Presentación Tratado sobre la Huelga

El próximo 19 de marzo de 2015 en Buenos Aires, en la sede de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, José Armando Caro Figueroa presentará su tratado de la huelga y del derecho de huelga, que ha sido prologado por el profesor Adrián O. Goldín, Presidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. La obra, compuesta de dos tomos, forma parte del Tratado sobre Relaciones Colectivas de Trabajo dirigido por el profesor Raúl Altamira Gigena de la Universidad Nacional de Córdoba y que incluye un volumen sobre la negociación colectiva escrito por Carlos Aldao Zapiola.

La presentación de este completo Tratado estará a cargo del doctor Mario Fera, quién fuera Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación y de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El doctor Fera se desempeña en la actualidad como vocal de esta Cámara y es Profesor en las Universidades Austral y Católica Argentina.

El libro de Caro Figueroa analiza la legislación vigente -en la Nación y en provincias- en materia de huelgas y protestas. Incluye referencias al tratamiento y evolución de las huelgas en los países del Mercosur y de la Unión Europea. Contiene también una completa historia de las huelgas relevantes ocurridas en la Argentina desde 1888 hasta le fecha, y un repaso a la legislación e instituciones que a lo largo de los más de 120 años transcurridos desde entonces se adoptaron para encauzar las medidas de fuerza de los trabajadores. Cabe destacar, por último, que los análisis jurídicos e históricos están inscriptos dentro de la evolución de la economía argentina durante este mismo largo ciclo.

La obra ha sido editada por LA LEY y saldrá muy pronto a la venta.     

Los Invito a la Presentación de Mi Libro sobre Huelga

La Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Miembro de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Invita a Usted a la presentación del "Tratado de Derecho de las Relaciones Colectivas del Trabajo", recientemente producido por la editorial LA LEY y compuesto por tres volúmenes que corresponden a los siguientes temas y autores: 

Tomo I: "Las asociaciones sindicales de trabajadores y empleadores", por Raúl E. Altamira Gigena con la colaboración de Arturo Bronstein; 

Tomo II: "La huelga y los conflictos colectivos del trabajo en general", por José Armando Caro Figueroa; 

Tomo III: “Tratado de las relaciones de negociación colectiva y convenios colectivos de trabajo”, por Carlos Aldao Zapiola,  con la colaboración de Juan Pablo Mugnolo.

La presentación estará a cargo de Mario S. Fera y tendrá lugar el próximo JUEVES 19 DE MARZO DE 2015 A LAS 18 HORAS en nuestra sede, sita en Av. Corrientes 1145, piso 10, C.A.B.A. 

LA TRAGEDIA DE GUACHIPAS Y EL ESTADO DE DERECHO

La muerte de cuatro trabajadores enviados a sofocar un enorme incendio en zona rural suscita dolor, indignación, cuestionamientos y dudas. En paralelo, y sin perjuicio de sentimientos legítimos e inquietudes razonables, la tragedia de Guachipas interpela al Estado de Derecho provincial, a nuestras instituciones y al funcionamiento de la administración salteña.

En este sentido, comenzaré señalando que los hechos a los que me refiero precisan ser investigados por instancias y expertos independientes. Por personas en condiciones de desentrañar lo ocurrido y, sin presiones externas, determinar las responsabilidades.

Sería aconsejable, además, que un grupo de expertos señalara los caminos para que esto no vuelva a suceder; para que la improvisación, la discrecionalidad, la opacidad y la precariedad sean, de aquí en más, sustituidas por la planificación, las reglas, el énfasis en la transparencia, la prevención y el equipamiento suficiente.

Dicho esto, se impone una pregunta: ¿Contamos con una autoridad independiente en condiciones de investigar lo sucedido, auditar el comportamiento de la cadena de mandos y deslindar responsabilidades? Lamentablemente la respuesta es negativa.

El Poder Ejecutivo provincia, a consecuencia de comportamientos inveterados, concentra en sus manos todo el poder del Estado y diluye o frustra cualquier intervención de personas u órganos que no se sometan a sus dictados hegemónicos. Esta obsesión por la manipulación política quebró los márgenes que, en las repúblicas democráticas, distinguen la esfera del gobierno (regida por la política subordinada a la Constitución y a la ley) del ámbito propio de la administración que debe regirse sólo por la legalidad vigente.

