En mi lejana juventud frecuente durante doce años los tribunales salteños. Unas veces como funcionario y otras como abogado litigante. He regresado ahora.
Muchos de mis amigos se jubilaron o han cambiado de oficio, de modo que me siento algo extraño en los espléndidos y poblados pasillos de la nueva ciudad judicial en donde a veces me detengo a observar modas, prestigios, rutinas, códigos que se me antojan diferentes a los de los años 60 y 70.
Sin embargo, hay dos cosas que llaman poderosamente mi atención.
Una es la agobiante morosidad en los trámites judiciales. La otra es la parsimoniosa resignación que ante ella manifiestan los principales actores de la vida de tribunales.
Las autoridades suelen exhibir orgullosas la incorporación de tecnologías informáticas en determinados aspectos de los procedimientos, como acaba de ocurrir con las notificaciones electrónicas dispuestas para el fuero laboral. Pero, a mi entender, el ritmo de los cambios es excesivamente lento como para abatir la mora y le pereza judicial. Daré algunos detalles.
Por ejemplo, la oralidad de ciertos juicios, pensada para acelerar trámites y mejorar la respuesta judicial, tropieza con los rudimentarios métodos taquigráficos. Los funcionarios que toman las audiencias carecen de las nuevas herramientas que facilitan la grabación y la recuperación de lo sucedido durante las mismas. Esto hace que las partes tengan que esperar meses para que se produzca la transcripción de lo actuado.
En el fuero del trabajo se multiplican las causas y los litigios, sin que las autoridades se hagan cargo del problema y decidan aumentar la dotación de jueces y funcionarios. Los trabajadores deben esperar años para obtener satisfacción a sus reclamos, ante el pasmoso silencio de los sindicatos y de las corporaciones que deberían protestar contra tal estado de cosas.
En el fuero federal de la seguridad social, donde tramitan los reclamos contra la ANSES, la situación es francamente crítica como lo ha puesto de manifiesto la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este caso, la mora judicial (impávida ante la edad o la salud de los demandantes de derechos evidentes) es provocada y alentada por la ANSES que prefiere un estado de cosas que le permite financiar decisiones políticas con los fondos que debería destinar a pagar sentencias.
En ambos ámbitos la mora alcanza a los autos y sentencias y al despacho que debería ser diario. En algunos casos, los letrados deben esperar meses simplemente para poder consultar los expedientes sepultados bajo montañas de papeles que no pueden desarmar ni la informática ni la voluntad humana.
Alguien debería hacer algo. Cuanto menos, protestar y proponer.
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