Mis Opiniones en la Televisión de Salta (2014/2016)

1. Sobre justicia y política. En el programa “Alta Política” (12/abril/2016)

https://www.youtube.com/watch?v=_9QEmi9WiiQ

EL DESAFIO DE LA ARGENTINA ES SUPERAR EL PERONISMO

Mis opiniones acerca de la reciente reunificación del sindicalismo peronista (CLARIN 24/VIII/2016 , EL TRIBUNO 31/VIII/2016) han merecido una réplica descalificatoria a cargo de mí siempre respetado Julio Bárbaro (INFOBAE 28/VIII/2016 ).

Estoy persuadido de que las descalificaciones basadas en rótulos ideológicos o en trayectorias reales o presuntas, no sirven para avanzar en los intercambios de ideas. Por tanto no me detendré en las que con cierta acritud me dedica Julio. Ha pasado para mí el tiempo de situarme en el mundo mirándome el ombligo o creando exclusiones a derecha e izquierda para sostener mis propias ideas.

En realidad, tenemos dos preocupaciones diferentes aunque igualmente legitimas: Mientras que Julio reflexiona acerca del “desafío del peronismo” (cómo “rehabilitarse lejos de los agitadores populistas”) , mis inquietudes apuntan a imaginar cómo la Argentina puede superar las decadentes versiones del peronismo tal y como se expresan en este segundo milenio.

A mi modo de ver nuestro país tiene tres grandes desafíos reconducibles al ideario de la Constitución Nacional: Construir una democracia republicana y federal; Integrarse cultural y económicamente en el mundo; Desarrollar sus potencialidades para hacer posible el bienestar general.

Sucede, en mi opinión, que aquellas versiones decadentes del peronismo funcionan como obstáculos a los empeños por resolver positivamente cada desafío. Ese peronismo se ha convertido en “el poder que frena”, y es la causa de la pobreza intelectual de buena parte de las construcciones político-programáticas. No es casual, por ejemplo, que todos los barones del conurbano y todos los señores feudales del norte sean o se digan peronistas.

Para ceñirme a los asuntos que han irritado a Julio, diré que el modelo sindical peronista, que funciona con el beneplácito de la patronal, no condice con los enunciados y garantías de nuestra Constitución.

Me refiero a las leyes y a las prácticas que han consolidado monopolios contrarios a la libertad sindical y comportamientos antidemocráticos, centralistas y dinásticos (la Federación Argentina de Trabajadores de Renta y Horizontal - FATERYH, por ejemplo).

En el terreno de la historia social, la acción desplegada por los sindicatos con personería gremial merece reflexiones críticas, incluso desde una óptica peronista como las intentadas por el propio Perón en varias oportunidades.

A mi modo de ver, la acción sindical bajo los gobiernos de Isabel Perón (1974/1976) y Raúl Alfonsín (1983/1989) fue irresponsable en tanto y en cuanto el peronismo sindical condujo a los trabajadores a participar en los trágicos y tristes avatares por todos conocidos.

En contraste con lo anterior, la CGT expresó comportamientos altamente responsables en tiempos de Eduardo Vuletich (1954, “Congreso de la Productividad y el Bienestar” ), en 1973 (cuando José I. Rucci suscribió el “Pacto Social” que, dicho sea de paso, fue uno de los pretextos que esgrimieron sus asesinos sedicentemente peronistas), y en 1994 al negociar, bajo el liderazgo de Antonio Cassia, el “Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y el Bienestar Social”.

Hay, al menos por el momento, elementos que autorizan a pensar que el bagaje intelectual que inspiró a aquella conducción irresponsable es casi idéntico al que hoy expresa el vértice sindical reconstituido, con el visto bueno o la indiferencia de las versiones estrictamente políticas del peronismo del segundo milenio.

