Se equivocan
quienes piensan que las legiones ciudadanas que se opusieron a la inconstitucional
reforma propiciada por doña Cristina Fernández de Kirchner, están conformes con
el actual funcionamiento de la justicia.
Como muchos
comprovincianos, pienso que el Poder Judicial de Salta está urgido de reformas
que faciliten el acceso de todos a la justicia y que lo conviertan en una
herramienta eficaz de tutela de nuestros derechos; sobremanera, de nuestros
derechos fundamentales. Por consiguiente, lejos de buscar el sometimiento de
los jueces a ocasionales mayorías políticas, esas reformas deben apuntar en
varias direcciones.
Se impone,
en primer lugar, reforzar la independencia de los jueces. Si bien hemos
debatido bastante acerca de las injerencias del Gobierno nacional, un
lamentable silencio reina sobre las interferencias -sutiles o desembozadas- que
el Gobierno de Salta despliega sobre el Poder Judicial o sobre el Ministerio
Público local.
Estas
interferencias comienzan, desde luego, con la conformación del Consejo de la
Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, ámbitos en donde el Gobernador
promueve la exclusión de las verdaderas minorías que actúan en la Cámara de
Diputados. Así, por ejemplo, los 3 diputados que integran nuestro Consejo de la
Magistratura pertenecen al frente oficialista.
En idéntica
dirección, sería deseable un doble compromiso público del Gobernador: En favor
de la independencia de los jueces, y en contra de la actuación de personajes
pretendidamente influyentes que invocan reales o presuntas cercanías con el
poder político.
A su vez, el
Estado provincial debería adoptar las medidas necesarias para que todas las
magistraturas y secretarías estén cubiertas por funcionarios permanentes,
designados siguiendo las reglas de la Constitución Provincial. En este sentido,
la apelación a subrogancias debería ser excepcional; un régimen de retiros
anticipados por razones de salud ayudaría a este objetivo.
Adviértase además
que el Gobierno parece estar siendo negligente en la puesta en marcha del
régimen especial de jubilaciones; tal actitud impide que muchos magistrados
accedan voluntariamente a tal régimen y, por ende, demora la renovación
intelectual y el rejuvenecimiento de las magistraturas.
Como es
fácil entender, para que esta renovación cumpla plenamente sus objetivos, hace
falta que el señor Gobernador y las fuerzas políticas que le acompañan
abandonen su tendencia a reclutar jueces, fiscales y altos funcionarios dentro
del estrecho círculo de sus relaciones familiares o sociales.
Acceso a una justicia ágil y de alta calidad
El segundo
objetivo de una reforma judicial que encaje dentro de los principios
constitucionales, apunta a garantizar el acceso universal a la justicia. Para
lo cual la Provincia debería completar el despliegue territorial de los
tribunales siguiendo la evolución demográfica de nuestras ciudades y pueblos.
La creación de una “justicia de proximidad”, radicada en los barrios de los
centros más populosos, ayudaría a este objetivo. El desarrollo de una Justicia
de Paz Letrada para atender asuntos vecinales y de familia, sería otro paso
adelante.
En el
terreno de la eficacia, es mucho lo que puede hacer el Poder Judicial de Salta para
salir de la morosidad y las imprecisiones que aquejan a algunos de sus fueros e
instancias. Por ejemplo:
a) Completar
el despliegue informático, potenciar la Escuela de la Magistratura (procurando
que los jueces asuman sin reticencias la definitiva cosmopolitización del orden
jurídico que tutela los derechos fundamentales), y animarse a salir a la calle
cuando la resolución de un caso lo haga aconsejable; los jueces encerrados en
sus despachos y proclives a delegar las inspecciones oculares, no son la mejor
opción; b) Revisar urgentemente sus herramientas estadísticas que, al parecer,
no reflejan fielmente el movimiento de los tribunales; esta medida tendría que
ser acompañada con el acceso público a los datos; c) En muchos casos, los
jueces piensan que los plazos procesales corren únicamente respecto de los
litigantes y prefieren ignorar olímpicamente los tiempos que los códigos les
imponen para resolver las causas. Sería bueno que asumieran aquello de que una
justicia lenta no es justicia plena; d) La incorporación del procedimiento
monitorio y, bajo determinadas condiciones, de la conciliación guiada por
expertos, aceleraría la satisfacción de los derechos obreros; y, e) Un Programa
de Calidad, definido autónomamente por cada una de las unidades judiciales,
ayudaría en este propósito de celeridad y desburocratización.
Nuevos fueros para los nuevos derechos
Pero la
creación de fueros especializados es, si acaso, la reforma más urgente. Hay
evidencias de que los juzgados civiles funcionan como “cajones de sastre” en
donde se agolpan causas que reclaman tratamientos especializados. Me refiero,
por ejemplo, a los asuntos relacionados con el urbanismo, el ambiente, los
conflictos colectivos (laborales y no laborales), las querellas vecinales, los
accidentes de tránsito y del trabajo.
En resumen:
Hay mucho por hacer. Y todo puede y debe hacerse dentro del marco de nuestra
democracia constitucional, y procurando un amplio y público consenso.
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