provincias (al
menos de algunas de ellas): El amiguismo y el nepotismo. Y no solo para apuntar
que los jueces suelen reclutarse entre amigos y parientes del poder de turno,
sino para poner de manifiesto los privilegios e interferencias que emanan de
las relaciones de amistad y parentesco entre jueces, abogados y litigantes.
La insólita
figura del “abogado del Gobernador” (y no me refiero aquí al Fiscal de Estado)
y de la subclase de “letrados con llegada al Gobernador”, es repudiable pues,
como se sabe, cuando éste moderno “caballo del comisario” ingresa a los
despachos judiciales, la Justicia y el ejercicio de la abogacía están en grave
peligro.
Un párrafo
especial merece el caso de Salta en donde el Gobernador, por efectos de la ley
electoral que fabrica híper-mayorías, ejerce un amplio control sobre el Consejo
de la Magistratura; un cuerpo cuya composición formal está, a mi modo de ver, lejos
de satisfacer los objetivos de independencia y despolitización que son propios
de una institución como esta. Cabe advertir, en este sentido, que el
imprescindible y próximo rejuvenecimiento biológico de la justicia de Salta
resultará opacado por la obediencia que la mayoría de este Consejo presta a los
dictados del Gobernador.
Quisiera, antes
de concluir esta nota, postular la imprescindible reforma del proceso judicial salteño. Y no me
refiero aquí a la revisión de los códigos procesales, sino a la introducción de
cambios que garanticen a todos por igual el acceso al servicio de justicia, que
superen el actual trance de morosidad, y que concreten la creación de un fuero
especializado en asuntos ambientales y urbanísticos.
En cualquier
caso, la Argentina y Salta precisan un urgente retorno a la independencia del
Poder Judicial. Solo así será posible controlar la constitucionalidad de los
actos de gobierno, tutelar las libertades, el honor y el patrimonio de todos, y
-en fin- garantizar la inmediata operatividad de la Constitución amenazada.(Para "El Tribuno" de Salta)
No hay comentarios:
Publicar un comentario