Como es notorio, el acceso a la información pública es un derecho que encuentra severas limitaciones dentro de la Administración salteña. Más allá de su cicatera regulación, en muchas áreas y oficinas se imponen los criterios del funcionario de turno partidario de impedir o restringir abusivamente el acceso de los ciudadanos a los expedientes que, salvo muy contadas excepciones, debieran permanecer abiertos a la consulta y al escrutinio del público.
Lamentablemente hay todavía en nuestra administración provincial muchos funcionarios que actúan ignorando que vivimos en democracia y que ellos sirven a un Estado democrático. Tal comportamiento es el resultado de años de autoritarismos -abiertos o solapados- y del desinterés de las más altas autoridades de la Administración para garantizar a todos el acceso a la información pública.
En este contexto, me permito relatar un incidente ocurrido días atrás en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, en donde un señor Subsecretario me negó el acceso a un expediente invocando que se trataba de una causa “reservada”, cuando en realidad era un simple asunto de encuadramiento sindical. Rechazó asimismo recibirme para darme la oportunidad de requerirle explicaciones y de escuchar de su boca tan absurda negativa.
Si bien es cierto que, ante mi insistencia, el señor Subsecretario accedió -desde la olímpica distancia de su despacho y por intermedio de una secretaria- a mostrarme el expediente a condición de que acreditara mi carácter de apoderado de una de las partes, considero inadmisible negar un ciudadano (sea o no abogado) el acceso a expedientes que, por definición, son instrumentos públicos abiertos al público.
El oscurantismo administrativo, que campea en más de un ministerio, repugna a los valores republicanos, viola el principio de publicidad al que debe someterse la Administración Pública por imperio del artículo 61 de la Constitución de Salta, y contradice lo dispuesto por la Ley provincial de Procedimiento Administrativo.
Pienso que la ciudadanía, las organizaciones sociales y profesionales, así como los medios de comunicación deberíamos movilizarnos para acabar con esta lacra autoritaria. Denunciando públicamente los hechos que se produzcan, interpelando a gobernadores y ministros, bregando por la urgente regulación del derecho a acceder a la información pública, explicando a los ciudadanos que los expedientes pueden ser consultados por todos, salvo excepciones muy fundadas. Por aquello de que "mejor que decir es hacer", añadiré que acabo de presentar formal protesta ante el Colegio de Abogados de Salta. A ver.
La información abierta y oportuna hace a la calidad de las democracias; el libre acceso a los expedientes administrativos evita la corrupción y las corruptelas; restringir la información beneficia solo a quienes maniobran en las sombras en búsqueda de lucros indebidos.
(Para FM Aries)
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