Salta será una democracia agroindustrial, o no será nada

Desempleo, inseguridad, violencia, pobreza, bajos salarios, trabajo en negro, baja calidad educativa, exclusión social, deficientes servicios esenciales, y los abusos del poder, son problemas de primera magnitud en la Salta contemporánea. La solución a tamaños desafíos requiere un enfoque integral. Nada cambiará sino abordamos simultáneamente la reforma política y social, la restauración del federalismo y el cambio del modelo económico.

Se equivocan quienes, remedando a los dictadores sesentistas, plantean que una misma persona ha de perdurar en el poder para abordar primero la economía, luego los asuntos sociales y por último el retorno a la democracia.

El ejército de excluidos y sufrientes, tantas veces invocado por la demagogia, reclama un sinceramiento y un Plan de Gobierno que en cuatro años concrete las reformas imprescindibles.  La campaña electoral debería servir para identificar propuestas. No basta con inventariar dificultades ni con lanzar promesas genéricas, vacías o impracticables.

Cambiar la política

Nuestro régimen político colapsó. Produce monarcas absolutistas, megalomanía y mesianismos. Debemos pues echar los cimientos de una democracia republicana, transparente, descentralizada, vertebrada por los partidos políticos y las organizaciones sociales, y en donde las mayorías gobiernan y las minorías controlan y construyen alternativas de recambio. 

Los que quieren perpetuarse en el poder estafan a los ciudadanos. Hay que decir basta a un régimen que intenta canjear votos por ayudas; que financia sus campañas con el dinero público; y que se recuesta sobre un conservadurismo ineficaz maquillado de progresismo. 

El nuevo Gobierno deberá cancelar las reelecciones, independizar a jueces y fiscales, reconstruir los controles (Auditoria, Sindicatura, Acceso a la Información Pública, Ley de Ética), e instaurar el principio de igualdad del voto. Sin nuevas instituciones y manteniendo el vetusto modelo productivo-asistencial, miles y miles de salteños desperdiciarán sus vidas (Z. BAUMANN, “Vidas Desperdiciadas. La modernidad y sus parias”, Editorial PAIDÓS, España - 2013), sus talentos y sus ilusiones.

Completar las ayudas sociales

Integrar a los pobres y otros excluidos requiere de un Estado diferente. Un Estado que diseñe y brinde nuevas prestaciones y coordine los esfuerzos de voluntarios y organizaciones sociales. Necesitamos reformular el modelo inaugurado por las Cajas del Programa Alimentario Nacional (PAN, 1983) y el Plan Trabajar (1993). Para sumar a las ayudas materiales, servicios de asistencia personalizada a cargo de trabajadores sociales.

Las madres del paco no rescataran a sus hijos, ni cesará la violencia de género sin asistencia espiritual y cultural a cargo de especialistas. Ni los desocupados ni los alumnos con dificultades de aprendizaje se insertarán en el mundo del trabajo sin planes que apunten a la calidad y al tratamiento personalizado. 

Mientras los nuevos servicios sociales entran en funcionamiento, hay que mantener, extender y mejorar los actuales planes sociales. Donde hay una necesidad tiene que haber un derecho, no una relación clientelar.

Salta agroindustrial, minera y turística

El próximo Gobierno deberá Planificar, en ejercicio de las facultades que le concede el artículo 77 de la Constitución Provincial) un modelo de producción que libere nuestro potencial agropecuario, minero, hidrocarburífero y turístico, poniéndolo al servicio del empleo y del bienestar general. Nada de esto sucederá sin la enérgica e inteligente participación del Estado, las organizaciones sociales y nuestros mejores expertos.

El centralismo unitario convirtió a Salta en un territorio dependiente y subdesarrollado. Ha pasado el tiempo de la sumisión política y cultural de Salta a los dictados pampeanos. El Gobernador de la Provincia tendrá que abandonar el rol delegado de la Casa Rosada y exigir inversión en infraestructuras estratégicas (ferrocarriles, caminos, embalses, vertederos, y tutela ambiental), reparaciones históricas, y un régimen de promoción industrial. Salta deberá recuperar competencias de autogobierno para diseñar incentivos a la producción y al empleo.

