Dedicaré la columna de hoy a analizar la respuesta de los sindicatos españoles a los recortes dispuestos por el Gobierno del Presidente Zapatero sobre las remuneraciones de los empleados públicos. Recortes que, en realidad, se traducen en un congelamiento temporario y se ejecutan luego de varios años donde el personal estatal vio crecer el poder adquisitivo de sus salarios sin que tal crecimiento estuviera vinculado con mejoras de productividad.
Este freno, inevitable dado el curso de los acontecimientos económicos, obligó al Gobierno a desconocer compromisos que preveían incrementos salariales muy moderados para el bienio 2010/2111, lo que acentuó el malestar de los afectados.
Me parece de interés presentar la reciente huelga de los empleados públicos españoles, a través de un cierto paralelismo con las huelgas que este mismo sector lleva a cabo en la Argentina. Y destacar, en este sentido, el escrupuloso acatamiento de los servicios mínimos dispuestos por el Gobierno que, como es habitual, realizaron los trabajadores españoles y sus sindicatos. Es que quienes protagonizan acciones de protesta saben que son, ante todo, ciudadanos y que en tal calidad deben acatamiento al ordenamiento constitucional y respeto a sus conciudadanos.
La huelga española del 8 de junio fue, ante todo, una huelga cívica y civilizada. Por su duración (una jornada), por sus formas (sin ocupar centros de trabajo), por las marchas sin desmanes y los actos pacíficos que la acompañaron, así como por el reparto de sus costos (los huelguistas perdieron sus salarios, la administración soportó la parálisis de los servicios no esenciales, los ciudadanos las molestias imprescindibles).
En España, como en el resto de Europa, los trabajadores y sus sindicatos saben que el descuento de los días de huelga es una exigencia constitucional vinculada al ejercicio de la libertad sindical y a la autonomía de las organizaciones obreras. Nadie pretende (ni entendería) que -en caso de huelgas- cobraran íntegramente sus salarios tanto aquellos que deciden libremente trabajar como quienes con idéntica libertad deciden parar.
Añado que también el Gobierno mostró un impecable respeto a los derechos fundamentales absteniéndose de presionar a los empleados o de tomar represalias contra los huelguistas.
La medida de fuerza fue seguida por algo más de un 20% de los empleados públicos españoles aunque, como es notorio, el rechazo que provocan los recortes dispuestos por el Gobierno del Presidente Zapatero es prácticamente unánime entre los afectados.
Es bueno recordar que cuando el Gobierno de España anunció la congelación de las remuneraciones públicas, no se conocían aún las medidas que días después tomaron otros gobiernos europeos y que, a la postre, resultaron mucho más duras que las españolas, como es el caso de los despidos de funcionarios que se dispone a ejecutar Alemania.
Concluyo señalando que, desde mi punto de vista, las medidas españolas resultarán insuficientes sino son acompañadas por una profunda restructuración del Estado, que incluya la eliminación de servicios superpuestos, cambios en el servicio exterior, y la efectiva consecución de los objetivos definidos en el Estatuto del Empleado Público en materia de incentivos y productividad.
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