¿A qué se
debe el creciente malestar y el desasosiego que se extiende por amplias capas
de la ciudadanía salteña? Si bien contribuyen a ello la marcha de la economía y
la evolución de los asuntos nacionales, no podemos ignorar que esa doble
sensación tiene mucho que ver con el pobre diseño y el peor funcionamiento de
las instituciones provinciales.
Salta no
cuenta con un verdadero “Estado de derecho, democrático y social”. En realidad,
un denso subdesarrollo político envuelve nuestras instituciones -públicas y
privadas- y nuestra cultura.
Si por
Estado de Derecho entendemos la sujeción de las relaciones sociales y de poder
a las normas jurídicas, es forzoso constatar que en nuestra Provincia existe
una acentuada propensión a eludir la Ley. Una vocación que, ciertamente,
exhiben los distintos órdenes de gobierno y de la administración, pero que
comparte el común de los habitantes de nuestro territorio.
Llevamos
muchos años viviendo dentro de un régimen que produce normas jurídicas a
sabiendas de que serán generalmente incumplidas. Se legisla, no para hacer
realidad los valores y principios constitucionales, sino para las galerías,
para seguir modas o para maquillar posiciones; si las encuestas revelan la
preocupación ciudadana por el ambiente, pues los legisladores se visten de
verde; si hablan de reverenciar a Güemes, pues toca disfrazarse de gaucho; si
muestran el amor del pueblo por Evita, pues eso.
La prueba
más evidente de todo esto es la prolija desarticulación de las funciones de
inspección administrativa. ¿De qué vale tener una excelente Ley de Bosques
Nativos si el poder de turno carece de vocación para hacerla cumplir? ¿De qué
sirven las reglas para la edificación y los planes urbanos si los Municipios
carecen de funcionarios con voluntad de inspeccionar obras y proyectos, sobre
todo cuando hay que lidiar con “pesos pesados”? ¿Qué sentido tiene un buen
Código de Aguas cuando el ente encargado no tiene ni medios ni voluntad para
garantizar su cumplimiento?
Las modernas
leyes dictadas para defender a los consumidores son papel mojado en un entorno
donde nadie se siente, siquiera, obligado a colocar el precio de los productos,
dando pie a los abusos que soportan ciudadanos casi resignados.
Estado constitucional, democrático y social
Salta
tampoco es un Estado Democrático. Y no lo es por la sencilla razón de que sus
leyes electorales distorsionan gravemente la voluntad de los ciudadanos,
primando a las mayorías relativas y castigando a las minorías. Con el agravante
de que, a poco de elegidos, varios de los representantes minoritarios que lograron
eludir trampas y cepos, serán domesticados por el poder que reside en Las
Costas.
Este
deplorable panorama resulta potenciado por la intencionada destrucción de los
partidos políticos locales, en nombre de un “transversalismo” o de un falso
consenso que solo procura la concentración del poder.
¿Cómo hablar
de democracia en una Provincia en donde el Estado es colonizado hasta sus más
recónditos espacios por quién inviste el título de Gobernador? Cuando la
producción de normas, el dictado de sentencias, la gestión administrativa, el
control de los actos de gobierno, la distribución de los recursos públicos, la
designación de funcionarios de todas las jerarquías, los contenidos de la
educación, o el ingreso de decenas de miles de salteños dependen de la voluntad
del señor de Las Costas, forzoso es concluir que vivimos bajo un personalismo
travestido de estatismo y que, para colmo de males, tiene pretensiones dinásticas.
Se trata de
un estatismo que repudia las expresiones de la autonomía ciudadana. De allí su
intención de someter a los sindicatos, a los colegios profesionales y a las
organizaciones no gubernativas. Piénsese sino en el caso de los centros
vecinales ahogados por exigencias burocráticas que culminan en un régimen de
subsidios municipales que abren las puertas a la dominación.
Salta
tampoco es un Estado Social. No lo es, en tanto y en cuanto las prestaciones
que atienden necesidades básicas se disciernen con criterio clientelar y no
como derechos subjetivos. Una educación pública que, a duras penas, brinda los
conocimientos elementales pero se revela incapaz de universalizar la
instrucción cívica, de promover la convivencia y de educar la sexualidad, es
otra muestra de que Salta carece de lo elemental.
Construyendo un futuro peligroso y oscuro
El Estado
salteño, en muchos casos con la aquiescencia de segmentos sociales, alienta la
construcción de un futuro desolador. Un futuro que incluye la devastación de
bosques, la contaminación de ríos, las consecuencias de una educación entregada
a los dogmas dieciochescos, los asentamientos poblacionales en condiciones
miserables, la destrucción de las ciudades a manos de la especulación
inmobiliaria y de la negligencia del poder inspector. Sin olvidar las
consecuencias de una pésima gestión en materia de infraestructuras (transporte,
comunicaciones, almacenamiento, investigación, ciencia y tecnología), y de la
reseñada destrucción o bastardeo de las instituciones republicanas.
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