Hay dos puntos de referencia interesantes para organizar nuestra estrategia federal. Uno exitoso, la industrialización de Córdoba (MIGNON, Carlos “Córdoba Obrera. El sindicato en la fábrica, 1968-1973”, Editorial IMAGO MUNDI, Buenos Aires - 2014). Otro azaroso, el subdesarrollo Boliviano (MACHACA, Rosendo, en Revista PUKARA, Bolivia - 2014).

En 1927 Marcelo T. de Alvear sentó las bases de la Córdoba industrial, con la fábrica de aviones que pronto construyó aeroplanos y planeadores. Luego los Presidentes Perón (IAME[1]), Frondizi (Ley 14.781/58) e Illía definieron normas e incentivos (subsidios a la energía[2], capacitación obrera); armonizaron Estado y Mercado; mantuvieron continuidad en el empeño y respetaron el federalismo.

Muchos salteños y norteños emigraron a Córdoba poniendo brazos y mentes al servicio del desarrollo industrial. El autonomismo sindical cumplió un papel complejo, chocó con el verticalismo, hasta eclosionar con las experiencias de SITRAC y SITRAM. Aviones, tractores, motores, material ferroviario y automóviles cambiaron el destino de la Provincia.

El proyecto cordobés fue metalmecánico. El proyecto salteño tendrá como meta no excluyente la agroindustria y la minería. Contamos con materia prima, trabajadores en condiciones de ser formados en las tareas industriales y abundancia de energía y recursos naturales. Nos falta pensar, desarrollar proyectos e identificar las personas y las organizaciones en condiciones de ejecutarlos. Capacitar a los trabajadores. Federalizar la acción sindical y descentralizar la negociación colectiva. Reconstruir caminos y vías férreas. Y concretar nuestro sueño bioceánico.    

Nuestras frustraciones están a la vista. Mientras los salteños nos empobrecíamos o emigrábamos, nuestro gas, energía e impuestos financiaban el consumo y la industria pampeana. El centralismo pretendió compensarnos girando bolsones de alimentos y zapatillas.

El caso histórico de Bolivia nace con los desaciertos de la revolución de 1952 y ha sido crudamente relatado, desde una perspectiva de izquierda, por MACHACA en un artículo de imprescindible lectura en clave salteña: “Porqué Bolivia jamás llegará a ser una nación industrializada”, en donde el autor somete a feroz crítica el papel de los sindicatos bolivianos tradicionales agrupados en la Central Obrera Boliviana (COB).

Si acertamos en nuestras próximas decisiones políticas,  Salta, a diferencia de Bolivia, llegará a ser una provincia agroindustrial. 

 

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[1] Luego trasformada en DINFIA.  Ambas estructuras estatales suscribieron contratos con la FIAT (tractores, grandes motores diésel y material ferroviario, 1954) y con KAISER WILLIS (automóviles). La “Rastrojera”, el automóvil “Justicialista”, la moto “Puma”, IKA, Tractor “Pampa”, los aviones “Pulqui”, fueron algunos de los productos estrella del nuevo complejo automotriz, aeronáutico y metalmecánico cordobés.

[2] “La energía eléctrica demostró ser la partera de la industrialización cordobesa en la posguerra” (BRENNAN, James “El cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba”, Editorial SUDAMERICANA, Buenos Aires – 1966). El caso cordobés contrasta en este punto con el de Salta: Mientras Córdoba contó con energía eléctrica subsidiada para su propio desarrollo industrial, la producción energética e hidrocarburífera de Salta se entrega subsidiada a los industriales pampeanos.