El modelo de negociación colectiva -unitario, centrado en el salario, y de baja cobertura en relación con el total de asalariados-, alimenta la inflación y tolera el autoritarismo patronal. La estrategia de utilizar la (imprescindible) capacidad de presión de los trabajadores para perseguir la “inflación pasada”, se ha revelado cien veces ineficaz . La historia es conocida: los trabajadores pierden poder adquisitivo, hasta que la espiral explosiona con devaluaciones monetarias, una herramienta que los trabajadores del mundo rechazan y que, en la Argentina, nunca controlaron los sindicatos peronistas, aunque si sus sigilosos partenaires.

El unitarismo salarial (que se expresa en la fijación de salarios uniformes de ámbito generalmente nacional dentro de cada rama, industria u oficio, y que es consecuencia del verticalismo organizacional y de consignas demagógicas) condujo a la parálisis industrial del norte argentino en beneficio del núcleo pampeano, y forzó migraciones interiores.

A su vez, el ceñir la negociación colectiva a los salarios niega la participación de los trabajadores en el control de las condiciones de trabajo y cierra los caminos a acuerdos centrados en la productividad, el empleo y la inversión; un exclusivismo que -en un contexto de feriados y jornadas excesivos- impide pactos sobre duración y distribución de la jornada, o sobre modos de conciliar la vida laboral y familiar.

Por lo que hace a la situación estructural del empleo , hay razones para sostener que la invariada y decenal segmentación del mercado argentino de trabajo (que muestra a más del tercio de trabajadores “en negro”, en simultáneo con la presencia de “asalariados pobres”, y otras anomalías) tiene mucho que ver con diseños institucionales inadecuados, con los impuestos que gravan al empleo y a los salarios, y con erróneas estrategias sindicales, sin olvidar las maniobras patronales que se lucran de este tipo de circunstancias.

El sistema de obras sociales sindicales atenta contra el bienestar general. Lo entendió así Perón cuando, en 1973, intentó crear el Sistema Integrado de Salud y tropezó con los intereses del vértice sindical. Por lo demás, que las obras sociales estén dirigidas por los mismos que mandan en los sindicatos expresa un enorme déficit democrático y de transparencia. En consecuencia, si queremos mejorar los servicios de salud deberemos –en mi opinión, sin afectar la propiedad obrera de las obras sociales- conectarlas con otros prestadores de salud (comenzando por aquellos sin fines de lucro), y democratizar su gestión.

El pacto implícito entre la CGT y la patronal -reiterado en recientes declaraciones de la UOM y de TECHINT- que sostiene el nacional-industrialismo tiene una cuota de responsabilidad en los problemas estructurales que paralizan nuestra economía (lo expresó el peronista Gobernador de Córdoba ), frenan el desarrollo del interior empobrecido, y castigan a trabajadores, a consumidores y a los industriales situados en escalones inferiores de la cadena productiva.

Esa versión anacrónica del nacionalismo económico importa una manipulación del ancestral ideario peronista sobre sustitución de importaciones que, surgido como inexcusable en tiempos de posguerra, no se compadece con las necesidades, los riesgos y las oportunidades de la Argentina contemporánea. Las toneladas de dinero que los contribuyentes y los consumidores han volcado en los regímenes de promoción industrial no han servido para construir un sólido aparato productivo, aunque si para enriquecer a algunos. Existen, sin duda, excepciones, pero no hacen sino confirmar la regla.

En este sentido, la Argentina y no solo el peronismo, debe abrir un urgente debate acerca de un modelo productivo que sustituya los excesos del libre mercado y su réplica (los excesos del populismo industrialista).

Para avanzar, tendremos que encontrar modos de integrar las políticas agropecuarias, industriales, logísticas, ambientales, de infraestructura, de investigación y desarrollo, de integración regional, de empleo y de comercio exterior; así como definir cronogramas, metas de integración, y medidas compensatorias.

El desarrollo integrado y equitativo de la Argentina encuentra escollos en instituciones y convicciones que ni los partidos políticos ni las organizaciones de intereses tradicionales han sido capaces de revisar.

¿Alguien piensa que podemos abatir la pobreza y el desempleo estructural con la actual ecuación energética, con la precariedad y costos de nuestra logística, o con las estructuras de comercialización, de impuestos y de financiación?

