La civilización, entendida como superación de la barbarie, es mucho más que pasear por las calles cubriéndose las partes pudendas. Vivir civilizadamente es, entre otras cosas, respetar al prójimo y actuar conforme a las reglas comúnmente aceptadas, vengan estas impuestas por la ley o las buenas costumbres.
A veces el afán de los salteños por vivir civilizadamente tropieza con la inexistencia de reglas, con esas lagunas normativas que generan conflictos y querellas. Otras, tropieza con la incapacidad de los poderes públicos para hacer cumplir las leyes vigentes.
En nuestro avance hacia formas más plena de civilización, cada vez son más los salteños que aspiran a vivir en paz con la naturaleza; que desean conservar el patrimonio histórico, cuidar los ríos, los bosques y las especies animales; que, en síntesis, se proponen velar por el medio ambiente en el que nos desenvolvemos.
Si bien tan buenos propósitos pueden alcanzarse de manera autónoma, sin depender de la eficacia de los gobiernos, está claro que el proceso civilizatorio medioambiental avanzará mejor si contamos con leyes adecuadas.
La reciente movilización de vecinos de Vaqueros y San Lorenzo para impedir una obra ilegal y desmesurada, me sirvió para comprobar que Salta cuenta con una legislación medioambiental de alta calidad. Es cierto que muchas de nuestras leyes provinciales han llegado tarde, en el sentido que entraron en vigor cuando los intereses desaprensivos han provocado daños irreparables a nuestros bosques, a nuestro patrimonio histórico urbano y no urbano, a nuestros ríos, y a muchas especies autóctonas. Y es cierto también que estos daños se produjeron ante la mirada cómplice o alelada de nuestras autoridades.
Pero nuestra Legislatura, al sancionar las leyes 7070 (de protección del medio ambiente) y 7543 (de ordenamiento de los bosques nativos), o el Código de Aguas, para no citar sino las más relevantes, ha cumplido un excelente servicio y nos ha dotado de reglas suficientes para avanzar en nuestras metas civilizatorias. Otro tanto puede decirse de recientes fallos de nuestra Corte de Justicia.
Lamentablemente, entre estas normas cargadas de buenas intenciones y la realidad cotidiana hay un margen que beneficia a esa Salta que pretende seguir viviendo fuera de la ley. Se trata de un margen creado por las debilidades del poder de policía y de los poderes municipales, algunos de los cuales oscilan entre la ignorancia y la necedad.
Nuestras buenas leyes carecen de autoridades ejecutivas dotadas de medios suficientes para hacerlas cumplir, como lo prueba la precariedad de nuestra Policía Ambiental.
Ese vivir al margen de la ley está, muchas veces, alimentado por la corrupción. Pero también por complicidades políticas, por esa vocación irrefrenable que tienen algunos para crear privilegios, y por la bárbara ideología que propone divorciar la producción de la protección del medioambiente.
(Para FM ARIES)
A veces el afán de los salteños por vivir civilizadamente tropieza con la inexistencia de reglas, con esas lagunas normativas que generan conflictos y querellas. Otras, tropieza con la incapacidad de los poderes públicos para hacer cumplir las leyes vigentes.
En nuestro avance hacia formas más plena de civilización, cada vez son más los salteños que aspiran a vivir en paz con la naturaleza; que desean conservar el patrimonio histórico, cuidar los ríos, los bosques y las especies animales; que, en síntesis, se proponen velar por el medio ambiente en el que nos desenvolvemos.
Si bien tan buenos propósitos pueden alcanzarse de manera autónoma, sin depender de la eficacia de los gobiernos, está claro que el proceso civilizatorio medioambiental avanzará mejor si contamos con leyes adecuadas.
La reciente movilización de vecinos de Vaqueros y San Lorenzo para impedir una obra ilegal y desmesurada, me sirvió para comprobar que Salta cuenta con una legislación medioambiental de alta calidad. Es cierto que muchas de nuestras leyes provinciales han llegado tarde, en el sentido que entraron en vigor cuando los intereses desaprensivos han provocado daños irreparables a nuestros bosques, a nuestro patrimonio histórico urbano y no urbano, a nuestros ríos, y a muchas especies autóctonas. Y es cierto también que estos daños se produjeron ante la mirada cómplice o alelada de nuestras autoridades.
Pero nuestra Legislatura, al sancionar las leyes 7070 (de protección del medio ambiente) y 7543 (de ordenamiento de los bosques nativos), o el Código de Aguas, para no citar sino las más relevantes, ha cumplido un excelente servicio y nos ha dotado de reglas suficientes para avanzar en nuestras metas civilizatorias. Otro tanto puede decirse de recientes fallos de nuestra Corte de Justicia.
Lamentablemente, entre estas normas cargadas de buenas intenciones y la realidad cotidiana hay un margen que beneficia a esa Salta que pretende seguir viviendo fuera de la ley. Se trata de un margen creado por las debilidades del poder de policía y de los poderes municipales, algunos de los cuales oscilan entre la ignorancia y la necedad.
Nuestras buenas leyes carecen de autoridades ejecutivas dotadas de medios suficientes para hacerlas cumplir, como lo prueba la precariedad de nuestra Policía Ambiental.
Ese vivir al margen de la ley está, muchas veces, alimentado por la corrupción. Pero también por complicidades políticas, por esa vocación irrefrenable que tienen algunos para crear privilegios, y por la bárbara ideología que propone divorciar la producción de la protección del medioambiente.
(Para FM ARIES)
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