No obstante,
son los salarios y las jubilaciones las rentas que con mayor contundencia
sufren los efectos de los precios desbocados. En este terreno, mientras que unos
pocos trabajadores (los representados por sindicatos capaces de enfrentar las
directrices del Gobierno) pueden defenderse, la mayoría de ellos está a merced
de la inflación. Así les sucede, por ejemplo, a quienes trabajan en negro,
están fuera de convenio, o tienen por empleador a PYMES víctimas del mismo
flagelo.
La influencia
que el Gobierno ejerce sobre el “movimiento obrero organizado”, determina que
los sindicatos oficiales (prisioneros de un régimen monopólico que les concede
privilegios a cambio de obediencia) se vean forzados a aceptar los techos
reivindicativos que les traslada el Ministro de Trabajo.
Por
supuesto, hay sectores que, por presión de las comisiones internas en manos de
la izquierda o por la indignación de los trabajadores, desoyen aquellas
directivas y (está sucediendo ahora mismo), se aprestan a exigir la reapertura
de las paritarias para revisar los salarios antes de los plazos legales.
Esta
situación reavivará la “puja distributiva” (una vieja conocida de nuestras
relaciones colectivas de trabajo), con el final que en su día graficara el
General Perón: Los precios subirán por el ascensor y los salarios por la
escalera.
En este
escenario, todo parece indicar que en los próximos meses la severa inflación
incrementará las huelgas protagonizadas por sindicatos desorientados pero
anclados en sus tradiciones corporativas que ignoran el concepto de “clase
trabajadora” y les llevan a intentar proteger a los afiliados desentendiéndose
del resto de sus compañeros de condición.
Ciertamente
nos les va mejor a los jubilados cuyos haberes globales, al menos desde 2001,
vienen perdiendo puntos respecto de la inflación, con la consiguiente desmejora
de su calidad de vida. Con el agravante de que carecen de capacidad de presión
suficiente para lograr que el Gobierno haga lo necesario para mantener su poder
de compra. Fracasan cuando se dirigen al Congreso de la Nación, y vuelven a
fracasar cuando recurren a los tribunales de justicia.
De la mano
de la inflación galopante los argentinos perdemos día a día capacidad de
ahorro; con el agravante de que el dólar, principal instrumento al alcance de
los ahorristas menos informados, está intervenido por el Gobierno que persigue
su comercialización con mayor empeño que el que pone en asegurar nuestras
fronteras.
La inflación y las instituciones
La inflación
provoca también efectos negativos en nuestra vida política. La concentración
del poder en el vértice del Gobierno de la Nación, con el consiguiente
debilitamiento de las autonomías provinciales y municipales, es una de aquellas
consecuencias.
Siendo que
el poder central controla la emisión monetaria, las retenciones a la
exportación y la parte más relevante de la presión tributaria, las Provincias
pierden día a día recursos y facultades para desarrollar políticas activas y,
si acaso, concurrir en auxilio de las víctimas de la inflación.
Por esta
vía, reaparece otra vieja imagen: La de Gobernadores viajando a la Capital
Federal a procurar recursos que fluyen en funciones de lealtades y simpatías.
Una discrecionalidad que, dicho sea de paso, perjudica a la Provincia de Salta
a raíz de la ubicuidad, negligencia o ideario de nuestro Primer magistrado.
El Congreso
de la Nación es otro de los perdedores: Su potestad de asignar gastos e incidir
en la ejecución presupuestaria resulta diluida por la marcha de los precios
combinada con el otorgamiento de súper poderes a un Poder Ejecutivo que ha creado
el concepto de emergencia económica perpetua.
Precios administrados y precios liberados
Si bien la inflación
verdadera es elevada, las mediciones ocultan la presencia de tarifas
artificialmente sostenidas por cuantiosos subsidios que, de un lado, son fuente
de inequidades y corrupción y, de otro, ponen a las cuentas públicas en una
situación insostenible. En este terreno, el inevitable sinceramiento de estos
precios augura tensiones y sufrimientos añadidos que caerán sobre las espaldas
de quienes reciben rentas fijas.
Pronto,
cuando haya digerido los resultados electorales, el Gobierno deberá adoptar
medidas: ¿Continuará improvisando, mintiendo y reprimiendo? O, por el contrario,
¿articulará una política que despeje incógnitas y restablezca las condiciones
para que nuestro potencial productivo se despliegue en el mundo? ¿Seguirá
rutinas autoritarias o buscará consensos? ¿Postergará al agro en beneficio del
viejo país industrial? ¿Gobernará con pipiolos o recurrirá a expertos?
En cualquier
caso, parece inevitable que el malestar ocasionado por la escalada de precios
influya en la elección de este domingo.
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