¿Podemos avanzar con la mochila de un Estado que pone barreras al ingreso de nuevas tecnologías, que anida corrupción, que carece de una justicia independiente y que nos agobia con una burocracia morosa e intrincada?

Por lo tanto, no se trata sólo de que los peronistas se actualicen (lo que bien vendría), sino de que la Argentina y los argentinos asumamos los nuevos y viejos desafíos con la mente abierta, cordialmente, sin odios.

Es preciso reconocer que las soluciones llegarán a buen fin sólo con el concurso activo de los trabajadores organizados (democráticamente organizados). La Argentina reclama un nuevo Pacto Productivo que reemplace al que dio origen y sustento al industrialismo subdesarrollado. Vaqueros

(Salta), 30 de agosto de 2016.

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LA CGT-U MARCA SUS LÍNEAS ROJAS

Los sindicatos oficiales (vale decir, aquellos que cuentan con personería gremial) se han unificado para participar en el nuevo curso político que preside Mauricio Macri. Esta unidad, reedición de una centenaria estrategia, se apresta a defender al modelo sindical peronista así como al correlativo modelo económico autárquico y estatista que privilegia la industria, la logística y la obra pública, netos ganadores del tercio kirchnerista.

Como ocurriera en varias oportunidades anteriores, tal unidad no es unánime. Quienes no obtuvieron suficientes ventajas bajo el anterior gobierno (el sindicalismo rural, el de la energía y el de servicios, por ejemplo), expresaron disidencias y se marginaron del pacto que dio origen al nuevo Triunvirato.

Los líderes de la nueva CGT Unificada se han apresurado a marcarle “líneas rojas” al Gobierno de la Nación.

Algunas son las mismas que las defendidas -exitosamente- a lo largo de los últimos 70 años: “El modelo sindical peronista no se toca”. Otra tiene menos solera pero ha resultado igualmente exitosa: “El dinero de las obras sociales es propiedad de los sindicatos oficiales”; lo que equivale a decir que el movimiento obrero mayoritario reitera su obvio compromiso de defensa de la Ley 18.610 sancionada por Onganía.

Las líneas de exclusión que se refieren al modelo económico autárquico y estatista son bastante nítidas aun cuando hayan sido vulneradas en varios momentos de la historia argentina; así sucedió, por ejemplo, en tiempos dictatoriales y cuando las crisis extremas alentaron experimentos de liberalización (Isabel Perón, Carlos Menem).

Los triunviros y sus mentores se han expresado con el lenguaje parco, simbólico y contundente que es propio del sindicalismo oficial argentino. Han dicho (por si hiciera falta recordar posiciones ancestrales) que las paritarias seguirán persiguiendo a la inflación, y que la nueva CGT-U resistirá eventuales intentos de abrir la economía argentina para permitir el ingreso de productos extranjeros.

Aunque los sindicatos de la industria han ejemplificado este rechazo diciendo que no están dispuestos a competir con la producción china, en realidad advierten inveterada aversión a toda competencia con el exterior. De esta manera, ratifican elípticamente sus estrechos vínculos con nuestra (económicamente endeble pero políticamente poderosa) industria nacional.

Si bien los tiempos han cambiado, afortunadamente, y las reediciones de este tipo de componendas antidemocráticas son inviables, es bueno recordar que esta alianza estratégica, que nunca necesitó de pactos escritos, se activó para derribar al Presidente de la Rúa formando parte de lo que se llamó “coalición bonaerense” que reunió a peronistas y radicales de la provincia de Buenos Aires.

Por lo demás, y de momento, no hay nada que permita suponer que la CGT-U esté dispuesta a sentarse a una mesa tripartita a negociar una política de rentas que abata la inflación y la pobreza. Sucede, además, que tampoco hay indicios de que el Presidente Macri se apreste a abandonar el “ordeno y mando” para abrir el diálogo social.

