Los jueces y, por ende, la justicia están, lamentablemente, en el centro de varias tormentas políticas.
Las diversas fuerzas políticas luchan sin tapujos por conservar o conquistar influencias sobre el Poder Judicial. Su incapacidad para resolver los conflictos respetando las instituciones de la Constitución y dialogando en procura de consensos, traslada una enorme carga sobre los jueces.
Si en los años 80 y 90 la politización de la justicia vino de la mano de lo que se conoce con el nombre de “activismo” judicial, hoy este fenómeno está provocado por la voluntad de los actores políticos de buscar en los juzgados sentencias que convaliden o que paralicen actos de gobierno.
La atroz decisión de eliminar adversarios sometiéndolos a denuncias penales cuya tramitación interminable es en sí misma un castigo, forma parte de la convicción antidemocrática de que las elecciones se ganan denunciando sin pruebas.
Por supuesto, en esta lucha, penosa para las instituciones, es el Gobierno quien lleva las de ganar, gracias a la composición del Consejo de la Magistratura, donde una mayoría oficialista, me refiero en este caso al orden nacional, controla las designaciones, los ascensos y las remociones de jueces.
Nos movemos en un terreno donde la bienintencionada reforma constitucional de 1994, que pretendió sacar del mercado político el gobierno del Poder Judicial aunque sin animarse a conformar un órgano superior especializado en el control de constitucionalidad, ha quedado en agua de borrajas.
Entre otros motivos, porque las leyes que desarrollaron el nuevo Consejo se cuidaron de garantizar a las ocasionales mayorías políticas el absoluto control de aquellas designaciones y remociones.
Como se sabe, la ley vigente, aprobada por imperativo del kirchnerismo, es la máxima expresión de aquella voluntad de sometimiento.
Afortunadamente, las fuerzas políticas que en las pasadas elecciones derrotaron al kirchnerismo se han comprometido a reformar la composición del Consejo de la Magistratura.
Sin embargo, casi todos los proyectos de ley presentados hasta ahora apuntan a mantener, bajo otras formas y proporciones, el control de la política partidista sobre los jueces.
Soy de los que piensan que la salud de nuestra democracia demanda que, al menos durante un tiempo, la política con minúsculas ceda a los jueces, abogados y personalidades independientes de reconocido prestigio, el control del Poder Judicial. Lo demanda la imprescindible independencia de la Justicia.
(Para FM Aries)
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