De las recientes elecciones salteñas, además de la abrumadora mayoría lograda por el Gobernador Urtubey y su régimen de colectoras que ha destruido a los partidos políticos, han surgido algunos pequeños cambios positivos. Me refiero al relevo de varios Intendentes, un hecho que expresa el creciente interés en los asuntos municipales.
Los nuevos Intendentes tienen enormes desafíos. El primero, lograr un trato justo por parte del Gobernador que es quién tiene la llave de la caja y quién distribuye los recursos sin los cuales todos los municipios salteños perecerían por asfixia financiera.
El segundo desafío es el crecimiento poblacional influido por las migraciones internas e internacionales. Un problema que se agiganta cuando hablamos de los municipios que circundan a la capital de Salta que ejerce una atracción irresistible sobre quienes viven en zonas con menos oportunidades urbanísticas, de empleo, de ocio y de consumo.
Varias localidades del Valle de Lerma están convirtiéndose, en el mejor de los casos, en precarias ciudades dormitorios de personas que viajan diariamente a la capital para trabajar, hacer trámites, o proveerse de bienes y servicios.
Algunos viejos Intendentes, como el de Cerrillos, han descubierto las ventajas que esto tiene para su eternización en el poder: alientan asentamientos, proveen de DNI a los asentados y los fidelizan con pequeñas dádivas a cambio de su voto y de su presencia ululante en cuanta fiesta o marcha convoque. Pero estos movimientos poblacionales no son neutros en materia de servicios urbanos y sociales. Veamos un caso.
El señor Gobernador acaba de anunciar que en el área de Atocha, Municipio de San Lorenzo, se asentarán 10.000 personas en terrenos fiscales. Como es fácil imaginar, semejante operación desequilibrará al Municipio que, de no mediar un milagro, tendrá que hacerse cargo de la provisión de servicios y ayudas a los nuevos habitantes.
La renta per cápita que hoy dispone la Municipalidad de San Lorenzo para atender a sus casi 15.000 vecinos, muchos de los cuales tienen necesidades básicas insatisfechas, se reducirá drásticamente.
El agua disponible (que ya resulta escasa), deberá dividirse entre más personas. Otro tanto ocurrirá con los servicios de educación, salud, seguridad y asistencia social. Con el agravante de que los planes de vivienda y asentamiento no otorgan prioridad a los sanlorenceños de escasos recursos que están siendo obligados a emigrar.
Este problema tiene, al menos en teoría, varias soluciones:
Una de ellas pasa por que el nuevo Intendente plantee al Gobernador la necesidad de un Fondo Provincial que financia los servicios públicos que demandarán los nuevos habitantes, al estilo del Fondo del Conurbano Bonaerense.
La otra, es dejar que todo transcurra como si de un cataclismo natural se tratase.
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