CUANDO LOS
SINDICATOS PASAN A LA OPOSICIÓN
José Armando Caro Figueroa
Ex ministro de trabajo de la
Nación (1993/1997)
Tras denunciar el pacto militar-sindical, el
Presidente Raúl Alfonsín imaginó reformar el sindicalismo “oficial” mediante un
proyecto de ley ideado por su Ministro de Trabajo Antonio MUCCI. Dio una
enconada batalla política y parlamentaria y fue finalmente derrotado por la
coalición peronista mayoritaria en el Senado. Batalla y derrota que, como se
sabe, dejaron hondas huellas en el período alfonsinista.
Dieciséis años después otro gobierno de
inspiración radical, el presidido por Fernando de la Rúa, creyó modernizar el
sistema de relaciones de trabajo y, de paso, erosionar el poder de la
burocracia sindical de obediencia peronista, con otro proyecto de ley. Si bien,
luego de un trámite escabroso, el Presidente logró su sanción, pronto comprobó
sus limitados efectos sobre las relaciones laborales y su nulo impacto en la
conformación de aquella sólida burocracia.
Han pasado poco más de otros dieciséis años,
y el Presidente Mauricio Macri se apresta a resistir en todos los frente la
iniciativa coordinada de los brazos político y sindical del peronismo,
orientada a duplicar la indemnización por despido, como medida sedicentemente orientada
a favorecer el empleo.
Pese a que la iniciativa, de prosperar, no
satisfará las buenas intenciones que declaman sus impulsores, poderosos
sectores empresariales y económicos se revuelven contra el Proyecto al que
atribuyen toda clase de efectos nocivos. Y parecen haber logrado convencer al
Presidente de la Nación acerca de la necesidad de frenar el trámite y, en su
caso, de vetar la ley.
Existe, desde siempre, un sector de la
derecha argentina poco dispuesto a admitir cualquier tipo de concesiones en el
campo de los derechos de los trabajadores. Al menos así actúan cuando creen “tener
la vaca atada” y también, como quedó de manifiesto en la década pasada, cuando
–aplausos mediante- encuentran la manera de que la mayoría seudo izquierdista se
pliegue a sus intereses más profundos.
Si bien, al menos en mi opinión, duplicar la
indemnización por despido no defiende el empleo, tampoco agrava los severos problemas
que hoy presenta el mercado de trabajo en nuestro país. La batalla alrededor de
este tema es, antes que nada, una batalla simbólica en términos de poder.
En efecto, mientras que el peronismo
–sindical y político- pretende reagruparse alrededor de banderas obreristas, la
gran patronal entiende que los resultados electorales del año pasado obligan a arrinconar
a tan incómodos antagonistas.
Así las cosas, el Presidente Macri debería
advertir que el Proyecto de Ley sobre despidos es, en realidad, la respuesta de
menor intensidad que el peronismo puede poner sobre un escenario que, para
reparar daños heredados, está afectando a quienes perciben rentas en forma de
salarios, subsidios o jubilaciones.
Añadiría que esta respuesta de rango
parlamentario y baja intensidad, viene impuesta por las formas unilaterales utilizadas
por el gobierno para “sincerar”, “ajustar” a “sanear” la maltrecha economía
argentina.
Para rehuir de los malos precedentes
enunciados más arriba y evitar una escalada de conflictos perniciosos, el
gobierno debería desoír las monsergas apocalípticas, aceptar la sanción del
Congreso de la Nación y abrir el camino al diálogo y a la negociación
tripartita.
Salta, 3 de mayo de 2016
No hay comentarios:
Publicar un comentario