Presentación Tratado sobre la Huelga

El próximo 19 de marzo de 2015 en Buenos Aires, en la sede de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, José Armando Caro Figueroa presentará su tratado de la huelga y del derecho de huelga, que ha sido prologado por el profesor Adrián O. Goldín, Presidente de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. La obra, compuesta de dos tomos, forma parte del Tratado sobre Relaciones Colectivas de Trabajo dirigido por el profesor Raúl Altamira Gigena de la Universidad Nacional de Córdoba y que incluye un volumen sobre la negociación colectiva escrito por Carlos Aldao Zapiola.

La presentación de este completo Tratado estará a cargo del doctor Mario Fera, quién fuera Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación y de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El doctor Fera se desempeña en la actualidad como vocal de esta Cámara y es Profesor en las Universidades Austral y Católica Argentina.

El libro de Caro Figueroa analiza la legislación vigente -en la Nación y en provincias- en materia de huelgas y protestas. Incluye referencias al tratamiento y evolución de las huelgas en los países del Mercosur y de la Unión Europea. Contiene también una completa historia de las huelgas relevantes ocurridas en la Argentina desde 1888 hasta le fecha, y un repaso a la legislación e instituciones que a lo largo de los más de 120 años transcurridos desde entonces se adoptaron para encauzar las medidas de fuerza de los trabajadores. Cabe destacar, por último, que los análisis jurídicos e históricos están inscriptos dentro de la evolución de la economía argentina durante este mismo largo ciclo.

La obra ha sido editada por LA LEY y saldrá muy pronto a la venta.     

Los Invito a la Presentación de Mi Libro sobre Huelga

La Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Miembro de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Invita a Usted a la presentación del "Tratado de Derecho de las Relaciones Colectivas del Trabajo", recientemente producido por la editorial LA LEY y compuesto por tres volúmenes que corresponden a los siguientes temas y autores: 

Tomo I: "Las asociaciones sindicales de trabajadores y empleadores", por Raúl E. Altamira Gigena con la colaboración de Arturo Bronstein; 

Tomo II: "La huelga y los conflictos colectivos del trabajo en general", por José Armando Caro Figueroa; 

Tomo III: “Tratado de las relaciones de negociación colectiva y convenios colectivos de trabajo”, por Carlos Aldao Zapiola,  con la colaboración de Juan Pablo Mugnolo.

La presentación estará a cargo de Mario S. Fera y tendrá lugar el próximo JUEVES 19 DE MARZO DE 2015 A LAS 18 HORAS en nuestra sede, sita en Av. Corrientes 1145, piso 10, C.A.B.A. 

LA TRAGEDIA DE GUACHIPAS Y EL ESTADO DE DERECHO

La muerte de cuatro trabajadores enviados a sofocar un enorme incendio en zona rural suscita dolor, indignación, cuestionamientos y dudas. En paralelo, y sin perjuicio de sentimientos legítimos e inquietudes razonables, la tragedia de Guachipas interpela al Estado de Derecho provincial, a nuestras instituciones y al funcionamiento de la administración salteña.

En este sentido, comenzaré señalando que los hechos a los que me refiero precisan ser investigados por instancias y expertos independientes. Por personas en condiciones de desentrañar lo ocurrido y, sin presiones externas, determinar las responsabilidades.

Sería aconsejable, además, que un grupo de expertos señalara los caminos para que esto no vuelva a suceder; para que la improvisación, la discrecionalidad, la opacidad y la precariedad sean, de aquí en más, sustituidas por la planificación, las reglas, el énfasis en la transparencia, la prevención y el equipamiento suficiente.

Dicho esto, se impone una pregunta: ¿Contamos con una autoridad independiente en condiciones de investigar lo sucedido, auditar el comportamiento de la cadena de mandos y deslindar responsabilidades? Lamentablemente la respuesta es negativa.

El Poder Ejecutivo provincia, a consecuencia de comportamientos inveterados, concentra en sus manos todo el poder del Estado y diluye o frustra cualquier intervención de personas u órganos que no se sometan a sus dictados hegemónicos. Esta obsesión por la manipulación política quebró los márgenes que, en las repúblicas democráticas, distinguen la esfera del gobierno (regida por la política subordinada a la Constitución y a la ley) del ámbito propio de la administración que debe regirse sólo por la legalidad vigente.

