La opinión pública se sobresaltó al conocer el fraude de los medicamentos, tramado por segmentos de la industria farmacéutica y personeros de ciertas obras sociales sindicales. Seguramente el Señor del Milagro iluminará y dará coraje a su devoto hijo, el juez federal que tiene a su cargo las investigaciones.
Pero por encima de los avatares judiciales, me interesa señalar el fracaso del sistema de salud que la Ley entregó a los sindicalistas y no a los trabajadores.
Buena parte de las anomalías del modelo sindical argentino tiene que ver con esta absurda concesión que la dictadura de los años 70 hizo a la cúpula sindical en un ilusorio intento de frenar el avance del comunismo y, de paso, las reivindicaciones salariales.
Los gerentes del negocio que administra cerca del 10% de la masa salarial, se mueven con maestría en el escenario político.
Desde aquellos años, todos los gobiernos fracasaron en sus intentos de poner freno a los abusos.
No lo pudo hacer Perón y fue Alfonsín el encargado de blindar legalmente el régimen hoy vigente. Un régimen corporativo, y por definición insolidario, que se mueve en la opacidad casi absoluta.
Los dineros de las Obras Sociales Sindicales interfieren en la política partidista, financian gerenciadoras privadas (detrás de las cuales suelen aparecer personeros del sindicalista de turno), y sirven para consolidar una distribución de los recursos que no premia el talento, la productividad ni el buen servicio.
Son dineros que sirven también para hacer ilusoria la democracia interna en los sindicatos, en tanto financian maquinarias que ahogan cualquier intento de sectores opositores, como acaba de mostrarlo el caso de la Asociación Bancaria.
Vista la sólida alianza entre la CGT oficialista, la industria farmacéutica que financia campañas y el Gobierno, habrá que esperar hasta 2011 para ver hecho realidad el cambio necesario.
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