Por tanto, aunque es improbable que el Poder Ejecutivo escuche este pedido, pienso que la tragedia de Guachipas reclama una investigación exhaustiva, imparcial, transparente, ágil y alejada de los fragores de la política minúscula.

El papel de la justicia

Como se sabe, la depuración de responsabilidades administrativas y penales, así como la reparación de los daños humanos y materiales es, en todos los supuestos, función del Poder Judicial provincial y, en su caso, del Ministerio Público.

Y tropezamos aquí como la misma piedra. La presencia de una férrea voluntad que se propone controlar a jueces y fiscales (aunque no siempre lo logre), conspira contra aquella necesaria depuración de responsabilidades.

La actual conformación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, y las vigentes reglas de selección de magistrados, sintonizan con aquella voluntad y alimentan todo tipo de sospechas y suspicacias.

En este contexto, es harto probable que los familiares de las víctimas de la tragedia de Guachipas choquen contra el deficiente funcionamiento de la Justicia salteña. Y no me refiero aquí al caso de ningún juez en particular, sino al de una maquinaria lenta hasta la exasperación, incapaz de satisfacer en tiempo y forma legítimas demandas de las personas. Las quejas sin respuesta de las víctimas de accidentes de tránsito son ejemplos elocuentes de esta lacra institucional.

Aunque no es bueno apelar a factores emotivos, creo que es tiempo ya de que algunas instancias judiciales de la provincia dejen de lado criterios mezquinos que llevan a tasar el valor de la vida humana en cifras muy inferiores a las que recogen y admiten tribunales de otras jurisdicciones.

Por otra parte, sería un gesto loable que el Poder Ejecutivo se apresurara a celebrar acuerdos con los familiares de los fallecidos, evitándoles el calvario de una justicia morosa. En tales acuerdos, las autoridades deberían acceder a la reparación integral, sin escudarse en la indemnización tarifada del régimen de accidentes de trabajo. Lo que, naturalmente, implica admitir sin litigio que las muertes se produjeron en una situación en donde las medidas de prevención y los medios protección fueron inadecuados o insuficientes.

Pero hay dos cosas más que el Gobierno debería hacer en homenaje a las víctimas que murieron en cumplimiento de su deber:

De un lado, definir planes operativos y revisar el equipamiento de los distintos servicios encargados de hacer frente a las emergencias colectivas. Y, de otro, acabar con las contrataciones de personal en fraude de ley. No hay ningún argumento que pueda justificar que un porcentaje importante de empleados públicos de la Provincia ingresen a través de la ficción de la locación de servicios, y se vena condenados a inscribirse como monotributistas, sufragar sus servicios sociales precarios, y resignar sus derechos laborales.     

LA HORA DE LOS VECINOS

En Salta, está en crisis terminal el añoso y empobrecido régimen político donde los ciudadanos votan cada dos años, y luego son condenados al silencio y a la obediencia.

Con breves interrupciones (las primaveras de 1973 y de 1983, por ejemplo), ésta forma elemental y tramposa de concebir la democracia, toca a su fin asaltada por la creciente movilización ciudadana en las calles, las redes sociales, los medios de comunicación y los estrados judiciales.

Por supuesto, los detentadores del poder no desmayan en sus esfuerzos por sofocar el descontento. Así, pretenden: Controlar la justicia, impidiéndole que funcione con independencia y como garante de la Constitución. Domesticar a los sindicatos, a través de multas millonarias y de favores a los dóciles. Aquietar a los centros vecinales y organizaciones no gubernamentales, mediante el cepo que regula la Inspección de Personas Jurídicas. Subvencionar a la prensa adicta. O, en fin, reservar las ayudas sociales para que sean distribuidas por y entre militantes.

Pero, a mi entender, son maniobras de un régimen condenado a desaparecer.

Así lo indican los acontecimientos de protesta que, a lo largo y ancho de la geografía salteña, se reproducen y ponen límites a la prepotencia, el autoritarismo y la discrecionalidad.

Permítanme reseñar tres triunfos vecinales y una batalla aún pendiente.