Por tanto, aunque es improbable que el Poder Ejecutivo escuche este pedido, pienso que la tragedia de Guachipas reclama una investigación exhaustiva, imparcial, transparente, ágil y alejada de los fragores de la política minúscula.

El papel de la justicia

Como se sabe, la depuración de responsabilidades administrativas y penales, así como la reparación de los daños humanos y materiales es, en todos los supuestos, función del Poder Judicial provincial y, en su caso, del Ministerio Público.

Y tropezamos aquí como la misma piedra. La presencia de una férrea voluntad que se propone controlar a jueces y fiscales (aunque no siempre lo logre), conspira contra aquella necesaria depuración de responsabilidades.

La actual conformación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, y las vigentes reglas de selección de magistrados, sintonizan con aquella voluntad y alimentan todo tipo de sospechas y suspicacias.

En este contexto, es harto probable que los familiares de las víctimas de la tragedia de Guachipas choquen contra el deficiente funcionamiento de la Justicia salteña. Y no me refiero aquí al caso de ningún juez en particular, sino al de una maquinaria lenta hasta la exasperación, incapaz de satisfacer en tiempo y forma legítimas demandas de las personas. Las quejas sin respuesta de las víctimas de accidentes de tránsito son ejemplos elocuentes de esta lacra institucional.

Aunque no es bueno apelar a factores emotivos, creo que es tiempo ya de que algunas instancias judiciales de la provincia dejen de lado criterios mezquinos que llevan a tasar el valor de la vida humana en cifras muy inferiores a las que recogen y admiten tribunales de otras jurisdicciones.

Por otra parte, sería un gesto loable que el Poder Ejecutivo se apresurara a celebrar acuerdos con los familiares de los fallecidos, evitándoles el calvario de una justicia morosa. En tales acuerdos, las autoridades deberían acceder a la reparación integral, sin escudarse en la indemnización tarifada del régimen de accidentes de trabajo. Lo que, naturalmente, implica admitir sin litigio que las muertes se produjeron en una situación en donde las medidas de prevención y los medios protección fueron inadecuados o insuficientes.

Pero hay dos cosas más que el Gobierno debería hacer en homenaje a las víctimas que murieron en cumplimiento de su deber:

De un lado, definir planes operativos y revisar el equipamiento de los distintos servicios encargados de hacer frente a las emergencias colectivas. Y, de otro, acabar con las contrataciones de personal en fraude de ley. No hay ningún argumento que pueda justificar que un porcentaje importante de empleados públicos de la Provincia ingresen a través de la ficción de la locación de servicios, y se vena condenados a inscribirse como monotributistas, sufragar sus servicios sociales precarios, y resignar sus derechos laborales.     

LA HORA DE LOS VECINOS

En Salta, está en crisis terminal el añoso y empobrecido régimen político donde los ciudadanos votan cada dos años, y luego son condenados al silencio y a la obediencia.

Con breves interrupciones (las primaveras de 1973 y de 1983, por ejemplo), ésta forma elemental y tramposa de concebir la democracia, toca a su fin asaltada por la creciente movilización ciudadana en las calles, las redes sociales, los medios de comunicación y los estrados judiciales.

Por supuesto, los detentadores del poder no desmayan en sus esfuerzos por sofocar el descontento. Así, pretenden: Controlar la justicia, impidiéndole que funcione con independencia y como garante de la Constitución. Domesticar a los sindicatos, a través de multas millonarias y de favores a los dóciles. Aquietar a los centros vecinales y organizaciones no gubernamentales, mediante el cepo que regula la Inspección de Personas Jurídicas. Subvencionar a la prensa adicta. O, en fin, reservar las ayudas sociales para que sean distribuidas por y entre militantes.

Pero, a mi entender, son maniobras de un régimen condenado a desaparecer.

