Las elites del poder en Salta

La historia política de Salta muestra muchas etapas en donde las “elites del poder” (REINHARD, 1996, FCE) se volcaron a la configuración de verdaderas Cortes, de raigambre monárquica, encargadas de celebrar al primer mandatario, de reservar los recursos del Estado para beneficio de las familias gobernantes, y de facilitar la perpetuación en el poder de líderes con pretensión dinástica.

Este estilo de gobernar, profundamente autoritario, se asienta en el secretismo, los favores, el incienso y la discrecionalidad, y desdeña el sistema de derechos y deberes propio de una democracia constitucional.

Así, por ejemplo, el Boletín Oficial de Salta destila el consentido vicio de la opacidad: Normas que se publican tarde o mal resumidas, anexos no publicados, índices desprolijos e insuficientes, que obligan a los ciudadanos deseosos de saber qué hace el Gobierno a pasarse horas buceando anexos o descifrando enunciados. Cuando la preocupación ciudadana se centra en los municipios del interior, tropieza con una oscuridad más intensa en tanto Ordenanzas y Resoluciones no son recogidas por la gaceta oficial.

Es más: Cualquier burócrata está preparado para negar el acceso a expedientes públicos apelando al falso argumento de que su consulta requiere la “previa acreditación de interés legítimo y la presentación de solicitud en papel sellado de 0,25$”. De esta manera, sintoniza con las directrices no escritas de la “elite del poder” interesada en preservar de ojos incómodos textos tales como los Estatutos de asociaciones civiles, sindicatos o centros vecinales, licitaciones, consultorías, publicidad o cualquier otro acto en donde el temeroso funcionario suponga que están comprometidos los intereses de los “pesos pesados” del momento.

El Gobierno trata, por todos los medios, de negar el acceso a la información pública, pese a la raigambre constitucional de este derecho. Y no solo los ciudadanos sufren estas restricciones; también padecemos el escarnio los abogados que, en ejercicio de nuestra profesión, debemos lidiar con aquel secretismo, ante la increíble pasividad de nuestro Colegio.

Un poder desmesurado y sin control

El actual Gobernador ha logrado niveles de mando sin control realmente inéditos y abusivos. Tan penoso éxito se demuestra en el abierto sometimiento de los órganos institucionales de control y vigilancia a su Suprema voluntad, como es el caso, entre otros, de la Auditoria, del Consejo de la Magistratura o incluso del Ministerio Público.

Un éxito antidemocrático al que hay que añadir el dominio que el primer mandatario ejerce sobre los otros poderes del Estado, incluido el Poder Constituyente al que puede convocar en virtud de la falsa y desmesurada mayoría absoluta que detenta en la Legislatura Provincial.

La alternativa de los contrapoderes cívicos

Frente a este panorama cargado de autoritarismo y signado por la ausencia de frenos republicanos, pienso que la autonomía ciudadana está llamada a ejercer el control y marcar los límites, en ejercicio de derechos y responsabilidades esenciales al orden democrático.

Es verdad que, de hecho, los salteños venimos ejerciendo estas funciones a través de reuniones, escritos, marchas, protestas, huelgas y otras manifestaciones de la libertad de expresión. Sin embargo este activismo cívico no alcanza, en razón de la precariedad de nuestro tejido asociativo; una debilidad potenciada por el propio Gobierno que usa de todo su poder para domesticar sindicatos, cámaras empresarias, medios de prensa, o centros vecinales.

En este contexto, el Consejo Económico Social cuya creación está a punto de aprobar la Legislatura siguiendo, como no, los dictados del Gobernador, aparece como un esfuerzo baladí orientado a convalidar el actual entramado de poder. Su diseño se parece más a una nueva estructura cortesana que a un órgano de participación ciudadana y de control republicano.

Si bien, en mi singular opinión, Salta precisa una institución de este tipo, pienso que el legislador, recuperada su soberanía, debería apartarse de los modelos europeos (que promueven la presencia de los actores sociales neo-corporativos), para configurar al Consejo como un recinto en donde confluyen las organizaciones cívicas, representativas y autónomas que se organizan para defender los intereses generales -o parcelas de ellos- frente a los poderes públicos y privados que los violentan o desconocen.

Un verdadero órgano de participación ciudadana ajustado a las necesidades de nuestra endeble y deficitaria democracia será aquel que contemple la presencia de las organizaciones no gubernamentales que defienden el ambiente y los recursos naturales, que denuncian la impunidad, la especulación y el fraude inmobiliario, que luchan contra el tráfico de drogas, la mora de la justicia, la violencia familiar o de género, junto a aquellas que pretenden que los excluidos accedan a bienes y servicios esenciales.

En este sentido, el CES sería la culminación de una imprescindible política orientada a reconocer, promover y dotar de medios institucionales a todas las voluntades ciudadanas colectivas que se organizan autónomamente para hacer efectivos los derechos fundamentales y las garantías de la Constitución.