Debo confesar que a veces me cuesta entender la nueva nomenclatura de las dependencias del Gobierno. No logro descifrar cuándo una persona carente de recursos que busca una vivienda debe concurrir a la dirección de tierras o a la dirección de hábitat, dentro de la Secretaría de Tierra y Hábitat.
En cualquier caso, he frecuentado tales oficinas y he salido sorprendido por su funcionamiento.
Asisten allí personas, en su mayoría mujeres con hijos en brazos, evidentemente pobres y necesitadas de la asistencia del Estado. Llegan con rostros que revelan la amargura de los excluidos, con una mansedumbre que exterioriza años de peregrinaje por oficinas y comités, dispuestas a esperar las horas que el burócrata de turno disponga y a volver cuantas veces la negligencia administrativa lo decida.
“Eso”, me refiero a las oficinas que funcionan en Güemes esquina Bolívar, no es una repartición propia de un Estado democrático moderno. Por la informalidad de sus procedimientos, por el mal trato que dispensan a los ciudadanos, por la morosidad exasperante y hasta por su equipamiento precario.
Quienes piden y quienes, del otro lado del mostrador, atienden parecen ignorar que están tratando asuntos de rango constitucional. Que quienes piden, ejercen el derecho de peticionar y, además, procuran satisfacer su derecho a una vivienda digna. Que quienes atienden, tramitan derechos constitucionales, no dádivas de unidad básica.
Concurrí a estas oficinas para ayudar a un vecino carente de recursos que no puede desplazarse hasta el centro y que lleva un año intentando, no ya conseguir una vivienda, sino obtener una simple respuesta.
Vi la negligencia y displicencia con que la que son atendidos los solicitantes. Y soporté idéntico trato. El vuelva usted mañana, el aquí no es, el no está el Director, el no puede ver el expediente. Dejé, como corresponde mi queja formal, pero sin ninguna esperanza de que fuera atendida por alguien de aquel mundo subdesarrollado.
Pero lo que transformó mi sorpresa en indignación fue escuchar las explicaciones que se daban a una persona que, al parecer, había logrado la cesión de un terreno. En estos términos: “Mamita, tenés que esperar que el gobernador tenga tiempo para hacer el acto donde te va a entregar el título”.
No puede resistirme a la tentación de explicar a los allí reunidos, que esas tierras no eran de propiedad del señor Urtubey ni de su familia, como no lo eran del anterior gobernador, sino que se trataba de lotes fiscales, es decir de todos los salteños, que el Estado decidía ceder a los más necesitados.
Resulta penoso que los funcionarios de turno se aprovechen de las necesidades y de los recursos del Estado para actos del peor populismo. Deberían, hablar menos de Evita y recordar su frase:
“Allí donde hay una necesidad debe haber un derecho”, no una dádiva discrecional.
(Para FM Aries)
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