Así las cosas, es fácil deducir que la mayoría del sindicalismo peronista pretende que Macri se convierta en un administrador (quizá más prolijo y eficiente) del modelo económico kirchnerista. En este escenario, la CGT-U dejarían la resistencia frente a las reformas republicanas en manos de los barones y señores feudales peronistas.   

En conclusión: Si el actual Gobierno se hace cargo de continuar subsidiando a los pobres (función que no cabe confundir con el objetivo “pobreza cero”), sigue permitiendo que los salarios pactados en paritarias oscilen alrededor de la inflación pasada, y mantiene los privilegios de la industria nacional que coloca a los consumidores como sus rehenes, hay que esperar un cierto idilio, no exento de ocasionales riñas, entre los tres grandes actores sociales (Estado, Patronal, Sindicatos).

Un idilio que, por cierto, no alcanzará para sosegar los desafíos que viene planteando el sindicalismo inspirado por la “familia leninista”.

Lo que equivale a decir que, más allá de los enunciados retóricos, el Triunvirato no se propone exigir el cese de la inflación, ni coordinar su acción reivindicativa para incorporar los problemas de los desocupados, de los jubilados, de los excluidos, de los trabajadores en negro o sin convenio colectivo. Quedan también fuera de su óptica centralista y masculina, los problemas del empleo de la mujer y los de los trabajadores de las provincias subdesarrolladas. Un conjunto de omisiones que no importa ninguna novedad.

Existen, no obstante, dos problemas que pudieran complicar aquel idilio imaginario entre Macri y los patrones y los sindicatos “nacional-industrialistas”: La recesión con desempleo y la devaluación del peso.

Vaqueros (Salta), 23 de agosto de 2016.      

    

¿Hacia adonde vamos?

Han transcurrido seis meses desde la asunción del Presidente Mauricio Macri, sin que sus equipos hayan logrado presentar al país un Plan de Gobierno que merezca el nombre de tal. Es cierto que heredó una severa crisis económica y una marcada degradación institucional. Es también cierto que no cuenta con mayoría en el Congreso de la Nación, y que el régimen anterior ocultó y manipuló indicadores económicos y sociales imprescindibles para gestionar el cambio.

Sin embargo, a estas alturas el Presidente Macri está obligado a mostrar cual es el rumbo estratégico que nos propone a todos; ha de hacerlo sobreponiéndose a los escándalos de corrupción que agobian a la opinión pública, desechando la tentación de usarlos como elementos de distracción, y dejando actuar al Poder Judicial.

Los desordenados debates que se suceden en la coalición gobernante entre los que propician un tratamiento de choque y los partidarios del gradualismo, no han traído claridad, desordenan la gestión y están lejos de conducir a la formulación de un Plan de Gobierno. 

La vacilante Argentina de hoy

Mientras esta Plan termina de llegar, la gestión de Macri mantiene y administra varias de las herramientas ideadas por el kirchnerismo para capear temporales: Inflación, emisión monetaria, control del comercio exterior, impuestos distorsivos, puja distributiva (entre los sectores de la economía formalizada), tarifas subsidiadas, y ayudas a los pobres.

De tanto en tanto Macri decide, además, modular algunos de estos instrumentos, pero sin llegar a reemplazarlos por aquellos que han de acompañar al nuevo rumbo económico que, hay que suponer, tiene como metas la pobreza cero y la construcción de un sistema económico en condiciones de insertar en el mundo a la Argentina y a su producción.

La fuerza de la vieja Argentina corporativa

Como no avanzamos aún en esta dirección, los actores económicos que se benefician de la autarquía y de las reglas que potenció el populismo vernáculo siguen con su juego de suma cero: Los empresarios grandes y medianos mantienen sus pujas con los sindicatos que, dicho sea de paso, representan a no más del 40% de los trabajadores; a menudo, estos dos actores se coaligan para -desaprensivamente- trasladar sus pactos a los consumidores. O se enfrentan y acuerdan treguas, a la espera de que una eventual constelación favorable a sus intereses corporativos les permita dar un golpe contundente al otro.