Cota máxima en San Lorenzo

En 2012 el Concejo Deliberante de San Lorenzo aprobó una Ordenanza de Cota Máxima que abría espacios a la discrecionalidad y a las  prácticas prebendarias. Inmediatamente un grupo de vecinos se movilizó a través de la prensa y de las redes sociales, y recurrió ante la Corte de Justicia. Dos años más tarde, en el marco de esta resistencia vecinal, la nueva mayoría del Concejo derogó los aspectos más nocivos de la Ordenanza, desairando a la Fiscalía de Estado que pretendió convalidarla.

Las peatonales del centro salteño

Más recientemente, dentro de un confuso procedimiento administrativo, la Municipalidad de Salta decidió “remodelar” las peatonales. Pronto, ante la evidencia del retroceso estético y funcional, los vecinos de la ciudad capital se movilizaron contra las obras y en apoyo del recurso de amparo deducido para frenarlas. Con celeridad y rigor jurídico, el Juez Ángel Longarte acumuló evidencias, admitió el reclamo y obligó a las autoridades a reexaminar el proyecto.

La “canchita de Pérez”

En Vaqueros, vecinos de todas las edades y procedencias se unieron para preservar un espacio público auto gestionado. La precaria cancha de futbol donde los jóvenes se divierten sanamente y donde artesanos y pequeños emprendedores venden sus productos, está en la mira del Municipio que pretende construir allí un centro comunitario. En este caso, los vecinos no se oponen al proyecto sino que rechazan su localización y su inconsulta tramitación.

Asistí, por casualidad, a un tramo de la audiencia entre el Intendente y los vecinos, y quedé sorprendido tanto por la madurez cívica y la firmeza de estos, como por la pedantería tecnocrática de quién defendía el proyecto. A estas horas, todo parece indicar que el Municipio se abstendrá de atentar contra la “canchita de Pérez.

Tartagal sin agua

Pese a los fastos del Fondo de Reparación Histórica que, de momento, sólo parece haber servido para hacer realidad el lema “la misma sangre, la misma lucha”, los vecinos de Tartagal soportan la crónica falta de agua potable. Y, naturalmente, se movilizan reclamando soluciones y responsabilidades. Lo hacen también a través de las redes sociales y de una acción judicial pendiente de sentencia.

La escasez de agua en los grandes núcleos urbanos muestra los límites de la demagogia, de la improvisación y de un modelo de crecimiento basado en la especulación inmobiliaria sin sustento ambiental ni urbanístico.

Han pasado siete años y el Gobierno pone parches, sin abordar siquiera la planificación de las obras de embalse, imprescindibles para atender a las necesidades básicas de una población en aumento.

Hacia una democracia participativa y controlada

Quienes se preparan para asumir el gobierno en 2015 debieran tomar nota de esta realidad imperiosa. Mientras se agudizan problemas, aumentan los salteños cansados de la democracia delegativa, que produce seudo-monarcas, y en donde los controles languidecen ante el poder concentrado.

La protesta está dejando de ser un derecho reservado a los sindicatos obreros o a las organizaciones piqueteras que expresan a los excluidos, para convertirse en herramienta cotidiana de vecinos, de consumidores y de grupos de personas afectadas por abusos, negligencias o desconocimiento de sus derechos.

Da igual que esas protestas se dirijan contra el Gobernador o el Intendente de turno, o que apunten a presionar a los legisladores o a poner de manifiesto los incumplimientos en los que incurre el Poder Judicial.

Una ciudadanía mejor preparada y más consciente de sus responsabilidades y derechos, se aglutina y encuentra en las redes sociales y en la solidaridad los canales para hacerse oír y respetar. 

Razones para bregar por la independencia de los Jueces

Salta necesita refundar su Consejo de la Magistratura y su Jurado de Enjuiciamiento para convertirlos en artífices y garantes de la independencia de los jueces. Se trata de aventar las sospechas de politización que recaen sobre determinados segmentos de la justicia local.

En paralelo, precisamos abatir la morosidad y crear las condiciones para que todos puedan acceder a los tribunales y obtener, en tiempo razonable, pronunciamientos ajustados a derecho. La ausencia de estos requisitos explica que nuestro tránsito hacia la modernidad democrática sea lento y vacilante.

Son tareas de gran envergadura, que demandan debates serenos, compromisos ciudadanos, y reformas jurídicas y de gestión.     