Así lo indican los acontecimientos de protesta que, a lo largo y ancho de la geografía salteña, se reproducen y ponen límites a la prepotencia, el autoritarismo y la discrecionalidad.

Permítanme reseñar tres triunfos vecinales y una batalla aún pendiente.

Cota máxima en San Lorenzo

En 2012 el Concejo Deliberante de San Lorenzo aprobó una Ordenanza de Cota Máxima que abría espacios a la discrecionalidad y a las  prácticas prebendarias. Inmediatamente un grupo de vecinos se movilizó a través de la prensa y de las redes sociales, y recurrió ante la Corte de Justicia. Dos años más tarde, en el marco de esta resistencia vecinal, la nueva mayoría del Concejo derogó los aspectos más nocivos de la Ordenanza, desairando a la Fiscalía de Estado que pretendió convalidarla.

Las peatonales del centro salteño

Más recientemente, dentro de un confuso procedimiento administrativo, la Municipalidad de Salta decidió “remodelar” las peatonales. Pronto, ante la evidencia del retroceso estético y funcional, los vecinos de la ciudad capital se movilizaron contra las obras y en apoyo del recurso de amparo deducido para frenarlas. Con celeridad y rigor jurídico, el Juez Ángel Longarte acumuló evidencias, admitió el reclamo y obligó a las autoridades a reexaminar el proyecto.

La “canchita de Pérez”

En Vaqueros, vecinos de todas las edades y procedencias se unieron para preservar un espacio público auto gestionado. La precaria cancha de futbol donde los jóvenes se divierten sanamente y donde artesanos y pequeños emprendedores venden sus productos, está en la mira del Municipio que pretende construir allí un centro comunitario. En este caso, los vecinos no se oponen al proyecto sino que rechazan su localización y su inconsulta tramitación.

Asistí, por casualidad, a un tramo de la audiencia entre el Intendente y los vecinos, y quedé sorprendido tanto por la madurez cívica y la firmeza de estos, como por la pedantería tecnocrática de quién defendía el proyecto. A estas horas, todo parece indicar que el Municipio se abstendrá de atentar contra la “canchita de Pérez.

Tartagal sin agua

Pese a los fastos del Fondo de Reparación Histórica que, de momento, sólo parece haber servido para hacer realidad el lema “la misma sangre, la misma lucha”, los vecinos de Tartagal soportan la crónica falta de agua potable. Y, naturalmente, se movilizan reclamando soluciones y responsabilidades. Lo hacen también a través de las redes sociales y de una acción judicial pendiente de sentencia.

La escasez de agua en los grandes núcleos urbanos muestra los límites de la demagogia, de la improvisación y de un modelo de crecimiento basado en la especulación inmobiliaria sin sustento ambiental ni urbanístico.

Han pasado siete años y el Gobierno pone parches, sin abordar siquiera la planificación de las obras de embalse, imprescindibles para atender a las necesidades básicas de una población en aumento.

Hacia una democracia participativa y controlada

Quienes se preparan para asumir el gobierno en 2015 debieran tomar nota de esta realidad imperiosa. Mientras se agudizan problemas, aumentan los salteños cansados de la democracia delegativa, que produce seudo-monarcas, y en donde los controles languidecen ante el poder concentrado.

La protesta está dejando de ser un derecho reservado a los sindicatos obreros o a las organizaciones piqueteras que expresan a los excluidos, para convertirse en herramienta cotidiana de vecinos, de consumidores y de grupos de personas afectadas por abusos, negligencias o desconocimiento de sus derechos.

Da igual que esas protestas se dirijan contra el Gobernador o el Intendente de turno, o que apunten a presionar a los legisladores o a poner de manifiesto los incumplimientos en los que incurre el Poder Judicial.

Una ciudadanía mejor preparada y más consciente de sus responsabilidades y derechos, se aglutina y encuentra en las redes sociales y en la solidaridad los canales para hacerse oír y respetar.