Vemos así a los sindicatos intentando -con suerte dispar- preservar a sus afiliados (no al conjunto de los trabajadores, tampoco a los desocupados y excluidos) de las consecuencias de la inflación, frente a las patronales que -sabedoras de que cuentan con la “bala de plata” de la devaluación- responsabilizan a los costos laborales de nuestra baja competitividad internacional.

Sucede, además, que el Presidente de la República tiene una debilidad añadida: Muchos de sus socios (reales o presuntos) de la derecha económica no parecen dispuestos a acompañarle en una política de las características que insinúa Macri (pobreza cero, estabilidad, competitividad, conexión con el mundo).

En realidad, la fuerza competitiva de la Argentina reside solamente en nuestra agricultura y ganadería, y en algún que otro segmento productivo. Pero el eje Macri/ruralistas no tiene el peso suficiente para dejar atrás el modelo autárquico y fundar una Nueva Argentina Competitiva (aquella que, de alguna manera, esbozaron Perón en el Congreso de la Productividad de 1954, o Frondizi en 1958).

Nuestros fabricantes de alimentos (salvo el caso de las dos multinacionales argentinas), de acero, de automóviles, de material eléctrico, de máquinas y herramientas, de indumentaria, y de otras industrias, así como nuestros empresarios de la construcción, prefieren pastar en el mercado interno protegido y no muestran ningún interés en desarrollar negocios más allá de nuestras fronteras a no ser aquellos centrados en paraísos fiscales. Rehúsan competir, invertir, innovar y sienten aversión por el riesgo.

A su vez, los proveedores de servicios (desde los bancos al transporte pasando por los correos, el supermercadismo, las telecomunicaciones y las administraciones públicas) han encontrado la forma de medrar dentro del todavía vigente modelo económico kirchnerista que, como se sabe, no es sino la reedición de viejas aventuras de la Argentina autárquica.

Soportamos todavía un modelo que “fabrica” pobres, que engorda ineficientes burocracias, que resguarda a las corporaciones y sus pujas, y que -hasta donde puede- expropia rentas para distribuirlas entre sus sostenedores (vía prebendas, proteccionismo y subsidios) y sus gestores (vía corrupción).

La difícil construcción de la Nueva Argentina Constitucional, Competitiva y Federal

Esta Nueva Argentina no puede funcionar con un esquema institucional alejado del republicanismo federal. Esta Nueva Argentina exige la plena vigencia de la Constitución y de los Tratados Internacionales, reclama un Poder Judicial independiente, honrado y eficaz, requiere la regeneración de la política y del federalismo, y demanda la construcción de consensos sociales y económicos.

No habrá tal Nueva Argentina con los precios y costos actuales; con la vigente matriz energética y ambiental; con los bajos niveles de inversión, ni con las caducas estructuras de comercialización. No la habrá sin un enorme esfuerzo en materia de infraestructuras, de formación profesional y productividad, y sin nuevas regulaciones no manipuladas por los agentes económicos.

Tampoco la habrá mientras triunfe el chantaje ideológico que sostiene que por fuera de la Vieja Argentina aislada, corporativa e injusta sólo existen el neoliberalismo y el consenso de Washington. Un chantaje que nos impide reconocer la inviabilidad del proteccionismo mercado internista, y que nos impide sentar las bases para producir también para el mercado mundial. Ha pasado el tiempo de sustituir importaciones; también el de la Argentina agroexportadora. Está por llegar el tiempo de la Argentina supermercado del mundo. Solo así derrotaremos la pobreza y la corrupción para inaugurar el tiempo del bienestar y de la transparencia.               

Pero, sobre todo, hace falta revisar los incentivos que mueven a las personas, a los trabajadores, a las empresas, a la clase política, a los estudiantes y sus maestros, y que organizan nuestras relaciones interpersonales y sociales. La cultura del facilismo y la negligencia, del beneficio sin esfuerzo, de las mayorías autoritarias, solo conduce a más decadencia, injusticias y rapiñas.

Vaqueros (Salta) 27 de Junio de 2016