Para avanzar, tendremos que superar el simplismo de quienes suponen que la independencia de los jueces interesa sólo a políticos y abogados. Vencer también el pesimismo de quienes pregonan que los hoy opositores cuestionan la designación de parientes y amigos, pero están prontos a repetir comportamientos monárquicos ni bien accedan al gobierno.

Resulta, en este sentido, encomiable el documento “Consenso de Cambios para el Futuro de Salta” (firmado por ciudadanos de diferente adscripción política) cuando recoge el inequívoco compromiso de “reformar el sistema de selección de jueces a fin de evitar injusticias y amiguismos, designándolos a través de concursos objetivos en base a su trayectoria y capacidad”.

Independencia de los jueces

Desde la fundación de los modernos Estados de derecho se proclamó que el poder político no debe inmiscuirse en los asuntos que son propios de los jueces. Insertar este principio dentro de las leyes fue una trabajosa conquista civilizatoria.

La lucha por abandonar la condición de súbditos y alcanzar la dignidad de personas dotadas de derechos inviolables tutelados por los jueces, tuvo sus primeros éxitos en Inglaterra con la Carta Magna (1354) y otros documentos (1627 y 1689) orientados a acotar el poder real, reforzar las competencias del Parlamento y, sobre todo, independizar a los magistrados de la voluntad del Monarca.

Cuando en 1615 el Rey Jacobo I citó a los jueces para recordarles su obligación de acatar las órdenes regias, tropezó con el Fiscal General Edward COOKE que reivindicó la garantía del debido proceso legal y construyó los principios teóricos de un nuevo derecho alejado de fundamentaciones teológicas.    

Parece oportuno recordar aquí la importancia que, contemporáneamente en Salta y  para todos, tiene la existencia de jueces independientes, irreprochables y justos, desenvolviéndose con celeridad y en un sólido contexto procesal democrático.

Por si esta apelación al interés general sonara retórica, señalo que de la justicia independiente dependen nuestras libertades y patrimonios, nuestro honor y nuestra seguridad, la justa composición de nuestros conflictos laborales, vecinales, familiares o ambientales. Sin jueces independientes, los simples ciudadanos estaríamos inermes ante la arbitrariedad de los poderes públicos y privados.

Los peligros de la politización de la Justicia

Como explica KIRCHHEIMER (“Justicia política. Empleo del procedimiento legal para fines políticos”), la historia de las naciones está repleta de malos ejemplos: Los casos DREYFUS (1894) y CAILLAUX (1918), entre otros muchos, muestran las consecuencias perniciosas de la intromisión de la política en el recinto de la Justicia y de la concomitante manipulación de la opinión pública.

Instancias de control del servicio de justicia

Aunque muchos en Salta piensan y actúan “como si la Justicia se encontrara en libre flotación institucional, en una suerte de exclusivo y aséptico limbo” (TOHARIA, REIS, 2002), es preciso habilitar mecanismos que transparenten el funcionamiento del servicio de justicia. Comenzando por la aprobación de un Plan Estadístico y la celebración de Audiencias Públicas para evaluar los objetivos de economía eficiencia y eficacia fijados en los abandonados Planes Estratégicos I y II aprobados por nuestra Corte.

Así como las sentencias están sujetas a complejos sistemas recursivos (que incluyen instancias supranacionales), los aspectos de pura gestión administrativa de los magistrados deben estar sometidos a instancias de control democrático. Máxime en el caso de Salta, singularizado por la opacidad de la Superintendencia y por las cortapisas puestas a la Sindicatura Interna.

El nuevo papel de los jueces

En 1853 los argentinos nos pronunciamos en favor de la división de poderes y en 1994, dejando atrás penosas experiencias históricas, decidimos reforzar el orden democrático con la incorporación de los Tratados Internacionales a nuestro sistema constitucional.

La reforma de 1994 y los avances teóricos en la ciencia jurídica (sin olvidar recientes fallos de la CSJN) han transformado de raíz el papel de los jueces. De órganos encargados de aplicar mecánicamente la ley ordinaria, los jueces se han transformado en garantes (FERRAJOLI) de aquel bloque constitucional federal y cosmopolita. Un papel que sólo pueden cumplir magistrados independientes y altamente cualificados.    

Muchos países caminan en esta dirección; incluso China ha comenzado a plantearse independizar a los jueces de tutelas partidistas. Salta debe abandonar urgentemente una senda perversa y situarse en el camino de la modernidad democrática.